10 procesos a un año de la #ReformaTelecom, primera parte

10 procesos a un año de la #ReformaTelecom, primera parte

Estado de la reforma constitucional de telecomunicaciones tras un año de su promulgación.

La reforma constitucional de telecomunicaciones en México cumple un año de haber sido promulgada y de poner en marcha varios procesos de cambio en el sector que todavía no concluyen.

Esta enmienda constitucional enfrenta un panorama menos optimista que cuando fue publicada, el 11 de junio del 2013. Parece ser que el consenso es que no se han obtenido los beneficios prometidos y que las leyes secundarias podrían mejorar (o empeorar) algunos puntos claves de la reforma.

Dar una opinión para sentenciarla como buena o mala a la reforma es adelantarse, pues aún no concluye el proceso de cambio en lo legal-institucional. En su lugar, vale la pena revisar por separado algunos de los procesos que componen la denominada #ReformaTelecom, que están en marcha y que cubren muchos de los puntos que justificaron este cambio legislativo.

En esta revisión se abarcan un total de diez procesos divididos en dos entregas de cinco puntos cada una.

Conformación del IFT

Uno de los puntos clave fue la creación de un organismo constitucional autónomo que funja como el regulador en temas de competencia para radiodifusión y telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicacones (IFT) y que a diferencia de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), no depende de alguna secretaría de Estado.

Su autonomía ha sido foco de cuestionamientos conforme va haciendo decisiones: por qué pide consulta pública para algunos temas, pero para otros no; por qué no impone medidas más fuertes hacia algún operador; por qué no opina sobre las leyes secundarias, etcétera. Ante la falta de consenso sobre cómo debe ser un regulador autónomo, lo importante será evaluar si en el desempeño de sus funciones el IFT no es “capturado” por el propio gobierno y los regulados.

El proceso para formar el IFT también ha sido criticado, pues le da al Presidente cierto poder discrecional para nombrar a los candidatos a comisionados (el Senado vota estos nombramientos). Los candidatos a comisionada o comisionado del IFT deben presentar primero un examen y se agrupan los puntajes más altos en conjuntos. El Presidente elige a un candidato de cada grupo y manda sus propuestas al Senado, sin que esto implique que el Ejecutivo elija a los candidatos con mayor puntaje en el examen. Hasta la fecha se desconocen las calificaciones que obtuvo cada comisionado y candidato.

Must Carry – Must Offer

Con la conformación del IFT a mediados de septiembre del 2013 entró en vigor la retransmisión de la televisión abierta en plataformas de paga. El sistema satelital Dish comenzó a retransmitir los canales de Televisa y TV Azteca sin solicitar alguna autorización de las televisoras. Finalmente, el regulador emitió en febrero del 2014 los lineamientos de retransmisión (must carry – must offer) y se interpretó que la regla entró en vigor desde que el IFT fue formado.

Estos lineamientos fueron consultados públicamente primero y después fueron publicados. En suma, las plataformas de televisión de paga podrán retransmitir de manera gratuita los canales 2 y 5 (Televisa), así como el 7 y el 13 de TV Azteca. Televisa no puede beneficiarse de la “gratuidad” de esta regla por ser el agente económico preponderante en radiodifusión.

América Móvil (AMX) no podría transmitir estas señales de modo gratuito si tuviera un servicio de televisión por cable o por satélite. Actualmente el IFT investiga una supuesta alianza no reportada entre Telmex y Dish, que supondría sanciones para estas empresas y la imposibilidad de retransmitir estos canales sin pagar.

La retransmisión gratuita se eliminará cuando haya condiciones de “competencia efectiva” en telecomunicaciones y en radiodifusión, y a partir de ese momento las empresas deberán firmar acuerdos de retransmisión. Además de estos canales, los concesionarios de televisión de paga deberán retransmitir señales de instituciones públicas federales como TV UNAM o Canal Once si en su zona de cobertura tienen acceso a dichas señales.

Agentes económicos preponderantes

Desde la reforma constitucional se buscó establecer a través de la figura de Agente Económico Preponderante (AEP) la manera de imponer reglas anti monopolio a los dos grupos empresariales con más participación en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión: América Móvil y Televisa.

Un AEP tiene más del 50% de participación de mercado en los sectores de telecomunicaciones o radiodifusión, y se puede medir por criterios de audiencia, suscriptores, capacidad de sus redes, tráfico, entre otros.

A principios de marzo el IFT declaró como AEP a Grupo Televisa y América Móvil (junto con empresas del empresario de Carlos Slim con las que tiene relación) en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, respectivamente. Esto se convirtió en una serie de medidas que estos grupos empresariales deben acatar para reducir las barreras competitivas en los sectores.

Entre las críticas que han despertado esta decisión es que no se dirigió a la posición que Televisa tiene en la televisión de paga (se asume que tiene más del 50% de este servicio a nivel nacional) y que no se elimina de modo directo el “efecto club” de América Móvil (números gratuitos o preferenciales para llamadas dentro de la red).

El cumplimiento de estas medidas debe ser revisado periódicamente por el IFT para determinar si se levanta la declaratoria para cierto actor o para autorizarle su paso a la concesión única o servicios adicionales. El IFT está facultado para hacer declaratorias sobre dominancia o poder sustancial de mercado sobre servicios a los agentes que no son o han dejado de ser preponderantes.

Ruta hacia nuevas cadenas de TV

En marzo se publicaron las bases para la licitación de nuevas frecuencias para televisión abierta, uno de los servicios más concentrados en el país. El IFT expidió la convocatoria para asignar espectro para TDT de manera que se puedan formar dos “cadenas” nacionales. Es decir, quien vaya por esta licitación no podrá emitir una oferta sólo por ciertas frecuencias regionales, sino que tendrá que presentar una propuesta para operar una o las dos cadenas a nivel nacional.

Cada cadena costaría un mínimo de 830 millones de pesos (conocido como valor mínimo de referencia), según el IFT. Quienes entren a este proceso licitatorio deberán entregar una garantía de seriedad de 415 millones de pesos. Estos cifras son sólo una parte de los costos totales para desplegar una cadena televisiva, ya que una inversión fuerte es la creación de contenido y contar con la infraestructura de transmisión (este último costo puede aminorarse con la obligación que tiene Televisa de compartir su infraestructura física).

Como un ejemplo, el Channel Five de Reino Unido fue adquirido por 103 millones de libras esterlinas por Richard Desmond en 2010 y Viacom lo compró en 2014 por 450 millones de libras (757 millones de dólares). Quienes pretenden entrar al negocio de la televisión abierta en México deben estar preparados para invertir en la generación de programación atractiva para ir ganando audiencia.

El proceso de licitación fue retrasado por el IFT al modificar la fecha de presentación de una solicitud de los interesados al Instituto para obtener (en su caso) una opinión favorable en competencia económica para poder participar en la asignación de las frecuencias. La fecha para presentar esta solicitud pasó del 16 y 17 de junio al 2 y 3 de septiembre del 2014, aproximadamente dos meses y medio.

Apagón Analógico

La reforma constitucional de telecomunicaciones hizo que la transición a la televisión digital se transformara en ley. El plazo límite es el 31 de diciembre del 2015 y la interpretación de la redacción habilita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, una secretaría de Estado) para ejecutarlo, rol que pertenecía a la Cofetel.

El proceso del apagón ha recibido críticas por dos cuestiones: se ha retrasado el cronograma, por lo que se ha puesto en duda que se cumpla con la fecha objetivo, y la SCT reformuló el programa para subsidiar televisores digitales y no decodificadores como hacía la Cofetel. Este cambio implica que el programa de la SCT ronde los 26 mil millones de pesos, mientras que el de la Cofetel estaba presupuestado en 13 mil millones de pesos aproximadamente. La justificación de la SCT es que estos dispositivos vienen preparados para conectarse a Internet (no incluyen el servicio) y que generarían un ahorro en el consumo de electricidad.

Actualmente la Secretaría realiza un programa piloto en estados del norte de México para entregar 120 mil aparatos.

Otra crítica es que sólo los hogares que se benefician de programas sociales del Gobierno federal podrán tener acceso al subsidio, mientras que con el esquema de la Cofetel se seleccionaban hogares en situaciones de pobreza, independientemente de que estuvieran empadronados en dichos programas. La SCT proyecta repartir un total de 13.8 millones de televisores y establecer días para que el resto de las familias puedan obtener los aparatos a precios preferenciales.

En este sentido, este esquema enfrenta críticas por el potencial electoral que representa de cara a las elecciones federales del 2015 que se llevarán a cabo en México  y que el acceso al subsidio dejó de ser un “derecho” para la población en condiciones de pobreza en general y se favorece a quienes forman parte del padrón de beneficiarios de programas sociales.

A un año de que fuera publicada la reforma no se puede hablar de inmovilidad, pero tampoco de resultados claros. Estos procesos no sólo deben seguir su curso, sino que las leyes secundarias pueden representar cambios en  su desarrollo.

Para la segunda parte analizaremos los siguientes cinco procesos: Leyes secundarias, Registro Público de Concesiones, Tribunales especializados, Inclusión digital, red compartida.

Foto (cc) sopitas