Economía

Buenos Aires cobrará un impuesto por servicios como Netflix y Spotify

Así se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Se anunció que a partir de noviembre de este año se cobrará un impuesto del 3% sobre el precio neto de operaciones realizadas con tarjeta de crédito y débito en servicios digitales como Netflix y Spotify en la capital argentina.

La resolución afectará también a servicios de videojuegos como la plataformas PlayStation Network y Xbox Live.

Si bien este hecho no impacta directamente al consumidor, en la norma respectiva no se incluye ninguna medida que proteja al usuario de un aumento de costo en el precio final del servicio por parte de los proveedores.

De las compañías implicadas solamente Spotify  ha alzado la voz y ya confirmó a La Nación que esto no afectará la cuota actual que se maneja para dicha región.

Estos son los artículos de relevancia sobre esta resolución:

Artículo 1.- Establécese un Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual (“películas y series”) que se transmiten por Internet a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet como así también por la suscripción para comprar y/o alquilar contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos, o similares.

Artículo 2.- Desígnase como Agentes de Retención a las Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Débito y Compra que intervengan en las operaciones detalladas en el artículo anterior, siempre que los pagos se efectúen a las empresas que brindan los servicios allí consignados.

Artículo 3.- La alicuota aplicable para la liquidación de la retención será del 3% (tres por ciento) sobre el precio neto de la operación y se practicará en el momento de la rendición de los fondos para su transferencia al exterior.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos explica en el documento relacionado que esta medida tiene como objetivo “prever que las transacciones que se realizan a través del comercio electrónico no socaven la capacidad del Estado para recaudar los ingresos públicos vía tributación”.

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