Entrevista a Felipe Heusser, director de Vota Inteligente (Pt. I/III)

Entrevista a Felipe Heusser, director de Vota Inteligente (Pt. I/III)

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Valiéndose de Internet como plataforma principal, Vota Inteligente busca informar y educar a los ciudadanos en todo lo que concierne a la administración pública, abogando por la transparencia y fomentando el control sobre nuestras autoridades.

Introducción

Felipe Heusser

A fines del año pasado se publicó en nuestro sitio hermano, FayerWayer, una breve entrevista a Felipe Heusser, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile –con un postgrado en Políticas Públicas de la London School of Economics y actualmente candidato a ph.D en la misma institución– e investigador en áreas como la libertad de información, transparencia, políticas de accountability y el rol de las nuevas tecnologías respecto de las anteriores. Pero en función de lo que nos interesa, Felipe es además director de la fundación independiente Ciudadano Inteligente, organización artífice, a su vez, del proyecto Vota Inteligente.

Cuando me tocó realizar la entrevista a mediados de diciembre, nuestra conversación (más cercana a un monólogo o charla magistral, a decir verdad) se extendió por 1 hora y 20 minutos, y abarcó aspectos tan interesantes y diversos como el caso Wikileaks –que en ese entonces recién venía agarrando vuelo mediático–, Internet como herramienta de transparencia y de acceso a la información pública y la convergencia entre política y nuevas tecnologías. Sin embargo, por razones editoriales sólo pudo publicarse en FayerWayer apenas un extracto de la conversación, enfocándose aquel únicamente en la labor de la fundación que Felipe dirige y las herramientas que utilizan para llevar a cabo su misión.

Ahora bien, como en CHW nos interesa incentivar el debate, contribuir a la formación de ciudadanos correctos, ejemplares e informados (ok, quizá sólo nos baste con esto último) y nos caracterizamos por ser bastante amplios en lo que a línea editorial y publicación de artículos de opinión se refiere, hemos decidido difundir de forma íntegra la entrevista, para que nuestros lectores aborden la tecnología desde un prisma novedoso y un poco distinto de lo que nos concierne normalmente; es decir fierros y luces (no nos malinterpreten, no promocionamos locales nocturnos).

Por lo demás, ésta no es la primera oportunidad en que tecnología y asuntos leguleyos convergen en la portada de CHW. Y para satisfacción tanto de ustedes como nuestra, la recepción resultó ser bastante decente la vez anterior, de manera que no vemos razones sensatas para reprimirnos en esta ocasión, máxime si se trata de promover una loable causa como la que dirige Felipe Heusser.

Pero seguramente se preguntarán ustedes a estas alturas, ¿qué es Vota Inteligente? Pues bien, se trata de una iniciativa que nació a fines de 2009 –en el contexto de las elecciones presidenciales– con el objeto primario de brindar a la ciudadanía, a través de su plataforma web, completos perfiles informativos de cada uno de los candidatos y esquemas en los que podían ser comparadas sus posturas e ideas sobre determinados asuntos (casi como si se compararan las características de varios computadores al comprar por Internet). Sin embargo, en la actualidad las metas de Vota Inteligente se han tornado mucho más amplias, complejas y ambiciosas.

Valiéndose de Internet como plataforma principal, Vota Inteligente busca informar y educar a los ciudadanos en todo lo que concierne a la administración pública, abogando por la transparencia y fomentando el control sobre nuestras autoridades. Para ello, la fundación cuenta con una serie de herramientas a disposición de cualquier persona que quiera informarse por Internet, ofreciendo, entre muchas otras cosas, un blog con columnas periódicas, una base de datos con estadísticas, informes e interesantes papers de fundaciones y organismos internacionales, un verdadero diccionario cívico, FAQ’s y didácticas infografías que explican de manera sencilla la composición y funcionamiento del Parlamento.

Además, Vota Inteligente cuenta con una sección de “monitoreo parlamentario” que permite visualizar un completo perfil sobre cualquier senador o diputado (en que se incluyen datos como partido político, períodos legislativos, las comisiones que integran, gasto electoral y declaraciones de patrimonio), así como los proyectos de ley presentados por cada honorable, perfectamente clasificados por materia y período, de manera que los usuarios y ciudadanos puedan analizarlos en detalle e incluso revisar la historia de los mismos hasta su estado actual.

Aclaraciones previas

Con el objeto de manejar algunos conceptos básicos antes de entrar en materia, también es necesario  recordar que gracias a la promulgación de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública o “Ley de Transparencia”, el derecho de acceso a la información en nuestro país dejó de ser una mera entelequia y pudo convertirse en una realidad –con todas las dificultades e insuficiencias que pueda haber–. Ya reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, este derecho brinda a cualquier ciudadano la posibilidad, por una parte, de dirigirse a los órganos de la administración pública para requerir datos (la llamada transparencia pasiva) y obliga, por otra parte, a los propios órganos a difundir información de interés público y mantenerla actualizada (transparencia activa).

Si bien es cierto que en no pocas oportunidades esta última obligación no ha sido cumplida a cabalidad, y en ciertos casos los órganos administrativos se han negado de plano a entregar información ante los requerimientos de los ciudadanos –debiendo resolver el Consejo para la Transparencia–, el desempeño en el relativamente corto período en que ha tenido la oportunidad de funcionar esta ley ha sido calificado como positivo.

Lamentablemente, y más allá del cumplimiento que los órganos administrativos hacen del deber de transparencia activa a través de Internet, en la práctica se suele presentar una serie de problemas no menores: a veces se trata de la dispersión de esta información, a veces de su ininteligibilidad.

Uno de los cometidos de Vota Inteligente es, precisamente, recabar esta información, procesarla, convertirla a un formato digerible y, más importante aún, cruzarla y centralizarla toda en un mismo espacio, lo que permite aumentar en gran medida la utilidad de estos archivos que, reiteramos, ya son públicos y a veces no tanto.

Ahora bien, existen situaciones en que los usuarios se ven enfrentados a obstáculos interpuestos por la propia Administración, como es el antiguo caso de OndaLabs y su aplicación web ¿Cuánto le falta al Transantiago?, en que la empresa privada que maneja la información necesaria –y pública, por lo demás– para el funcionamiento de la aplicación bloqueó su acceso.

Es en este escenario de luces y sombras, entonces, que se yergue la fundación Ciudadano Inteligente.  De suyo es que percances como los anteriormente nombrados merecen difusión, y que la búsqueda de transparencia y apertura en la información que enarbola Vota Inteligente como bandera de lucha es, definitivamente, una causa que vale la pena dar a conocer. Por ello dejaremos al propio director de esta organización que nos cuente un poco más sobre qué hacen y cómo Internet juega un rol fundamental en su tarea.

Como habrán adivinado por el título, vamos a entregar la entrevista en 3 capítulos debido a su extensión, tanto para no aburrir como para no saltar bruscamente de un tema a otro. En esta primera entrega abordaremos algo sobre el derecho fundamental de acceso a la información y cómo lo enfrenta nuestra legislación. La segunda parte versará sobre los poco felices casos en que nuestras instituciones se han opuesto a la apertura de la información, sobre la cobertura del sector del privado y cómo opera Vota Inteligente para mantener a la ciudadanía informada. Finalmente, en nuestro tercer capítulo, cerraremos comentando sobre los beneficios que las nuevas tecnologías pueden reportar a la política y el bullado caso Wikileaks.

A continuación los dejo con la palabra de Felipe Heusser, a quien agradecemos nuevamente por dedicarnos parte de su tiempo.

El acceso a la información como derecho fundamental y nuestra Ley de Transparencia

Para partir, creo que sería bueno acercar los lectores a lo que es el acceso a la información como un derecho –o como un derecho fundamental si se quiere–. Al examinar el derecho comparado vemos que existen algunos Estados en los cuales el tratamiento que se le da es el de un derecho ciudadano, y en otros incluso va más allá y se le considera un verdadero derecho fundamental. ¿Cuál es el tratamiento que nuestra Ley de Transparencia le otorga a este derecho? En segundo lugar, ¿coincides en que se trata de un derecho fundamental?

Totalmente se trata de un derecho fundamental, y eso está reconocido por la ley chilena como también por las leyes comparadas, como tú dices. Las leyes de acceso a la información o las etiquetadas como “leyes de transparencia” son leyes que nacen en un contexto de extender los derechos de libertad de expresión que están reconocidos en la Carta de Derechos Humanos. Si tú la lees, habla no sólo del derecho de expresión, sino también accesoriamente señala el acceso a la información como una herramienta fundamental para poder canalizar esa libertad de expresión. Entonces es, en el fondo, un “dos en uno”, son dos derechos reconocidos dentro de un mismo artículo, pero ambos son derechos humanos: el derecho de libertad de expresión, como también el derecho a acceder y emitir información.

Es cierto que Chile tiene una muy buena ley. Yo creo que en términos comparados –a mí me ha tocado estudiarlo– la ley chilena es una buena regulación. La protección a la transparencia está bastante resguardada. De nuevo, es un reconocimiento a los derechos humanos, al derecho de libertad de información (en Chile no solamente tenemos la Ley de Transparencia, sino que además está resguardado y reconocido en la Constitución en su artículo 8º el derecho a la información). Entonces, creo que sí es un derecho fundamental y lo que ahora hay que hacer es “operacionalizar” el derecho para poder hacer efectiva esta norma fundamental a través de reglamentos, decretos y todos los instrumentos que sean necesarios para que esto no sea sólo un principio, sino que sea “carne” en la realidad.

Sin embargo, se dice que esta ley fue prácticamente impuesta en nuestro país para poder ingresar a la OCDE.

No estoy tan seguro de eso, yo creo que hay una mezcla de cosas. Hay un montón de recomendaciones de la OCDE que Chile tampoco satisface. Por ejemplo, la OCDE en su recomendación 8ª del 2008 o 2009 habla sobre la utilización y reutilización de datos públicos, que tiene que ver con la publicación de información pública en formatos procesables por computadora para poder reutilizar los datos, para poder explorarlos, para hacer accountability, etc. Esa es una recomendación que está pasada por alto; yo creo que hay varias más en que ocurre lo mismo.

Es cierto que Chile tiene una muy buena ley. La protección a la transparencia está bastante resguardada. Es un reconocimiento a los derechos humanos, al derecho de libertad de información.

Es verdad que la implementación en Chile coincide con la etapa previa al ingreso a la OCDE, pero al mismo tiempo es cierto que había una historia previa de un país que había ido avanzando a pasos pequeños en cuanto al acceso a la información.

El movimiento por el acceso a la información también ha hecho lo suyo –me refiero a la fundación Pro-Acceso–, y está el clásico caso de la Corte Interamericana de Derechos –en el de Marcel Claude Reyes y Estado de Chile–, entonces hay una cierta historia. Yo creo que en estas cosas no existe una sola causa, hay un montón de ingredientes que se le echaron a la sopa y el resultado concreto es una buena ley que hay que desafiarla, llevarla al límite, ponerla en práctica y mejorarla.

Resulta llamativo el caso de organizaciones internacionales –como la Comisión Europea– o ciertos Estados que, sin verse necesariamente obligados por lo que dictamina la propia Comisión Europea, han asumido su modelo y transparentan prácticamente todos sus documentos en sus sitios web. En el caso de la ONU ocurre algo similar. En Latinoamérica, por ejemplo en la OEA o en los demás países de la región, ¿se podría alcanzar en el corto o mediano plazo un nivel similar de transparencia?

La OEA tiene varias recomendaciones, una de las cuales nosotros no cumplimos y de hecho se aprobó recién este año. La recomendación decía que la regulación de la transparencia que opera para un poder del Estado debiera operar en el mismo estándar respecto de los demás poderes dentro del Estado, cosa que suena súper lógica pero en la práctica no funciona así. Nosotros en Chile, de hecho, tenemos ciertas reglas del juego para el Ejecutivo, y para el Legislativo operan otras reglas del juego… ¡Y para qué vamos a hablar del Judicial!

Entonces la OEA creo que se está metiendo de a poco. Pero yo creo que los poderes que tengan estos organismos internacionales siempre son limitados en este orden de cosas. Hay que ser prudente también respecto de las mismas recomendaciones de la Comisión Europea, yo creo que no son determinantes finalmente en cómo va a operar un sistema de acceso a la información u otro. Los países que han implementado leyes de acceso a la información lo han hecho por varios propósitos.

Yo creo que no obstante las comisiones europeas promueven una cosa, no obstante la OEA pudiera meterse en el tema, lo central acá tiene que ver con hacer una mejor ley de transparencia, pero al mismo tiempo con empujar desde otros lados al contexto, a la institucionalidad de los países para que sean más proclives al acceso a la información y a la transparencia.

Respecto del Poder Ejecutivo y de los servicios públicos, que en general cumplen con su deber de transparencia activa, de subir los datos a sus sitios web, ¿esta información es completa y veraz? Porque una cosa es que suban aquella información, otra es que suban toda la información y, más aún, que ésta sea cierta.

Respecto de la veracidad de los antecedentes –si es que lo que se publicó ahí es completo o incompleto–, eso es algo muy difícil de determinar, porque el Consejo para la Transparencia es un organismo que supervigila el sistema, pero generalmente sobre la base de resolver apelaciones de ciudadanos que dicen “esta información no me parece completa, esta información no fue entregada de manera oportuna, esta información no es veraz”. Apelan, alegan y hay un consejo que va a vigilar, va a resolver y puede inclusive sancionar (que es una faceta que la mayoría de los consejos comparados no tienen, entonces eso es bueno para Chile), pero así y todo claramente no es suficiente para poder examinar la veracidad de todos los datos.

Y ahí es donde el trabajo que hacemos nosotros con la fundación Ciudadano Inteligente creo que entra en curso, porque lo que hace la fundación es tratar de utilizar herramientas de la tecnología –tecnología web en particular– para poder examinar no solamente documentación pública sino acceder a datos, a planillas, y a través de la tecnología poder cruzar los distintos antecedentes, poder entregar la información de una manera inteligible, didáctica, visualizada a los ciudadanos, que la puedan compartir a través de las redes sociales, etc. Y aunque no lo haga respecto de la totalidad del Estado, espero yo que en algún plazo el hecho de que existan estas prácticas vaya instalando un cierto incentivo virtuoso a hacer bien el trabajo, quizás ante el temor de que aleatoriamente te pueda tocar ese servicio, de que nosotros vamos a llegar con las bases de datos, los vamos a revisar y vamos a examinar la veracidad de esos antecedentes; quizá eso pudiera mejorar, en suma, la cantidad y calidad de la información que es subida.

Pero el rol de examinar la veracidad es una pega ciudadana, completamente. Si nadie apela al Consejo para la Transparencia, el Consejo se queda ahí. Si nadie utiliza las herramientas que nosotros pudiéramos crear en Ciudadano Inteligente, la cosa se queda ahí. Nadie más va a hacer la pega por nosotros. En lo que se refiere a la veracidad de los antecedentes que se publican, ahí los ciudadanos tenemos que meternos y lo que nosotros queremos hacer como fundación Ciudadano Inteligente es facilitar esa pega.

¿Cuáles son las deficiencias más notorias de la Ley de Transparencia y cuáles son las soluciones que se podrían implementar? ¿Cuáles son los pasos a seguir en materia de transparencia?

Yo creo que la mayor deficiencia de la Ley de Transparencia chilena es, primero, su falta de cobertura respecto de los poderes del Estado que no sean el Ejecutivo y del sector privado también. Creo que hay pocas herramientas también para vigilar al sector privado, respecto de actos, de antecedentes que tengan un impacto público…

¿Respecto del Poder Judicial?

Respecto del Poder Judicial falta transparencia total. Es un sector donde hay que meterse.

Creo que en el Congreso tienen temor a que pudiera ser hackeado el sistema. Se pueden imaginar un barco pirata navegando encima del Congreso; un temor, quizá, un poco desde la ignorancia.

En el legislativo nos hemos estado metiendo como fundación a través del proyecto Votainteligente.cl principalmente, y hemos tratado de liderar un movimiento de organizaciones de transparencia para poder revertir ciertas decisiones del Congreso de no permitir la publicidad de los registros de las comisiones. Por ejemplo, hace algunos meses en la Comisión de Constitución y Justicia logramos revertir eso, conseguir una mayoría que autorice la publicación de los registros. Pero sí perdimos la votación de que esos registros fueran en formatos procesables por computadora.

Hay que seguir avanzando. Creo que tienen un poco temor a que pudiera ser hackeado el sistema… No sé, yo creo que se pueden imaginar un barco pirata navegando encima del sitio del Congreso; un temor, quizá, un poco desde la ignorancia, pero hay temas en que hay que ir avanzando. Creo que el Poder Legislativo va en ese camino, creo que el Judicial está totalmente desierto –no hay nada que esté pasando ahí– y respecto del mundo privado también hay que avanzar un montón.

Creo que hay que avanzar mucho también para mejorar la ley de transparencia, nuestras políticas de archivo de datos y manejo de datos, creo que ahí la tecnología nos puede jugar una muy buena pasada y creo que hay que utilizarla, no hay que tenerle susto, y creo que estamos un poco lentos ahí. El Estado chileno se tiene que poner las pilas –y el gobierno principalmente–, y creo que la sociedad civil tenemos una buena pega también. Como te decía antes, si es que la sociedad civil no está ahí pidiendo información, si no está ahí apelando o vigilando, esto no funciona. Es un diálogo constante entre la sociedad y el Estado que lo dirige, y si es que hay un monólogo, la transparencia no va a avanzar.

Bueno, amigos, así termina la primera parte de nuestra entrevista, esperamos que la hayan disfrutado y que nos acompañen cuando publiquemos la segunda parte el lunes próximo.