Empresas tecnológicas argentinas y chilenas se oponen a las leyes Sinde y SOPA

Empresas tecnológicas argentinas y chilenas se oponen a las leyes Sinde y SOPA

La Cámara Argentina de Internet publicó una serie de principios para el desarrollo de Internet, mientras en Chile la ACTI señaló que la Ley Sinde "no parece estar dando los pasos correctos".

En España se aprobó la cuestionada Ley Sinde, normativa que comenzará a operar en marzo y que permitirá el bloqueo de sitios web si es que enlazan a material sin los derechos de autor que corresponden. Asimismo, en Estados Unidos se evalúa la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Protect IP Act (PIPA), que permitirían cerrar el acceso a webs que contengan este tipo de contenidos.

Según quienes apoyan estos proyectos, la normativa es necesaria para detener la piratería que afecta a la industria de contenidos. Los detractores, sin embargo, hacen notar que se trata de los mayores esfuerzos para censurar la web, y que el bloqueo de una dirección web probablemente no detendrá a quienes lucran con este material conseguir otra forma de distribuirlo.

Así, la Cámara Argentina de Internet (Cabase), que reúne a las empresas proveedoras de acceso a internet (ISP), telefonía, soluciones de datacenter y otras del sector, declaró hace algunos días 10 principios para el desarrollo de internet, que se oponen a lo que plantean las leyes mencionadas en el primer párrafo.

Asimismo, en Chile la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), manifestó su rechazo a este tipo de leyes. “Tal como se plantea la Ley Sinde en España, no me parece que se esté dando los pasos correctos. Esto principalmente, porque esta ley ha entregado el poder a un grupo reducido de personas, la Comisión de Propiedad Intelectual, para determinar qué es o no una falta, pasando por alto al sistema judicial que es quien debe discernir al respecto”, afirmó Raúl Ciudad, presidente de la ACTI.

“Si se opta por regular la red y buscar quiénes infringen o no las normativas, esto debe hacerse en Tribunales, y si las leyes no son suficientes, entonces, el Congreso y el Ejecutivo deberán promover proyectos de ley que aseguren el resguardo de la propiedad intelectual”, opinó.

Sin embargo, esto no significa que en Chile la propiedad intelectual esté funcionando bien. “Nuestras leyes de propiedad intelectual no son eficientes en la defensa de los derechos de autor. En este caso los legisladores deben trabajar a objeto de tener mejores herramientas”, dijo.

En Argentina, la Cabase estableció los siguientes principios:

  1. Respeto a las libertades individuales y los derechos humanos: El uso de Internet debe ser impulsado bajo los principios de respeto a la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, la libre asociación y los demás derechos humanos reconocidos, teniendo en cuenta que Internet es una herramienta esencial para la realización de los mismos y para la formación de una sociedad libre, justa y democrática.
  2. Diversidad: La diversidad cultural y la pluralidad de creencias individuales e ideas debe ser respetada y preservada, y su expresión debe ser estimulada por la innovación técnica, desalentando la imposición de dogmas, costumbres o valores particulares en la red.
  3. Gobernanza y regulación democrática y colaborativa: La gobernanza y la regulación de diversos aspectos de Internet deben ejercerse de manera transparente, multilateral y democrática, con participación de los diversos sectores de la sociedad, preservando y fomentando su carácter de creación colectiva.
  4. Universalidad de acceso e inclusión digital: El acceso a Internet debe ser universal para constituirse como herramienta del desarrollo humano, social y económico, contribuyendo así a la formación de una sociedad inclusiva y no discriminatoria, en beneficio de todos. Todas las personas deben poder recibir la educación necesaria para hacer buen uso de Internet, y aprovechar todas sus posibilidades.
  5. Innovación: Se debe fomentar el desarrollo continuo y la amplia difusión de los nuevos servicios y tecnologías de la información, sus modelos de acceso y formas de uso, a efectos de promover la innovación y el desarrollo social y económico.
  6. Los intermediarios no son responsables de las acciones de los usuarios en la red: Todas las medidas adoptadas contra las actividades ilícitas de los usuarios de Internet deben ser dirigidas a los responsables directos de tales actividades, y no hacia los intermediarios tecnológicos que prestan servicios de Internet, respetando siempre los principios fundamentales de la libertad, la privacidad, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la división democrática de los poderes públicos.
  7. La funcionalidad, la seguridad y la estabilidad de la red: La estabilidad de la red, la seguridad y su funcionalidad global deben ser activamente preservadas a través de la adopción de medidas técnicas que sean compatibles con las normas internacionales y alentando la adopción de mejores prácticas. Nadie debe tener la posibilidad de “apagar” Internet total o parcialmente, en un territorio y/o segmento de la población determinado, y los proveedores de servicios deben poder prestar libremente sus servicios.
  8. La interconexión: Se debe fomentar la interconexión de los diferentes actores de Internet bajo condiciones no discriminatorias que permitan garantizar el acceso a la red y sus contenidos en todo el territorio nacional.
  9. Interoperabilidad: La arquitectura de Internet y los sistemas de comunicación debe estar basados en estándares abiertos que permitan la interoperabilidad.
  10. Entornos jurídicos y normativos: Los entornos jurídicos y regulatorios deben preservar la dinámica de Internet como un espacio global abierto de colaboración para todos los usuarios, y debe garantizar que permanezca libre de bloqueos, intromisiones, censuras, interferencias o vigilancia.

Al menos es una declaración de intenciones desde este lado del globo. La pelea por la ley SOPA todavía está vigente y hay esperanzas de que Estados Unidos cambie de opinión. Sin embargo, estas iniciativas resaltan muchos problemas, entre ellos que los legisladores no entienden internet y su funcionamiento, que la industria lógicamente presionará contra los cambios (también se opuso al cassete, el VHS, el CD, etc) y que no está dispuesta a adaptarse, y que este tipo de leyes afectan no sólo al país donde se implementan, sino que terminan chocando por todas partes en una red que no es nacional, sino global.

Links:
ACTI
Cabase (vía Infonegocios)