Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Google -y cualquier motor de búsqueda– debía cumplir con el derecho al olvido, las críticas no se hicieron esperar. Una de las más importantes fue que nadie sabía a ciencia cierta -ni Google– cómo iba a hacer la empresa para acatar el fallo sin ejercer algún tipo de censura.
PUBLICIDAD
Sobre la marcha, Google ha tomado algunas decisiones para tratar de facilitar el proceso. Primero puso a disposición de sus usuarios un formulario para que quienes decidieran ejercer este derecho, lo solicitaran sin muchas complicaciones. También creó un consejo asesor, a fin de contar con lineamientos generales que les permitieran equilibrar los diversos intereses que se concentran en este tema.
A pesar de ello, la empresa fue llamada a cuentas ante las autoridades de protección de datos personales de Europa. Durante la sesión, Google otorgó un poco de información adicional en torno a la forma en la que aplica el derecho al olvido. Así, por ejemplo, fue posible saber que esta empresa acepta la mayoría de las solicitudes que recibe, pero no conocimos detalles a profundidad. Hasta hoy.
Luego de la comparecencia de la semana pasada, Google ha hecho públicas las respuestas a 26 preguntas que le fueron formuladas por las autoridades europeas. Gracias a estas respuestas fue posible confirmar que, efectivamente, Google ha removido cerca de 91.000 resultados de búsqueda y que las leyes de protección de datos personales de 6 países son las que más solicitudes han motivado:
| País | Número de solicitudes | Número de URL involucradas |
| Francia | 17.500 | 58.000 |
| Alemania | 16.500 | 57.000 |
| Reino Unido | 12.000 | 44.000 |
| España | 8.000 | 27.000 |
| Italia | 7.500 | 28.000 |
| Países Bajos | 5.500 | 21.000 |
Google también aporta más información con respecto al proceso que lleva para determinar si procede o no una solicitud. En pocas palabras, continúa evaluando cada solicitud de manera individual, tomando en cuenta detalles como si el solicitante es una figura pública o si la información que se desea eliminar de los resultados fue hecha pública por la misma persona que lo solicita.
Debemos equilibrar el derecho a la privacidad de los individuos con los intereses que hablan a favor de la accesibilidad de la información, incluyendo el derecho público de acceso a la información, así como el derecho de los administradores de sitios web para distribuir información. Cuando evaluemos las solicitudes, consideraremos si los resultados de búsqueda en cuestión incluyen información obsoleta o irrelevante sobre el titular de los datos y si hay un interés público en esa información.
En el documento, firmado por el asesor global de privacidad de Google, Peter Fleischer, la empresa también asegura que no ha pensado en compartir con otros motores de búsqueda la lista de los resultados que ha dejado de indexar. En general, el mensaje es claro: Google toma al derecho al olvido como un tema muy delicado y está tratando de lidiar con las responsabilidades que implica cada decisión con respecto a este tema.