En una sanción inédita, DIRECTV ganó una batalla judicial por la interceptación y difusión maliciosa de su señal satelital en la región de Coyhaique.
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El Tribunal Oral en Lo Penal de Coyhaique en audiencia de lectura de sentencia realizada este martes 24 de julio de 2018 dio a conocer que el acusado, dueño y representante legal de la empresa Deygon, deberá cumplir la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, como autor directo del delito de interceptación de señales satelitales usadas por Directv en las comunas de la Junta y Puerto Cisnes, entre los años 2010 y 2016.
La investigación y pericias de la Brigada Investigadora de Delitos de la Propiedad Intelectual (BRIDEPI), del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (Lacrim) y las gestiones del Ministerio Público, lograron establecer que la operadora local de televisión Deygon utilizaba decodificadores de la empresa satelital de uso residencial en sus salas técnicas y que, a través de un modulador y mezclador, retransmitía ilegalmente 67 señales a través de un cable coaxial a sus distintos clientes y abonados.
El tribunal logró establecer que el apoderamiento ilegal de las señales se realizó con ánimo de lucro y sin pagar los correspondientes derechos. “La retransmisión ilegal de señales es una forma de piratería. Es apropiarse del contenido de las señales y, a través de un procedimiento técnico, interceptarlas sin pagar los derechos correspondientes a los programadores de contenido, afectando de este modo la cadena de valor en la que se sustenta la industria de entretención y los usuarios al entregarles un servicio deficiente”, dijo Omar Zerán, abogado de DIRECTV.
El fallo establece un antecedente relevante para los juicios vigentes contra la misma empresa en otras localidades en la zona sur del país, ya que la operadora en cuestión presta servicios entre Chiloé y Puerto Cisnes.
Estas acciones judiciales se enmarcan en la estrategia del operador en contra de la piratería en la televisión de pago de modo de hacer efectiva la eventual responsabilidad civil y penal de quienes operan empresas que realizan esta práctica. En estos casos se interponen acciones legales en contra de empresas de cable que retransmiten ilegalmente señales satelitales, en especial en zonas rurales del país, para así proteger los derechos tanto de quienes son propietarios de los contenidos como de los usuarios que se exponen a un mal servicio, sin las debidas garantías.