Hard Drive Productions demandaría a Wong por US$150,000 por las pérdidas ocasionadas a cambio de que pagara US$3,400 a manera de “compensación por el daño” evitando pasar por un juicio. Alegó que el supuesto delito se cometió el 28 de marzo del año pasado por lo que Wong sería culpable, aún cuando la infracción se haya realizado sin su consentimiento o conocimiento.

Al respecto, Wong negó que haya descargado la película en cuestión ya que fue registrada el 22 de abril, por lo que contrademandó a la productora de acoso debido a que “diseñó una estrategia que obliga a resolver el caso a pesar de la ausencia de hechos” además de “fomentar la prostitución y el proxenetismo en sus producciones”.

Además, Wong argumentó que las películas pornográficas no tendrían porque estar amparadas bajo el copyright según la constitución de los Estados Unidos así como de las leyes de California:

“El artículo 1, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de Estados Unidos, conocida como cláusula de copyright, faculta al Congreso de Estados Unidos a promover el progreso de la ciencia y las Artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos o descubrimientos.

Además, la ley en California sostiene que las obras obscenas no promueven el progreso de la ciencia y las Artes útiles, y por lo tanto, no pueden ser protegidas por derechos de autor.”

Sin duda, la decisión que adopte el juez sentaría un precedente legal al menos en el estado de California. Si la resolución estuviera a favor de Wong, afectaría a la industria del entretenimiento para adultos desde sus propias raíces, principalmente a la denominada “Meca del Porno”, el Valle de San Fernando. Un negocio que movería la nada despreciable cantidad de US$4 mil millones al año a nivel global.

Link: You Can’t Copyright Porn, Harassed BitTorrent Defendant Insists (Torrent Freak vía Bussines Insider)

Las compañías dicen en la carta que “ahora es momento de que el Congreso se tome un respiro, dar un paso atrás y abordar los temas desde una perspectiva fresca”, y también señala que el Congreso debe tomar en cuenta la amplia variedad de inquietudes que han manifestado muchas agrupaciones respecto de las legislaciones sobre propiedad intelectual e Internet.

Ciertamente, es probable que la misiva no genere ningún impacto real en los legisladores (es bastante general en su propósito y con un mensaje un tanto débil), pero al menos permite estar seguros de que la defensa conjunta seguirá adelante y despeja cualquier posible duda de que el Congreso estadounidense tampoco desistirá, pese a los reveses que vivió con los dos intentos anteriores.

Public Knowledge-Internet Letter to Congress

Link: SOPA and PIPA prompt Reddit, Mozilla, and 73 others to ask Congress to halt work on intellectual property laws (The Verge)

La decisión de Twitter generó gran polémica y molestia entre los usuarios. Costolo aseguró que “no ha habido ningún cambio en nuestra posición, actitud o política respecto al contenido en Twitter”. Lo que cambió, dijo, es que ahora sólo se bloquearán los tweets en los países que emitan una orden para hacerlo, en lugar de tener que eliminar el twitteo de todos los países del mundo.

“Cuando recibamos una orden legal en un país donde operamos, queremos dejar el contenido visible para la mayor cantidad de gente posible, mientras cumplimos las leyes locales”, explicó Costolo. El ejecutivo ejemplificó con las órdenes de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) que se emiten en Estados Unidos, para eliminar links a contenido pirateado. Costolo recalcó que las órdenes que reciban se publicarán en Chilling Effects, “para que todos puedan ver lo que tuvimos que cumplir. Es lo más honesto y transparente”, dijo.

El CEO rechazó que la medida se tomara para trabajar con China o Irán, donde Twitter está bloqueado, afirmando que la compañía no espera entrar a estos países. “No creo que el ambiente actual en China sea uno donde pudieramos operar”, opinó.

Costolo recalcó que “no puedes operar en un país y elegir las leyes que vas a obedecer”.

Link: Twitter’s Dick Costolo on Ads, Censorship and Google (Video) (All Things D)

De esta forma el tribunal supremo estadounidense concluye una polémica existente en ese país respecto al seguimiento de sospechosos en base a la colocación sin consentimiento del ciudadano, de dispositivos de rastreo, algo que según la Cuarta Enmienda de la Consitución de Los Estados Unidos, es ilegal.

La Cuarta Enmienda protege “el derecho del pueblo a la seguridad sobre sus personas, domicilios, documentación y efectos personales contra registros e incautaciones irrazonables”. En el caso del fallo de la Corte Suprema, la intrusión física sobre un “efecto personal” con el objetivo de obtener información para darle consistencia a una sospecha, estaría violando este derecho, ya que consideran el colocar un dispositito GPS en un vehículo al mismo nivel de intrusión que derribar la puerta de un hogar sin la autorización de un juez.

El caso que dio origen a este fallo, el cual ya es considerado “El mayor caso de protección de la Cuarta Enmienda en la era de las computadoras”, fue el de un traficante de drogas de Maryland, al que le insertaron un rastreador GPS en su vehículo y lo siguieron durante 30 días sin orden ni supervisión judicial.

Hasta ese momento, según la Casa Blanca, este tipo de prácticas se trataban de algo que no violaba las leyes ya que conducir un vehículo en un lugar público implicaba que no existiera privacidad.

Link: Warrants needed for GPS monitoring, Supreme Court rules (Wired)

Bennet se hizo famoso al representar a Bill Clinton en el caso de Monica Lewinsky, y trabajó haciendo asesorías para MegaUpload previo a los eventos de la semana pasada. Todavía no está claro quién representará ahora a la compañía y a los acusados.

MegaUpload se defiende diciendo que su servicio es legal, y que respondió a los avisos de retirar material cuando fue consultado. Según el FBI, sin embargo, la empresa sólo eliminaba los links que permitían descargar el archivo pirata, los que eran rápidamente reemplazados por nuevos links para acceder al material. Si es así, MegaUpload sabía que había material ilegal en sus servidores, y no hizo nada para retirarlo.

El fin de semana, además, fueron arrestados otros dos empleados de la empresa, Andrus Nomm (Estonia) y Sven Echternach (Alemania). Aunque había órdenes de detención en su contra emitidas desde Estados Unidos, no fueron capturados hasta ayer domingo.

Echternach podría convertirse en un problema para el país del norte, puesto que es un ciudadano alemán y según la ley de ese país, no puede ser extraditado. Nomm fue arrestado en Holanda, donde no existen las mismas restricciones. Todavía queda un acusado más en libertad, Julius Bencko, quien vive en Eslovaquia y todavía está siendo buscado.

Link: Megaupload CEO asks bail, loses US lawyer, sees more arrests (Electronista)

Todo parece indicar que ayer las autoridades norteamericanas cerraron Megaupload sin pensar en los internautas que confiaban en esta plataforma para almacenar sus datos: ¿Es que pesan más los derechos de las grandes industrias editoriales, cinematográficas, o de la música; que los del ciudadano común?

Esta mañana reflexionaba por aquí mismo sobre si el siguiente paso en esta “guerra contra la piratería” que realmente no hace más que defender los intereses de los poderosos pisoteando los derechos de las personas a almacenar su data de la forma que más les apetezca. Parte de la preocupación giraba en torno a qué sucederá con los archivos que se encuentran en Megaupload, que no tienen nada que ver con obras protegidas por copyright y que han sido “secuestrados” por el FBI.

Vimos en Twitter cómo los afectados se preguntaban ¿qué pasará con sus archivos? ¿Cuándo les serán devueltos? ¿Cómo garantiza el FBI la integridad y privacidad de esos datos que son propiedad privada?

Al respecto, en España, la asociación de defensa de los derechos de los consumidores, FACUA, advertía en un comunicado que los usuarios de Megaupload tienen el derecho a recuperar sus archivos privados a la brevedad, e insta al Gobierno de España a exigirle a su par estadounidense que devuelva a la brevedad la data secuestrada:

“FACUA pide al Gobierno de España que actúe en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles y reclame al Gobierno de EEUU que adopte las medidas necesarias para garantizar la recuperación de sus archivos privados… La asociación recuerda que independientemente de las posibles actividades y usos ilícitos de Megaupload, éste era un repositorio de archivos que millones de usuarios utilizaban para almacenar o compartir archivos privados de manera absolutamente legal”.

La misma asociación compara la actuación del FBI con una suerte de “Gran Hermano” a la 2.0, que estaría pisoteando los derechos de millones de ciudadanos que archivaban sus documentos en los servidores de Megaupload como si de un disco duro virtual se tratase, por lo que en dicho comunicado expresan que:

“FACUA considera que la protección de los derechos de propiedad intelectual no puede llevarse al extremo de crear un Estado policial del copyright en el que los usuarios se encuentren sometidos a un Gran Hermano que pisotee derechos tan básicos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones”.

Y es que con esta acción de “secuestrar” los archivos de miles de personas el FBI estaría contrariando diversos aspectos de las leyes internacionales, pisoteando el derecho individual de los ciudadanos que allí guardaban sus datos. En el caso de la legislación española, por ejemplo, el tema no es diferente, pues tal como destaca el abogado español Carlos Sánchez Almeida en su blog:

“De conformidad con la legislación española, solo mediante resolución judicial motivada se puede proceder al registro e incautación de documentación y correspondencia privada, así como a la interceptación de comunicaciones. El Código Penal (español) castiga como autor de un delito de revelación de secretos a quien sin estar autorizado, se apodere de datos reservados de carácter personal registrados en sistemas informáticos“.

¿Castigará la ley española al FBI? Francamente no lo creo en absoluto, aunque tendría razones para hacerlo: Al cerrar Megaupload, el FBI secuestró miles de archivos privados de ciudadanos, que ahora se preguntan cómo tienen que actuar para lograr recuperar esos materiales, que son de carácter personal y que nada tienen que ver con la infracción del copyright. ¿En manos de quién están en este momento esos archivos? ¿Ha sido vulnerada la privacidad de los afectados?

Al haber tanto silencio al respecto uno puede esperarse lo peor, es decir, que hasta los pierdan, los borren… Si no hay una postura clara sobre cómo será tratado el material alojado en los servidores, ¿quién garantiza que el FBI no se meta a husmear en cada archivo?

En fin, como no hay un procedimiento claro a seguir para reclamar los derechos de los afectados, si estás entre ese colectivo te sugiero que denuncies tu caso ante los organismos que velan por los derechos de los consumidores en tu país, para que así se puedan unir esfuerzos, y que en masa se pueda presionar más para lograr una respuesta concreta.

De momento nos queda esperar a que no se los ocurra a los niños del FBI meterse con el Google Docs o el Dropbox, así que mejor dejo esta reflexión hasta aquí y voy a hacerme un respaldo de archivos en un DVD.

Links:
- FACUA advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados (FACUA)
– Una página perdida, una inmensa biblioteca (Blog de Carlos Sánchez Almeida)

El problema recurrente en un juicio laboral se debe a la inconsistencia de los datos, principalmente del demandado. Esto provocaba que un agente perdiera tiempo y esfuerzo miserablemente al acudir en múltiples ocasiones a un supuesto domicilio sin éxito, repercutiendo en los recursos invertidos en el desempeño de los actuarios judiciales por un error en el procedimiento.

También se implantará una bitácora para que los actuarios anoten detalladamente cada una de sus diligencias. Con Google Earth se podrá realizar una localización más precisa de los domicilios de los involucrados en una demanda. Esto contribuirá a una mayor eficacia en los juicios dentro de los plazos legales y que los actuarios reduzcan los errores en los procedimientos legales, evitando que tengan que salirse de la oficina.

Link: Google Earth ayuda a juicios laborales (El Universal)

Según un par de fuentes citadas por el diario Telegraph, un abogado mencionó que en 30 casos de divorcio en nueve meses se citó a Facebook como una causal. Otro bufet de abogados mencionó que en una de cada cinco peticiones de divorcio en su despacho contenían referencias a esa red social.

Otro estudio realizado por el sitio web Divorce-Online menciona que de 5,000 peticiones de divorcio, se menciona que las razones más comunes para usar a Facebook como testigo se encuentran: El “comportamiento inadecuado” del cónyuge respecto a una persona del sexo opuesto, los comentarios desagradables o difamatorios realizados hacia una expareja al consumarse la separación, los chismes reportes de amigos o contactos acerca del comportamiento de su cónyuge, y utilizar el muro como arma en su batalla para divorciarse.

Facebook ha estado involucrado en un 33% de las llamadas “conductas no razonables” durante el mes de diciembre de 2011 representando un incremento del 13% en las demandas de divorcio respecto al 2009.

Mark Keenan, portavoz de Divorce-Online, declaró que “las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de comunicación y han tomado el revelo de otras vías como el correo electrónico, siendo el lugar más cómodo para tener una aventura o coquetear con el sexo opuesto. También el uso de Facebook para compartir con amigos comentarios sobre las exparejas es bastante común con ambas partes usando a Facebook para dar rienda suelta a sus quejas. La gente tiene que tener cuidado con lo que escriben en los muros puesto que los tribunales están viendo cómo estos mensajes se utilizan como prueba en las disputas económicas y de custodia“.

Hay una regla no escrita en las redes sociales que dice: “Todo lo que escribas puede ser usado en tu contra”, y podría ser que en el futuro las bodas terminen con “…y hasta que la muerte o un comentario en Facebook los separe”.

Link: Facebook Cited in a Third of UK Divorces (The Next Web)

Quizás la web llegó a un punto de maduración en que permitió darles mayor relevancia a movimientos locales, convirtiéndolos en globales. La habilidad de enviar mensajes, fotos y videos rápidamente desde cualquier parte permitió que ya no sean eventos que quedan confinados a las fronteras de un país, sino que todo el mundo ve, lee y escucha lo que está pasando. Un mensaje enviado a un lado del mundo emociona y concita apoyo a miles de kilómetros de distancia, y los manifestantes ya no luchan solos.

Sin duda se generaron una serie de eventos controversiales este año, que queremos revisar a continuación.

La revolución de las redes sociales

(cc) sierragoddess

El año comenzó con disturbios en Medio Oriente, que partieron con un cambio de gobierno en Túnez. El nuevo gobierno se inició con el bloguero (y miembro del partido pirata), Slim Amamou, en sus filas, y los blogueros de Túnez se ganaron un premio de Reporteros Sin Fronteras por su labor durante la revolución.

El movimiento se traspasó luego a Egipto, donde las autoridades intentaron cortar el acceso a internet y las redes de telefonía para detener las comunicaciones entre los manifestantes. Diversas organizaciones coordinadas alrededor del mundo colaboraron para reestablecer el acceso, terminando todo con la salida de Hosni Mubarak del gobierno. Aunque la pelea fue en las calles, las redes sociales se ganaron un espacio de reconocimiento. El movimiento se contagió así a Libia, Bahréin, Siria y otros países de la región, donde todavía no se han calmado las cosas ni se han encontrado soluciones.

En otras partes del mundo, otras causas se organizaban a través de redes sociales. En España, cientos de jóvenes acamparon en las plazas para manifestar su descontento con el desempleo y la situación económica en el país. Al otro lado del océano, en Estados Unidos, cientos de personas cansadas del actuar de las grandes corporaciones financieras y su responsabilidad en la crisis económica que atraviesa el país, salieron a manifestarse en Wall Street, Nueva York, centro de la bolsa estadounidense. Eso dio inicio al movimiento “Occupy”, que básicamente era ir a ocupar un lugar con carteles de protesta.

En Chile, los estudiantes salen en masa a las calles a protestar pidiendo educación de calidad. Los estudiantes se toman colegios y universidades y utilizan todos los medios disponibles para pelear por su causa. Twitter, Facebook, YouTube y la web reaparecen como medios para expresarse, y la protesta llega también a República Dominicana y Colombia.

Anonymous, LulzSec y el hacktivismo

(cc) JacobDavis

Si bien Anonymous comenzó a hacerse notar el año pasado con su defensa a WikiLeaks, este año han estado presentes en casi todos los ámbitos. Vimos operaciones en casi todos los rincones del mundo: “Chinga la Migra” contra la policía de migraciones en Arizona, contra la pedofilia y pornografía infantil, contra Telefónica, la educación, la policía de Texas, la Ley Lleras, el diario The Sun y Rupert Murdoch, el FBI, la CIA, la OTAN etc, etc.

También fueron perseguidos alrededor del mundo, por agencias policiales en España, Turquía, Italia, por el FBI en Estados Unidos, y muchos más. Quizás uno de los aliados más polémicos durante este año ha sido LulzSec, un brazo más “extremista” que cambió un tanto las estrategias de ataques de denegación de servicio (DDoS) que habían sido la marca registrada del colectivo, por opciones algo más radicales como entrar a servidores de empresas, robar y publicar datos privados, o conseguir ilegalmente números de tarjetas de crédito y hacer donaciones con ellas.

La unión con Anonymous vino con la operación AntiSec, que mantiene operaciones activas hasta hoy. No parece que las acciones del colectivo hayan decaído, más bien, el grupo se ha vuelto algo más sofisticado y más distribuido de lo que era al principio.

Derechos de autor y libertad en internet

Si bien países como Chile y Holanda tienen aprobadas leyes de neutralidad en la red, y que el acceso a internet fue declarado un derecho humano por la ONU, políticos e industrias afectadas por la piratería presionan para coartar la libertad en la red. En España, la Ley Sinde sigue avanzando – aunque con tropiezos, pero todavía está allí. El proyecto, que en el lenguaje popular adoptó el nombre de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, permitiría el cierre de sitios web tras denuncias de piratería o material subido sin tener derechos de autor sobre ellos.

En Estados Unidos, la Stop Online Piracy Act o “Ley SOPA” propone similarmente cerrar sitios completos, alterando los DNS de modo que la web no pueda ser abierta. El peligro aquí es que entre los sitios afectados tendríamos a Google, Facebook, Twitter y otras grandes compañías y servicios que están basados en ese país. El efecto llegaría a cualquier parte del mundo, sin limitarse sólo a Estados Unidos.

Varias compañías se han manifestado ya en contra del proyecto, y los que están a favor han sido repudiados por los internautas. Para ambos casos tendremos que esperar el 2012 para ver una posible resolución, y ojalá algo más de sensatez de parte de los legisladores que proponen estas medidas.

¿Qué es lo que más te impactó este 2011? Seguiremos con estos recuentos en los próximos días, tocando otros temas que fueron relevantes este año.

La premisa de las autoridades kuwaitíes es la de “proteger los derechos de los ciudadanos y residentes que fueron difamados por declaraciones hechas desde una cuenta anónima”. Suena loable aunque en la práctica se trata de una medida represiva, ya que algunos ciudadanos ya han sido perseguidos o encarcelados por vertir sus comentarios en Twitter.

Algunos casos notables han sido el de Nasser Abul, quien fue encarcelado tres meses por haber criticado a las familias reales saudíes y bareiníes; otro fue el de Lawrence al-Rashidi por sus comentarios hechos a la familia real kuwaití y del que no se han vertido noticias recientes acerca de su juicio.

No es de extrañar que en esos lugares sea una práctica común condenar con cárcel o fuertes multas a una persona que desde su blog haya calificado la comida de un restaurante como una porquería, o bien ganarse una demanda por sus opiniones hacia algún político. Hablar de una “libertad de expresión en Internet” es un término muy relativo, al menos en esa región.

Link: Kuwait Doesn’t Want Anonymous Accounts on Twitter (The Next Web)

Gilberto Sánchez, un neoyorkino de 49 años fue acusado de distribuir material protegido para su uso comercial en dos sitios web y sentenciado a un año en una prisión federal con otro año de libertad condicionada, por si no fuera suficiente, no tendrá acceso a cualquier clase de computadora durante todo ese tiempo. La jueza de distrito estadounidense Margaret M. Morrow, calificó la conducta del acusado como una ofensa “muy seria”.

Sánchez asegura que compró la copia en DVD de Wolverine a un coreano en un restaurante chino. Después de ver la película, la subió a Megaupload bajo el pseudónimo de SkillyGilly, un día después se filtró por Internet siendo la noticia alrededor del mundo y en diciembre de 2009 el FBI lo rastreó hasta su domicilio.

A consecuencia de esta filtración, Roger Friedman, un columnista del sitio web de Fox News, fue despedido por haber hecho una reseña de la película basada en esa copia. Al parecer, esta no era la primera vez que Sánchez subía material protegido, ya que venía realizando esta actividad durante cuatro o cinco años.

Si bien este es un mensaje que envía la justicia norteamericana en contra de aquellos que osan descargar material protegido, es curioso que mientras los usuarios son perseguidos por esas entidades, en otros lugares se practica un doble discurso.

Link: X-Men Origins: Wolverine pirate jailed (BBC News)

Como era lógico, fue apodada como la “ley Cenicienta” y también como “ley shutdown”, e impide que los menores de 16 años puedan acceder a las páginas de juegos luego de las 12 de la noche, desatando la ira de los gamers. De consuelo les queda que -al menos por ahora- la medida no afecta a los juegos móviles o algunos que se acceden a través de las redes sociales.

Según estadísticas de la National Information Society Agency (NIA), un 8% de la población surcoreana entre nueve y 39 años presenta una adicción a Internet y en el tramo entre nueve y 12 años alcanza un 14%. Pinta mal.

Pero el problema está lejos de terminar, porque incluso los padres apoyan que sus hijos pasen el día entero anclados al computador jugando. En conjunto presentaron una demanda ante la corte constitucional por la controversial medida. Su punto es que viola el derecho a la felicidad y discrimina el jugar videojuegos contra otras actividades de ocio, como ver películas o televisión.

“Desde el punto de vista de los padres, vulnera sus derechos para educar a sus hijos”, apunta  Lee Byung-chan, el abogado que presentó la demanda (really?). Esto porque -como explica- son los padres los que deciden hasta qué hora permiten que sus hijos jueguen y el gobierno no puede excluirlos del proceso.

¿Qué harían si implementan una ley así por estos lados?

Link: South Korea pulls plug on late-night adolescent online gamers (CNN)

La nueva legislación condena con hasta tres años de prisión o 500.000 yenes de multa (unos US$6.200), mientras que la adquisición o almacenamiento de alguno, en hasta dos años de presidio o multas de 300.000 yenes. También penaliza el envío de correos electrónicos con contenido pornográfico a una cantidad aleatoria de personas.

El problema es que hay gente que se opone porque podría infringir la privacidad de comunicaciones garantizada constitucionalmente, ya que permite la confiscación o copia de información desde servidores conectados a través de redes online con computadores confiscados para investigar.

Además permite a las autoridades a pedirle a los proveedores de internet que retengan los registros de comunicaciones, como los nombres de los remitentes y destinatarios de los correos electrónicos de los últimos 60 días.

Mientras, quien no quiera infectarse con virus, quizás sea más seguro instalarse en Japón.

Link: Legislation criminalizing creation of computer viruses enacted (The Mainichi Daily News)

Ese periodo se terminó hoy.

Las medidas que Microsoft debía cumplir buscaban evitar que Microsoft “castigara” a fabricantes que vendieran equipos con sistemas operativos o productos rivales a los que producía la compañía, y que no le negara a los desarrolladores las APIs necesarias para trabajar sobre sus sistemas.

Ahora, 10 años después, no está muy claro si las medidas que aplicó el juez sirvieron para algo o no.

Lo que observaba la Corte en ese momento era la altísima participación de Microsoft en computadores de escritorio (que hoy en día sigue en torno al 90%), aplicaciones de productividad y la dramática caída de la participación de Netscape, mientras avanzaba Internet Explorer.

Lo cierto es que en ese momento, no había gran competencia para Microsoft en sistemas operativos: por un lado estaba OS/2 de IBM, que nunca fue muy exitoso – las empresas simplemente no lo compraban, y por el otro, Apple, que de todos modos no vendía su sistema operativo a fabricantes. Linux tampoco tenía muchas opciones viables por entonces.

Lo que no se previó en ese entonces es que la competencia en las empresas de tecnología se ampliaría más allá de los sistemas operativos de escritorio, y que este sector perdería de a poco la relevancia que tenía hasta ese momento.

Microsoft se ha mantenido en los computadores de escritorio, fallando en advertir las demás áreas donde competir. Así, Apple fue la que se tomó el sector de móviles tras el lanzamiento del iPhone en 2007, y la consecuente construcción de un ecosistema de aplicaciones y desarrolladores para iOS. Ese año, Microsoft en cambio lanzó Windows Vista.

Otro sector en que Microsoft está atrasado es la nube, que fue conquistada por VMware en el ámbito de la virtualización y por Google en los servicios y publicidad en internet. El gigante de Redmond entró a las búsquedas en internet recién en 2009 con Bing.

Microsoft sigue siendo una enorme compañía con sistemas que siguen compitiendo en distintas áreas, aunque el escenario se le ha puesto más complicado en el tiempo.

Link: Open source fioled Microsoft antitrust case (Computerworld)

Desde que se aprobó la ley antitabaco en España se ha vivido una creciente polarización entre los partidarios y los detractores de la idea, una polémica en donde la tecnología también se ha hecho partícipe con sitios web para denunciar los locales que incumplen la ley, aplicaciones móviles para el mismo propósito y, paralelamente, protestas online de los fumadores que se sienten discriminados.

Lo cierto es que todas las posturas son válidas mientras cada grupo respete el espacio del otro, y por lo mismo les contaremos sobre “Aquí Sí“ una plataforma interactiva, surgida en España,  donde los  fumadores podrán buscar y recomendar aquellos establecimientos provistos de terraza que permiten fumar.

A su manera, esto funciona como una red social, app de geolocalización, crowdsourcing y buscador hiperlocal, en donde coinciden las necesidades de los que no saben si hay un local cerca que permita fumar en la terraza, o dónde hay una tabaquería en las inmediaciones, con los aportes desinteresados de quienes quieren recomendar un lugar que no está en Aquí Sí aprovechando además de ponerle nota a la comida y la atención.

Los locales que quieran podrán descargar y desplegar gratuitamente el logotipo Aquí Sí para que los transeúntes sepan del permiso para fumar. De ese modo, se construye un puente entre  el mundo real y la comunidad que se ha ido formando en el mundo virtual, la cual puede acceder no solamente en la web Aquisipuedes.es,  sino también en teléfonos iPhone y Android, cuya aplicación es gratuita y por cierto, también funciona en iPad.

La empresa detrás de Aquí Sí también está cubriendo las redes sociales. Tienen un  perfil de twitter en donde no sólo se agrega un canal al servicio principal, sino que abre a la comunidad un espacio para discutir, recomendar y -si alguien lo necesita- quejarse sobre la rigurosidad de la ley o la disminución de las libertades civiles.

La  acogida de “AQUÍ SÍ” está teniendo mucho éxito tanto entre fumadores y los no fumadores, pero sobre todo entre los hosteleros que ven en esta plataforma una manera de diferenciarse del resto y aumentar su clientela.

Click aqui para ver el video.

En España existen 340.000 locales dedicados a la hostelería, el 30% de ellos disponen de terraza pero en ciudades como Madrid (16,3%) y Barcelona (18%) muchos locales están ampliándose para ofrecer un sector de este tipo. Algunos están en plena construcción mientras otros están en el proceso de solicitar permisos.

Lo importante es que el verano 2011 en la península Ibérica se anticipa muy suculento para el rubro hotelero y para el turismo en general, por lo que es natural que los locales estén preparándose para recibir el aumento de demanda aprovechando al máximo el espacio y el factor de diferenciación que es, hoy en día, poder recibir a los fumadores.

El nuevo despliegue es más atractivo visualmente

El laberinto de las políticas de privacidad de Facebook podría volverse pronto un poco más amigable, o al menos eso es lo que estaría intentando hacer la red social, después de reiteradas críticas al sistema por cambiar las reglas sin avisar.

Mucha gente alega que el documento de privacidad de la red social es excesivamente largo, de modo que nadie lo lee. “Las políticas de privacidad de muchos sitios representan un desafío para entenderlos, porque muchas veces están escritos para reguladores y abogados de privacidad, no para la mayoría de la gente que en realidad usa esos sitios”, dice Facebook en su blog.

“Nuestras propias políticas de privacidad han sido criticados por tener 5830 ‘palabras leguleyas’ y ser ‘más larga que la Constitución de Estados Unidos – sin las enmiendas’. OK, tienen razón. Estamos de acuerdo en que las políticas pueden y deberían ser entendibles más fácilmente, y eso nos inspiró a intentar algo diferente”, explica la red social.

Este “algo diferente” es el primer intento de Facebook de hacer las políticas de privacidad un poco más amigables. Es un trabajo en progreso, pero ya está disponible para que la gente comente qué le parece. Hasta ahora, Facebook ha dividido el texto en capítulos y creado páginas visualmente más atractivas donde desplegar la información.

Aunque el documento es más o menos igual de largo, las frases han sido reformuladas para que sean más fáciles de entender. Hay datos organizados en listas y destacados, que ayudan a visualizar mejor los datos.

Sin embargo, se trata de un cambio estético y no de reformas a las políticas de privacidad mismas, por lo que Facebook sigue recibiendo críticas respecto del contenido mismo y la privacidad que se le entrega a los usuarios.

Links:
- A privacy policy re-imagined for users like you (Facebook)
- Facebook posts first stab at simpler privacy policy (PCWorld)

Montaje basado en deltamike (cc) Flickr

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile lanzará próximamente el reglamento respecto de la ley de Neutralidad en la Red. En otras palabras, los lineamientos prácticos de cómo debe aplicarse esta ley en el “mundo real” más allá de los discursos bonitos.

Los muchachos de Neutralidad Si! pudieron acceder a este reglamento, que ahora está siendo revisado por la Contraloría General de la República. Según nos indicaron, hay varios puntos en él que están completamente desalineados respecto del espíritu de la neutralidad.

El punto de conflicto se refiere a que, de acuerdo con el reglamento, los ISP podrían realizar actos de bloqueo, interferencia y degradación de la conexión a internet, siempre que los usuarios (clientes) hayan sido avisados al respecto. Este debe ser el punto más polémico y lo habíamos comentado hace meses después de que el subsecretario de la cartera, Jorge Atton, hiciera referencia al mismo hablando con la prensa.

Este principio aparece en el artículo 8° del reglamento, que señala que:

Con todo, se considerará como acción restrictiva a la neutralidad en la red toda aquella medida de gestión de tráfico y/o administración de red que tienda a bloquear, interferir, priorizar, discriminar, entorpecer, restringir y/o de cualquier forma obstaculizar el acceso a servicios, aplicaciones y contenidos de la red, que no haya sido expresa, debida y previamente informada a los usuarios por los medios regulados en el presente reglamento o que sea ejecutada de manera arbitraria o discriminatoria. Se reputará arbitraria y/o discriminatoria cualquier acción u omisión que conlleve un tratamiento injustificadamente diferenciado entre proveedores de aplicaciones y/o usuarios.

Esto es, los ISP podrán bajar velocidades en caso de P2P o colapso de la red, entre otros, siempre que esto se comunique en la publicidad. Según Neutralidad Si, esto iría en contra de lo que dice la ley  [DOC], con lo que el reglamento quedaría inválido al tratar de pasar por encima de lo que la ley en la que se basa dice.

La ley señala en el Artículo H que:

No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el  contrato vigente con los usuarios.

Sin embargo, consultados al respecto telefónicamente, Subtel nos señaló que ahí no se prohíbe el traffic shaping de por sí, por lo que su reglamento no contradice a la ley que hay detrás.

De hecho, en el párrafo siguiente se menciona que:

Con todo, los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia.

Lo que el reglamento busca hacer entonces, es obligar a los ISP a que se clarifique la información de sus prácticas desde el principio, de modo que cuando contratemos nuestro plan, sepamos desde un inicio cuáles son las condiciones que tiene y sus políticas en caso de descargas u otras eventualidades.

Actualización:

Subtel respondió en un comunicado que la ley autorizó expresamente la gestión de tráfico de la red por parte de las empresas para garantizar calidad de servicio.

El subsecretario, Jorge Atton, destacó eso sí que ”tanto la Ley como el Reglamento respectivo señalan categóricamente que esa gestión no puede ser discriminatoria, no puede atentar contra la libre competencia, no puede usarse para bloquear o interferir el acceso a contenidos y aplicaciones por parte de los internautas. Ese derecho está resguardado en el Reglamento”.

“Por ello la ley y el reglamento establecen la obligación de las empresas proveedoras de transparentar sus ofertas y planes, explicando en detalle la gestión de tráfico que realiza la empresa, para que las personas sepan claramente cuál va a ser su velocidad efectiva y puedan elegir el mejor servicio disponible, obligando a las compañías a competir por calidad de servicio”, enfatizó el subsecretario.

La ley obliga a las empresas a publicar en un sitio web todos los indicadores de calidad de servicio de sus planes, para que los consumidores puedan elegir al mejor.

Atton explicó que “hasta ahora, teníamos una distorsión en el mercado de Internet y muchas arbitrariedades. Como analogía con el agua potable y la electricidad, tenemos ahora una gran mayoría de familias y usuarios que pagan costos excesivos por mantener una ampolleta encendida en su casa, para permitir que una minoría ilumine un estadio día y noche. La ley de neutralidad sincera el mercado y permite que millones de personas de menores ingresos, entren también al mundo de la banda ancha y no siga siendo un privilegio de pocos”.

“De esta forma, los usuarios intensivos de ancho de banda (heavy users), que buscan carreteras más anchas para correr solos a gran velocidad sin tacos ni semáforos, podrán buscar planes a su medida al costo real, sin que ello signifique subir el costo de los planes al 95% restante de los usuarios”, afirmó la autoridad en un comunicado.

“En el otro extremo, una persona que requiera Internet para usos más básicos, sin alta demanda de ancho de banda, podrá conseguir precios mucho más bajos y convenientes, ajustados al uso real que haga de la red”, señaló Atton.

Protestas

Como sea, la Contraloría es la encargada de revisar que el reglamento final esté de acuerdo con la ley dentro de la cual se enmarca.

Según Neutralidad Si, la Subtel podría estar enviando una señal a las compañías de Telecomunicaciones para darles pie a vulnerar los derechos de los usuarios de Internet, siempre y cuando, esa vulneración sea comunicada a través de la publicidad de sus productos. Esto es como si una ley contra la discriminación de género se remitiera a la obligación de poner un cartel afuera de las empresas: “Acá no contratamos mujeres”.

La organización no tiene la menor intención de quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran una avivada de último minuto:

Estamos tratando de ponernos en contacto con Subtel, por cuenta propia y a través de los Diputados y Senadores que nos han apoyado estos últimos cuatro años para sacar esta ley a flote. De no mediar alguna corrección por parte de Subtel, ya nuestras alternativas se reducen a ejercer acciones en la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, o la Corte Suprema.

Trataremos de informar en la medida que se vaya desatando el nudo. Será de suma importancia la participación de ustedes difundiendo nuestro malestar sobre este tema, ya sea en sus propios sitios web, como en redes sociales o en espacios donde podamos poner este problema como tema de discusión!.

Actualizaremos la evolución de este tema a medida que este asunto vaya progresando.

Link: Subtel despacha a Contraloría el Reglamento de Neutralidad. El peor escenario se hizo realidad (Neutralidad SI!)

(cc) espenmoe

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, obtuvo hoy la libertad bajo fianza tras haber sido detenido hace una semana en Londres, Inglaterra.

Sin embargo, deberá permanecer detenido las próximas 48 horas, luego de que los abogados suecos que llevan la causa en su contra presentaran una apelación a la decisión de dejarlo en libertad. La apelación demorará todo ese tiempo en ser resuelta, y hasta entonces, el fundador de WikiLeaks deberá permanecer tras las rejas.

Assange, de 39 años, se presentó hoy ante el juez después de haber estado en prisión preventiva, por acusaciones de abuso sexual (según una cláusula que aparentemente sólo existe en Suecia) presentadas en su contra por dos mujeres.

El juez que le otorgó la libertad exigió a Assange atenerse a las condiciones de la fianza, porque aún está en disputa su posible extradición a Suecia por las mencionadas acusaciones.

Las condiciones incluyen entregar su pasaporte, llevar un brazalete electrónico para rastrear su paradero y presentarse en la comisaría todos los días a las 6 pm. El valor de la fianza se fijó en 240,000 libras (US$380.000).

La próxima presentación de Assange ante la corte será el próximo 11 de enero.

El fundador de WikiLeaks ha alegado una persecución política en su contra después de que el sitio de filtraciones revelara miles de cables confidenciales de la diplomacia estadounidense.

Link: Julian Assange freed on bail: live updates (The Guardian)

No fue gracias a un parlamentario iluminado, ni tampoco porque el gobierno de Michelle Bachelet tuviera una especial preocupación por los temas relacionados con internet. Lo que pasó aquí, y por primera vez en la historia chilena, fue que un grupo de ciudadanos comunes y corrientes — organizados a través de la red — lograron hacer presentes sus inquietudes a los legisladores para que la neutralidad de la red se convirtiera hoy en una realidad en esta parte del mundo. A continuación, la historia detrás de la aprobación de esta ley.

Congreso Nacional de Chile, Valparaíso. Martes 13 de Julio de 2010. La Cámara de Diputados aprueba — por 99 votos a favor, cero en contra y sola una abstención — el Proyecto de Ley de Neutralidad de Red. Así, tras algunos trámites que la legalidad chilena exige, el miércoles 18 de agosto se hizo oficial la Ley Nº 20.453, que “CONSAGRA EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DE RED PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE INTERNET”. De esta forma, Chile se convirtió en el primer país del mundo en incorporar el concepto de Neutralidad en la Red a su legislación.

¿Pero cómo se dio esto? Porque convengamos en que la clase política chilena — y en especial sus parlamentarios — no gozan de una alta popularidad entre la ciudadanía. Se les trata de flojos, anclados en las disputas del pasado y hasta de corruptos. Además, una de las principales críticas que se les hace es que no están a la altura de los cambios que vive la sociedad chilena, por lo que su trabajo legislativo resulta — en muchos casos — anacrónico.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Neutralidad de Red sorprenden al país e incluso a la comunidad internacional, poniendo a Chile a la vanguardia legislativa en este tipo de materias. ¿Qué pasó aquí?

De los foros al Congreso

Pepe Huerta, Director del movimiento Neutralidad Si (Foto (cc) Jorge Jorquera)

Sin embargo, hubo un momento en que estas discusiones e intercambios de opiniones de los internautas encontraron un camino para mezclarse con el incipiente trabajo parlamentario que — por esos días — comenzaba a vislumbrarse en estas materias. Según cuenta Pepe Huerta, “Un día, leyendo las Últimas Noticias, me enteré que Gonzalo Arenas (diputado del Partido Unión Demócrata Independiente, UDI) estaba trabajando en una nueva Ley del Consumidor que incluía a los usuarios de internet. Resulta que yo a él lo conocía, porque me hizo clases en la universidad. Por lo mismo, le escribí a la casilla de correo que aparecía en la página de la Cámara de Diputados, aunque previendo que era bien difícil que hubiera respuesta”. A pesar de la desconfianza de Huerta, el diputado Arenas sí respondió, con lo que se inició una fructífera relación. “Ahí comenzamos a hablar y yo le comenté que teníamos este problema en Chile, que en Estados Unidos ya existía una discusión al respecto y que esto de la neutralidad de la red podía ser una bandera de lucha interesante para un proyecto de ley de protección a los consumidores de internet que él estaba preparando. Y bueno, nos juntamos muchas veces con Gonzalo y con mucha de la gente con la que veníamos discutiendo estos temas en los foros de internet, hasta que finalmente le presentamos a él un borrador de lo que nosotros pensamos era lo principal que debía estar presente en esa ley”.

Desde dentro

Diputado Arenas defendiendo la Neutralidad en el programa DIfamadores.cl

En esto estaba Gonzalo Arenas cuando se topó con Pepe Huerta y en ese momento comenzaron a unir fuerzas para tratar de darle un real cuerpo a esta idea. “Pepe se contactó conmigo y rápidamente enganchó con el tema. Así nos fuimos organizando con la gente que estaba interesada y adoptamos la página neutralidadsi.org. Todo esto sucedió a fines de 2006 y ya en 2007 finalmente pudimos presentar el Proyecto de Ley”, explica.

Lo que vino

Con la presentación de este Proyecto de Ley solo se estaba iniciando un camino que tomaría casi tres años más. Sin embargo, en esta ocasión la suerte de la iniciativa no quedaba exclusivamente en las manos de los ritmos y voluntades de los parlamentarios. Ahora la sociedad civil, agrupada por medio de internet, tenía algo que decir. “Una vez que el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados nos encontramos con que estábamos atacando — probablemente — al negocio más rentable que hay en Chile después del cobre, que son las telecomunicaciones. Y nos encontramos en la situación de que no éramos personas jurídicas, ni teníamos capital para gastar en nada. Ni en publicidad, ni en lobby, ni en ningún tipo de cosa que requiriera inversión”, explica Pepe Huerta. Sin embargo, encontraron una manera fácil y — sobre todo — barata para sensibilizar a los parlamentarios con respecto a este proyecto. “Lo que hicimos fue crear un correo tipo — para que mandaran nuestros usuarios — diciéndole a los parlamentarios de sus distritos que les interesaba que se aprobara el proyecto”, cuenta Huerta, agregando que, “entonces, a los Diputados se les saturaron las casillas, a todos les llegaron mails. Y cuando llegó la hora de la votación, esto se transformó en una medida de presión popular, limpia y transparente”. Y finalmente efectiva, claro. De esta forma, el proyecto logró una gran votación en la Cámara de Diputados. Fue el primer triunfo de un grupo de ciudadanos agrupados a través de internet en la historia legislativa chilena.

Luego vendría el paso del proyecto por el Senado, donde no faltaron los problemas. Aquí no bastó con repetir el envío masivo de correos electrónicos a los honorables. Hubo que hacer bastante muñeca, presentarse a reuniones, mesas de expertos y un sinfín de otras instancias previas a la final aprobación del texto. “Afortunadamente, en esta otra etapa tuvimos el apoyo del Senador Guido Girardi, quien era parte de la Comisión Única que analizó el proyecto”, cuenta Pepe Huerta, agregando también que, “a través de él nosotros llegamos por primera vez a presentar en el Senado nuestra posición como una agrupación de usuarios”.

En la etapa del Senado también intervino el Gobierno de Michelle Bachelet, que finalmente decidió apoyar la tramitación de este texto. “Esta Ley básicamente se debatió en el Congreso durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y creo que tanto las urgencias legislativas que le pusimos, así como nuestro decidido apoyo durante su tramitación fueron fundamentales para acordar un texto en el Senado, que finalmente es el que se aprobó”, explica desde España el ex Subsecretario de telecomunicaciones de esa administración, Pablo Bello; quien explica que, “fueron decenas de sesiones en el Senado, con sugerencias, indicaciones y un intenso trabajo conjunto con los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones los que hicieron posible avanzar en esta materia. Esta es la forma de hacer política que defiendo y espero que prime en Chile: de acuerdos, de debate, de continuidad y de progreso”, finaliza Bello.

Al final, se logró tras prácticamente cuatro años de historia. Con el trabajo de diputados, senadores, el Gobierno y — lo más importante — de un grupo de ciudadanos organizados a través de internet en busca de un objetivo común: La Neutralidad de la Red en Chile.

Por esta misma razón, la transmisión estuvo durante mucho tiempo limitada a Santiago, y sólo recientemente se amplió a Concepción, Talcahuano y la V Región gracias al Mundial. Adicionalmente, ya que se trata de un periodo de pruebas sin que estén claras todavía las reglas del juego (porque no se ha aprobado la ley), los canales de televisión son cautelosos para hacer sus inversiones, porque no saben todavía a qué van a tener que atenerse.

El gobierno ha hecho reiterados llamados para que se apruebe la nueva ley de TV antes del 8 de octubre, porque ahí en teoría se acaba el plazo y los canales pierden el permiso para transmitir.

Ahora, hay otro grupo de gente que dice que es mejor no apurar la aprobación de la ley, y mejor aplazamos el periodo de pruebas. En este último grupo estaría la senadora Soledad Alvear, que ingresó hoy al Senado un proyecto que busca alargar el plazo de prueba hasta junio de 2011.

Según la parlamentaria DC, “el proyecto como está no sirve y en tres meses es imposible sacar una Ley que aborde en forma seria y responsable el futuro de la televisión en nuestro país”.

El aplazamiento, sin embargo, mantendría las cosas más o menos como están hasta junio del próximo año – sin transmisión ISDB-T para las demás regiones.

Sin el mundial de fútbol, es difícil que exista algo realmente tentador que queramos ver en HD por televisión abierta, así que por ese lado quizás no hay apuro. Sin embargo, es una lástima que el asunto de la TV digital tenga que seguir aplazándose. Esperemos que la aprobación de la ley sea antes de junio del próximo año, y no haya que aplazar de nuevo el “periodo de pruebas”.

Link: Presentan proyecto para extender hasta junio de 2011 la señal demostrativa de TV digital (Senado)

(cc) flickr rogimmi

El presidente venezolano continúa con su cruzada digital, envalentonado luego de haber conseguido más de 350 mil followers en pocos meses para su cuenta de Twitter, desde la cual está poniéndose al tanto de las inquietudes de sus gobernados. Este entusiasmo también lo convenció de utilizar internet como medio para rastrear y denunciar a quienes no cumplan con las leyes de Venezuela.

En esta ocasión, los investigados serán los sitios webs de operación del dólar paralelo (o dólar permuta), que cotiza de acuerdo a presiones inflacionarias o flujo de billetes ingresados por exportaciones, pero que no puede ser controlado por el Estado. Esta denuncia realizada por Chávez en su programa radial está basada en la violación a la Ley de Ilícitos Cambiarios, vigente desde enero de 2008 y por la cual están prohibidos la venta y difusión a través de cualquier medio, incluídos los digitales, de los valores del dólar en el mercado paralelo. También instó a la población a escribirle a su cuenta de Twitter para denunciar a los contrabandistas de la moneda estadounidense.

El mandatario advirtió que como primera medida instará a los sitios a dar de baja sus portales de cotización, pero en caso de no obedecer, allanará los lugares físicos donde desarrollan sus tareas e incluso detendrá al personal y administradores de los portales que no respeten la ley.

Como dato interesante, entendiendo que la ley de control cambiario sólo tiene jurisprudencia en terrritorio venezolano y que muchos de estos sitios son alojados en servidores del exterior (Estados Unidos y Alemania principalmente), habría que ver que tipo de acciones tendrán en mente los legisladores oficialistas para frenar este tipo de portales, o bien, de que manera interpretarán las leyes basadas en el derecho informático.

Link: Chávez anuncia investigación de sitios web por dólar paralelo (KnightCenter)

Jaime Mondría es actor y gestor cultural, además de activista respecto de la TV Digital. Esta columna es una respuesta al llamado de ayer

No hay apuro en legislar sobre la TV Digital. Hay dos leyes en el Parlamento en este momento y las dos presentan serias deficiencias. Es imprescindible ocupar todo el tiempo necesario para tomar decisiones trascendentales para el país. Y si hay un plazo que vence en octubre para las pruebas de televisión digital, este se puede aplazar por decreto.

El hecho de que la TV Digital se pueda recibir sólo en Santiago no corresponde a problemas con la Norma Técnica ni con la Legislación, obedece a que los canales de TV aún no realizan las inversiones necesarias para llegar a más usuarios.

Los canales de TV pueden argumentar que no desean invertir si no hay leyes del juego claras, pero siguen siendo razones de Mercado y no de Estado.

Si el proyecto de ley se aprobara hoy, ello no implica que la implementación de TV Digital se apresure, los que deben acelerar el proceso son los Operadores y no los Legisladores. Los permisos, si bien pueden ser provisorios, se pueden extender vía Decreto de la Subtel.

Ley de TV

Para el conocimiento de los lectores de FayerWayer, comparto con ustedes, el proyecto sobre TVN o la TV Pública que se encuentra en manos de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

Otra cosa es la Ley del Consejo Nacional de TV, o Ley de TV Digital, que habla de las concesiones básicamente (este es el proyecto que el gobierno está llamando a aprobar).

Es en este Proyecto de Ley que quisiera detenerme, ya que presenta serias deficiencias que pueden significar la pérdida de beneficios ciudadanos importantes, como el derecho a recibir gratuitamente las señales de TV. En el segundo ejercicio de indicaciones sustitutivas, el Ejecutivo anterior plantea que:

En consecuencia, independientemente de las otras actividades que la concesionaria pueda desarrollar en virtud de su concesión, aquélla deberá transmitir al menos una señal de televisión de libre recepción”.

Al digitalizar las señales, los operadores podrán transmitir simultáneamente más de una señal (Multicasting). O sea que sí, nos podrían cobrar por la segunda señal, por la tercera, la cuarta, y así sucesivamente hasta la octava señal que la tecnología permitiría irradiar simultáneamente. Para convencer a los Legisladores de no terminar con este derecho ciudadano, se necesita tiempo. Todo el tiempo que sea necesario. Esta indicación NO PUEDE SER APROBADA y aún no hay conocimiento de ello ni tampoco convicción política que indique la imprudencia de esta medida.

Decretos

Si yo fuera la autoridad, pondría énfasis y energía en modificar las aplicaciones mínimas que deben traer los aparatos receptores que se comercialicen en Chile, ya que estas modificaciones se pueden realizar por decreto y no necesitan trámite parlamentario.

La administración anterior, preferentemente, se ocupó de reducir los precios de las teles y de los decodificadores que a futuro compremos los usuarios, a costa de fijar parámetros técnicos escuetos que bajo un criterio económico, limitan las posibilidades de instalar usos sociales sobre estas nuevas plataformas de comunicación.

No obstante, dejó al arbitrio del mercado, “a criterio” de los fabricantes de los receptores por ejemplo la aplicación de la Nueva Ley 20.422 de Acceso a la Discapacidad, en vez de fijar estas garantías por norma.

Agradezco enormemente la Plataforma que entrega FayerWayer para visibilizar esta problemática y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los que leen esta columna para que se apropien del tema que les presento, los invito a sumar su opinión, a generar diálogo, y a realizar acciones concretas para que la ciudadanía sea tomada en cuenta por la clase política y sean resguardados sus derechos civiles, sociales y culturales.

Se trata de un mes clave, porque en ese momento se vencen los permisos de prueba que fueron entregados a los canales de televisión para ensayar con la norma japonesa en Santiago. Después de octubre, los canales no podrían seguir transmitiendo, a menos que el marco legal sea aprobado a tiempo.

“Buscamos que esta marcha blanca demostrativa en Santiago se convierta rápidamente en transmisiones oficiales, de mayor calidad y cobertura que pueda extenderse a regiones”, afirmó Morandé. Por ahora, la capital tiene señales de TV digital funcionando de parte de TVN, Canal 13, Chilevisión y Mega, que pueden verse en un área reducida y desde cualquier equipo con el decodificador correspondiente.

Sólo los santiaguinos que estén cerca de los canales de televisión hasta Américo Vespucio son los que reciben ahora la señal digital, y serán entonces quienes podrán ver el Mundial de Fútbol vía televisión digital abierta. A regiones, el plazo es bastante más amplio.

“La TV digital en regiones va a estar, el plazo va a depender de cómo se materialicen las inversiones, pero con toda seguridad tiene que ser un plazo inferior a 5 años para un 85% de la población. Ojalá pueda ser antes. Si podemos acordar una fecha inferior a esta en el parlamento sería muchísimo mejor”, dijo el ministro.

En tanto, el periodo de transición para que todo el país esté cubierto por señales digitales se ha trazado en un máximo de ocho años. Entonces ocurrirá el llamado “apagón analógico”.

“Lo esencial es que exista un sustento legal que permita que tanto los canales que hoy están como nuevos entrantes puedan hacer las inversiones con certeza y seguridad para tener un tiempo para que estas inversiones fructifiquen, y eso es lo que nosotros estamos buscando, impulsar una ley que permita esta base legal”, explicó Morandé.

TVD Chile

Por otro lado, la autoridad anunció la creación de una agencia llamada TVD Chile, “que guiará el desarrollo de la TV digital por los próximos 10 años”. Estará encabezado por un comité técnico y dará marcha a un programa para educar e informar a las personas sobre esta nueva tecnología y cómo acceder a ella.

“Tenemos que enseñar ahora y no mañana cómo se puede acceder a la TV digital, qué hacer con los televisores de las casas y cuál es la mejor forma de acceder”, señaló el secretario de Estado.

Una de las iniciativas es una muestra que estará abierta de forma gratuita en la Estación Mapocho, donde hay televisores con diferentes decodificadores recibiendo las señales de los canales que están transmitiendo. Esta muestra estará abierta durante dos días, para luego trasladarse a diferentes sectores de la ciudad.

Link: MTT

Según publica el Wall Street Journal, el equipo de la FCC ha estado informando a sus miembros respecto a cómo propondrán regular internet utilizando reglas que fueron originalmente escritas para las líneas telefónicas tradicionales.

Algunas de estas normas pueden ser utilizadas para reforzar la neutralidad en la red, de modo que se pueda exigir a los ISP tratar el tráfico de sus redes equitativamente, sin bloquear ciertos sitios o hacer que funcionen más lento.

La maniobra de la FCC viene después de que una multa de la entidad al ISP ComCast fuera revocada porque la entidad no tiene facultades para velar por la neutralidad en la red. La FCC impuso la multa debido a que este proveedor estaba disminuyendo la velocidad a las descargas por P2P, lo que implica una discriminación de contenidos contraria a la neutralidad.

Link: FCC to Overhaul Regulation of Internet Lines (WSJ)

(cc) PugnoM

La semana pasada, durante el día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que modifica la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta ley fue ampliamente discutida y aprobada el año pasado en el Congreso. Tras la firma de la semana pasada, se vuelve oficial. Para aclarar algunas dudas que quedaron, Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, escribió la siguiente columna.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI) en Chile. Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos eran considerados piratas por una ley que tenía su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explicaban por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se habían realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan los titulares de derechos de autor, en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, pretendieron agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Eso hasta mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet y promulgada por el presidente Piñera la semana pasada, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo, fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI). El gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

• Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos casos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hasta ahora, la palabra biblioteca no aparecía ni una sola vez en la ley.
• Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hasta hoy, las bibliotecas para ciegos eran ilegales.
• Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.
• Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone?

Pendientes

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quiénes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones, pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

La demanda contra el proveedor australiano fue presentada por la Federación Australiana que vela por los derechos de autor de los artistas locales (AFACT) y estudios como Universal Pictures, Warner Bros, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox y Disney.

En ella se acusaba al iiNet por no tomar las medidas necesarias que evitaran las descargas ilegales de archivos por parte de sus usuarios, junto con infringir las leyes de propiedad intelectual al almacenar y transmitir los archivos por medio de sus redes.

Si bien el tribunal señaló que efectivamente se habían vulnerado los derechos de autor en este caso, no era posible responsabilizar al proveedor de las infracciones que eran cometidas por sus clientes. Es decir, los ISP no pueden actuar como “policías cibernéticos”, controlando lo que hacen los usuarios de internet.

Un ejecutivo de AFACT señaló que el fallo era un retroceso para los 50.000 australianos empleados en la industria cinematográfica del país.

Links:
- Movie Studios Lose Landmark Case Against Aussie ISP (TorrentFreak)
- Film Industry Disappointed By Federal Court Ruling On Online Copyright Infringement (AFACT)

(cc) Sunfox

Los países europeos están desde hoy autorizados a cortar el acceso a internet sin orden judicial previa a las personas que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, avalando la ley Hadopi en Francia y las regulaciones que ha estipulado el Reino Unido.

Todavía hay varios países en la región, como España, que exigen una autorización judicial para poder tomar esta medida, aunque ello podría revaluarse a la luz de esta decisión.

Para eliminar la autorización judicial previa, la Eurocámara pactó un nuevo artículo de protección a los derechos de los internautas, que establece que las restricciones al acceso a internet “sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias para la sociedad democrática”.

Además, se plantea el “derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno” del caso – que sería después de que se haya cortado la conexión, de acuerdo a como se ha planteado la ley.

Entre otros puntos que se han regulado en estos derechos de los internautas, se incluye la prohibición a las empresas operadoras de hacer contratos superiores a dos años de duración, la obligación a permitir a los clientes a cambiar de compañía manteniendo el mismo número telefónico en un máximo de un día, la responsabilidad de las firmas de luchar contra el spam y los virus, y la obligación de notificar de las fallas de seguridad a los clientes.

Además se agregaron garantías para asegurar la neutralidad en la Red e impedir que las operadoras puedan discriminar entre distintas formas de transmisión de datos, como el P2P.

Links:
- La UE avala que se pueda cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa (El Mundo)
- Agreement on EU Telecoms Reform paves way for stronger consumer rights, an open internet, a single European telecoms market and high-speed internet connections for all citizens (Europa)

(cc) 917press

Mañana se votan en la Sala de la Cámara de Diputados de Chile las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, que habían sido rechazadas en la votación del proyecto el 29 de Septiembre pasado.

Sin embargo, pese a que fueron nuevamente debatidas por diputados y senadores en una Comisión Mixta, los artículos objetados (85 O, Q, T, R, U) quedaron más o menos igual (si es que no más enredados) de lo que estaban.

Las nuevas modificaciones se pueden encontrar en el sitio web de la Cámara. Recordemos que el proyecto permitiría que los ISP bloqueen contenidos o interrumpan la conexión a las personas que suben contenido con copyright para que otros los bajen (los que bajan no son sancionados).

Básicamente, los artículos polémicos quedan igual, agregándose algunos puntos más controvertidos.

Uno de ellos es el artículo 85 Q, que permitiría que el titular de los derechos de autor solicite al ISP “como medida prejudicial o judicial” el bloqueo de contenidos o corte del servicio al infractor.

Cuando las medidas se soliciten en carácter de prejudicial serán decretadas sin necesidad de notificación previa al supuesto infractor, sin necesidad de rendir caución, si el juez así lo estimare. Esta solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil del domicilio del prestador de servicios, sin perjuicio de las acciones penales que pudieren interponerse.

Asimismo, el artículo 85 T señala que

El prestador de servicio que ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, temporalmente por un plazo máximo de 48 horas, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones, en la medida que tratándose de material alojado en sus sistemas o redes, notifique sin demora previamente al proveedor del material que retirará

Hay que destacar, eso sí, que es un bloqueo temporal, y que los contenidos deben ser reestablecidos al cabo de 48 horas si es que no hay una orden judicial para removerlos. “Es a partir de un mecanismo que siempre es judicial, y eso es importante”, opinó al respecto Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales.

Ruiz recordó además que esta ley, que lleva más de dos años en el Congreso y que hoy se tramita con urgencia, es fruto del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, que planteó una serie de exigencias normativas.

Una reflexión al respecto para el futuro es que vamos a tener una norma que es muy compleja desde el punto de vista técnico, que está cada vez más enredada, con jueces que van a aplicarla que no necesariamente van a ser versados en tecnología y que al final son normas que no fueron producto de creatividad legislativa, sino de un acuerdo comercial con EE.UU. que nos comprometió a regular”.

Aún si estas modificaciones no se aprueban mañana, el resto de la ley está lista y saldría de todas formas. Es bueno recordar que esta ley no se trata sólo de internet, sino de propiedad intelectual en general, y que establece más excepciones para las personas que permitirán, por ejemplo, que las fotocopias en las bibliotecas sean legales.

Link: Cámara de Diputados

Parece ser que el Parlamento Europeo no logró resistir a las fuertes presiones para que endureciera su postura respecto a los derechos fundamentales de los internautas, luego de suprimir la enmienda 138 del “Paquete Telecom” que prohibía la suspensión del servicio de Internet sin una orden judicial.

El parlamento se había mostrado anteriormente muy crítico con aquellas leyes de desconexión como las que se pretende imponer en Francia, incluso con anterioridad ya habían votado en contra de propuestas similares, ya que consideraba el acceso a Internet como un derecho fundamental de los ciudadanos. De hecho esta enmienda había sido aprobada en dos oportunidades por una mayoría de 88% de los miembros del parlamento, quienes ahora simplemente se dieron vuelta la chaqueta suprimiéndola sin explicación alguna.

Ahora tendrán que ser los países miembros de la Comunidad Europea quienes deberán ver cómo implementan este tipo de leyes, ya que en varios países han sido declaradas como inconstitucionales.

Link: Europe backs down on piracy plans (BBC NEWS)