Transparencia: Datos públicos pero bloqueados

Transparencia: Datos públicos pero bloqueados

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En la segunda parte de nuestra serie de entrevistas con Felipe Heusser, de VotaInteligente, abordamos los obstáculos que existen para obtener información supuestamente pública.

Continuando con la primera parte publicada la semana anterior, en esta oportunidad dejamos que Felipe Heusser nos explique algo acerca de aquellos casos en que nuestros representantes se han opuesto a la apertura de la información, cómo puede extenderse el control del sector público al sector privado, y cómo las leyes difícilmente se adecuan a la rapidez de esta verdadera sociedad de la información en que nos tocó vivir.

Datos públicos pero bloqueados

Fuera de la entrevista mencionaste el caso de la información de que dispone el Congreso en su sitio web, dijiste que se encontraba parcialmente bloqueada para los usuarios. ¿Cuál es la situación?

Lo que pasa es que el Congreso no publica toda la información que debiera y algunas de las informaciones que publica lo hace en un formato que no se puede procesar. Entonces hay varias cosas.

Primero, muchos de los antecedentes son incompletos. Hasta el día de hoy –que todavía no se hace un reglamento para publicar los registros de las comisiones del debate parlamentario, por ejemplo– el debate parlamentario que en una comisión puede durar  tres horas con opiniones de ida y vuelta, con un debate interesante para entender qué postura tiene cada cual,  no queda reflejado en el acta.

Transparencia y anonimato… (via toonpool.com)

El acta es un documento de unas dos páginas donde se resume todo, pero donde se pierde el debate, finalmente. Y es un acta donde no está además la obligatoriedad, por ejemplo, de establecer quiénes votaron a favor y en contra de una determinada moción. Suena ridículo, pero la verdad es que no es así. Uno revisa las actas y dicen “cinco a favor, tres en contra”, ¿Pero quiénes? No sé. Eso no sale. Entonces los datos son incompletos.

Los datos son desactualizados. El acta te puede llegar a veces con un par de semanas de retraso, entonces pierde toda validez para efectos de una ONG, por ejemplo, que defiende un interés medioambiental.

Lo otro que pasa es que la información en el plenario tampoco está disponible en un formato adecuado. Si no me equivoco, la Cámara tiene la información disponible en XML al menos para poder sacar información, el Senado no… Entonces nosotros no podemos extraer la información.

Hay un sistema que administra o que gestiona los datos del Congreso, el SIL –que creo que lo manejan en conjunto con la Biblioteca del Congreso– que es un sistema también incompleto; no nos permite extraer todos los datos. Y tampoco está el código disponible para hacerlo. O sea nosotros ahí, por un lado y por otro, nos manejamos para poder, con un robot, colgarnos del sitio y poder extraer datos, pero tampoco es que haya una apertura de decir “aquí hay un código, puedes entrar, crear una API, un widget”. Eso no está y sí pasa en otros países.

Entonces es una suma de factores (el canal de televisión de ambas Cámaras transmite lo que quiere, no hay una interacción con los ciudadanos para decir “este debate debate es importante de ser transmitido para todos”). Hay un montón de cosas que están fallando allí y espero que vayan a mejorar en el próximo tiempo, y quiero creer que la señal de que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara haya aprobado hace algunos meses la publicidad en línea –y en vivo– del debate parlamentario es una buena señal. Ahora hay que avanzar en otros aspectos.

Está el caso de una aplicación web para smartphones que permitía conocer el tiempo de llegada de un bus del Transantiago. Para poder funcionar, esta app requería de información que proveía Wireless-IQ –la empresa a cargo de almacenar estos datos–. Sin embargo, la información finalmente fue bloqueada, y por lo tanto se tuvo que discontinuar la aplicación. El –en ese entonces– Ministro de Transportes y Telecomunicaciones dijo que no se podía obligar a una empresa a dar acceso a su servidor privado, pero que los datos son públicos y, por lo tanto, los programadores de esta aplicación como cualquier otro innovador podían solicitarlos. Un declaración bastante ambigua…

Mira, esto yo lo encuentro una vergüenza total.

Primero, las leyes de acceso a la información –en el mundo, no sólo en Chile– están concebidas como leyes de acceso a documentos; están pensadas y visualizadas en un tipo que tiene que entregar una fotocopia de un oficio, y lo más digital que puede haber es el scan de ese oficio que te lo manda por correo. Pero les cuesta entender que la información no tiene que ver solamente con oficios y documentos, sino también con el respaldo de esos oficios que son las bases de datos.

Los ciudadanos, en virtud de la Ley de Transparencia, en virtud del artículo 8º de la Constitución, tenemos derecho a acceder a la información –y a toda la que sustente los documentos–. O sea está lo accesorio y está lo principal, y en ambos casos tenemos acceso a la información.

El criterio que escogió Chile para determinar qué es público y qué es privado es que toda la información que esté en posesión del gobierno es pública, es decir que esté en sus manos. No importa que haya sido creada por el gobierno, que haya sido creada por un tercero, por una empresa concesionaria y que le haya entregado los datos al gobierno; en la medida que pasó por las manos del gobierno, esa información es pública. Por lo tanto, inclusive esa base de datos que mencionas del Transantiago –que es fundamental para poder crear una aplicación de transporte de uso público– si es que ya pasó por las manos de un ministro, es una información que no se pueden negar a entregar.

La trampa está en cómo pedirla, con qué forma pedirla, porque de repente pides el oficio, pero en realidad no es un oficio, sino que es un instructivo, entonces te dicen “no existe el oficio” y tienes que pedirlo de nuevo. Hay varias trampas de cómo pedirlas, pero la información es total y absolutamente pública, y tenemos que acostumbrar a las autoridades a que la información pública no son sólo los documentos y los oficios, sino también lo que respaldan esos antecedentes que son las bases de datos.

Las leyes de acceso a la información –en el mundo, no sólo en Chile– están concebidas como leyes de acceso a documentos (…). Pero les cuesta entender que la información no tiene que ver solamente con oficios y documentos, sino también con el respaldo de esos oficios que son las bases de datos.

Nosotros, desde la fundación Ciudadano Inteligente, estamos constantemente, día a día pidiendo bases de datos y estamos desarrollando una plataforma web que se llama Criik.com, que va a ser una plataforma de ventanilla única para acceder a los datos públicos del gobierno. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero descargamos todo lo que está en línea disponible en nuestros servidores, luego comenzamos por Ley de Transparencia a pedir todos los días datos, más bases de datos, y ahora la estamos subiendo a Criik.com para buscarla.

Así es que –yo espero– desde finales de enero entrar ahí y buscar información. Si es que el Gobierno la publicó en línea, ahí tiene que estar. Y si es que no está, puede hacer una solicitud de acceso a la información ahí para que esa información esté disponible, porque, de lo contrario, todo el mundo del desarrollo web, del desarrollo web con sentido social –como el que tú mencionabas– estamos amarrados de manos, porque no podemos desarrollar aplicaciones de contenido social sin acceso a datos públicos que la alimenten, y lo mismo pasa con la aplicación para el Transantiago, como para aplicaciones que tengan que ver con prevención de delincuencia y un montón de otras cosas que pueden visualizarse a partir de datos públicos.

De la Administración Pública al sector privado

Relacionado con lo que mencionabas antes respecto a que la Ley de Transparencia debería abarcar al sector privado, y tomando como ejemplo el mismo caso de esta aplicación web, ¿cómo establecemos un criterio jurídico que permita distinguir en qué situaciones podemos intervenir el accionar de los privados y en cuáles no?

En cuanto al rechazo a la publicidad de los datos del Transantiago, yo –no sé si lo han hecho– no me demoraría nada en hacer una apelación al Consejo para la Transparencia para que se entreguen esos datos del Transantiago. Creo que es absolutamente ganable; es un juicio bastante ejecutivo, rápido y se puede hacer mucho con esa base de datos.

Aquí, de nuevo, entra en juego el rol de la ciudadanía: tienes que apelarla, una vez que la apelas… sentar un precedente, jurisprudencia del Consejo sobre la materia y vamos a ir avanzando en dirección a que el Estado comience a liberar los datos en los formatos que corresponden, porque no solamente nos basta con mirarlos, sino que –por las ONG en este caso– para trabajar necesitamos esos datos, porque hoy día la tecnología nos permite desarrollar instrumentos de uso público, pero no lo vamos a poder hacer si es que esos datos no están disponibles.

Entonces, tanto que este Gobierno se jacta del principio del Estado de subsidiariedad –el Estado no se mete dónde sí se meten los privados y la sociedad civil–, perfectamente acá hay un ejemplo de una sociedad civil activa que puede utilizar datos públicos para crear herramientas de utilidad social, y creo que no hay ninguna razón para no entregar esos antecedentes. Y yo iría aún más allá: estos antecedentes no sólo tienen que ser liberados, se tienen que entregar  de una manera fácil y simplificada, se deben crear API’s para poder permitir que esto sea más fácil.

En este caso es más o menos claro que sería válido acceder a los datos de un ente privado, pero pensémoslo desde un punto de vista objetivo. ¿Cuáles son los criterios jurídicos que debería introducir una ley para decir “en este caso sí, en este caso no”? Si pensamos, por ejemplo, en la hipótesis de que una empresa privada posea datos de utilidad pública, con ese criterio podríamos intervenir prácticamente cualquier empresa…

No, no es tan así –y aquí voy a linkear la conversación con Wikileaks–, la transparencia nunca es total, la transparencia tiene limitaciones. Es muy común en el mundo del derecho encontrarse con colisiones de derechos (el derecho de la privacidad con el derecho a la publicidad o a la información, por ejemplo). Lo que se hace en estos casos es establecer ciertos límites. Y uno como sociedad –bien o mal representados por los legisladores– estableció una serie de criterios de excepción a la transparencia, que están en el articulado y tienen que ver con privacidad, seguridad pública, etc. Entonces es la sociedad la que se pone de acuerdo y limita. Por lo tanto, creo que el criterio no tiene que ver con “a quiénes sí y a quiénes no se les puede pedir información”, sino que el criterio tiene que ver con que la regla general sea que a todos se les pueda pedir información, y que cuando te encuentres protegido por alguna excepción, en esos casos no entregues información (a propósito de todos los casos de privacidad que me puedas mostrar).

Y a veces esto último ni siquiera es necesario. Lo que se ocupa, en términos comparados, es lo que se llama el test de interés público, donde si tú tienes una excepción válida para no entregar información, no basta solamente decir “estoy excepcionado de entregar información”, sino que tienes que entregar un test de interés público. ¿Qué significa? Que en la balanza de la publicidad versus el interés público, el interés público por proteger ciertos antecedentes es mayor al que pudiera ganar por publicitarse esos antecedentes. Y es una cuestión que el consejo para la transparencia aplica y debieran aplicar también los funcionarios a la hora de entregar esa información, porque sino todo es protegible, todo se puede interpretar.

Lo que hay que entender acá es finalmente, con criterio, con “sano juicio”, cuándo esa información tiene interés público y cuándo no, y cuándo ese interés público para que se conozcan las cosas es mayor que el de proteger la privacidad de datos para un asunto puntual que es más bien chico comparado con el interés público.

Nociones como “sano juicio” o “criterio” son algo complejo en Chile, especialmente en un país tan legalista. Quizá en la sociedad europea tenga sentido, pero acá se ve un poco complicado aplicar lo que dices… es casi una cuestión de idiosincrasia.

No sé… Yo creo que no estamos tan lejanos a que pudiera existir cierto “sano juicio” en cuanto a liberar o no liberar datos públicos.

Yo creo que todo tiene que ver, también, con dar señales desde arriba. Si es que tú tienes un ministro o subsecretario comprometido con la publicidad de los antecedentes, me imagino que el funcionario público que está más abajo se sentirá más libre de entregar antecedentes que respecto de otro donde más bien el criterio es cerrado, donde el criterio más bien es de castigo, de tener ojo con lo que se está entregando, y ahí me imagino que el funcionario público puede exceder de prudencia y que este criterio de sano juicio va a operar negativamente (“me pueden castigar, mejor no voy a revelar estos antecedentes”). Entonces hay una cuestión compartida: hay un criterio del funcionario que va a entregar los datos y quizá también desde arriba, desde la burocracia de poder entregar las señales correctas, de hacia dónde se quiere ir.

Vota Inteligente y ciudadanía informada

Descríbenos el proceso, desde el punto de vista técnico, a través del cual Vota Inteligente consigue la información que le sirve de fuente, desde que recolectan los datos hasta que los procesan y posteriormente publican.

Vota Inteligente funciona como un Robocop, es como mitad hombre y mitad máquina. No todos los datos están disponibles en línea como uno quisiera, no es como en Inglaterra donde está el sistema Hansard implementado y tú puedes fácilmente sacar los datos, hay una API, etc. Acá hay que agarrar lo que buenamente se puede, y por eso tenemos un robot que extrae los datos del sistema que gestiona los datos del Congreso.

Pero también hay un montón de antecedentes que hay que procesar a mano. Hay un oficio a veces de 30 páginas que tienes que traducir de manera simple y sencilla en una base de datos; cómo se votó, cuáles fueron las opiniones esgrimidas, de qué se trata –cuál es el corazón del proyecto–, o sea una información que pueda ser “masticable” por toda la ciudadanía.

Nosotros en Vota Inteligente tenemos varias etapas. Tenemos la primera etapa que está generalmente liderada por practicantes que van revisando todos los datos del Congreso y los bajan a una cierta planilla traspasando esos datos hacia formato de base de datos. Esa información después es organizada, cruzada, etc. por el equipo de desarrollo web. Y está luego el equipo de visualización, un equipo de diseño e información para hacer que esta información sea fácilmente procesable por los ciudadanos.

Entonces, en resumen, es una mezcla. Nosotros quisiéramos que cada vez esto tienda hacia mayor automaticidad, pero también sabemos que la cosa es lenta y por eso tenemos ambas cosas. O sea, a todo lo que se pueda acceder por computador, accedemos, y a todo lo que no, trabajamos a mano para traspasar esos datos hacia formatos procesables.

El sitio Vota Inteligente nació como una iniciativa en plena campaña presidencial, básicamente como una forma de mostrarle a los ciudadanos los perfiles de cada candidato. Ahora está enfocada a hacer accountability parlamentario, revisando información del Congreso y procesándola. ¿Qué viene después?

Vota Inteligente no es una plataforma focalizada totalmente al Congreso; al menos no está concebida así. Para lo que está concebida es tratar de reducir asimetrías de información entre el ciudadano y la política en Chile. Por lo tanto, aunque estemos hoy día focalizados al Congreso, tenemos que pronto migrar hacia el Poder Ejecutivo, luego Judicial, etc.

Entonces nosotros, en realidad casi por oportunismo, lanzamos la plataforma con anterioridad a las elecciones para poder generar movimiento, que la gente conozca Vota Inteligente, para visualizar perfiles, información sobre un montón de temas, qué posiciones tenía cada uno, si eran comparables, jugar con las redes sociales… También desarrollamos unas pocas apps para probar, pero sencillamente eso; fue una carta de presentación.

Después de la elecciones nos hemos focalizado en monitorear el accountability constante, porque también esta actividad cambió el paradigma desde el accountability cada cuatro años a través de elecciones, hacia un accountability permanente de vigilar qué es lo que ocurre entre elección y elección, y para eso creemos que es importante focalizarnos en el Congreso para empezar. Y desarrollamos el Vota Inteligente para revisar los proyectos de ley, las posiciones políticas que tiene cada uno, examinar sus publicaciones de patrimonio, de interés, examinar si a veces esos antecedentes no son totalmente completos –de hecho más del 70% de los parlamentarios no tienen todos su antecedentes publicados sobre relaciones de interés y patrimonio–, etc. Nosotros vamos a ir mejorando cada vez más la calidad de los datos y las aplicaciones a partir de estos datos.

Cuando hablas de ampliar el campo de control, naturalmente entiendo que se encontrará comprendido el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ejecutivo, en fin. ¿Tienen contemplado en Vota Inteligente también abarcar el sector privado?

Sí. Nosotros tenemos proyectado en un mediano plazo empezar con un área que por ahora hemos llamado “compra inteligente” o “consume inteligente”, donde nos podamos meter en el área del consumo ético, por ejemplo. Eso significa poder transparentar y visualizar información sobre las externalidades sociales de los productos que compramos. Hay un montón de antecedentes públicos que, aplicando la misma idea del Vota Inteligente, ya puedes aplicarlos al sector privado y clasificar bienes y servicios de acuerdo a esas externalidades sociales y fomentar un mercado más sustentable y más responsable.

Entonces ese sería el primer proyecto en que nos quisiéramos meter, pero creo que todavía nos falta un poco, tenemos que cerrar varias cosas en el ámbito más político de Vota Inteligente, empezar a cubrir al Ejecutivo, antes de meternos en el terreno privado.

Pero como la fundación es una especie de laboratorio también, si es que llega algún colega esta tarde y me dice “estoy metido de lleno con esta idea, quiero sacar una plataforma respecto al sector privado, quiero un espacio en la oficina”, acá estamos. Adelante, hay un asiento y trataremos de conseguirle financiamiento; quizá la cosa se acelere por alguna razón.

De hecho, nosotros tenemos otra plataforma que es Donar.cl, que es una actividad de nuestros colegas de la sociedad civil; donaciones, gastos, número de socios… Todo visualizado, comparable –puedes revisar–. Es una plataforma que creó Katherina Malis, quien tocó la puerta, dijo “tengo este proyecto, quiero hacerlo aquí”, nosotros le dijimos “te vamos a conseguir algunos recursos˝, se vino y partió. Nosotros lo teníamos pensado inclusive para después del proyecto privado, pero se dio la oportunidad.

Qué bueno que esta entrevista sirva también como bolsa de trabajo. Algo rescatable…

Totalmente. Ciudadano Inteligente ha trabajado durante el último tiempo en desarrollar lo que nosotros llamamos las plataformas estructurales; es la posibilidad de acceder a datos públicos que antes no teníamos. Entonces ahí está el Vota Inteligente para acceder a datos del Congreso, Criik que va a acceder a todos los datos públicos desde el Ejecutivo –es una plataforma única–, Acceso Inteligente que es una plataforma que va a permitir hacer solicitudes de información desde una ventanilla única también –donde las respuestas a las solicitudes van a poder ser compartidas en la red y tú eventualmente puedes evitar hacer una solicitud de información porque esos antecedentes ya fueron entregados con anterioridad (ahí el Estado también se ahorra el tiempo de responder dos veces algo)–, está Donar –que entrega información sobre la sociedad civil–, etc. O sea tenemos ahí una serie de plataformas base que permiten acceder a datos que antes no había.

Al final el mensaje es que nada reemplaza al ser humano. Las tecnologías pueden avanzar, nosotros podemos hacer cosas bien creativas, pero si es que no hay ciudadanos que están comprometidos a ser activos, a participar, la cosa queda ahí.

Lo que nosotros queremos a partir de marzo es convertir Ciudadano Inteligente en un laboratorio de desarrollo de aplicaciones web para proyectos específicos. O sea, si es que hay ciudadanos o hay lectores hoy día que tienen una causa que hacer –en cualquier ámbito: privado, medioambiental– y necesitan del apoyo de herramientas tecnológicas para reducir asimetrías de información, agregar datos, armar comunidad a partir de la web, nosotros queremos como laboratorio agarrar esos proyectos, pasarlos por acá, y junto al equipo desarrollar instrumentos que permitan que ese proyecto ciudadano avance más rápido y mejor, gracias al apoyo de la tecnología. Y va a contar, ojalá, con estos otros datos como el Vota Inteligente, Criik, etc. para poder tener más antecedentes.

Al final el mensaje es que, también, nada reemplaza al ser humano. Las tecnologías pueden avanzar, nosotros podemos hacer cosas bien creativas, pero si es que no hay ciudadanos que están comprometidos a ser activos, a participar, la cosa queda ahí. Entonces nada reemplaza al ser humano, ni aún las mejores herramientas de desarrollo web, y nosotros queremos estar ahí para apoyar a esos seres humanos organizados y activos para reducir asimetrías de la información, reducir las desigualdades en el campo político y económico a partir de los datos. Pero, de nuevo, son los ciudadanos los que van a decidir si es que esta pelea se gana o si es que simplemente nos quedamos ahí con la posibilidad de acceder a datos pero sin poder darles vida.

(Continuará…)