La tarjeta SUBE, para el transporte público de pasajeros en Argentina, se convirtió en lo que el Gobierno había soñado hace unos meses atrás, ya que todos quieren tener una. Pero la metodología puesta en práctica no fue muy honesta. Desde hace dos semanas se anunció que el usuario que no tuviera la tarjeta debería pagar el boleto del transporte sin subsidio, lo que elevaría el costo del pasaje a casi el doble.
Además, se conoció la noticia de que las tarjetas tienen la capacidad de recolectar datos y enviarlos a una base de datos, lo que preocupó a los ciudadanos en general, quienes reclamaron que este tipo de acciones violan la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina.
En repudio a esta medida, un grupo de hackers de la red Anonymous ingresó a la base de datos de la tarjeta SUBE y liberó el código fuente para hacer público mediante un sitio web el listado de unas mil tarjetas. Esta acción la realizaron en reclamo de que las tarjetas sean anónimas.
La tarjeta recoleta datos de los viajes realizados y los registra en el sitio www.sube.gob.ar, en la sección “mis viajes”. Sólo con poner el número de tarjeta y un captcha, se puede chequear un listado de los últimos viajes realizados con día, hora, número de línea, interno y costo de pasaje, pero no indica dónde subió ni bajó el pasajero.
Este servicio, según informó el Gobierno, estaría disponible para que el usuario controle cualquier tipo de anomalía en la recarga de su tarjeta o en el cobro de un boleto. Incluso, en caso de robo, pérdida o daño de la tarjeta, se puede recuperar el saldo que tenía cargado. A pesar de esto, varias organizaciones reclamaron que se respete la privacidad.
El problema principal, sobre el que muchos basan su reclamo, es que para obtener la tarjeta se debe cargar un formulario con datos personales, incluso el DNI, por lo que la tarjeta deja de ser un elemento de uso anónimo, a pesar de que no figure ningún dato del usuario en la web, es decir, el ciudadano no puede saber a quién pertenece una tarjeta sólo por el número, pero el Gobierno al parecer, tiene acceso a esta información, algo que ningún medio ha confirmado.
En la Resolución 650/2011 que regula el uso de la tarjeta SUBE, se establece que el sistema podrá ser tanto nominado como no nominado (con o sin entrega de datos personales) y que esta decisión debe quedar a cargo del usuario de la tarjeta. En ninguna parte de la normativa se exige la obligatoriedad de entregar los datos personales para obtenerla.
Si tenemos en cuenta los registros que se acumulan a través de navegadores web, tarjetas de crédito, redes sociales, celulares y aplicaciones de geolocalización, esta característica de la tarjeta SUBE suena irrelevante, pero el problema no radica en la importancia de que los datos registrados sean acumulados sino en que se convirtió en una obligatoriedad cuando en cualquiera de los otros medios citados, el ciudadano accede a ser monitoreado en forma voluntaria, aunque muchas veces sea ilegal.
Link: Anonymous hackeó la base de datos de la tarjeta SUBE (notio)
