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España: La ley de Economía Sostenible se llevará al Tribunal Constitucional

Este logotipo sirve de bandera contra la Ley de Economía Sostenible (CC) Público

Después de que hace escasos días se aprobase el trámite parlamentario para convertir en ley el actual proyecto de la Ley de Economía Sostenible, todo este asunto que ya hace meses que se arrastra ha alcanzado una nueva cota.

Durante los últimos días, las quejas y protestas de los usuarios no han servido para nada. Pero por otra parte, hay un gran segmento de usuarios que a la vez son expertos en leyes, que hacen un llamado a la calma porque aseguran que el proyecto de ley nunca llegará a ser ley, ya que choca frontalmente con la legislación actual. Para que la Ley de Economía Sostenible se pueda aprobar, debe pasar por ser compatible con otras leyes que deben modificarse primero.

Creo que a estas alturas no hace falta explicar al detalle todos los entresijos legales españoles a este respecto, pero sí recordar que las leyes españolas siguen diciendo que compartir no es delito, y que el término delito es solamente aplicable por jueces, los cuales son los únicos que pueden, insisto, por ley, ordenar el cierre de una web, y no una comisión administrativa, como dice el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Por eso, el siguiente paso, es el Tribunal Constitucional.

A pesar de que la Ley de Economía Sostenible debe ser minuciosamente examinada por las autoridades judiciales, este paso se realizará -si todo sigue el ritmo actual- cuando el proyecto de ley sea ya ley aplicable. Por lo tanto, ya se están gestando varias iniciativas para llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Economía Sostenible, ni que sea por si acaso, porque siempre cabe la posibilidad de que dicho tribunal impida que el proyecto sea ley antes de que se apruebe como tal.

El problema es que la lentitud de este tipo de procesos puede prolongarse en años y mientras no llegue a juicio, la Ley de Economía Sostenible podría campar a sus anchas al margen de lo que dicta la constitución en detrimento de todos y en beneficio de unos pocos, corrijo, en beneficio de unos intereses de unos pocos pagando un precio a nivel nacional que es la nulidad de derechos y libertades fundamentales.

La raíz de todo el problema, bajo mi punto de vista, es que el derecho a proteger la propiedad intelectual es totalmente legítima -a pesar de que este derecho NO está reconocido como tal en las leyes españolas-, pero la protección de este derecho no está por encima de otros derechos básicos -una vez más, porque la ley constitucional así lo dice- que no solo afectan a los artistas, si no a todo el país.

Link:
– Si es legal, es legal
(FACUA)
– Los internautas llevarán al Constitucional la ‘ley Sinde’ (Público)

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