Una de las prohibiciones clave de la Ley de IA de la UE ataca directamente el modus operandi de muchas empresas que entrenan sus modelos de Inteligencia Artificial. La norma prohíbe la obtención indiscriminada de imágenes faciales a través del scraping (raspado) masivo de internet o de grabaciones de sistemas de videovigilancia (CCTV) para la creación y ampliación de bases de datos de reconocimiento facial.
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Esta medida se clasifica bajo la categoría de “riesgo inaceptable” debido a que vulnera gravemente los derechos de privacidad y podría utilizarse para abusos en la vigilancia masiva o la identificación sin consentimiento. Al prohibir el uso de estas técnicas de recolección de datos biométricos sin un criterio selectivo o un consentimiento adecuado, la UE busca garantizar que las futuras IA se desarrollen sobre cimientos éticos y legales que respeten la privacidad del ciudadano.
La identificación de biometría remota
La prohibición más polémica y ambiciosa es la del uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley. Esto significa que las cámaras de vigilancia en plazas, calles o eventos masivos no podrán usar reconocimiento facial en vivo para identificar a las personas de forma generalizada.
La Ley de IA establece una línea roja clara contra la vigilancia masiva. Sin embargo, la norma establece excepciones muy rigurosas y específicas para su uso, siempre que exista una autorización previa. Estas excepciones se limitan a la búsqueda de víctimas de delitos graves o personas desaparecidas, la prevención de ataques terroristas inminentes o la localización selectiva de sospechosos de delitos graves. En todos los demás casos, el uso de la biometría en tiempo real es una práctica prohibida.
El efecto Bruselas y el impacto regulatorio global
La Ley de IA de la UE, que entró en vigor para estas prohibiciones en febrero de 2025, es la primera legislación integral de este tipo en el mundo. Su influencia ya ha sido apodada el "Efecto Bruselas“, ya que su implementación forzará a las grandes tecnológicas globales (incluidas aquellas fuera de Europa) a modificar sus sistemas y prácticas.
Las empresas que deseen operar en el vasto mercado europeo deben cumplir con estas normas estrictas. Esto incluye la prohibición de sistemas de clasificación social discriminatoria o aquellos que manipulen las vulnerabilidades de un grupo. Al establecer un estándar tan alto para el respeto de los derechos fundamentales y la ciberseguridad, la legislación europea está sentando un precedente trascendental que podría replicarse e influir en futuros marcos regulatorios en América del Norte y Asia.