A pesar de que los pretextos motivos que tienen algunos gobiernos para intentar controlar a Internet pueden ser muy variados, buena parte de ese control pasa por conocer la identidad y los hábitos de las personas que se conectan a la red. En particular, Rusia ha dado muestras de entender a la perfección este hecho y está tomando medidas al respecto.
Una ley que declara ilegal el blogging anónimo en sitios populares –que hace no mucho entró en vigor– y la recompensa del gobierno ruso para quien logre vulnerar Tor son un par de muestras de los esfuerzos que se hacen en Rusia para eliminar el anonimato en Internet. La razón preferida por Rusia –y otros gobiernos– para impulsar estas medidas es garantizar la seguridad nacional.
Por si esto fuera poco, el gobierno de ese país exigirá que los usuarios de redes Wi-Fi públicas se registren con su identidad real cuando accedan a Internet por estos medios, de acuerdo con información del diario The Moscow Times. Para el ministro de comunicaciones y medios, Nikolai Nikiforov, la nueva medida –que entrará en vigor el próximo mes– es algo cotidiano a nivel internacional:
Los puntos públicos de acceso a Internet –como plazas, parques o edificios de gobierno– han sido vistos como una posible solución para disminuir uno de los tipos de la brecha digital. Sin embargo, existen suficientes incentivos para que los gobiernos vigilen la actividad de las personas que hagan uso de estos servicios.
Aunado a este hecho, aún no hay certeza sobre si el registro será necesario también para redes públicas como las ofrecidas por cafeterías o centros comerciales. Lo que sí esta claro es que los administradores de las redes en que sea obligatorio el registro deberán almacenar por 6 meses los datos personales de los usuarios que se conecten a ellas, con los riesgos potenciales para su privacidad que se derivan de este mandato.
Con ello sigue cobrando fuerza la tendencia que prefiere imponer mayores responsabilidades a los intermediarios de Internet, a pesar de lo dañino que puede resultar este hecho. Además, la decisión del gobierno ruso hace más evidentes los riesgos de que el Estado, a través de las dependencias de gobierno, ofrezca acceso a Internet.
