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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acaba de recibir un duro golpe a su autonomía por parte de uno de sus principales impulsores: el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien acaba de interponer una controversia constitucional para invalidar ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que él mismo impulsó.
En conferencia de prensa, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dieron a conocer el movimiento presidencial justificado bajo el argumento del exceso de atribuciones otorgadas al IFT que en realidad le corresponderían al Poder Ejecutivo Federal:
(C) MVS
La Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad para regular el derecho de las audiencias, por ende cualquier regulación debe estar prevista en la ley y en caso de requerirse ser detallada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del Presidente de la República, mediante el reglamento respectivo.
El vocero del Presidente señaló que Peña Nieto considera que los ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República. Por lo que se busca declarar inválidos los artículos 15, 216, 256, 257, 258, 259, 260 y 261, bajo el argumento de que llevan un vicio de origen.
En paralelo, el Senado de la República también promovió ante la Corte una controversia constitucional contra esos artículos, señalando que el IFT podría ejercer una “censura previa” sobre su área de jurisdicción. El punto delicado aquí es que el artículo 256 es referente a los derechos de los ciudadanos, y anularlo conlleva otra serie de consecuencias.
En el pasado el IFT ya ha participado en regulaciones controvertidas, incluyendo la aprobación de algunos lineamientos de intervención telefónica a ciudadanos. De modo que esta controversia constitucional puede ser favorable o todo lo contrario, dependiendo de los cambios aplicados al final.
Mientras surgen posturas, en donde se habla de una franca violación a la autonomía del IFT, para convertirse en un apendice la maquinaria presidencial, que no se ha distinguido precisamente por su ética y transparencia.
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