Dos temas tensionan la relación entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Senado mexicano: las reglas de portabilidad numérica y la eliminación de los cobros de larga distancia nacional. Las diferencias están en la interpretación de la ley que las rige, lo que obliga a cuestionar si existió comunicación entre ambas instituciones durante el proceso de reforma a la legislación de telecomunicaciones y radiodifusión.
El vínculo entre el Senado y el IFT viene desde la constitución: esta cámara aprueba los nombramientos de los comisionados para el Instituto, que no por ser autónomo escapa al sistema de pesos y contrapesos. Si el congreso y el regulador tienen diferencias al interpretar la ley reglamentaria para las telecomunicaciones ¿faltó entonces un espacio de comunicación para hacer una normativa más puntual?
Por lo pronto la tensión ya derivó en una controversia institucional promovida por el Senado en contra las reglas de portabilidad numérica aprobadas por el IFT, además de que han surgido declaraciones en la prensa sobre una posible destitución de sus comisionados que cuenta más bien como una amenaza política. La eliminación de cobros de larga distancia para los usuarios va tomando forma y parece que tomará un camino similar: los tribunales como espacio en común entre ambas instituciones en lugar de espacios de cooperación.
Al final de la ruta, la elección del litigio como camino resultará en determinar que una parte tiene razón sobre otra, pero difícilmente abonará para que se generen estos espacios para perfeccionar la normativa que aparentemente no queda clara para todos los actores… especialmente en el segmento de telefonía.
La Portabilidad
Los lineamientos de portabilidad establecen que en febrero del 2015 los usuarios puedan cambiar de compañía telefónica sin perder su número, independientemente de si es móvil o fijo, en periodos de menos de 24 horas. Entre noviembre y febrero este trámite deberá tardar como máximo 3 días, lo que implica ya una reducción, pues este trámite tomaba hasta 10 días.
En esencia, el IFT indica que cumplió con lo que le ordena la ley, que es aprobar reglas administrativas para este cambio. Los legisladores que impulsan la controversia constitucional sostienen que este proceso debió entrar en vigor al mismo tiempo que los lineamientos y que esto representa una contradicción a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), específicamente al artículo trigésimo octavo transitorio.
El artículo indica lo siguiente:
[El IFT] deberá emitir dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la (LFTR), las reglas administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, en su caso, promover que se haga a través de medios electrónicos. Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar una portabilidad efectiva y que la misma se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular
Entre los argumentos para dar un plazo de transición están la adecuación de los sistemas de los operadores, así como del administrador de la base de datos. Este argumento ha sido recogido por algunos operadores como Axtel o América Móvil que solicitaban más de 90 días, pero también recibió críticas principalmente de Televisa, la Canitec y los legisladores Javier Lozano (PAN), Gerardo Flores (PVEM) y Zoé Robledo (PRD).
Independientemente de si se argumenta que el plazo es justo para que la industria se adecúe o si era imposible iniciar el proceso sin lineamientos, este desencuentro nos devuelve a la pregunta de qué tipo de comunicación hubo entre el Congreso y los actores involucrados en la reforma a las telecomunicaciones.
Larga Distancia, ¿pleito cercano?
El conflicto en torno a las reglas para eliminar los cargos de larga distancia nacional a los usuarios que aún está en proceso de consulta se va centrando en la existencia de costos de la industria que no se eliminan a través de la ley. Algunas prácticas son la interconexión de las redes o la “renta” de la infraestructura para transportar o terminar tráfico. En un mercado como el mexicano, estas condiciones dan una ventaja natural al operador con mayor cobertura de red y concentración de clientes cuando su competencia requiere de sus instalaciones para completar sus servicios.
En la ley no se establece el procedimiento por el cuál este proceso se llevará a cabo, o bien, la mención a si el IFT o alguna autoridad decidirán el proceso previa consulta, solamente que deben eliminarse los cargos por este concepto.
Durante el proceso legislativo, el IFT envió a los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes su posicionamiento sobre varios temas del proyecto de la LFTR, en el que se abordó la larga distancia nacional:
“Se propone no sujetar la eliminación del cargo de larga distancia nacional a la consolidación, y dejar abierta la posibilidad de que el órgano regulador determine la forma y los términos en que podría llevarse a cabo, manteniendo el deber de gradualidad para la aplicación de las medidas”.
Evidentemente, la observación del IFT no se materializó en la ley, por lo que en sus lineamientos ha sugerido la adopción de un servicio local a nivel nacional basado en áreas básicas de interconexión sin que quede claro si se seguirá un proceso gradual para consolidarlas.
Esta confrontación entre el Senado y el IFT deja lecciones claras: ante los problemas de un sector complejo, la colaboración de los actores involucrados –sean industria, gobierno o sociedad- es esencial para un mejor diseño de la política pública y la generación de acuerdos la permitan. Las implicaciones tecnológicas no pueden eliminarse “por decreto” y se debe ser cauteloso a la hora de prometer medidas populares (o populistas) que enfrentan una realidad técnica más compleja.
