Como ocurre en muchos otros países, hablar de “gobierno” en México no implica tener en la mente a un bloque monolítico que no admite matices. Por el contrario, la división de poderes a nivel federal hace que haya instituciones gubernamentales diversas. Estas, sumadas a los organismos constitucionalmente autónomos –como el IFAI o la CNDH–, arrojan un espectro de instituciones bastante amplio.
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En este contexto, buscar una mayor apertura a nivel parlamentario es al mismo tiempo una lucha por la existencia de un vínculo más efectivo entre legisladores y ciudadanos. Los beneficios de dicha apertura alcanzan diversas esferas de incidencia, que van desde la rendición de cuentas hasta la apertura de datos públicos.
Por este motivo surgió la Alianza para el Parlamento Abierto, una iniciativa impulsada por el Poder Legislativo Federal, el Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y más de 10 organizaciones de la sociedad civil. Entre las OSC se encuentran actores como Borde Político, Social TIC o el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
El tener parlamentos abiertos significa transparentar la información y rendir cuentas; crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana y usar tecnologías que abonen el camino para la construcción de esta nueva relación, que den como resultado parlamentos receptivos, innovadores y efectivos que trabajen a favor de la gente.
De acuerdo con el IMCO, uno de los objetivos de la Alianza es generar un espacio común en el que puedan dialogar las instituciones participantes. La finalidad es que las instituciones legislativas del país cumplan con los 10 Principios de Parlamento Abierto, entre los que se encuentra el derecho a la información y la rendición de cuentas.
En suma, la Alianza para el Parlamento Abierto representa una oportunidad para que la información de las instituciones parlamentarias se encuentra disponible de manera ágil y precisa para cualquier persona interesada y no únicamente para quienes se dedican de manera profesional a hacer uso de los datos públicos gubernamentales.