Así, Peter Sunde (también conocido como Brokep) pasaría 8 meses tras las rejas; mientras que Fredrik Neij (conocido como Tiamo) estaría 10 meses en la cárcel; y el empresario Carl Lundström, enfrentaría 4 meses en prisión.

Además de la pena de cárcel, también deben pagar con dinero: Entre todos desembolsarán 46 millones de coronas, es decir, USD$ 6.5 millones, por concepto de “daños y perjuicios” contra los derechos de autor; dinero que irá a parar a las arcas de las compañías de la industria del entretenimiento, que son las denunciantes…

Tras conocerse la sentencia, The Pirate Bay cambió su portada, y no precisamente para mostrar la foto de Paulo Coelho convertido en pirata que ayer nos adelantaba Boxbyte; sino mostrando un puño negro cerrado, que al ser clickeado lleva a su blog , donde se pronuncian sobre la sentencia y califican a 2012 como “el año de la tormenta”:

“En este año de la tormenta, los ganadores construirán molinos de viento y los perdedores levantarán refugios. Así que a flexionar sus músculos, compañeros piratas, ¡Y dennos poder a todos nosotros! ¡Construyan más sitios! ¡Más redes! ¡Más protocolos! ¡Griten más fuerte que nunca y llévenlo al siguiente nivel!”, destacan.

Por su parte, la defensa afirmó a TorrentFreak que apelarían esta nueva sentencia ante el Tribunal Europeo de Justicia, lo cual, sin embargo, no impediría que las sentencias se ejecuten en Suecia.

¿El punto a favor? Es común en la justicia sueca, que en los casos que tengan más de 5 años en tribunales (como en este), se aplique una deducción de 12 meses a cualquier condena de prisión, con lo cual los fundadores de The Pirate Bay no irían a la cárcel, pero claro está, la última palabra la tiene la corte… Así que difícilmente vayan a parar tras las rejas, pues además como afirman desde The Pirate Bay en su blog, ninguno de los juzgados vive en Suecia, así que menos probable que se ejecute la sentencia. ¡Aunque con el menudo comienzo de año que llevamos, ya nada me extraña!

Entre la aprobación de la Ley Antidescargas en España, el cierre de Megaupload, la cacería de brujas en la Red se materializa cada día y deja de ser una suposición paranoica. ¿Qué será lo siguiente?

Aquí podéis sentiros libres de opinar en sus comentarios y hacer las apuestas correspondientes: ¿El siguiente golpe será contra Internet, o vendrá desde Internet, de mano de Anonymous, por ejemplo?

Links:
- Pirate Bay Founders’ Prison Sentences Final, Supreme Court Appeal Rejected (Torrent Freak)
- Year of the storm (Blog de The Pirate Bay)

Dentro de las compañías que fueron encontradas culpables se encuentran Samsung y sus subsidiarias, AU Optronics, LG junto a sus compañías filiales, Chimei Innolux, HannStar Display y Chunghwa Picture Tubes.

En la investigación realizada por las autoridades se pudo comprobar que dichas compañías mantuvieron una serie de reuniones entre los años 2001 y 2006, cuya finalidad no era otra que pactar el volumen de producción que le correspondía a cada una y el precio de venta que tendrían estos (la idea era mantener elevado el precio de los panales LCD de manera artificial).

Según las autoridades surcoreanas las compañías acusadas, que representan el 80% del mercado mundial de LCD, con sus actos habían perjudicado los intereses de los consumidores nacionales. Lo anterior como resultado de una conspiración en la que se fijaron y aumentaron los precios de los paneles LCD.

Por consiguiente las compañías que se vieron involucradas en los hechos deberán cancelar un total de US$ 175 millones (la multa más grande en la historia de ese país), de los cuales más de la mitad deberán ser cancelados entre las compañías Samsung y LG.

Recordemos que una investigación similar se llevó a cabo en Estados Unidos en el año 2008 y en Europa en el año 2010. En el primer caso tres compañías fabricantes de paneles debieron cancelar una multa de US$ 585 millones, mientras que en el caso europeo fueron seis las compañías que debieron cancelar 649 millones de euros como multa.

Link: South Korean watchdog fines LCD makers for price fixing (BusinessDay)

El acuerdo [PDF] impone una multa de 12 millones de libras (unos US$20 millones) contra quien filtre material que WikiLeaks no haya publicado todavía. El acuerdo advierte que un quiebre de este tipo causará que WikiLeaks pierda “la oportunidad de vender la información a otros medios de comunicación y editoriales”.

WikiLeaks no ha vendido ninguno de sus materiales filtrados hasta la fecha, aunque Assange sí ha hecho mención de esta posibilidad en el pasado. En 2008, la organización intentó rematar permisos para acceder un poco antes a miles de e-mails que pertenecían a colaboradores cercanos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero ese remate finalmente no se llevó a cabo.

El acuerdo también prohíbe a los colaboradores del sitio hablar sobre “los hechos y contenidos de este acuerdo y toda la información noticiosa relacionada con la forma de trabajo de WikiLeaks”. Aún así el acuerdo ya se filtró… al menos esa copia no está firmada, de modo que la persona que lo entregó a New Statesman estaría salvándose de una demanda.

Link: The £12m question: how WikiLeaks gags its own staff (New Statesman vía Wired)

Ahora, las asociaciones que congregan a los internautas están “analizando la posible inconstitucionalidad” del texto que permite, a la también llamada Ley Antidescargas, el cierre de sitios web por la vía administrativa.

¿La razón? Sugieren que una ley que facilite un acto de censura como sería el cierre de sitios Web por parte del Gobierno español, tiene que ser una violación a la Constitución Nacional.

Se refieren específicamente a este fragmento de la Ley Sinde:

Podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”.

Cambio de modelo

Destacan desde la Asociación de Internautas que si bien su intención no es nadie que se aproveche del trabajo de los demás, esta es una ley para criminalizar al enlazador, y de esta manera se tendría que “cerrar internet”. Para ellos la clave está en el cambio al modelo de negocio de las editoriales, disqueras y empresas cinematográficas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, aseguran que no se trata de un problema de piratería, ya que se podrían prohibir todas las descargas, pero no va a servir de nada si la industria no se adapta a los nuevos tiempos. Exige un cambio en la Ley de Propiedad Intelectual y la eliminación del canon, pues:

Perjudica al creador y al usuario y sólo beneficia al intermediario (…) Hay soluciones, pero no pasan por criminalizar al usuario”, ha añadido.

Ley ineficaz

Miguel Errasti, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), tiene un punto interesante para destacar en medio de toda esta polémica: Más del 90% de los servicios de alojamiento web no están en España, por lo que esta ley sería “ineficaz”.

Advierte que la ley puede además crear inseguridad jurídica y una migración hacia otros países del sector del hosting, lo cual provocaría cuantiosas pérdidas económicas… Así que los ingresos que se “ganan” por un lado, se irán por el otro.

En definitiva la solución está en modernizar el modelo de negocio, pero para ello las empresas que lo llevan adelante tienen que estar de acuerdo en la necesidad de ese cambio, y el panorama no parece favorable para tal acción.

Mientras se sigan aferrando a viejas formas de hacer las cosas, sin considerar las tecnologías, la Internet y la nueva forma de comportamiento del usuario, dificílmente su modelo, por mucho que cobren y multen será eficaz, ¿no crees?

Link: Las asociaciones de internautas analizan la “posible inconstitucionalidad” de la Ley Sinde (PortalTic)

Uno de esos a los que no les gusta es Alemania, donde los sitios web de ese país que estén usando la herramienta podrían tener que pagar multas.

Según las autoridades alemanas, la privacidad de los usuarios de internet está siendo violada porque el servicio recolecta información detallada respecto de su navegación y la envía a los servidores de Google para ser procesada.

Pese a los intentos del gigante de Mountain View por resolver este asunto, Alemania no está convencida con las medidas que ha tomado la empresa. Aunque Google edita los números IP para mantener la anonimidad y ha creado plugins para ayudar a los usuarios a evitar que su información sea rastreada, las soluciones no son universales (para todos los navegadores) y Google igual se queda con la información de los números IP.

Así las cosas, los usuarios de Google Analytics en Alemania podrían verse enfrentados a multas, e incluso hay rumores de que se tomarán acciones legales contra Google mismo.

Alemania declaró en 2009 como ilegales todas las herramientas web de medición de estadísticas web, a menos que los usuarios del sitio consintieran que su información fuera rastreada. Sin duda le hace la vida mucho más difícil a quienes manejan sitios web, pero muestra una vez más el nivel de sensitividad de Alemania en temas relacionados con la privacidad de las personas. Google ya ha tenido enfrentamientos con el país por este tema, más recientemente por el caso de Street View, donde Alemania consiguió que la empresa permitiera a las personas decidir sacar su casa del servicio.

Link: German Google Analytics users could face fines in privacy row (TNW)

En Estados Unidos una investigación similar -iniciada en el año 2006- concluyó con la aplicación de una multa de 600 millones de dólares, la que debió ser cancelada por las compañías Sharp, LG y Chunghwa Picture Tubes (cada compañía debió cancelar un porcentaje del total de la deuda).

En el caso europeo las compañías investigadas fueron las coreanas Samsung Electronics, LG Display y las taiwanesas AU Optronics, Chimei innoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes y Hannstar Display Corporation. De estas sólo la primera fue eximida de cancelar la multa de 648,9 millones de euros, por ser la primera compañía que se mostró dispuesta a entregar información útil para la investigación.

El anuncio de la multa impuesta por La Comisión Europea fue realizado por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quién justificó la aplicación de la multa a compañías cuyas matrices se encuentran fuera del Área Económica Europea argumentando que los precios pactados corresponden a bienes vendidos en el mercado europeo.

En la investigación quedó demostrado que durante cuatro años estas seis compañías pactaron franjas de precios para sus distintos productos, junto con intercambiar información sobre sus planes de producción y capacidades de sus instalaciones. La información era actualizada mensualmente en reuniones celebradas en hoteles taiwaneses, a las que denominaban como “las reuniones del Cristal”.

Del total de la multa la mayor parte -300 millones- debe ser cancelada por la compañía taiwanesa Chimei innoLux Corporation, mientras que la coreana LG deberá pagar 215 millones de euros (se benefició con un 50% de rebaja de la multa original por su colaboración). En tanto que AU Optronics deberá cancelar 116,8 millones (20% de rebaja) y las compañías taiwanesas Hannstar Display Corporation y Chunghwa Picture Tubes tendrán que pagar 8,1 y 9,02 millones respectivamente.

Links:

• LCD-Panel Makers Fined $649 Million by European Union for Price Fixing (Bloomberg)
• 3rd UPDATE: EU Fines Asian LCD Makers EUR649 Mln For Fixing Prices (WSJ)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un procedimiento sancionador y ha trasladado su informe al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que tratará la posible infracción a partir de ahora.

No es la primera vez que la AEPD investiga a Google. Ya en el mes de mayo el organismo español había abierto una investigación después de que la empresa reconociera que había captado por error datos de localización de redes WiFi por los vehículos utilizados para fotografiar las calles de distintas ciudades españolas, para la aplicación Street View.

La agencia informa en un comunicado que ha constatado la existencia de “indicios” de la comisión de un total de cinco infracciones (dos graves y tres muy graves) de la legislación española de protección de datos, imputables dos de ellas a Google Inc. como responsable del servicio y del diseño del software de recogida de los datos para el servicio Street View, y tres a Google Spain como responsable de la captación y almacenamiento de los datos en España.

Datos “robados”

Entre los datos que habría obtenido Google de forma irregular, la AEPD destaca en su comunicado que se incluirían:

Direcciones de correo electrónico con nombre y apellidos; direcciones y cuentas asociadas a mensajes de correo o mensajería instantánea; accesos a cuentas de redes sociales y sitios web, o códigos de usuario y contraseña con datos personales que identifican a sus titulares, y que en algunos casos permiten el acceso a datos especialmente protegidos, entre otros.”

Además, se ha verificado la transferencia internacional de los datos por parte de Google a Estados Unidos, sin que se haya acreditado el cumplimiento de las garantías previstas en la LOPD, que permiten las transferencias internacionales de datos.

Las multas

Las infracciones graves, como recoger y almacenar datos personales sin el consentimiento de sus titulares, pueden ser penalizadas con multas que van de los 60.000 a los 300.000 euros.

Por su parte, las muy graves, como captar datos especialmente protegidos sin autorización o transferir esos mismos datos a EE.UU. sin garantías, pueden ser castigadas con multas que van desde los  300.000 a los 600.000 euros… Aunque suenan como cifras fuertes, no es ni tanto para el gigante de las búsquedas.

Google reconoció su error y afirmó en un comunicado que “lamentamos profundamente haber recogido datos en España. Estos datos no han sido utilizados de ninguna forma en ningún producto de Google y la compañía nunca pretendió utilizarlos de ninguna manera”.

La compañía además recordó que “la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha archivado recientemente su investigación en relación con la recogida de datos de redes WiFi en España. En su decisión se mencionaba que la captación de información fue aleatoria y fragmentaria y nunca ha sido utilizada en ningún producto de Google”.

Link: Protección de Datos abre un procedimiento sancionador contra Google (PortalTic)

La historia es esta: Tiene 19 años y fue sorprendido en un control de alcoholemia… Pasadito de tragos. Recibió la multa correspondiente y se fue a su casa ¡a drenarlo en Facebook! Allí contó a sus amigos la historia, “adornada” de insultos hacia los policías que lo acababan de sancionar.

No queda claro cómo, pero lo cierto es que la Fiscalía francesa se enteró de lo que el joven había publicado en su Facebook y lo demandaron, pues en Francia existe una normativa muy estricta sobre los insultos y amenazas públicas a las autoridades.

¿El veredicto? El Tribunal de Brest, en la Bretaña francesa lo ha condenado a tres meses de prisión y 750 euros (unos 1000 dólares) de multa… Y salió “barato”, porque según la prensa francesa, la Fiscalía de ese país estaba pidiendo 6 meses de cárcel y 1200 euros de multa.

Links:
- Prisión por primera vez por insultar a un policía en Facebook (elMundo.es)
- Facebook. Il insulte les gendarmes : un Brestois condamné à trois mois ferme – (letelegramme.com)

En su defensa, dijo que había establecido una contraseña requerida para hacer cualquier operación relativa a nóminas de pago, al Departamento de Policía y al sistema carcelario porque presentía que lo iban a despedir y consideraba que su jefe Richard Robinson (COO del Departamento de Tecnología y Servicios de Información de S.F.) no estaba calificado para el puesto. Por lo mismo después de que lo despidieron se negó a entregar el password durante 12 días y al final sólo accedió a entregarlo al alcalde de la ciudad, Gavin Newsom.

Se estima que su negación le costó unos USD 200.000 a la ciudad, y que al  negar la pass de administrador violó las leyes del estado, por lo que ha sido condenado a 4 años de cárcel. Claramente no tomó el mejor camino para desquitarse de un jefe incompetente, pero llama la atención que crackers (o hackers de sombrero negro) que han causado daños mucho mayores han recibido condenas menores y a veces se han ido para la casa tranquilamente.

Links: Terry Childs gets four year sentence (CSO Online)

(cc) Veni - Flickr

Un conjunto de ejecutivos de Dell que incluye al mismo CEO, acordaron con la SEC (Securities and Exchange Commision) el pago de sendas multas, eludiendo la necesidad de aceptar o negar los cargos que el organismo les imputaba.

A grandes rasgos, la SEC determinó que entre el 2002 y el 2006 la empresa manipuló sistemáticamente sus resultados, ingresos operacionales y costos para aparecer cumpliendo con los pronósticos de Wall Street y, de paso, impedir que los inversionistas y accionistas en general pensaran en abandonar el barco.

De paso, en las acusaciones la SEC aprovecha de pegarle una repasada a Intel, que probablemente creía haber dado por superado el tema en su acuerdo extrajudicial con AMD.

Según la SEC, entre los años 2002 y 2006 Dell recibió grandes sumas de dinero de parte de Intel para mantener la exclusividad, lo cual equivale a decir que aceptaron un soborno para negarse sistemáticamente a vender computadores con procesador AMD. Eso de por sí es feo, claro, pero la SEC no está multándolos al respecto. Lo que sí constituye en cambio una conducta ilegal es no haber informado de esos “pagos promocionales” a los accionistas, que pensaban que los ingresos de la compañía provenían directamente de las buenas ventas de la marca.

Hubo algunos trimestres en donde el “aporte” de Intel a la caja de Dell llegó a constituir las tres cuartas partes del total, por lo que es natural suponer que -de no ser por ese ingreso- Dell hubiese perdido plata en determinadas épocas, y muchos accionistas que se sentían confiados y tranquilos se hubieran llevado su dinero a otra parte con la consiguiente baja del precio accionario. En este mismo sentido, la SEC afirma que la gente de contabilidad maquillaba los informes período tras período para que los resultados de la compañía estuvieran a la par de los pronósticos de Wall Street, en el entendido que no alcanzarlos es señal de una compañía en crisis.

Cuando Dell empezó a vender computadores con procesador AMD, Intel terminó con su programa de incentivos y los ingresos de Dell cayeron abruptamente. En ese momento, la directiva informó a los accionistas que esa caída se debía a que habían estado rebajando precios muy agresivamente (y no se refería necesariamente a los precios mal publicados), que los componentes estaban muy caros en Asia y otras ocurrencias.

Como dijimos antes, los ejecutivos no aceptaron ni negaron los cargos. Sencillamente acordaron pagar las multas y esperar que el tema se olvide lo más pronto posible. Éstas ascienden a USD 4 millones para Michael Dell (CEO y presidente del directorio), USD 4 millones para Kevin Rollins (anterior CEO), USD 3 millones para James Schneider (anterior CFO), y USD 50.000 para Nicholas Dunning (Vicepresidente Regional de Finanzas) y Leslie Jackson (Contralor Asistente). Además, la compañía como un todo pagará una multa de USD 100 millones.

Este es un nuevo golpe para la imagen de la firma, luego de que se filtrara la negligencia que cometieron con los servidores Optiplex, pero contrariamente a lo que podría pensarse, la noticia no ha dañado el valor accionario de Dell, lo cual no necesariamente significa que sus títulos son particularmente resilientes sino que la acción ya está bastante baja y acumula un 25% de caídas en los últimos dos meses.

Link: SEC Charges Dell and Senior Executives with Disclosure and Accounting Fraud (SEC.gov)

Telefonica de Argentina

El Gobierno argentino impuso una multa que totaliza 63 millones de dólares a Telefónica y sus socios porque no informó sobre la compra de parte de Telecom Italia en Europa, lo que puede implicar una posición dominante en el mercado.

Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, controlada por Telecom Italia, son los únicos proveedores de servicios telefónicos básicos en Argentina.

El ministro de Economía, Amado Boudou, explicó en conferencia de prensa que el ingreso de Telefónica en Telecom significó que Telefónica de Argentina sea propietaria a la vez del 50% de la filial local de Telecom, con la consiguiente posición dominante en el mercado.

Por no haber notificado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre esa transacción, Amado Boudou anunció una multa de $ 27,4 millones para Telefónica de Argentina y otras sanciones para sus socios italianos: U$D 11,3 millones a Assicurazioni, U$D 9,2 millones a Pirelli, U$D 4,5 millones a Mediobanca, U$D 4,5 millones a Intesa Sanpaolo y U$D 4,5 millones a Sintonia. En total, serían U$D 63 millones, según dijo Amado Boudou, aunque la suma de las sanciones no da esa cifra. La CNDC no informó los criterios con los que se establecieron las sanciones. En Telefónica dijeron que no habían sido “notificados” acerca de la multa.

Si bien Telecom Italia ya inició el proceso para concretar la venta de la mitad de Telecom Argentina, el Gobierno dice que no se cumplieron con los plazos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había exigido al respecto, dictados en septiembre.

Link: Imponen una multa millonaria a Telefónica y sus socios italianos (Clarín)

(cc) avlxyz

La semana pasada vimos una situación absurda en Brasil, donde un bloguero deberá pagar una multa por el comentario de un troll. Una noticia proveniente del Reino Unido muestra que este tipo de circunstancias no son de exclusivdad de países latinoamericanos. Resulta que un pub deberá pagar una multa de 8.000 libras esterlinas por algo parecido.

Como ocurre en muchos sitios del mundo, el lugar de divertimento contaba con una red inalámbrica abierta para todos los parroquianos y sujetos que se encontraban cerca. El problema surgió cuando uno de los usuarios bajó contenidos protegidos por derechos de autor. En el verano boreal (invierno austral), una compañía interpuso una acción civil.

Pese a que se mantuvo la reserva del nombre del boliche y se desconoce qué archivos fueron compartidos, Graham Cove, del ISP británico The Cloud, expresó que se trata de un caso inédito en el archipiélago británico. Tan curioso es que algunos abogados creen que existe un vacío legal ante un escenario así.

La profesora Lilian Edwards, de la Escuela de Leyes of Sheffield, un local que cuente con Wifi abierto, teóricamente, no es responsable por las descargas ilegales de sus usuarios. Sin embargo, una advertencia legal que llegó a The Cloud afirmaba que “los hotspots pagados o gratuitos son servicios de comunicación públicos, los que deben conservar los registros de los usuarios”.

Si hace poco el Reino Unido amenazó con cortar internet a los “piratas” caseros, esta medida puede cohibir el uso de redes Wifi abiertas, tan útiles cuando uno necesita una conexión urgente y no anda con plata para pagar por el servicio. De momento, al pub sólo le queda pagar y comenzar a bloquear puertos.

Link: Pub ‘fined £8k’ for Wi-Fi copyright infringement (ZDnet vía FayerWayer Brasil)

#freeemilio

En Brasil, siempre pasa algo malo cuando la justicia ordinaria mete sus narices en temas que no le son familiares, como la tecnología. Hace un tiempo, un magistrado determinó que no se podía jugar más Counter-Strike por un mod que simulaba un enfrentamiento en las favelas. Ahora, se dio otra situación insólita y que atenta contra la vida digital.

Resulta que Emílio Moreno es un bloguero y estudiante de periodismo de Ceará, norte de Brasil. En su bitácora Liberdade Digital, escribió un post en marzo del año pasado sobre una pelea en un colegio católico, entre dos estudiantes. Un troll, aquellos visitantes indeseables, insultó a una monja de la institución, sin dejar ningún nombre ni mail válido.

La directora del Colegio Santa Cecilia entabló una demanda por “daños morales” contra Emílio, cuyo gran pecado (nunca mejor dicho) fue no haber borrado el insulto contra la religiosa en una primera instancia. Después de varias audiencias, el estudiante de periodismo se ausentó sin justificación y el juez lo condenó a pagar 16 mil reales, unos 9.100 dólares.

Eso pasó en julio de este año, pero el caso recién ganó notoriedad esta semana, cuando se le agotó el plazo al bloguero para pagar y el juez ordenó el embargo de algunas pertenencias para compensar a la religiosa. Este polémico caso ya ha generado repercusión y la solidaridad de los internautas: ya posee un hashtag en Twitter (#freeemilio) y un blog de campaña que vende poleras con la misma frase.

PS: Por favor amigos trolls, no insulten a las monjas. Gracias

Link: Blogueiro é condenado a pagar R$ 16 mil por comentário de internauta – #freeemilio (FayerWayer Brasil)

Al parecer la RIAA está encontrando un negocio prometedor mediante demandas a usuarios, como el mes pasado con el caso contra Jammie Thomas-Rasset por compartir 24 canciones e infringir derechos de autor y con una multa de 2 millones de dólares.

El equipo de defensa de Tenenbaum encabezado por el profesor Charles Nesson y sus estudiantes de derecho quedaron impotentes en el caso: “No cabe duda de que éramos un creativo equipo jurídico y no tradicional. Sin embargo, entrando en el juicio, fuimos despojados de toda posibilidad de mitigar los cargos de Joel”.

El dinero que según la RIAA gana en estos juicios está destinado a más demandas y campañas de “educación” y lucha contra la piratería, y no a los artistas que supuestamente la RIAA representa, haciendo bien su trabajo de relaciones públicas como una organización que mata sin piedad.

Link: Student Forced to Pay $675,000 to RIAA for Sharing 30 Songs (Gizmodo)