Donald Trump quiere centralizar el control de la inteligencia artificial (IA) y dejar fuera a los estados. ¿Su argumento? Las leyes locales están frenando la innovación. ¿Su plan? Una orden ejecutiva que permita al gobierno federal demandar a los estados y hasta cortarles el financiamiento si aprueban leyes que, a juicio de la Casa Blanca, “obstaculizan” el desarrollo tecnológico.
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Pero como suele ocurrir en Washington, lo que parece simple sobre el papel se complica al enfrentarse a la realidad política y legal. Y este caso tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los debates tecnológicos más polémicos del 2025.
Una orden con sabor a Silicon Valley
La decisión ha sido celebrada por grandes empresas tecnológicas. “Un mosaico de leyes estatales frena la competencia de EE. UU. frente a China en IA”, dicen. Desde ese punto de vista, una política nacional uniforme suena lógica.
Pero la implementación de esta orden enfrenta muchos obstáculos. Como señala Joel Thayer, del Digital Progress Institute, “no hay mucha autoridad legal clara para hacer cumplir esta parte de la orden”. En otras palabras: buenas intenciones, pocas herramientas.
Cuidado con cortar el Wi-Fi rural
Uno de los puntos más polémicos es que la Casa Blanca busca vincular el acceso a fondos de conectividad con la regulación de la IA. El plan apunta directamente al programa BEAD, un paquete de 42.000 millones de dólares destinado a mejorar el acceso a internet en zonas rurales.
¿El problema? Esos votantes rurales fueron clave en el triunfo de Trump en 2024. “Si bloquean ese financiamiento, podrían dispararse en el pie”, advierten algunos analistas.
Dean Ball, exfuncionario de la administración, estima que solo hay entre un 30% y 35% de chances de que esta medida se sostenga legalmente, ya que los jueces podrían cuestionar si existe una relación clara entre leyes de IA y conectividad rural.
DeSantis y otros republicanos tampoco están convencidos
Y no, el conflicto no es solo con los demócratas. Gobiernos estatales liderados por republicanos también alzaron la voz. Sarah Huckabee Sanders (Arkansas) y Ron DeSantis (Florida) ya expresaron su rechazo a que Washington les diga cómo deben regular la IA.
DeSantis incluso fue más allá, calificando la medida como “un subsidio encubierto para las grandes tecnológicas”. Florida ya impulsa su propia legislación sobre IA, con reglas de privacidad, control parental y protección al consumidor.
¿Comercio interestatal o excusa legal?
Otro frente que abre esta orden ejecutiva es la supuesta interferencia de las leyes estatales en el comercio interestatal, lo que podría violar la Constitución. La idea es que las regulaciones locales impiden la libre circulación de productos y servicios tecnológicos.
Aunque la teoría suena bien, los tribunales han rechazado este argumento en casos previos, especialmente cuando se trató de leyes de privacidad.
Slade Bond, exfiscal del Departamento de Justicia, señala que la clave está en si las normas tratan de forma desigual a empresas de otros estados, lo que rara vez ocurre.
¿Un movimiento estratégico o más ruido que nueces?
En resumen, la cruzada de Trump contra las leyes estatales de IA podría terminar enredada en los mismos procedimientos que busca evitar. La oposición legal es fuerte, los aliados políticos no están alineados y los riesgos de impacto electoral son reales.
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Mientras tanto, la batalla por el control de la inteligencia artificial en EE. UU. está lejos de terminar. Lo que está en juego no es solo innovación o privacidad, sino quién tiene el poder de decidir cómo usamos la tecnología del futuro. ¿Washington o los estados?