Google pidió a la Corte secreta que supervisa las solicitudes de información privada hechas por las agencias de inteligencia en Estados Unidos, que se le permita informar respecto a los datos que se le piden. Hasta ahora, las empresas tienen prohibido siquiera mencionar que recibieron un requerimiento de información de parte del gobierno, cuando éste es ordenado a través de esta corte secreta.
La solicitud legal de Google se ampara en la Primera Enmienda de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Las empresas tecnológicas quedaron muy mal paradas luego que se conociera el plan de vigilancia PRISM que mantiene el gobierno, y que le permite acceder a datos de usuarios de las compañías tecnológicas. Con la medida, Google intentaría recuperar su reputación.
En los documentos filtrados por Edward Snowden, se indica a nueve compañías que estarían entregando datos al gobierno, aunque podrían ser muchas más. Google, Facebook, Yahoo, Apple, Microsoft y los demás mencionados ha intentado asegurar a sus usuarios que su privacidad está siendo resguardada.
En la solicitud enviada a la Corte, Google pide permiso para publicar el número total de requerimientos que se le hacen y el número de cuentas que se ven afectadas por estos. La compañía ha hecho reportes similares para otro tipo de requerimientos del gobierno de EE.UU. y otros países. La información revelada de esta forma no necesariamente permitirá que las personas sepan más sobre PRISM y cómo funciona, pero podría dejar a Google como una compañía que se resiste a los esfuerzos de vigilancia del gobierno.
Los requerimientos realizados bajo la ley Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) son conocidos normalmente sólo por un pequeño número de empleados de la empresa a la que se le piden los datos. Está prohibido discutir las solicitudes fuera o dentro de la empresa. La corte FISA está compuesta por 11 jueces federales que, en 2012, aprobaron todas las solicitudes de información que le hicieron las agencias de inteligencia.
Link: Google challenges US gag order, citing First Amendment (Washington Post)
