Una alarmante cifra de 5.6 millones de huellas digitales fueron robadas desde los archivos del Departamento de Defensa y la Oficina de Manejo de Personal en Estados Unidos, correspondiente a varios años de información acumulada. Las sospechas del gobierno norteamericano apuntan a que el origen del hackeo estaría en China, pero ningún portavoz se ha referido públicamente a esto debido a que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, estaría próximo a visitar Estados Unidos.
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A pesar de los esfuerzos del gobierno por no vincular la visita del mandatario chino con la reciente fuga de datos, el presidente Barack Obama se refirió al ataque como un “acto de agresión que tiene que parar”, asimismo, asegura que los temas de ciber seguridad son uno de los puntos claves en las conversaciones que tendrá con el líder asiático.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que aún están evaluando la fuga de datos y que más de 21 millones de trabajadores gubernamentales se habrían visto afectados. A su vez, reconoció que las pericias iniciales indicaban que sólo 1.1 millones de huellas digitales habían sido sustraídas, pero con el correr de los días aquel número subió a los 5.6 millones que conocemos hoy.
Sobre el nivel de peligrosidad que sugiere este robo de archivos, el gobierno norteamericano aseguró que en lo inmediato las posibilidades de uso de aquella información es bastante limitada. Sin embargo, reconocen que con el avance de la tecnología la información sustraída se convertirá en una pieza importante que pondrá en poner en riesgo a los afectados.
Debido a lo anterior, Estados Unidos ya prepara un equipo de trabajo para adelantarse a los posibles usos dañinos para la información sustraída, así como también el diseño de soluciones y protecciones para los afectados. A pesar de esto, han aparecido voces disidentes que señalan que el gobierno ve este tipo de ataques como “un problema de relaciones públicas en lugar de una amenaza a la seguridad nacional”, opinión que está sustentada a la alarmante desventaja del gobierno norteamericano en materia de parámetros de seguridad respecto a la industria privada.