La competencia en telefonía celular es uno de los temas más vistosos en el mercado de telecomunicaciones en México. Por ello, las políticas públicas como la portabilidad numérica y sus modificaciones tienden a generar discusión y expectativas al interior de la industria.
La portabilidad numérica entendida como el derecho a cambiar de proveedor de telefonía sin perder el número llegó a América Latina de la mano de Brasil y México en el año 2008. A pesar de sus 7 años de vida, las reglas de portabilidad han sido una política sujeta a cambios para garantizar un trámite más corto. A partir de febrero del 2015 este movimiento debe tardar 24 horas y recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sometió a consulta pública para modificar algunos requisitos y pasos. Toda política pública está sujeta a mejoras.
Al dar lectura a la prensa se pueden leer reclamos al regulador, los mismos operadores a grupos relacionados con ellos, entre otros. Dado el interés en la portabilidad numérica, ¿es este esquema el arma competitiva más importante para el sector móvil? La experiencia internacional nos ofrece nociones de que no es así, pero ciertamente es una política que tiene el objetivo de ayudar al usuario reduciendo sus barreras para cambiar de proveedor.
La portabilidad, debe reiterarse, no es una iniciativa de las empresas para adquirir clientes. Es una política destinada a reducir los costos (o su percepción) de cambiar de proveedor que tienen los usuarios. De hecho, la presencia de esquemas de portabilidad numérica móvil es un cambio en el contexto o en el “ecosistema” que fomenta estrategias como “guerras de precios” y promociones para adquirir usuarios de otra compañía, así como tácticas de retención o “lock-in” de usuarios.
En otras palabras, aunque a través de “estrategias agresivas” como tarifas y promoción de equipos se observen periodos en donde las portaciones incrementen, la misma reacción de empresas para conservar su base de usuarios se reflejará en esquemas de retención que no necesariamente sean negativas, como una mejora a los planes ofrecidos, o un mejor servicio. Esto es, aunque la idea de una portación con menos barreras genera la esperanza de un “éxodo” repentino de usuarios entre compañías, no es descabellado que a futuro las tasas de deserción o churn vean una caída y una estabilización de las portaciones, sobre todo en el segmento de pospago.
La portabilidad en contexto
El esquema de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM) se puede observar en países como Estados Unidos y Corea del Sur desde el 2004. Estos países no fueron ajenos a ver en la portabilidad un potencial para un cambio radical en sus mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos se estimaba que tan sólo en el primer año ocurrirían 30 millones de portaciones. En sus primeros tres años, la PNM en Estados Unidos fue de 10 millones de líneas portadas.
En Corea del Sur, la portabilidad inició como una herramienta casi regulatoria. Durante sus primeros seis meses de vida, sólo los suscriptores del dominante, SK Telecom, podían recurrir a la PNM en una suerte de periodo de adopción asimétrica. Al 2015 SK Telecom mantiene una participación de mercado de alrededor del 50%, pero enfrenta campañas de competencia “agresivas” de parte por los operadores no incumbentes que han obligado a que SK Telecom también tenga que esforzarse por mantener a su clientela.
En México se han realizado más de 20 millones de portaciones en 7 años, de acuerdo con datos del IFT actualizados al primer trimestre del 2015. En el balance, Telcel ha sido el que más líneas ha recibido, seguido de Movistar (Telefónica).
Al observar el comportamiento en el tiempo, se distingue que las portaciones se han incrementado con el paso de los años, pero que este avance muestra momentos en donde hay picos y reajustes a la baja. Es decir, aunque se hace más uso de la portabilidad por los usuarios, ésta no refleja una tendencia permanente al “éxodo”, sino periodos donde hay un retorno a niveles más bajos. Se tiene, eso sí, un periodo de más madurez de este derecho.
En el siguiente gráfico se muestran las portaciones por operador a lo largo del tiempo restando los números donados a los recibidos.
El que se hable de madurez no implica que las reglas no puedan perfeccionarse. La decisión de someter a consulta pública los lineamientos de portabilidad reflejan la intención del regulador de hacer ajustes para buscar reducir los costos de cambiar de proveedor, los famosos switching costs. Después de todo, el papel del regulador no es indicar a los usuarios a qué compañía deben migrar o con cuál deben quedarse, sino generar políticas que busquen reducir barreras y costos que impidan cambios y que puedan generarse a través de estos actos.
Las barreras de cambio son, de acuerdo a la literatura del tema, comúnmente mediadores entre la satisfacción del cliente con su operador y la intención de cambiar de proveedor. Cuando se habla de barreras o switching costs no se debe pensar solamente en la dimensión económica. Hay costos de continuidad (perder “puntos” o beneficios de lealtad con un proveedor), aprendizaje (búsqueda y evaluación de opciones, configuración de la nueva cuenta) y desde luego los costos no recuperables o “hundidos”, como el tiempo y dinero invertido en el proceso de cambio, o en un caso más evidente, la compra de una nueva terminal en caso de incompatibilidades con la red.
Al poner a consulta pública la modificación de aspectos de portabilidad como la eliminación del formato de solicitud de portabilidad, extensión de la vigencia del número de identificación para la portabilidad y los requisitos de identificación del usuario, el regulador da señales de querer centrarse en el usuario. El regulador no debe olvidar que una práctica fundamental para la portabilidad es que los usuarios estén al tanto de cómo se lleva a cabo este proceso y qué información requieren para hacer un cambio. La comunicación es un elemento esencial de esta política. También lo es que exista al menos un operador que compita en la misma área geográfica del usuario, por lo que toma importancia la cobertura de otros operadores y la disponibilidad de operadores virtuales móviles.
Posdata: licitación de TV, ¿la culpa es de la subasta?
Ante la incapacidad de Grupo Radio Centro (GRC) de pagar los 3,058 millones de pesos por una cadena de televisión digital han surgido opiniones sobre una supuesta culpa del regulador al no anticipar la incapacidad de pago de GRC e incluso en la forma de la subasta adoptada.
Un análisis más minucioso muestra que el “pecado” del IFT fue no contar con poderes sobrenaturales para prever las decisiones que llevaron a GRC a proponer el pago de una cantidad con la que no contaban y perder 415 millones de pesos al ejecutarse la garantía de seriedad. Pero el diseño de la subasta, en principio, tampoco es el “villano” de esta historia.
En términos sencillos, ninguna subasta da incentivos para que un postor proponga un valor que no tiene (si es que es un actor racional). Por ejemplo, en una subasta ascendente, el precio del ganador estará cerca de su rival más próximo. En una subasta donde gana el que proponga un precio más alto pero se paga el precio del competidor más próximo (second price), el valor esperado sigue siendo el de este agente que queda en “penúltimo lugar”. En una subasta de sobre cerrado, el actor que gana trata de proponer un valor alto, pero tomando en cuenta cuánto es lo que su competencia apostaría para mitigar la maldición del ganador o winner’s curse. En estos esquemas de distinto diseño el denominador común es que gana el que ofrece más, pero siempre buscará como “pivote” el valor de su competencia, no una cantidad que no posee.
Pero como estos supuestos se tienden a cumplir en escenarios donde los actores son racionales, sólo queda preguntar cuál fue el razonamiento de GRC, ¿obedecer un impulso psicológico/emocional?, ¿obedecer una regla simple? Culpar al regulador y al mecanismo de asignación de espectro no siempre es la respuesta más lógica.
