Este martes 25 de octubre, y luego de semanas de estudio y evaluación, finalmente entró al Congreso de Chile el proyecto de Ley que busca regular la operación de sistemas de transporte basados en aplicaciones móviles -como lo son Uber y Cabify en el país- con miras a que se aprueba para el primer semestre del 2017.
25 páginas contiene el documento el que, contrario a las críticas, afirma que los servicios son positivamente valorados en términos de seguridad, disponibilidad, calidad y transparencia. Aún con ello, ya se le ha considerado a la ley como polémica ya que uno de sus marcos regulatorios establece la creación de un «fondo para la innovación del transporte remunerado de pasajeros», el cual hará que servicios como Uber y Cabify tengan que pagar por «externalidades», una de ellas es la «congestión que causan sus vehículos en la vía pública».
El dinero recaudado por dichas «externalidades» iría a parar directamente al gremio de taxistas, el cual sería utilizado para renovar autos, patentes, tecnologías y permisos. Los taxistas ven con buenos ojos la medida, ya que así se les compensa el supuesto daño que han recibido en sus bolsillos desde la irrupción de los servicios a principios de año. Luis Reyes, presidente de la Confederación de Taxis de Chile (Confenatach), dijo a Emol que «la retribución está bien por el mal causado, pero no sabemos si nos van a cubrir el 100% de los recursos. Nuestros ingresos han bajado un 45%».
Hay quienes consideran que estas medidas son completamente irracionales al ser considerados impuestos que irían a beneficio de un ente en específico y no como tributo para el bien común, lo que podría ser catalogado de inconstitucional. Ya se han realizado movidas de esta clase en el país, pero se han requerido permisos especiales en el Tribunal Constitucional. En este caso en particular literalmente una empresa estaría subsidiando a su competencia, lo cual no caería bien en los bolsillos de los privados. Otros vacíos que se critican de la ley es que no se considera a los taxis también como «congestión» y que sería muy difícil de fiscalizar considerando que no hay manera de diferenciar un auto de Uber o Cabify de otros normales.
Por su parte Uber publicó un comunicado al respecto donde se muestran dispuestos a trabajar junto a la ciudadanía y autoridades en dicho proyecto, pero están preocupados por algunos de los requisitos:
“Recibimos este proyecto de ley como una oportunidad de iniciar una discusión sobre la mejor manera de incorporar los viajes compartidos y la innovación tecnológica en la regulación de transporte del país. Aún estamos analizando la propuesta, pero nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos a acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos; la oportunidad para los socios-conductores de acceder a una oportunidad de emprendimiento para mejorar su calidad de vida; y la oportunidad para las ciudades de reducir el número de autos privados en las calles y extender la cobertura del transporte público.
Esperamos trabajar estrechamente con el gobierno, el Congreso y la ciudadanía para construir una regulación moderna y garantizar que los chilenos puedan gozar de más y mejores alternativas de movilidad para todos, y no para unos pocos”.
Mientras la «Ley Uber» se prepara para entrar a discusión a la Cámara de Diputados, te dejamos el documento completo que puedes leer en este enlace.
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