El hackeo a la gente de Hacking Team ha sido objeto de más de alguna comparativa cómica, bromas o memes en la internet, sin embargo, el contenido de esa base de datos de 400GB representa la confirmación de serias violaciones a la privacidad de los ciudadanos de distintos países de América Latina, en un escenario alarmante y lamentable, donde bastantes instancias de gobierno se han revelado como clientes de esta compañía especializada en software de monitoreo, espionaje e intrusión de usuarios de medios electrónicos.
El Gobierno de Chile acaba de confirmar que efectivamente es cliente de Hacking Team, a la par que otras naciones de la región, como México, han decidido culpar a otras instancias. En razón de todos estos factores, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, a través de un comunicado de prensa, manifiestan su rechazo a la venta y adquisición de esta clase de programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región, exigiendo a las autoridades correspondientes que rindan cuentas sobre sus tratos con Hacking Team.
Las ONGs firmantes son:
- Artículo 19 (México y Centroamérica)
- ACI-Participa (Honduras)
- Contingente MX (México)
- Derechos Digitales (América Latina)
- Enjambre Digital (Mexico)
- EFF (División America Latina)
- RedPato2 (Colombia)
- R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales (México)
- Fundación Karisma (Colombia)
- Hiperderecho (Perú)
El respeto a los derechos esenciales de los ciudadanos es el punto medular de las peticiones de estos organismos, señalando una de lista de factores a evaluar en esta situación, destacando que el proceso de compra hacía Hacking Team ha sido realizado con total opacidad. Como ya se ha comprobado anteriormente con casos documentados de espionaje a activistas políticos en Medio Oriente.
El mayor problema, según indican estas ONGs, son los huecos legales esparcidos en todas la naciones involucradas de América Latina, donde le uso de software de espionaje como el de Hacking Team pertenece a una difusa zona gris, donde se realiza un proceso de intrusión franco, pero que no se encuentra totalmente tipificado en los estatutos legales de diversas naciones involucradas.
El ideal sería que este tipo de herramientas se realice como un último recurso, cuando todas las instancias legales posibles ya han sido agotadas. Pero dadas las circunstancias de esta revelación, no parece ser ese el escenario.
