Prohibición de la obsolescencia programada, bajo estudio en el Senado chileno

Comercializar aparatos electrónicos con vida útil limitada sería penado pronto en Chile. Es la llamada obsolescencia programada: el proyecto de ley está bajo estudio en el Senado del país sudamericano.

La iniciativa ya resultó aprobada por la Cámara Baja y pasó a la siguiente instancia de discusión.

Este proyecto de ley, que ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el 7 de noviembre de 2018, busca proteger los derechos de los consumidores, además de evitar la explotación excesiva de los recursos naturales.

Entre los productos señalados se encuentran teléfonos celulares, lavadoras, laptops, televisores y refrigeradores.

La sociedad de consumo, una dura realidad

El ciclo del consumo en nuestra sociedad es comprar, usar, tirar a la basura y volver a comprar. Muchas veces, esto se debe a que el fabricante limita de antemano la vida útil de un producto, con el fin de que deba comprarse uno nuevo posteriormente.

Acortar el tiempo útil implica que los gastos de la ciudadanía crezcan. Además, la producción constante aumenta el uso de recursos naturales y la cantidad de desechos.

Entre las causas de la obsolescencia programada están la descatalogación del producto, el fallo de algún elemento estructural y la ausencia de piezas de repuesto. También la incompatibilidad con una versión actualizada, el factor psicológico del usuario (productos pasados de moda) y la fecha de caducidad.

Los puntos legales de la prohibición de la obsolescencia programada

El boletín 12226, despachado al Senado de Chile, modifica la Ley 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores, y enmienda la Ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministro de servicios.

La normativa juzga que los aparatos electrónicos deben tener un índice para ser reparados. El producto debe poseer la información básica comercial de forma visible.

Los legisladores sancionarían a los infractores con multas de hasta mil unidades tributarias mensuales. De ser reiterada la consulta, se elevará de forma proporcional a los beneficios obtenidos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) será el encargado de fiscalizar el índice de reparabilidad.

Los autores del proyecto son los legisladores Jenny Álvarez, Jorge Brito, José Miguel Castro, Andrés Celis, Marcos Ilabaca, Fernando Meza, Paulina Núñez, Ximena Ossandón, Leopoldo Pérez e Ignacio Urrutia.

Hasta los momentos va por siete etapas de discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.