La gran mayoría de las empresas que ofrecen servicios de cloud computing cuentan con servidores ubicados en distintas partes del mundo, principalmente por motivos técnicos. Sin embargo, hay implicaciones importantes relacionadas con la protección de datos personales de los usuarios de estos servicios.
Por esto, y ante las acusaciones de vigilancia masiva de la NSA, Brasil y Rusia tuvieron la idea de solicitar que las empresas almacenen los datos de sus ciudadanos dentro de su territorio. En marzo, Brasil anunció que desechaba la idea, mientras que Rusia no ha dado señales de arrepentimiento. Hay dos razones principales para ello: acceder con mayor facilidad a esos datos y evitar intromisiones extranjeras.
Sin embargo, un proceso judicial en Estados Unidos podría romper la ilusión de los rusos. Desde abril, un juzgado determinó que Microsoft estaba obligado a entregar información de uno de sus usuarios. El detalle es que los datos se encuentran almacenados en Dublín, Irlanda y Microsoft se opuso a la decisión.
En el transcurso del año pasado, Microsoft y otras compañías tecnológicas estadounidenses nos hemos enfrentado a la creciente desconfianza y preocupación por nuestra capacidad para proteger la privacidad de la información personal ubicada fuera de Estados Unidos.
Para mala fortuna de esta empresa, un juzgado de distrito acaba de confirmar la decisión, de acuerdo con The Guardian. Para la jueza, Loretta Preska, no se trata de una cuestión de ubicación sino de quién tiene el control sobre los datos. No obstante, Microsoft apelará la decisión, de acuerdo con el asesor general de la empresa, Brad Smith:
Lo único seguro esta mañana era que la decisión del Tribunal de Circuito no representaría la última etapa de este proceso.
Aunque hay otro punto que también es seguro: nuestros datos -y el acceso a ellos- valen mucho. Si Microsoft insiste en limitar los intentos del gobierno estadounidense para acceder a los datos de sus clientes, probablemente es más por una cuestión de negocios -tener mejor reputación- que por un auténtico interés por defender los derechos digitales de sus usuarios.
