10 Procesos a un año de la #ReformaTelecom [Segunda Parte]

10 Procesos a un año de la #ReformaTelecom [Segunda Parte]

Segunda parte del estado de la reforma de telecomunicaciones, tras un año de su promulgación.

Hace un año y 10 días, la promulgación de la reforma constitucional de telecomunicaciones en México marcó el inicio de una serie de procesos destinados a cambiarle la cara a un sector caracterizado por concentración y poca competencia a nivel nacional.

Este cambio implica una serie de acciones que todavía no concluyen, por lo que es importante revisar el progreso de la reforma a través de sus procesos. En la primera parte de este recuento se analizaron cinco de ellos:

  1. La conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
  2. Retransmisión de televisión abierta en plataformas de paga (must carry – must offer)
  3. Agentes Económicos Preponderantes (AEP)
  4. Licitación de nuevas cadenas de televisión abierta
  5. Apagón analógico

En esta segunda y última parte se comentará sobre otros cinco procesos de la #ReformaTelecom.

Leyes Secundarias

El establecimiento de la legislación secundaria es clave para la reforma, pues describe cómo se regirán ciertas figuras y procedimientos como la concesión única, la preponderancia de agentes económicos, multiprogramación, propiedad cruzada, entre otros. Los congresistas aprobaron el 9 de diciembre del 2013 como fecha para su expedición, condición que no se respetó.

Lo que en Twitter se bautizó como la #LeyTelecom consiste en una parte de estas “leyes secundarias”, pues como la misma constitución lo indica, el Congreso mexicano debe expedir una nueva ley que regule de manera convergente la radiodifusión y las telecomunicaciones, que hoy tienen leyes divergentes.

Además de esto hay otros ordenamientos que deben actualizarse por los cambios constitucionales, como la Ley de Inversión Extranjera para permitir 100% de participación extranjera en telecomunicaciones y la de derechos de autor para admitir la retransmisión de contenidos televisivos.

El proceso de legislación secundaria ha estado marcado por la fragmentación política del sistema de partidos mexicano y la discusión de otras enmiendas constitucionales: la de energía y la político-electoral.

Al desgastarse el instrumento conocido como el “Pacto por México” como espacio de negociación entre cúpulas partidistas, las diferencias históricas entre los partidos y la fragmentación interna han sido factores que ha demorado la votación de las leyes.

A finales de marzo la Presidencia presentó al Congreso su iniciativa de leyes secundarias, documento que fue recibido en un contexto político dividido por procesos de elección interna de los partidos de oposición (PAN y PRD) y que en la sociedad despertó inquietudes en torno a temas como la privacidad de las comunicaciones, la neutralidad de red y la vigilancia de contenidos.

El senador del PAN Javier Lozano Alarcón preparó un documento con algunas modificaciones que no se convirtió en el dictamen que pudiera pasar a votación.

Al terminarse el periodo de sesiones legislativas, el Congreso aprobó periodos extraordinarios para discutir leyes secundarias de la reforma política y de energía. En este nuevo plazo se presume que la legislación de telecomunicaciones pueda ser discutida y votada, pero esto podría postergarse hasta el próximo periodo de sesiones del 2014.

En suma, el proceso de leyes secundarias  se ha visto afectado por la introducción de otras reformas y por la fragmentación partidista del sistema político (y procesos internos). Además de esto existe la preocupación por parte de la sociedad civil por entender cómo esta legislación afecta garantías individuales. Un ejemplo lo es Codeando México, que a través de su herramienta explica.la/ley busca comentar sus implicaciones.

La falta de leyes secundarias se ha traducido en falta de certidumbre para procesos como la licitación de dos cadenas de televisión abierta y retención de inversiones en el sector, estimada entre 5 mil 200 y 5 mil 400 millones de dólares por la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), por ejemplo. 

Registro Público de Concesiones

Este proceso fue uno de los más silenciosos del proceso de la reforma, pero tiene un potencial importante para quienes requieran observar evidencia documental de los títulos de concesión a nivel regional y nacional.

El IFT montó en su página este padrón en donde se pueden consultar todos los títulos vigentes en telecomunicaciones y radiodifusión en el país. Este registro está disponible desde marzo y agrupa 3 mil 323 títulos de concesión de servicios de telecomunicaciones y mil 185 de radiodifusión.

En total son 14 mil documentos y 126 mil imágenes digitalizadas aproximadamente. La función de este registro es transparentar las licencias bajo las que operan las compañías a nivel nacional y regional. Esta herramienta permite observar cómo les han sido concesionados a los operadores diferentes servicios por región, por banda de espectro, así como sus obligaciones.

Tribunales especializados

La reforma constitucional ordenó la creación de tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica. No es un cambio menor, ya que una de las características principales del sector en México es que siempre hubo un alto grado de litigios en curso. Ante una decisión regulatoria o sanciones, los operadores siempre podían recurrir a los tribunales para detenerla.

Ahora los operadores no pueden ampararse contra decisiones legales o de política pública, dándole al regulador la ventaja de que sus decisiones no se suspendan durante un juicio. En su lugar, los operadores pueden objetarlas, pero estas tendrán que ser atendidas por tribunales especializados en la materia y que están en operación desde el 10 de agosto del 2013.

El papel de estos tribunales ya se ha visto, por ejemplo, confirmando el poder sustancial de mercado que tiene Telmex en tránsito local de voz y recibiendo una impugnación de Televisa a la declaratoria de preponderancia en el sector de radiodifusión resuelta por el IFT.

Inclusión Digital

El gobierno federal debe poner en marcha programas para que la sociedad mexicana transite hacia la sociedad de la información. Para ello quedó habilitado para ejecutar programas con el objetivo de que el 70 por ciento de los hogares y 85 de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con acceso a Internet.

Esta tarea implica no sólo el acercamiento de la sociedad a las TIC, sino que el gobierno habilite datos abiertos gubernamentales, conectividad en sitios públicos, telemedicina, TIC en la educación y gobierno digital. El Gobierno federal dio a conocer en noviembre su Estrategia Digital Nacional en donde se observa una aproximación global hacia estos objetivos, pero con un enfoque más centrado en la Nueva Gestión Pública (intercambio de servicios entre gobierno y sociedad parecido a esquemas empresariales) que en un esquema de gobernanza con una red de actores más horizontales entre el gobierno, la industria y la sociedad civil.

La Estrategia Digital Nacional representa un documento sobre cómo el gobierno federal ejecutará distintos elementos de política pública para completar las metas constitucionales. Otro programa importante es el de México Conectado y que tiene como objetivo dar conectividad en sitios y espacios públicos a lo largo del país.

La meta de este plan es conectar 250 mil sitios públicos para el 2018. Actualmente se han conectado 38 mil.

Red compartida

Desde la reforma constitucional se ordenó la habilitación de una red pública compartida de telecomunicaciones aprovechando 90 MHz de espectro de la banda de 700 MHz y la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El propósito de este esquema es que el acceso a la infraestructura no se convierta en una barrera de entrada, por lo que esta red compartida no ofrecerá servicios a usuarios finales, sino que le venderá capacidad a los operadores para que ellos puedan comercializar dichos servicios.

Aún no se ha comenzado a habilitar la parte inalámbrica de esta red que podrá desarrollarse en modalidad Asociación Público Privada (APP). Por su parte, la CFE inició la cesión de derechos su concesión de la red pública de telecomunicaciones que opera para que Telecomunicaciones de México (Telecomm) pueda administrarla y buscar incrementarla de 25 mil kilómetros de fibra óptica a un tendido total de 82 mil 500 kilómetros aproximadamente. Como referencia para hacer una comparación, la red de América Móvil en México es de alrededor de 167 mil kilómetros de fibra óptica.

De acuerdo con el plan nacional de infraestructura, la inversión necesaria para la red troncal será de 4 mil 875 millones de pesos, mientras que para habilitar la red compartida que venderá capacidad a los operadores ronda los 39 mil millones de pesos.

Este proyecto es quizás uno de los más llamativos de la reforma, puesto que busca la manera de facilitar el acceso a recursos clave como espectro radioeléctrico y fibra óptica para el transporte de datos. Sin embargo, esta red también puede convertirse en un incentivo para que competidores como Telefónica y América Móvil busquen acuerdos para ofrecer capacidad a operadores más pequeños como alternativa a la red compartida.

América Móvil enfrenta por su parte medidas regulatorias que la obligarán a compartir elementos de su red, incluida la “última milla”. Telefónica por su parte se ha aliado con Nextel para compartir redes, además de que es quien “renta” capacidad a Virgin Mobile, que este año inició operaciones en México.

2014: año clave

El 2014 será clave para el sector principalmente por la discusión de las leyes secundarias. Estas leyes también son importantes para dar seguridad jurídica a  las empresas que planean invertir en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Los congresistas tienen la tarea de recordar que el propósito de esta reforma es cambiarle la cara al sector a través de competencia, inversión y acceso de la población a las TIC. No se les pide dejar de lado diferencias políticas que mantienen esta legislación pendiente, sino reconocer que este proceso de reforma debe traducirse en un proyecto de sociedad de la información para el país.