Inicia en Colombia la primera audiencia pública que definirá los límites de las redes sociales en el país

Cuando a principios del año pasado se hizo mundial la noticia del escándalo de Cambridge Analytica, hubo un pensamiento que se difundió por todo el globo mucho más rápido que cualquier publicación viral de la que nos hayamos enterado en la vida. Se trata del cuestionamiento masivo y racional sobre el poder que tienen las redes sociales sobre sus usuarios.

Así, la gente se comenzó a preguntar: ¿Son realmente útiles las redes sociales?, ¿Están cuidando bien de nuestros datos personales?, ¿Le hacen un bien o un mal a la sociedad?, ¿deben empezar a ser reguladas cuanto antes?

A raíz de estas preguntas, diversos países del mundo decidieron empezar a llamar a las redes sociales (sobre todo Facebook) a rendir cuentas sobre sus actividades. Por ejemplo, Mark Zuckerberg tuvo que vérselas contra el mismísimo senado de los Estados Unidos. Eso sí, más allá de disculparse y decir que Facebook no espía a nadie, no dijo mucho (aunque muchas preguntas de los senadores dejaban ver un claro desconocimiento en el tema de tecnologías actuales). Así como en Norteamérica, este hecho se replicó en muchos lugares.

Siguiendo esta linea, Colombia finalmente optó por hacer lo mismo. Por eso hace dos semanas la Corte Constitucional citó a los representantes de Facebook y Google para una audiencia pública en la que se analizaría los límites de las redes sociales en el país.

Finalmente el momento llegó, y hoy distintas voces de autoridad están tocando temas muy relevantes al debate. Por ejemplo, libertad de expresión, creación de cuentas falsas, injuria en redes, regulación de plataformas, etc. Todo esto se toca alrededor de tres ejes importantes:

1. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el uso de plataformas digitales, redes sociales, blogs, etc.
2. Control y responsabilidad en punto de las publicaciones hechas por los usuarios y el tratamiento de los datos personales;
3. La autorregulación en el uso de las plataformas digitales, a partir del uso estructural del lenguaje y la publicación de imágenes.

La discusión será muy extensa y habrá mucho de lo que hablar antes de llegar a una conclusión. Sin embargo, podemos destacar algunos de los puntos más relevantes de la jornada:

Se comenzó exponiendo tres casos en los que ciertos particulares habían presentado tutelas a la Corte Constitucional. Los tres coincidían en que habían sido víctimas de falsas acusaciones y atentados en contra de su buen nombre a través de las redes sociales. Ante esto, hubo comentarios señalando el potencial nocivo que tenían estas plataformas para afectar la vida de las personas. Después, se le dio la palabra a los representantes de las redes sociales.

Google

El representante judicial de Google fue Lorenzo Villegas Carrasquilla. En su exposición, argumentó que las plataformas no son responsables del contenido que comparten terceros. Básicamente, lo que hacen empresas como Google es proveer herramientas para que sus usuarios creen su contenido. Citando casos anteriores que abordó la corte, señaló que «atribuir responsabilidad a los intermediarios de internet por contenido que comparten terceros atenta contra la libertad de expresión». No solo eso, sino que obligarlos a hacer bloqueos antes de publicar equivale a censura previa.

Facebook

Continuando de cierta manera la idea de Villegas, el representante de Facebook, Luis Alfredo Barragán continuó en la defensa de la creación de Zuckerberg. En su intervención explicó que lo que deben hacer las redes sociales es identificar rápidamente el contenido que debe ser removido de las plataformas (pornografía infantil, terrorismo, etc). Sin embargo, esto debe hacerse después de publicar y no hacerlo desde antes, pues se podría caer en monitoreo proactivo; es decir, una falta a la libertad de expresión. Agregó que para eso hay mecanismos de reporte de los usuarios para que el equipo de Facebook analice las publicaciones y sean eliminadas cuanto antes.

Fiscalía

El fiscal general Nestor Humberto Martínez declaró que hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no es un derecho absoluto cuando se pone conflicto con otros. De esta forma, no se puede usar las redes sociales para realizar injuria, apología al delito o concierto para delinquir. Sin embargo, se han usado incluso para cometer incluso fraudes o suplantación de funcionarios públicos.

Por lo tanto, resaltó que hay excesos en el uso de las redes sociales. Ante esto, debe haber un mecanismo para actuar en contra de ellos y las plataformas deberían prestar la ayuda necesaria cuando se requiera; como por ejemplo, ayudar a identificar a un criminal.

Defensoría del pueblo

Paula Robledo Silva, de la Defensoría del Pueblo, resaltó el papel de contrapeso de poder que tiene la ciudadanía a la hora de usar las redes sociales. Denuncias que antes no se conocían si no llegaban a los medios de comunicación, hoy se hacen virales con mucha facilidad. Así, el propio pueblo puede imponer sanciones ante ciertos hechos reprochables que no se pueden resolver desde el punto de vista penal.

Superintendencia de Industria y Comercio

Por otro lado, Nelson Remolina de la Superintendencia de Industria y Comercio habló de la importancia de garantizar la circulación de información en internet. Teniendo esto en cuenta, el manejo de datos se ha convertido en el eje central de las industrias en la actualidad. Por eso, hay que proteger los datos de los usuarios y al mismo tiempo garantizar que ellos estén informados adecuadamente.