El país de la libertad hace rato que no lo es tanto, y ahora menos todavía desde que se autorizó que la policía pueda revisar equipos móviles en busca de evidencia criminal sin necesitar de una orden judicial para realizar este procedimiento.
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El precedente fue marcado por una corte de Indiana que usó evidencia conseguida de esta manera para declarar culpable a una persona sospechosa de delitos relacionados con drogas, a quien se le revisó el móvil sin haber una orden judicial de por medio para conseguir su número telefónico y así intervenir sus llamadas por 3 meses.
La defensa acusó que la forma en que fue encontrado el número de teléfono del acusado fue tomada de forma ilegal y, por lo mismo, no debía ser aceptada como fruto de las siguientes pruebas expuestas por la parte acusadora.
Para el jurado de este caso un celular o un computador son equivalentes a una libreta o algún otro tipo de elemento capturador de notas. “Ni siquiera es claro que se necesite una norma de derecho específico para teléfonos celulares u otros equipos. Si la policía ya tiene derecho a abrir una agenda de bolsillo para copiar la dirección del propietario, deben tener derecho a revisar un teléfono celular para conocer su número”, aseguraron en su declaración.
“Abrir un diario del detenido para chequear su nombre y dirección, y además buscar datos que sean relevantes sobre el crimen del que se acusa al sospechoso, es claramente permisible; Y lo que pasó en este caso es muy similar pero incluso menos intrusivo, ya que el número del celular puede ser encontrado sin revisar los contenidos del móvil, a menos que esté protegido por contraseña — e incluso si lo estuviera”, argumentó el jurado.
Los móviles son hoy por hoy el repositorio más grande de información personal que cualquiera de nosotros pueda portar consigo, lo que pone a los estadounidenses en una posición muy incómoda en que — por un lado — fomentan la integración de múltiples servicios en los que la gente puede interactuar, desarrollar sus temas individuales o intercambiar ideas con gente de intereses afines, pero luego cualquier interacción realizada desde sus equipos puede ser usada en su contra sin que exista siquiera motivo para aquello.
¿Hasta dónde puede un país hipotecar y vulnerar las libertades de sus ciudadanos en pos de la seguridad de los mismos? Sí, en este caso hay un tipo preso por temas de droga, pero… ¿Y si pasara que esto comience a instaurarse como estándar para buscar pruebas de delitos? Un mensaje de texto en que le cuento a un amigo que iba rápido por la carretera podría convertirse luego en una multa, sucesivos llamados a alguien involucrado en un ilícito nos convertiría en cómplices o quien sabe qué más se les pueda ocurrir.
Ok, quien nada hace, nada teme. Pero, la verdad, no me gusta hacia donde está girando esto…
Link: Court: Warrantless cell phone searches legal (CNET)