Diputado propone impuesto adicional para las apps en México

La tecnología crece a pasos enormes, y muchas veces supera al ritmo de los sistemas tradicionales que aún operan, como sucedió con el aparato de gobierno y sus problemas al intentar regular servicios como Uber. Ahora, un Diputado Federal de México ha tenido la idea de intentar sacar provecho del auge por los dispositivos inteligentes, proponiendo cobrar un impuesto especial por cada app instalada o por cada servicio usado a través de ella.

La propuesta, presentada ante la Cámara el pasado 14 de abril por el Diputado Salvador Zamora Zamora del partido Movimiento Ciudadano, ha provocado relativo revuelo y controversia ante los planteamientos del documento, en donde se busca generar cargos adicionales de un 8% sobre el monto original por cada transacción ejecutada a través del software móvil. Pero Zamora defiende su postura:

Respaldamos el uso de estas nuevas tecnologías porque contribuyen al desarrollo nacional, a la protección del medio ambiente y a una mayor oferta de productos y servicios, sin embargo, esto no implica dejar de cumplir con las obligaciones fiscales.

Hay que dejarlo con precisión: (la iniciativa) no va dirigida ni a los usuarios ni al desarrollador, sino a quien gana sin pagar un solo impuesto, en este caso sería para los dueños de aplicaciones, particularmente quienes están en el extranjero y no están constituidas en México y ven un paraíso fiscal al vender estos productos o servicios.

El intrincado esquema planteado, aparentemente, supone que el cobro del impuesto no lo ejecute el desarrollador sobre el usuario, sino que “el dueño de la app”, pague directamente ese 8% para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo que, como ya se ha visto en otros casos similares, puede implicar que los precios finales para los consumidores terminen siendo inflados para cubrir con esa cuota, pero eso no los cobra directamente el fisco, sino la empresa.

Una mera transferencia de culpas. Este impuesto aplicaría para transacciones que impliquen el acceso a servicios, así como la compra o alquiler de artículos, físicos y digitales, con compañías que necesariamente tengan presencia en México pero estén constituidas en el extranjero.

Experto: es una propuesta retrógrada

Por fortuna algunos especialistas afirman que en realidad es un disparate esta propuesta, y resulta totalmente inviable.

Antonio Sánchez Sierra, investigador del Departamento de Administración e Impuestos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en entrevista con el diario El Informador, apunta que para poder triangular estos cobros sería necesario transgredir fronteras, en naciones donde esos servicios sí pagan sus impuestos legalmente:

Es inviable porque las empresas lo cobrarían a los usuarios y al mismo tiempo podría desincentivar a las empresas en crecimiento. Uno de los objetivos de la propuesta es evitar que el dinero que se obtiene mediante la venta de productos y servicios a través de apps se vaya al extranjero.

No obstante, dichas compañías aunque no están constituidas en México, pagan sus cuotas fiscales en los lugares donde acumulan la riqueza y es un impuesto que se queda en el territorio donde producen.

Sánchez califica al impuesto como retrógrada y contrario a cualquier noción de desarrollo. Nuestra opinión personal es que esta proyecto intenta concebir a las plataformas digitales como algo que ya no son, desde hace décadas.