Vodafone afirma que agencias de gobierno espían sus redes en 29 países

El segundo carrier más grande del mundo, Vodafone, afirmó este viernes en un informe de 20 páginas llamada “Revelaciones de Organismos de Aplicación de la Ley” (“Law Enforcement Disclosure“) que distintas agencias de gobierno están espiando sus redes en 29 países donde ofrecen sus servicios.

La operadora inglesa publica estas revelaciones en el marco del primer aniversario de las revelaciones de Edward Snowden, cuando el periódico The Guardian dio el puntapié inicial al revelar que el gobierno estadounidense estaba espiando a todos los clientes de la operadora Verizon, lo que fue seguido de un artículo del Washington Post acerca del programa de recolección de datos de la NSA.

Según Vodafone, en 29 de los países donde opera la empresa las agencias de gobierno están conectadas directamente a la red de la compañía para así grabar conversaciones, además de poder acceder libremente a los datos de localización de los usuarios que están siendo espiados, y en muchos casos, los gobiernos pueden realizar estas operaciones sin una orden judicial.

De hecho, lo triste es que en seis países donde opera Vodafone acceder a las conversaciones es un requerimiento legal. La empresa inglesa no quiso revelar qué países son, pero para tener en consideración, en Albania, Egipto, Hungría, India, Malta, Catar, Rumania, Sudáfrica y Turquía es ilegal revelar cualquier tipo de información relacionada con el gobierno interceptando llamadas telefónicas.

Si bien el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos otorga el derecho a la privacidad, Vodafone afirma que esto se debe a que la empresa debe seguir las leyes de los países donde opera, lo que incluye entregarle cualquier tipo de información a las agencias de gobierno. La empresa afirmó:

Rechazar cumplir la ley de un país no es una opción. Si no cumplimos con la solicitud legal de entregar asistencia, los gobiernos pueden quitarnos nuestra licencia para funcionar, impidiéndonos entregar nuestros servicios a nuestros usuarios. La necesidad de los gobiernos de balancear su deber de proteger el Estado y sus ciudadanos con su deber de proteger el derecho a la privacidad del individuo ahora es el centro de un enorme debate público. Según nuestro punto de vista, es el gobierno y no las operadoras de telecomunicaciones las que tienen el deber primordial de entregar una mayor transparencia en el número de solicitudes que realizan las agencias de gobierno y las autoridades a las operadoras.