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Fachada de Palacio de las Cortes. Flickr de Marcp Dmoz (CC)
Poco queda que decir acerca de la Ley de Economía Sostenible que no se sepa ya, así como sus consecuencias previsibles. La última novedad, sin embargo, es que se ha hecho un matiz muy preciso en la redacción final del texto antes de su aprobación definitiva en el Parlamento (en la imagen) con el intento de calmar los ánimos. Pero en realidad los cambios no han tenido éxito, porque el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo.
El texto definitivo -aparentemente- especifica ahora que las demandas contra sitios web que se considere que vulneran los derechos de autor solamente podrá realizarlas el propio titular de los derechos; esto es, que sólo podrán presentar demandas las compañías discográficas, productoras, estudios cinematográficos, compañías desarrolladoras de videojuegos, sociedades de gestión de derechos y también evidentemente, los propios autores de las obras, y será la Comisión de Propiedad Intelectual la que decida si la demanda llega a trámite. Perdón, no hay trámite, porque el juez no entrará en el fondo del asunto, recordadlo.
Ahora unos “detalles adicionales” a esta información.
La fuente original de esta noticia (en el enlace al final de este post) obvia un detalle crucial, y es que la Comisión de Propiedad Intelectual está formada por entidades de gestión, que son las representantes de discográficas, productoras y demás.
El autor de la noticia es el que habitualmente escribe para El País sobre asuntos que atañan a la Ley de Economía Sostenible, antes que ningún otro medio español, escrito, radiofónico o televisivo; de hecho, en el momento de escribir este post, esta información es exclusiva y nadie más se ha hecho eco de la misma, lo que ha dado para pensar.
En muchos lugares del mundo se dice que una vez es un accidente. Dos veces es casualidad, y tres veces es premeditación y, en este caso, se le llamaría interés. Y es que, efectivamente, hay mucho en juego.
Link: La ‘comisión antidescargas’ no actuará de oficio (El País)