Microsoft desafía a la corte de Estados Unidos

Microsoft desafía a la corte de Estados Unidos

La empresa se rehusa a entregar datos alojados en el extranjero y apela la decisión de la justicia estadounidense.

A principios de mes les contábamos sobre una solicitud que hizo una jueza federal en Estados Unidos a Microsoft, en la que pedía le fueran entregados correos electrónicos almacenados en Dublín, Irlanda. La postura inicial de Microsoft fue rehusarse, bajo el argumento de que la información está almacenada fuera de territorio estadounidense y entregarla iría en contra de la soberanía de los irlandeses.

Ante la presión internacional, la jueza Loretta Preska decidió suspender temporalmente su solicitud. Sin embargo, ante la insistencia de los fiscales, el viernes 30 ordenó levantar la suspensión, con lo que legalmente, Microsoft quedaba obligada a entregar los datos.

No obstante, Microsoft confirmó que desobedecerá la orden directa de la corte, en tanto espera que su apelación a la petición de la jueza proceda.

El caso puede sentar un precedente importante sobre el manejo de datos alojados en el extranjero, toda vez que la magistrada argumenta que no se viola ninguna ley ya que no importa en dónde esté la información (físicamente, en el servidor) sino qué empresa tiene control de ella.

Esto aumenta su relevancia debido a que Microsoft tiene tras de sí el apoyo de otros gigantes tecnológicos como AT&T, Verizon, Apple o Cisco, quienes también se oponen a entregar al gobierno de Estados Unidos datos que no estén alojados en territorio nacional. En su declaración, Microsoft se mostró confiada de que la apelación sea aprobada.

Para Microsoft y otras empresas tecnológicas, el tema de la privacidad se ha vuelto vital en términos de confianza con sus clientes. Tras el daño a su imagen provocado por las revelaciones de Edward Snowden, Microsoft empieza a andar con pies de plomo con respecto a los datos de sus usuarios. Sí, quizá sea una resistencia motivada por un temor a la caída en ventas y popularidad, pero es una postura positiva –en el largo plazo– para el derecho a la privacidad.