Cómo se gestó el irregular decreto de gobierno que aumenta la cibervigilancia en Chile

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Según Derechos Digitales, el decreto busca que los usuarios renuncien a sus derechos para dar mayor control a la Policía de Investigaciones.

Hasta ahora, el problema de la cibervigilancia y la falta de protección de los datos de usuario era algo que en Chile veíamos lejano y ajeno. Sin embargo, todo cambió la semana pasada cuando, en un excelente artículo de El Mostrador, salió a la luz un decreto que el gobierno de Chile busca firmar y que aumentaría las facultades de las compañías de telecomunicaciones para almacenar los datos de los usuarios.

Actualmente, las empresas guardan las direcciones IP de los usuarios por un plazo máximo de un año. Pero si este decreto se aprueba, ese período se extenderá a dos años y además incluirá datos mucho más específicos, como ser la ubicación geográfica del usuario, los números a los que llama, a quien llama, el historial de sitios visitados en internet y los mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería.

El problema: El decreto es inconstitucional

“Hoy, tanto el plazo de duración como las comunicaciones que se almacenan están establecidas en el artículo 222 del Código Procesal Penal”, explica Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la Organización de Derechos Digitales. Y de acuerdo al Código Penal, “cualquier cambio debiese hacerse en forma de ley y no de decreto”.

O sea, el asunto es grave y tal como argumenta Viollier en una publicación en el sitio de Derechos Digitales, el problema mayor es que todo esto se ha hecho por canales irregulares; la discusión no se llevará al poder legislativo como debiese ser, tampoco se le consultó a la ciudadanía y en la discusión solo participaron las compañías telefónicas.

Más irregular, imposible.

Para Viollier resulta contradictorio que, mientras por un lado se redactan estos decretos de la forma menos pública posible, por otro lado el gobierno le esté dando un fuerte impulso a temas muy relacionados: primero, a través de una ley de protección de datos personales (marzo de 2017) y luego implementando una nueva política de ciberseguridad en la red (agosto 2017).

Y eso sin contar que además se pretende actualizar la ley de delitos cibernéticos en Chile, cuya concepción original data de la década de los 90 y hasta la fecha no ha sufrido cambio alguno.

Un decreto con nombre y apellido

¿Entonces? ¿Cómo explicar las contradicciones entre el actuar del gobierno y el decreto en cuestión?

Para Viollier esto no es un tema transversal de gobierno, sino que responde solo a una persona. “Este decreto tiene nombre y apellido: Mahmud Aleuy”, el actual Subsecretario del Interior de Chile.

“No es que distintas ramas del gobierno se hayan coordinado para analizar un problema y discutir la solución”, acusa Viollier. “Aleuy personalmente tomó esto como bandera de lucha para darle en el gusto a la Policía de Investigaciones. Este decreto es el resultado de la obstinación de Mahmud Aleuy”.

Viollier también comenta que para crear el decreto no se incluyó a ningún experto académico y que todo se redujo a consultar a las compañías de telecomunicaciones. “Las compañías hicieron algunos comentarios pero nunca se les envió la versión final del borrador. Y luego el mismo Aleuy salió a decir que las empresas sí, habían aprobado el decreto cuando en realidad eso no es cierto”.

De todas maneras, no todo está perdido. La Organización de Derechos Digitales va presentará hoy 28 de agosto un escrito frente a la Contraloría General de la República con los argumentos constitucionales para que se frene el decreto. “Y en el caso de que el decreto se apruebe, vamos a ir al Tribunal Constitucional”.

“Lo que aquí se pretende es que los usuarios renuncien a sus derechos y que la Policía de Investigaciones tenga mayor acceso a nuestros datos”, cierra Viollier.