Es bien conocido que Uber tiene un historial de resistencia y oposición en casi todos los países a los que ha llegado. Colombia no es una excepción, pues desde hace seis años el tema de su conflicto con el gobierno y el gremio taxista sigue prácticamente en el mismo punto.
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De hecho, parece que la situación para Uber no ha hecho más que empeorar. Tan solo a finales del año pasado supimos cómo el Ministerio de Transporte había comunicado su intención de sancionar a los conductores del servicio al seguir considerándolo de manera ilegal. Así, castigos como la cancelación de la licencia de conducción por 25 años se hicieron populares.
Si bien la época parece difícil, la compañía todavía no se resigna a ser rechazada por los legisladores. En una entrevista reciente con El Tiempo, el vocero de Uber, Luis López, comunicó la percepción de la empresa con respecto a su situación actual en el país.
Entre otras cosas, comentó que ha sido difícil ponerse de acuerdo con el gobierno. Si bien Uber sigue siendo considerado ilegal, ha tenido la obligación de pagar impuestos. Según López, en la segunda mitad del 2018, la compañía pagó más de 35 mil millones de pesos. Por eso considera la situación algo contradictoria.
¿Cómo es posible que una plataforma que recolecta IVA y se lo entrega al gobierno por una actividad que presta un socio conductor no se considere legal?»
Según cuenta López, para Uber es importante sentarse con el gobierno para pactar ciertas condiciones del servicio. Por eso habló de ciertas propuestas que han sido planteadas en otros países con problemáticas similares.
Las propuestas
Para López lo primero es definir el tipo de servicio que está prestando Uber. Para la propia compañía sus actividades no la definen como una empresa prestadora de transporte. En cambio, habría que abordar el concepto de «Empresas de Red de Transporte» (ERT). La razón de esto es que ellos no son los encargados de transportar a los clientes, sino solamente de servir de intermediarios con los conductores. De esta forma no se consideraría una empresa de transporte público, sino una compañía privada.
Sin embargo, lo más destacable es la posible creación de un fondo útil para el estado. Este destinaría un porcentaje de los recursos obtenidos de los viajes para compensar al estado por el uso de la calle. Este porcentaje, que podría ser de 1% o menos, serviría para hacer inversiones en el sistema de transporte público.
López finalizó diciendo que cada una de estas propuestas se da para beneficiar a todo el sistema de transporte. Esto incluye a otras plataformas e inclusive al servicio de taxis. Por lo tanto, hay voluntad de la compañía para integrarse a la legalidad de todo el espectro de transporte del país.
