El cibercrimen ha dejado de ser un problema técnico para consolidarse como un fenómeno económico de escala global. Según estimaciones internacionales, esta industria ilícita genera más de 10.5 billones de dólares anuales, lo que la posiciona como la tercera economía mundial, solo superada por Estados Unidos y China.
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En este contexto de acelerado crecimiento criminal, América Latina se enfrenta a un panorama especialmente vulnerable, caracterizado por un bajo nivel de protección, inversión insuficiente y un aumento constante de ataques informáticos sofisticados como el ransomware y el phishing.
Los desafíos clave de la región
Expertos, como Sergio Oróña, CEO de Sparkfound, señalan que el negocio criminal “crece más rápido que las capacidades de protección”, advirtiendo sobre un impacto económico y social potencialmente devastador.
La región carece de políticas de ciberseguridad robustas y de liderazgo especializado. En Argentina, solo el 20% de las grandes compañías cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) activo, y esta cifra cae al 5% en el caso de las PyMEs.
En el resto de Latinoamérica, apenas el 2% de las organizaciones tiene un CISO (Chief Information Security Officer) que lidere la estrategia de protección digital.
Mientras los ataques se multiplican, la región sufre una escasez de cientos de miles de profesionales en ciberseguridad, limitando la capacidad de respuesta de gobiernos y empresas.
Estrategia de resiliencia urgente
Para enfrentar esta amenaza, los especialistas enfatizan la necesidad de que América Latina adopte una cultura de ciberresiliencia que incluya prevención, detección, respuesta y recuperación. Los ejes de acción propuestos son:
- Preparación de Talento: Fortalecer la formación y reconversión profesional mediante programas de capacitación y certificación, aprovechando las bases de conocimiento de los trabajadores del sector tecnológico.
- Colaboración Pública-Privada: Fomentar políticas conjuntas e incentivos para desarrollar talento especializado.
- Adopción Tecnológica: Recurrir a servicios de ciberseguridad administrada (como SOC, SIEM y SOAR) para acceder a herramientas avanzadas sin requerir grandes inversiones iniciales.
El desafío trasciende la protección de datos; está en juego la confianza digital y la estabilidad económica. Si la región no actúa con rapidez y en conjunto, el cibercrimen continuará expandiéndose y dejando a Latinoamérica cada vez más expuesta.