Política

Ecuador: Nuevas sanciones en contra de la piratería

La propuesta contempla sanciones penales para quienes violen derechos de autor.

La protección de los derechos de autor suele ser un tema complicado por las colisiones que puede tener con otros derechos. El riesgo se amplifica cuando algunas de las medidas propuestas favorecen de manera desproporcionada los intereses de las sociedades de gestión colectiva en contra del interés público.

En el caso particular de Ecuador, es posible observar un fuerte contraste en torno a las medidas propuestas en este sentido. Apenas en diciembre de 2013, el presidente de ese país, Rafael Correa, se había pronunciado por migrar hacia una economía del conocimiento, más alejada del capitalismo:

No sólo que nos han impuesto el collar y la campana. Agenciosos, hemos puesto la cabeza y el cuello para que nos pongan más campanitas, para ser más serviles. Muchas veces porque no se entendían las cosas. Todo esto está cambiando.

Efectivamente, a raíz de la entrada en vigor del Código Integral Penal el panorama ha cambiado, aunque no precisamente en la dirección que señalaba Correa. De acuerdo con Ecuavisa, dicho Código no contemplaba sanciones en contra de quienes violaran derechos de propiedad intelectual. Las infracciones en este sentido serían procesadas de manera administrativa y no por la vía penal, lo cual resulta positivo.

A pesar de lo anterior, el Código será reformado para incluir sanciones penales a fin de proteger los derechos de autor y de propiedad intelectual. La propuesta fue enviada por el mismo Correa, con el objetivo de cumplir con lo establecido en tratados internacionales de los que Ecuador forma parte.

La falsificación de marcas de fábrica o de comercio tendrá una multa de 500 a 500 mil dólares… la piratería lesiva del derecho de autor una multa de 500 a 200 mil dólares.

Es claro que, en el entorno actual, este tipo de derechos comerciales deben ser protegidos a fin de incentivar la innovación de los creadores. Sin embargo, en un contexto donde se privilegiara el intercambio de materiales y conocimientos de manera libre –justo como el defendido por Correa en 2013–, los derechos de autor patrimoniales –que permiten explotación comercial– serían menos utilizados.

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