No es un misterio que salir de Internet puede ser algo complicado cuando algún contenido se ha masificado. No obstante, las víctimas de alguna filtración involuntaria (o alguna información que dañe a su persona) pueden evocar principios legales para disminuir u ocultar el alcance del material.
El caso de Nido.org, donde se filtró información personal y contenido explícito con la intención de denostar y difamar a mujeres, saca a colación las herramientas con las que se pueden contar para eliminar un contenido no deseado de Internet, que incurre en una ilegalidad, o que sencillamente molesta a una persona.
En lo legal, si es que se incurre en algún ilícito (como sucedió en Nido), se pueden tomar acciones legales contra los responsables de un sitio para bajar un contenido y desindexarlo de buscadores. Es importante que las víctimas recurran a la justicia, para dejar constancia de la ilegalidad y que se adopten las medidas posteriores.
Así mismo, también existe un principio llamado “el derecho al olvido”, que postula que los ciudadanos pueden pedir el retiro de información irrelevante o bochornosa que apareciese al buscar su nombre, al menos en la Unión Europea. Varias firmas de tecnología se acogen a esto y tienen mecanismos de reporte para eliminar contenido que atente contra una persona en particular, cuando hay razones de peso de por medio.
No obstante, es asunto delicado y que no ha estado exento de polémicas, porque pueden llegar a ser dos cosas diferentes: una es el derecho de una víctima a eliminar contenido perjudicial (o derechamente ilegal) de Internet, y otra que alguien quiera borrar algo que se ha publicado legítimamente (supongamos, la noticia de un asesinato, escándalo de corrupción o los datos de un violador, por más que ya haya cumplido una condena). Sin ir más lejos, el derecho al olvido también ha sido criticado desde la vereda del “derecho a la verdad”, sobre todo en casos de abusos a los derechos humanos (ve esta entrada).
Sin rastro
Sin Rastro es un sitio chileno que busca y actúa ante delitos cometidos en Internet (como injurias y calumnias o revelación de secretos), ataques contra el honor de las personas físicas o jurídicas, o junto a personas que quieren dejar atrás su pasado por alguna razón relevante. Básicamente, trabajan en la eliminación de contenidos, evidentemente, cuando existen argumentos por detrás. Así lo mencionó a FayerWayer, Claudio Labbe, fundador de dicho sitio:
“Usualmente se hace un comunicado a las páginas para que lo saquen. Ahora, si no quieren eliminar el contenido, se da inicio a acciones legales (ahí decide un juez). Hay un margen de error, pero usualmente logramos eliminar la mayoría de páginas”
Según nos comentó, Internet es muy grande, y el equipo detrás opera de varias formas. Se contactan con las páginas para que eliminen un contenido, a consecuencia de un acuerdo entre las partes o por algún proceso legal, usan mecanismos de reporte en redes sociales (con la misma lógica) e intentan desindexar o al menos ocultar información eventualmente dañina de los buscadores:
“Para eliminar el contenido se evoca el derecho europeo. Si un sitio web elimina la información, perfecto. Cuando ellos lo eliminan, lo vemos con Google, reportando el link y solicitando que se desindexe. Si el sitio no quiere bajar la información, se recurre a acciones legales que decide un tribunal”.
Por ejemplo, respecto a Nido, a pesar de que el sitio se bajó, algunas fotos de víctimas siguen indexadas en Google. En tal caso, las mismas podrían utilizar los mecanismos mencionados para borrar u ocultar el contenido:
“Todo parte con un mail para comunicarnos con las personas a cargo del sitio. Si el mismo es anónimo, los perjudica y puede ser penado. Si los abogados no se pueden contactar con la persona de una página, se pueden tomar acciones legales y enviarlas a Google”
Aunque Nido.org no está disponible actualmente, ciertamente existen otros sitios donde se comparte contenido con lógicas similares. Ante esta situación, se pueden extender solicitudes para eliminar u ocultar la información. Según nos explica Claudio, el asunto puede llegar a tomar hasta seis meses.