A una semana de que la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) confirmara a través de un comunicado la adquisición de un programa de espionaje comprado a la empresa italiana Hacking Team, no han parado las reacciones. Recientemente, el presidente de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, René Saffirio (DC), citó al director de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, para explicar los detalles de la adquisición de el programa espía “Phantom” que costó USD $2,85 millones, es decir, más de CLP $1.800.000.
El software “Phantom” funciona a través de un troyano y es capaz de acceder a información de celulares y computadores. En Chile, el artículo 222 del Código Procesal Penal señala que sólo los tribunales pueden ordenar la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación, cuando “existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión” de un crimen y que esta fuese “imprescindible para la investigación.
Por esta razón, el hecho de que la PDI haya adquirido este programa de espionaje amenaza a la libertad de los ciudadanos y atenta contra la propia legislación. Ahora será necesario indagar hasta qué punto utilizó este software la Policía de Investigaciones.
Según señaló René Saffirio a La Nación, “hemos concordado en la preocupación que genera este tema y, por ello hemos citado al titular de la PDI, obviamente con carácter reservado y no sólo por la forma de adquisición, sino por el impacto de este uso de tecnologías por parte de las policías en el país, considerando la legislación vigente”.
