¡Calma! Esto es un triunfo parcial, así que no cantemos victoria aún: En dicho documento el Tribunal Supremo admite a trámite la demanda y explica que valorará la suspensión de la Ley, que debe entrar en vigor el próximo 1 de marzo.

Como recordaréis, la Asociación de Internautas presneto hace unos días un recurso solicitando la suspensión cautelar del Reglamento de la Ley Sinde, pues lo rechazan porque a su juicio “atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley”, ya que dicho documento:

“Establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa (…) Creando una notable inseguridad jurídica que pondría en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información”, explicaron entonces.

Nos preguntábamos en ese momento si la petición tendría algún impacto, y al menos vemos que ha sido recibida. Lo que pase de ahora en adelante os lo contaremos en un nuevo episodio de esta telenovela en lo que se ha convertido la Ley Sinde y todo lo que le rodea.

Actualización

En horas de la mañana de este jueves el Ministro de Educación, Cultura y Deportes español, José Ignacio Wert (el sustituto de Ángeles González-Sinde, cuyo apellido sirve de “apodo” a la Ley Antidescargas), salió al paso a esta información asegurando que “la decisión del Supremo no impedirá que entre en vigor la ley Sinde”.

Con su declaración al canal de televisión Antena 3, reseñada por El País, Wert ha intentando desinflar nuestras esperanzas restando valor a la acción que ayer aplaudían desde la Asociación de Internautas.

Frente al argumento presentado por la organización de internautas que asegura que el Reglamento de la Ley Sinde “atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley”, Wert ha dicho que no es así, ya que en la norma antidescargas se establece “un sistema mixto, administrativo y judicial, que prevé la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Así las cosas, igual toca esperar la decisión del Tribunal Supremo, aunque visto lo visto, a los políticos poco o nada les va a importar lo que la justicia establezca, con tal de proteger sus intereses y los de las grandes empresas del entretenimiento… Patético.

Links:
- El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso contra la Ley Sinde y valorará su suspensión (Asociación de Internautas)
- Wert: “La decisión del Supremo no impedirá que entre en vigor la ‘ley Sinde” (El País)

Así las cosas, desde la plataforma Red SOStenible, una agrupación de activistas de Internet que congrega en forma anónima a internautas, organizaciones, bloggers y todo aquel que se sienta motivado por defender la libertad en la Red, ha anunciado su “refundación” pidiendo al Gobierno español que presente una alternativa a la Ley Sinde, también llamada Ley Antidescargas, que beneficie tanto a autores como a internautas.

Desde Red SOStenible han presentado cinco ideas concretas, que califican como “alternativas, claras, asumibles y constructivas”, a través de una carta abierta dirigida al Gobierno de Mariano Rajoy, y en la que han priorizado los temas sobre los cuales a su juicio se requiere una reforma urgente:

1.- Sobre la Ley Sinde: Piden una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que como sabemos es el verdadero nombre de la Ley Sinde o Ley Antidescargas. “Dicha reforma debería seguir la dirección de potenciar los beneficios de Internet para el sector creativo y permitir una mayor accesibilidad a los beneficios por parte de los autores, reequilibrando la función de los intermediarios”.

2.- Sobre la Ley de transparencia: Solicitan la aprobación de dicha ley, así como “la publicación electrónica de los datos públicos y de relevancia que necesita el país. Es imprescindible una ley que no sea puramente cosmética y que agilice el acceso a una información transparente para el control de la labor de los servidores públicos y de los agentes privados influyentes, que permita así la reconstrucción de la confianza”.

3.- Sobre la Neutralidad de la Red: “En la era de la sociedad de la información esta ley no puede esperar y se hace necesaria para reequilibrar las responsabilidades de todos los actores en juego”, destacan, refiriéndose a la propuesta que al respecto se ha presentado en el Senado, así como lo que denominan la “plataforma que analiza las violaciones de la neutralidad en la Red”.

4.- Impulso a nuevos modelos de sostenibilidad para el sector creativo : Desde Red SOStenible destacan la importancia de encontrar una fórmula o modelo de negocio que beneficie al creador y al ciudadano, por encima de los intermediarios y sus intereses.

5.- El Software Libre: Por su capacidad y el ahorro que conlleva la implementación de soluciones de Software Libre en los diferentes niveles de la administración pública, desde Red SOStenible destacan la importancia de su adopción “evitando los despilfarros que se han realizado hasta ahora”.

Queda claro que desde Red SOStenible no “pierden la fe” en que los políticos algún día les escuchen… Que vamos, que con todo lo que se protestó, argumentó, justificó, y explicó que la Ley Sinde no era el camino, e igual la aprobaron, pocas ilusiones que me quedan. Pero para esta plataforma de internautas aún hay esperanzas. En tu caso: ¿Crees que estas propuestas tendrán algún tipo de repercusión en los políticos? Yo es que voy perdiendo la fe.

Links:
- Carta abierta al Gobierno (Red SOStenible)
- La plataforma Red SOStenible exige al ministro Wert alternativas a la Ley Sinde (El Mundo)

Los jueces amenazaron con bloquear los sitios que tengan material ofensivo, sin embargo, las compañías argumentan que es imposible filtrar anticipadamente el material que se sube a los sitios (porque es subido por los usuarios).

El año pasado, el ministro de Comunicaciones, Kapil Sibal, se reunió con ejecutivos de Google, Facebook y otras compañías y afirmó que el gobierno lanzaría una serie de guías para asegurarse de que material “blasfemo” no aparezca en internet. El mes pasado, la corte solicitó a las empresas “desarrollar un sistema para mantener revisado y eliminar material ofensivo y cuestionable de sus sitios web”, o bien “bloquearemos esos sitios como en China”.

Sibal afirmó que “mi objetivo es que el material insultante nunca sea subido”, agregando que “las compañías tendrán que darnos los datos desde dónde se están subiendo estas imágenes y quién lo está haciendo”.

Google y Facebook afirmaron que cumplieron órdenes anteriores para eliminar ciertos materiales, de acuerdo con sus políticas de responder a las órdenes judiciales. Se espera un juicio que convoque la presencia de ejecutivos de las empresas para el próximo mes, aunque las compañías apelaron que tienen sistemas que permiten a los usuarios reportar material ofensivo. Así, no debería aplicárseles castigo alguno.

Algunos casos de material ofensivo que han aparecido en el último tiempo fueron fotos alteradas del primer ministro Manmohan Singh, y de la presidenta del Congreso, Sonia Gandhi. También aparecieron imágenes de cerdos corriendo por la Mecca. Como sea, los esfuerzos de la India ciertamente se parecen a lo que hace actualmente China, donde todo lo que pasa por internet está altamente controlado.

Link: Facebook and Google remove ‘offensive’ India content (BBC)

¿Significa esto que sitios como YouTube o Dropbox caerán en lo mismo? Por otro lado, ¿es esto lo que pretende la ley SOPA?

Lo cierto es que el asunto de MegaUpload ha revelado que el gobierno estadounidense ya tiene las facultades para emprender acciones contra sitios que son .com como era el caso de este servicio, considerado un dominio doméstico. No ocurre lo mismo con los dominios “extranjeros” que es a lo que apunta SOPA.

Un asunto que agrava esta situación son los tratados de libre comercio que ha estado llevando a cabo Estados Unidos, en especial el Trans Pacific Partnership, que afecta a los países de la zona Asia-Pacífico: Chile, Perú, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Malasia, Japón, Vietnam y Estados Unidos.

Las negociaciones del tratado se han manejado de forma secreta, pero a través de filtraciones han aparecido puntos muy polémicos que se refieren a incluir definiciones legales de Estados Unidos sobre el copyright en el resto de los países, evitar las reformas a los sistemas de patentes o de propiedad intelectual, entregar información de los ISP, etc.

Conversamos con Claudio Ruiz, de la ONG Derechos Digitales para conocer un poco más sobre este tema.

FW – ¿En qué posición se encuentra Chile actualmente en este tratado?

Claudio Ruiz - Chile hoy es parte en las negociaciones que se han estado llevando alrededor del mundo para zanjar el Trans Pacific Partnership. La cancillería chilena ha participado de manera activa en la elaboración y discusión de la propuesta de texto. El problema está en que toda esa documentación, incluyendo la posición oficial de Chile respecto de ciertos puntos, han tenido el carácter de secreto. La única forma en que nos hemos enterado del alcance de la extrema propuesta de texto de EE.UU., por ejemplo, ha sido a través de filtraciones informales. Incluso la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) se opuso a una solicitud de acceso que ingresamos para conocer detalles de las negociaciones, y esto sucede a nivel internacional en todos los países que participan en este acuerdo comercial.

FW - ¿Qué implicaría que se acepte el TPP? ¿A qué nos veríamos obligados?

CR - TPP incluye normas de distinto tipo. Desde el punto de vista de los derechos de autor, por ejemplo, la propuesta norteamericana exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados. Además, pretende aumentar aun más los plazos de protección de derechos de autor que han sido extendidos radicalmente en los últimos años.

FW - ¿Se puede comparar con las presiones que recibió España para aprobar la ley Sinde?

CR - Son dos tipos de presiones distintas. Mientras la ley SINDE tuvo presiones directas por parte del departamento de estado de EEUU para fortalecer aún más la normativa de derechos de autor en España, en el caso de TPP la presión norteamericana es directa, toda vez que Estados Unidos es parte del grupo negociador y, ciertamente, el negociador más poderoso del grupo de países del pacífico, pudiendo imponer condiciones comerciales al resto.

FW – ¿Crees que los movimientos anti-SOPA puedan influir en las negociaciones internacionales?

CR - Espero que sea así. Por ejemplo, las movilizaciones online y offline que ha habido en los últimos días han cambiado un poco el escenario en el congreso norteamericano respecto de los apoyos y rechazos con los que contaba SOPA. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que la tendencia a nivel legislativo en asuntos de derechos de autor ha sido continuamente aumentar los estándares de protección de derechos, aumentar las penas y aumentar los delitos asociados. Es por eso que las manifestaciones en contra de SOPA son tan importantes. De alguna forma, ponen el foco de la atención internacional y del público a nivel global respecto de las nocivas consecuencias de legislar de espaldas a estudios empíricos, bien colectivo y los expertos en regulación de tecnología. Y son efectos nocivos no solo para la innovación y los negocios, sino que más importante, son efectos irreversibles en la manera en la que entendemos internet y las nuevas tecnologías. En la forma en que hemos construido internet como una plataforma para el ejercicio y desarrollo de nuestros derechos. Y por eso hay que pelear.

Link: Derechos Digitales

La justicia argentina emitió un fallo contra los dueños de Taringa.net, sentenciando que cometieron delito contra la propiedad intelectual, lo que implicaría el pago de una posible multa de unos US$50.000.

El fallo señala que aunque mucho del material compartido en el portal no tenía derechos de autor, los responsables del sitio sabían que también se compartía y descargaba contenido protegido, lo que se combinaba con el lucro que ellos obtenían por la publicidad en el sitio.

Los responsables de Taringa alegaron que a diario se realizan 20.000 posts en el sitio, y que es “imposible que determinen el contenido de las cargas y establezcan si violan los derechos de autor”.

La corte, sin embargo, afirmó que “los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio“.

En definitiva, lo que se condena en la última frase es el link. Aunque se reconoce que el material estaba alojado en un servidor o sitio de un tercero, la página está siendo condenada por actuar como medio. Un fallo como éste le complica las cosas a otros sitios, tales como Cuevana.

El fallo continúa señalando que “si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que ‘la bajan’, lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página (…), siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta”.

Esto no significa que el sitio cerrará – de hecho, la única sanción que se conoce es una posible multa monetaria – pero de mantenerse el funcionamiento del sitio tal como está ahora, nada impide que se le demande nuevamente por los mismos cargos, haciendo finalmente que mantener el portal se vuelva insostenible.

En cierto modo, el caso de Taringa seguiría las premisas que ya plantean la ley SOPA en Estados Unidos y Sinde en España. Es cosa de tiempo ver si a los legisladores locales se les ocurre proponer algo similar.

Links:
- El Cronista
- Adios Taringa (Taringa)

Lo cierto es que la medida debe entrar en vigencia, según lo previsto, en el mes de marzo, y un nuevo enigma se asoma en el horizonte español: ¿Quién asumirá el coste del cierre de sitios Web en España?

Y es que el procedimiento de cierre, una vez se produzca tal decisión por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de verificar y solicitar la ejecución de la medida, implica unos costes… Que las operadoras de Internet ya han avanzado que no están dispuestas a asumir.

Al menos así lo han adelantado fuentes de Redtel, patronal que defiende los intereses de los principales compañías españolas de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), citadas por el diario El Economista:

“Queda por aclarar quién pagará el coste de la ejecución de las medidas cuando la Comisión de Propiedad Intelectual, tras la autorización judicial, ordene la colaboración de los operadores de telecomunicaciones”.

Si bien el importe económico que implicarán los cierres aún están por cuantificar, tampoco se ha decidido quiénes serán los que paguen por el proceso, por lo cual las empresas de telefonía están alertando al respecto para “curarse en salud” y evitar tener que asumir cargas económicas que en principio no les corresponden pues está claro que no son derivadas de sus operaciones, sino de una Ley que acaba de aprobarse.

También en El Economista recuerdan que las operadoras tienen sus motivos para desconfiar: Hace un par de años, el Ministerio de Interior puso en marcha el “Plan de Identificación Obligatoria de Usuarios de Tarjetas Telefónica de Prepago”, con la intención de “dificultar a los delincuentes sus comunicaciones”, y que tuvo un coste cercano a los 50 millones de euros, que corrió de cuenta de los operadores de móviles.

Ahora bien, si no cubren los proveedores de Internet el coste de personal y procedimientos que implican los cierres… ¿Lo pagará el Gobierno de Rajoy? De ser positiva la respuesta: Los ciudadanos, que estamos en contra de la medida censora de la Red, terminaremos financiando con nuestros impuestos, el cierre que rechazamos. Patético y perverso el sistema, ¿no creéis?

Empresas de hosting a la carga

Ya una vez que hemos pensado en que muy probablemente terminaremos financiando el cierre de Webs, aunque sea en contra de nuestra voluntad, vale la pena echar un vistazo a otro de los posibles actores que resultarán afectados económicamente con la entrada en vigor de bendita Ley Sinde: Las empresas de hosting.

Desde un primer momento hemos estado escuchando que una de las soluciones a las que recurrirían los administradores de Webs de enlaces a descargas sería la de alojarse en servidores extranjeros, con lo cual las empresas nacionales de este sector se verían en apuros económicos gracias a la ¿brillante? decisión de los políticos.

Así las cosas, leemos en el diario económico Cinco Días como Miguel Errasti, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), explica que están analizando la posibilidad de solicitar al Gobierno de Mariano Rajoy una compensación económica por estos daños:

“ANEI trasladará al Gobierno la necesidad de promover mecanismos de compensación para la industria del hosting por cualquier posible coste asociado de carácter operativo que derivase de la aplicación de la ley Sinde, tales como los gastos de personal por gestión de los requerimientos de la Comisión de Propiedad Intelectual”.

Es decir, los costes operativos de aplicar la Ley por un lado, y por otro el hecho de que las Webs decidan migrar a servidores extranjeros para evitar las sanciones y bloqueos.

Y es que no estamos hablando de cualquier tontería: Según cifras de ANEI facilitadas a CincoDías, el sector del hosting mueve en España entre 550 y 600 millones de euros anuales. Dinero que iría a parar a empresas de alojamiento en el extranjero.

¿Pensaron en esto los políticos? A mi forma de ver estaban tan presionados por quedar bien con las grandes empresas y con el Gobierno de Obama que se les olvidaron estos detalles.

Igual resulta preocupante que empresas nacionales de hosting se vean tan perjudicadas, cuando se supone que el Gobierno tiene que brindar estabilidad al empresario para que genere empleo, ¿no os parece?

Lo cierto es que si el Gobierno decide “quedar bien” con las empresas de hosting españolas, para que no le recriminen por su metedura de pata cuando todo el dinero que se gasta en hosting comience a salir de nuestras fronteras, y finalmente los políticos acceden a compensarles: También estaremos pagando, con nuestros impuestos, tal compensación…

Al final de la historia vemos cómo el Gobierno aprueba una Ley claramente rechazada por los ciudadanos y somos nosotros los que terminamos pagando por su aplicación. Definitivamente creo que medidas tan polémicas como esta Ley y lo que implica debieran ser consultadas a los ciudadanos a través de referendo, ¿no creéis?

Links:
- Las ‘telecos’ rechazan asumir el coste del cierre de las páginas de descargas (El Economista)
- Las empresas de ‘hosting’ pedirán una compensación al Gobierno (Cinco Días)

Así, en un primer momento, tras la noticia de que la también llamada Ley Antidescargas, conocida así por su facultad de cerrar sitios Web que compartan enlaces a contenidos para descargar, se hizo una suerte de “lista de Sinderos” que buscaba identificar a las empresas y artistas que en su momento se han manifestado a favor de la Ley Sinde, bajo la etiqueta #NoLesCompres, claramente llamando a boicotear a los sectores que han apoyado el instrumento antidescargas.

Pero ahora la estrategia ha cambiado: Resulta que no todos estaban muy conformes con la idea de convocar a un boicot, así que le han dado un enfoque distinto… La nueva idea, que nace del movimiento #NoLesVotes, es identificar a las empresas y artistas que han manifestado su rechazo a la Ley Sinde y apoyarles consumiendo sus productos.

Así, nace la etiqueta #YoSiLesCompro, que busca precisamente hacer un listado de los autores que valientemente se han opuesto a los planes censores del Ministerio de Cultura y las grandes empresas editoriales, discográficas y cinematográficas, entre otros:

“Esta iniciativa surge como contrapartida al boicot promulgado por el movimiento #nolescompres y consiste en todo lo contrario. Hacer una lista de los autores y empresas que están en contra de la Ley Sinde y que proponen otros modelos alternativos de retribución para los autores y la defensa de la Cultura Libre”.

Como vemos el enfoque es distinto a un boicot, y pretende de igual manera hacer valer nuestro derecho y ejercer nuestro deber como consumidores: “Nuestro deber como consumidores no es sólo castigar a las empresas que lo hacen mal sino también promover y apoyar a las que lo hacen bien para que su modelo triunfe y las cosas empiecen a cambiar en la dirección hacia la que todos empujamos“, explican los creadores del #YoSiLesCompro

Para agrupar a quiénes se sepa que han expresado abiertamente su repudio a la Ley Antidescargas, y más bien han dedicado parte de sus esfuerzos a buscar alternativas que permitan la convivencia de los creadores y autores con Internet, es decir, nuevos modelos de negocio adaptados a los tiempos que corren, se ha abierto entonces un Wiki que consolidará el listado y se irá nutriendo poco a poco con las colaboraciones de los propios internautas.

La lista es bastante nueva, pero ya agrupa a empresas, escritores, músicos, directores y guionistas de cine. Si queréis consultarla solo basta con visitar la wiki.nolesvotes.org y allí conseguirás el listado que incluye el nombre de la empresa o artista anti-Sinde, seguido de una referencia al momento en el cual ha manifestado que rechaza la medida de cierre de Webs.

A mi forma de ver una inteligente manera de respaldar a quiénes valientemente han reaccionado en contra de la Ley Sinde, aunque en sus medios la mayoría la apoyaba públicamente, ¿no os parece?

Link: Autores y empresas contra la Ley Sinde (#RedResiste y #NoLesVotes)

La Ley exige que todas las empresas e individuos que están registrados como empresa utilicen sólo los dominios de Internet nacionales para la prestación de servicios en línea. Las autoridades fiscales, junto con la policía local y policía secreta, están autorizados para iniciar, investigar y procesar estas violaciones.

Además, la Ley establece que los propietarios y administradores de cibercafés podrían ser multados si los usuarios son sorprendidos viendo sitios porno ubicados fuera de Bielorrusia. Incluso si el este comportamiento no se identifica adecuadamente e informa a las autoridades. La Ley establece que esta disposición puede aplicarse a los particulares si permiten que otras personas utilicen sus ordenadores para navegar por Internet.

Por otro lado, se autoriza al Gobierno a establecer y actualizar una lista de sitios prohibidos cuyo acceso debe ser bloqueado por los proveedores de Internet. La Ley menciona sitios web pornográficos y aquellos que contienen información de carácter extremista.

En 2006, 2007 y 2008, Reporteros sin Fronteras (RSF) que listaron a Bielorrusia como un “enemigo de Internet“. En 2009, Bielorrusia apareció en la lista de “países bajo vigilancia” y ha mantenido ese puesto hasta ahora.

El control de Internet está centralizado en Beltelecom, que es gestionado por el gobierno. Sin embargo su regulación es incómoda con la participación del Estado en el mercado de las telecomunicaciones y medios de comunicación. La mayoría de los usuarios que publican en medios online práctica un grado de auto-censura impulsada por los temores de persecución. El presidente estableció una política de seguridad de la información bajo el pretexto de mantener la seguridad nacional, sin embargo el clima se ha vuelto represivo y los líderes de la oposición y periodistas independientes con frecuencia son detenidos y procesados.

Desde el año 2007, propietarios de cibercafés han sido obligados a mantener registros de las identidades de sus clientes y los sitios web que visitan, para facilita la inspección de estos servicios. Por otro lado una nueva ley de medios que entró en vigor en febrero de 2009 exige que sitios nacionales e internacionales se inscriban ante el Ministerio de Información o de lo contrario son bloqueados. En agosto de 2010, la Oficina del Fiscal General anunció su intención de endurecer las sanciones penales por la difusión de información difamatoria a través de Internet.

Ahora esta nueva ley entrará en vigor el 6 de enero de 2012 y con ella la censura.

Link: It is now illegal to access any foreign website in the Republic of Belarus (The Next Web)

Así como lo lees: Aprovechando la festividad de fin de año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el instrumento legal que durante más de dos años se ha estado debatiendo en España, por lo que la también llamada “Ley Sinde”, conocida así por el apellido de una de sus principales impulsoras, la ex ministra de cultura Ángeles González Sinde, comenzará a aplicarse en un par de meses. Pronto podríamos ver el cierre de sitios Web que ofrezcan enlaces a descargas.

El 31 de diciembre, mientras toda España se preparaba para comer las uvas y decirle adiós al 2011, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del mismo sábado.

Si bien llama la atención que lo hayan aprobado en vísperas de Nochevieja, no sorprende en lo absoluto pues ya sabemos que los políticos se aprovechan de vacaciones o días festivos para sorprendernos con sus jugadas desde las sombras.

Nacida con la intención de “proteger los derechos de autor”, la Ley Sinde ha sido muy polémica desde que se propuso: Diversos sectores la han acusado incluso de ser un instrumento de represión y censura de la libertad de la Red.

En varias ocasiones vimos como la aprobación de esta la Ley se retrasaba, por lo que manteníamos la ilusión de que en algún momento los políticos recapacitaran y la eliminarán del horizonte, pero lejos de eso ha sido aprobado el Reglamento con el cual ya la Ley Sinde puede comenzar a aplicarse.

Dicho reglamento establece que se conformará una “Comisión Propiedad Intelectual” que tiene como misión la de determinar qué sitios Web “vulneran los derechos de autor”, con la intención de comenzar el procedimiento correspondiente para su cierre, en un plazo que estimado de 10 días.

La Comisión será la encargada de recibir las denuncias, las estudiará, y en caso de que considere que violan los derechos de autor, llamará a sus administradores para que la cierren. Si estos se niegan, la Comisión acudirá entonces a un juez para que lo solicite en un plazo máximo de 72 horas, lo que sumará al procedimiento un tiempo estimado de entre 7 y 10 días para el cierre de una página Web.

En la misma resolución, el Gobierno de Rajoy anuló definitivamente el canon digital, el cual según sus portavoces ha sido sustituido por otras “formas de compensación a los autores”.

Pero no creas que se trata de que no pagaremos por la tasa: Ahora se compensará a las entidades de gestión de derechos de autor con fondos públicos… Es decir que todos los ciudadanos pagaremos, con nuestros impuestos, la tasa por hacer copia privada, la hagamos o no.

A mi forma de ver, se trata de una medida muy injusta la de acabar con una tasa que de por sí era abusiva, para instaurar que se utilizará dinero público para cubrirla. Y es que ahora todos los ciudadanos, indistintamente de si consumen o no tecnología y se si hacen o no copias privadas, pagarán a través de sus impuestos la compensación por concepto de derechos de autor.

Definitivamente no es una buena forma de empezar el 2012. Vamos, que tampoco es una buena manera de comenzar en el poder… Entiendo que hay mucha presión económica y muchos intereses privados en esta discusión, que sin duda pusieron a los chicos de Rajoy contra las cuerdas para que apuraran la solución, pero el pasar a la historia de la Red con semejantes medidas, a menos de un mes de haber tomado el poder… Triste forma de empezar, ¿no creéis?

Links:
- Adiós Internet: Ley Sinde se aprueba en España (CHW)
- El PP aprueba la ley Sinde y elimina el canon digital (El referente)
- Aprobación del Reglamento de la Ley Sinde en el BOE [PDF]
- El canon con el PP: de tasa abusiva a impuesto indiscriminado (Público)

Y es que independientemente de su lugar de residencia, todos los españoles ciudadanos tendrán derecho a contratar el servicio de banda ancha con dicha velocidad mínima de bajada, pues así se establece en el servicio universal de telecomunicaciones, que el Gobierno decretara hace unos meses y por aquí os contáramos entonces.

Este servicio lo prestará en exclusiva Movistar (Telefónica), ya que fue la única operadora que se presentó al concurso correspondiente. Ahora bien, creo que conviene aclarar un detalle que puede dar lugar a confusiones: Que sea “banda ancha universal” y se entienda como un derecho, no quiere decir que sea gratis. El servicio tiene un precio máximo para la contratación de este servicio será de 29,99 euros mensuales.

Vale destacar también que no es necesario ser cliente de Movistar para contratar el servicio de Internet: En dicho caso se tendrá que pagar una cuota de alta de 66 euros, para contratar solo el servicio de banda ancha con la operadora.

Ahora, si por el contrario el cliente quiere contratar también el servicio de telefonía, la cuota del Internet le quedará en 19,9 euros al mes, más 13,97 euros de la cuota de la línea telefónica y la cuota de alta pasará a ser de 38,1 euros iniciales.

Y hay una tercera opción: Clientes que ya no tienen servicio de telefonía fija, y quieren contratarlo también, junto a la banda ancha, con Telefónica: Deberán abonar una cuota de alta inicial de 83,5 euros adicionales por ambos servicios.

El dato: Este servicio cuenta con un límite de capacidad de 5 gigas de descarga, a partir del cual se baja la velocidad hasta los 128 Kbps… Lo cierto es que con esta medida, España se convierte, junto a Finlandia y Malta, en uno de los únicos países que han dispuesto por Ley cuánto debe ser la velocidad de conexión mínima a Internet.

Como vemos, la opción es válida para personas que vivan en zonas rurales, que no tengan otra forma de conexión a la Red, pues los precios de este servicio “universal” resultan poco llamativos frente a las ofertas del mercado, donde actualmente otras operadoras ofrecen planes de conexión a Internet con tarifas cada día más baratas como os comentamos hace poco… Sin embargo, para el que no tenga más alternativa, al menos es una forma de conectarse, ¿no os parece?

Link: La banda ancha universal de 1 mega entra en vigor este domingo (El País)

Le han bautizado como DeSOPA y su finalidad es precisamente la de dejarnos acceder a las Webs que podrían resultar bloqueadas de aplicarse estas leyes censoras de la Red.

El funcionamiento de DeSOPA es más que simple: Instalas la extensión, y si se intenta acceder a una página bloqueada, se resolverá el dominio utilizando DNS a través de servidores extranjeros, burlando de esa forma el bloqueo y accediendo al contenido de la Web sin problemas.

¿Habrá presiones a Mozilla para que retire esta extensión? Muy probablemente sí. De hecho, creo que seguro pasará, pues como os contamos hace un tiempo, ya cuando Mozilla lanzó “MafiaaFire” para burlar la confiscación de dominios a Webs (como RojaDirecta que se han visto afectados por tal medida), el Gobierno de Estados Unidos los presionó para retirar dicha extensión.

Sin embargo, a mi forma de ver esta solución demuestra que la tecnología es la aliada de los internautas para burlar los intentos de algunos Gobiernos y grandes empresas por reprimir la libertad en la Red, ¿no creéis?

Link: DeSOPA

Ahora llega el episodio español de “Tú has descargado” y los protagonistas son, nada más y nada menos que… (redoble de tambores…) ¡El Ministerio de Cultura, la SGAE y el Palacio Presidencial de la Moncloa! Tal como lo lees: Quiénes se ufanan de defender a capa y espada los derechos de autor, pasando por encima de los derechos de los internautas a compartir la información, también han usado BitTorrent para descargarse música y aplicaciones sin pagar por ellas. ¡Brillante!

Esta revelación nos llega gracias a la gente de BandaAncha.eu que ha realizado un análisis utilizando el mismo YouHaveDownloaded.com que tanto está dando de qué hablar: Comentan en dicha Web que han investigado algunas direcciones iP del Ministerio de Cultura, la SGAE y la Moncloa, las han procesado utilizando el sitio Web en cuestión, y han determinado que desde dichos organismos se han descargado “ilegalmente” contenido de la Red, como podéis ver en la siguiente tabla:

Vamos que YouHaveDownloaded.com se está convirtiendo en una versión 2.0 de un test “antidoping”, y como vemos, las evidencias hablan por sí solas: Los organismos que más insisten en satanizar el P2P también lo han utilizado, y en fecha muy reciente. Desde la SGAE alguien ha debido estar aburrido por lo que ha decidido jugar con “The Sims”, mientras ubicaba una receta de cocina india y se relajaba escuchando ColdPlay. En el Ministerio de Cultura, por su parte, una de las prioridades ha sido proteger algún equipo para lo cual se bajaron un antivirus, algo de musiquilla y un eBook; mientras que en La Moncloa el gusto por el manga japonés ha quedado al descubierto…

Tanto darse golpes de pecho, perseguir y amenazar a los internautas, apoyando irracionalmente instrumentos que coartan la libertad en la Red como es el caso de la Ley Sinde o Ley Antidescargas, y ellos mismos se bajan archivos “piratas” de Internet. ¿Con qué cara vienen ahora a hablarnos de su “cruzada” por los “derechos de autor”?

Links:
- El Ministerio de Cultura, la SGAE y Moncloa también se bajan música y software “pirata” con BitTorrent (Banda Ancha)
- En la residencia del Presidente francés también descargan piratería (FayerWayer)
- Empleados de Sony, Universal, Fox y Google fueron sorprendidos descargando piratería (FayerWayer)
- Con tu IP, sitio web revela qué BitTorrents han sido descargados en tu PC (CHW)

En ese momento se especuló que un fuerte altercado entre los políticos presentes en dicho Consejo de Ministros fue lo que ocasionó el fin de la discusión, con lo cual la aprobación del reglamento se pasó al Gobierno de Mariano Rajoy cuando éste asuma plenamente sus funciones… Sin embargo, hoy trascendió un dato mucho más interesante: Zapatero frenó la Ley Sinde por la presión de los internautas.

Lo dijo el propio Presidente de Gobierno aún en funciones, en declaraciones a ABC Punto Radio, donde aprovechó de desmentir que se pusiera fin a la discusión por aprobar el reglamento de la también llamada Ley Antidescargas por diferencias entre los políticos presentes en el debate, y más bien otorgó el poder a los internautas:

“Pasó algo que ha estado más o menos de forma exagerada en los medios de comunicación. Ese reglamento, sin duda alguna, es un tema que ha sido objeto de innumerable debate y que es polémico, porque regular el desarrollo la Ley Sinde y garantizar la propiedad intelectual en la red tiene una gran contestación. Hubo compañeros del Consejo de Ministros y también la propia manifestación que uno advertía en la Red esa noche y esa mañana, que ponían en cuestión que se aprobara ese reglamento estando un Gobierno en funciones y a pesar de que se le había comunicado al PP. Visto el debate fue decisión mía”.

Zapatero ha desestimado de esta forma que la decisión de no aprobar el reglamento de la Ley Sinde se debiera a un enfrentamiento entre miembros de su partido, el PSOE, tal como se dijo entonces en los medios, asegurando incluso que tras el debate inicial de dicho Consejo de Ministros, el titular del despacho de Fomento, José Blanco, mostrara una oposición frontal a la aprobación de la Ley, diciendo que eso “sería el final del PSOE”.

Si bien puede deberse a que Zapatero no quiere resaltar las discrepancias existentes entre los miembros de su partido, el hecho es que ha reconocido el poder de los internautas, con lo cual a mi forma de ver, queda en evidencia que las manifestaciones que se hacen en redes sociales, así como los comunicados que se han emitido en Internet en repudio a esta ley que promueve la censura de la Red están cosechando sus frutos. ¿Qué os parece a vosotros?

Link: Zapatero: “Visto el debate que había en la red, decidí no aprobar la ‘ley Sinde” (El País)

Resulta que el reglamento que permitiría la aprobación de la llamada “Ley Antidescargas” llegó a la mesa del Consejo de Ministros de este viernes, en medio del supuesto acuerdo entre miembros del PSOE (Gobierno en funciones) y del PP (Gobierno electo). Los medios que tuvieron acceso al lugar cuentan en el debate se produjo una auténtica batalla campal entre los políticos, que dio como resultado que el reglamento no se aprobara.

Según reseña el Diario ABC, se trató el asunto del reglamento de la Ley Sinde y tras un debate inicial el ministro de Fomento, José Blanco, mostró una oposición frontal a la aprobación de la Ley, diciendo que eso “sería el final del PSOE”.

Así, la responsabilidad de aprobar (o no) el trámite que falta para la entrada en vigor de la Ley en cuestión pasa a ser responsabilidad del PP cuando tome el poder. A mi forma de ver, el Gobierno de Zapatero no quiso quedarse con este recuerdo para la historia de la censura en España, ¿no os parece?

Seguidamente, un recuento de esta particular jornada que hemos vivido hoy los internautas españoles y que ha incendiado durante buena parte del día las redes sociales.

Presión en la Red

Todo comenzó a mitad de mañana de este viernes cuando pudimos conocer que la aprobación de dicho reglamento estaba incluida en el Consejo de Ministros a celebrarse hoy mismo: El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, lo había confirmado en una entrevista a la emisora ABC Punto Radio, que reseña la agencia informativa Europa Press, y según lo cual, el Consejo de Ministros de este viernes llevaba “en el orden del día” abordar, con el “acuerdo” del PP, el decreto de aplicación de la Ley Sinde:

“Ha sido traída al Consejo. Fue primero traída a debate de los diferentes Ministerios, y también ha sido hablada con el PP. Como sabe, un Gobierno en funciones, lo que aprueba en Consejo de Ministros va en acuerdo con el próximo Gobierno”, señaló entonces.

Los internautas no dudaron en reaccionar, y la movilización se ha dejado sentir desde temprano en Twitter, donde #LeySinde y #LeySindeNo han sido de los temas más comentados en España, y desde donde los usuarios respaldan un manifiesto que ha lanzado la Asociación de Internautas bajo el título: “Un gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde”, y que cuenta con el respaldo de periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores que hacen vida en la Red.

El Manifiesto

“Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la polémica «Ley Sinde», los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando, como hicimos en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009, nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

Seguimos manifestando, como hicimos en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009, nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet”, dicen a modo de introducción de este nuevo manifiesto.

Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks, por lo que insistimos en estos razonamientos:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”.

El PP lo apoyaba

Como vemos, en dicho manifiesto desde la Asociación de Internautas expresan su rechazo a que el Gobierno de Zapatero estuviese por aprobar la Ley Sinde en uno de sus últimos Consejos de Ministros antes de entregar el poder, dado el resultado de las elecciones del pasado 20-N donde resultó vencedor el Partido Popular.

Y es que un para que un Gobierno en funciones pueda aprobar una determinada Ley, debe estar de acuerdo con el Gobierno que está por asumir el poder. Tristemente, como es en este caso: La dirigente del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en declaraciones en el Congreso de los Diputados que el PP ha decidido apoyar el desarrollo de la Ley Sinde:

“Nos han pasado el texto de su reforma y hemos hecho posible que la sacaran adelante tal como deseaban, pero nuestro deseo era una regulación más completa que incluyera formulas sustitutivas del canon como detallaba esta ley y como se votó en esta Cámara”, ha explicado.

Así las cosas, si el Gobierno saliente cuenta con el apoyo del que está por asumir el poder, poco más podía esperarse de la discusión de hoy ¿no creéis? Sin embargo, todos quedamos sorprendidos con lo que pasó a última hora…

Pero el PSOE lo rechazaba

¡Esto sí que es el mundo al revés! Estarás pensando al leer este apartado, y sí, sí que lo es: A mediodía de hoy y antes de que comenzara el Consejo de Ministros, miembros de la dirección del PSOE habían expresado su rechazo a la aprobación de la Ley Sinde, tal como reseñaron en EP.

Entre quiénes se oponían a que la norma se aprobara están las diputadas Elena Valenciano y María González Veracruz, que es además responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal…

“No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la Ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare”, ha publicado González Veracruz en un comentario en Twitter.

¡Insólito! Así que visto lo anterior, y visto cómo terminó la jornada en el consejo de Ministros dada la falta de unidad que hay entre los propios miembros de los partidos, vamos que muy probablemente tengamos suerte y esta Ley no termine de aprobarse…

Al parecer la presión ha funcionado, al menos por ahora, aunque es terrible saber que cada vez que se saque la Ley de la gaveta se despertará la angustia de quiénes creemos en una Red libre de censura.

Vamos que ya esto da hasta para una apuesta, que vamos que la fulana Ley ya ha estado por aprobarse más de una vez, y esto ya parece un juego de terrorismo psicológico a la 2.0: ¿Al final se aprobará o será una anécdota que les contaremos a nuestros nietos en unas cuántas décadas? ¿Qué opináis vosotros?

Links:
- El Consejo de Ministros lleva “en el orden del día” la Ley Sinde, con acuerdo del PP (Europa Press)
- El PP apoya la Ley Sinde pero hubiese preferido “una regulación más completa” (Europa Press)
- Miembros de la dirección del PSOE rechazan el reglamento de la Ley Sinde (Europa Press)
- Manifiesto: Un gobierno en funciones no puede aprobar hoy la ley Sinde (Asociación de Internautas)
- Zapatero retira la Ley Sinde tras un duro enfrentamiento en el consejo de ministros (ABC)

Recordemos que tras la aprobación de la Ley Antidescargas, lo que faltaba para que comenzara a aplicarse era el reglamento en cuestión, que establece el procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días, previa decisión de una Comisión Administrativa que ejercerá de “árbitro” ante los conflictos que sean denunciados y siempre con el tutelaje de un juez.

¿En qué cambia esto la situación actual? Pues de momento, cuando una web es denunciada por “vulneración de derechos de autor”, un juez decide si cerrarla o no.

Con la aplicación de la Ley Sinde y según establece el reglamento de su aplicación que sería aprobado mañana, será una “comisión de expertos” formada por miembros de la Industria audiovisual la que decida si una Web atenta o no contra los derechos de los autores; y en función de esa decisión la Web podría ser cerrada en un trámite que no duraría más de diez días.

Recordemos que hasta ahora las sentencias de los jueces han favorecido el derecho a compartir información, es decir, que el acto de enlazar como tal no se ha considerado delito, siempre y cuando no se demuestre que existe un interés de lucro por parte de los administradores de la Web de enlaces, como pasó con decisiones como la de la Audiencia de Barcelona y la Audiencia de Madrid, o las autoridades del País Vasco, que os contamos por acá hace un tiempo.

Lo cierto es que todo indica que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, estaría guardándonos este regalito pre-Navidades, que tal como reseñan en El Economista promete despertar de nuevo la polémica en la Red, tanto por lo que implica el reglamento en cuestión para la libertad de información en Internet, como por la forma en la que se producirá: Sería aprobado minutos antes de la disolución del Ejecutivo de Zapatero.

¿Venganza? Bien podríamos pensar que se trata de una forma del actual Gobierno de pasarle la factura a los españoles que no votaron por su candidato el pasado 20N, pero no seamos tan ilusos…

Particularmente creo que hubiesen continuado el trámite aunque permanecieran en el poder, y más aún, estoy casi convencida de que de dejar el reglamento a medias, el nuevo Gobierno de Rajoy igual lo habría aprobado: El PP apoyó con su voto la aprobación de la Ley Sinde en una suerte de pacto que fue denunciado por los medios y que os contamos hace un tiempo.

¿Qué viene ahora? Me imagino que se interpondrá algún recurso, las redes sociales se incendiarán de repudios y alguna jornada de protesta presencial se convocará… Mientras, siempre queda el consuelo de recordar lo inútil que es la Ley Sinde, tal como nos demostraron David Bravo y Javier De La Cueva en un curioso experimento realizado durante la celebración del Festival de Cine de San Sebastián, donde crearon una web de enlaces a descargas en el breve tiempo que duraba una charla, ¿lo recordáis?

Actualización

A comienzos de la tarde de hoy (hora española), el Ministerio de Cultura ha desmentido que se vaya a aprobar el Reglamento de la Ley Sinde en la reunión de este viernes.

Así, fuentes del Ministerio han confirmado a la agencia de noticias Europa Press, que este tema no figura en el listado que será aprobado durante la celebración del último consejo de Ministros del Gobierno en funciones, como se había reseñado en algunos medios de comunicación a primeras horas del día.

¿Qué implica esto? Pues que el Gobierno de Rajoy ya sería el responsable de dar el visto bueno al Reglamento. Vamos, que siempre existe la esperanza de que recapaciten y no quieran arrancar su mandato inscribiéndose en la historia como el Gobierno que terminó de aprobar la censura en Internet… Cuestión de esperar, mientras vale la reflexión sobre las razones por las cuales el Gobierno de Zapatero quiso librarse de aprobar el reglamento. ¿Qué pensáis vosotros?

Links:
- El Gobierno aprobará el cierre de webs de descargas antes de disolverse (El Economista)
- Cultura desmiente que la Ley Sinde vaya a ser aprobada antes del cambio de Gobierno (Europa Press)

Mientras Facebook, Twitter, Yahoo, LinkedIN, Mozilla y otros grandes del ciberespacio han hecho público su descontento con esta ley inmediamente, otros como Apple y Microsoft no se han referido al tema. ¿Por qué se han mantenido al margen de un tema tan importante? La página “The next web” publicó una lista de las empresas que estarían apoyando la ley SOPA y tanto Apple como Microsoft están en ella y otras varias más.

No es una sorpresa que compañías de la industria musical y del cine se hayan demostrado a favor de SOPA, pero son las empresas del mundo tecnológico las que han causado más revuelo. La aglomeración de compañías Business Software Alliance ha dado su apoyo públicamente a esta ley y Adobe, Apple, AVG, Dell,  Intel, Kaspersky, McAffe, Microsoft y Rosseta Stone son 9 de los 29 miembros.

Estas compañías estarían apoyando silenciosamente la ley SOPA. Tan silenciosamente que, según “The next web”, al dirigirse directamente a Microsoft sobre su postura a la ley, la respuesta fue “sin comentarios”.

Links:
Wich tech companies back SOPA? Apple, Microsoft and 27 others (The next web)
SOPA: 9 tech companies support the “Stop Online Piracy Act”(Hufftington Post)

La Superintendencia podrá aplicar multas a las empresas que no cumplan, cuyos montos máximos serán aumentados en 1000% una vez que se apruebe la ley.

El proyecto de Ley de Superintendencia de Telecomunicaciones que se envía ahora al Congreso Nacional “contará con los recursos humanos, materiales y financieros para estar a la altura”, dijo el mandatario.

El nuevo organismo llega a tomar un rol que hasta el momento cumplía a medias la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), encargada de las leyes y normas que regulan el sector, y que por sus características no podía cumplir un buen rol fiscalizador. Hasta el momento, la fiscalización era básicamente reactiva, en respuesta a denuncias o reclamos de usuarios, autoridades y otros.

La Superintendencia podrá asumir así exclusivamente el rol de fiscalización, lo que debería mejorar la manera en que funciona este sector y asegurar que se cumplan las leyes y los contratos con los usuarios.

Las funciones de la Superintendencia serán básicamente las siguientes:

• La fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, su sanción administrativa.
• Participar en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones. A la Superintendencia le corresponderá elaborar el informe técnico previo y necesario para la entrega de las concesiones, y entregará por sí misma los permisos y licencias.
• Velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico según la normativa sectorial.
• Conducir los procedimientos para la fijación de las tarifas en los servicios de telecomunicaciones que aún están afectos a ellas, distinguiendo las específicas tareas vinculadas a la política sectorial en materia tarifaria, que se mantienen en los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Turismo; de las tareas de administración y aplicación de los criterios que la normativa sectorial establece para la fijación de las tarifas.
• La recolección de la información relevante del sector telecomunicaciones.

Ahora falta el Ministerio de Ciencia y Tecnología…

Link: Presidente anuncia Superintendencia para defender derechos de usuarios de Telefonía, Internet y Televisión (Subtel)

Por eso confía en que el Reglamento de la Ley de Economía Sostenible, mejor conocida como Ley Sinde (por su apellido), o Ley Antidescargas (por penalizar las descargas de Internet), estaría listo antes de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.

Así lo aseguró Sinde en una entrevista concedida a medios internacionales, con motivo de su visita oficial a Tokio, desde donde expresó su confianza en que el Reglamento será aprobado en breve, con lo que se cumpliría el último trámite necesario para que la norma legal que penaliza las descargas de Internet pueda aplicarse.

Si se cumplen las expectativas de Sinde, nos estaría dando un gran “regalito” antes de Navidades, ya que recordemos que la norma en la que tanto ha insistido prevé el cierre rápido de páginas web que compartan enlaces a descargas.

Por suerte, siempre nos queda el consuelo de saber lo inútil que es la tal Ley Sinde, tal como demostraron los abogados David Bravo y Javier De La Cueva, que crearon una Web de enlaces a descargas en el breve tiempo que duraba una charla sobre copyleft que ofrecieron en el Festival de Cine de San Sebastián… Así que eso de que van a acabar con la libertad de compartir contenidos en la Red… ¡Será en sus sueños!

De lo que no queda duda, es de que Sinde habrá cumplido entonces su sueño de inscribir su nombre en la historia española. Aunque quizás no como quisiera… De seguro la recordaremos como responsable de una cartera bastante polémica que ha estado tras escándalos como el de corrupción en la SGAE, y además, al dejar lista la Ley Antidescargas para su aplicación, también la recordaremos, más que como defensora del Cultura, como la gran promotora de la censura en la Red, ¿no os parece?

Así que bien vale preguntaros: ¿Creéis vosotros que aparecerá el nombre de Sinde en la historia de Internet? ¿Qué es lo que más recordaremos de su gestión? Yo estoy entre la Ley Antidescargas, el canon digital y el escándalo de corrupción en la SGAE… ¿Vosotros qué creéis?

Link: Sinde confía en aprobar el Reglamento de la ‘ley antidescargas’ antes del 20-N (El Mundo)

Al parecer le pasa a mucha gente: Ven fotografías en los medios y se frustran por no lucir igual que los que allí salen. Ignoran que esas imágenes, en su mayoría por no pecar de intransigente y decir que todas, están retocadas, y en consecuencia, se deprimen por no lograr ese aspecto.

En Estados Unidos están preocupados por esto, así que una fundación ha decidido proponer una “Ley de Autoestima”, que entre otras cosas regularía el retoque digital de los modelos, actores y actrices en las revistas y en los anuncios… ¡Tiembla Photoshop!

Se trata de una iniciativa promovida por una pareja que cree que sus hijos deben “crecer libres de la superficialidad y de la imagen corporal de la perfección”, que causa problemas psicológicos y físicos en el desarrollo y crecimiento de los adolescentes.

Y hasta ahí tienen cierta razón: Hay personas que pueden verse afectadas ante la belleza perfecta que muestran los medios y la realidad que muestra el espejo, por ejemplo.

La pareja apoya sus argumentos con cifras: El 80% de las mujeres se siente insegura con su imagen por culpa de la perfección de las estrellas y las modelos; mientras que el 71% de niñas siente que su aspecto “no está a la altura”, sufriendo baja autoestima, según un estudio realizado por la fundación estadounidense Dove Self-Esteem (Acto de Autoestima).

Ponen como ejemplo la polémica que causó la imagen hiperretocada de Julia Roberts en una campaña de Lancôme que acompaña esta nota: Tras las múltiples denuncias recibidas por el abuso del Photoshop y la sensación de irrealidad del rostro de la actriz, se retiraron las fotografías en Reino Unido.

Piden entonces que mediante la ley que proponen, se establezca que los anuncios o publicaciones deben advertir del retoque de imágenes, por lo que algunos medios la han denominado una “Ley Anti-Photoshop”:

“Los problemas son reales, serios y duraderos, ocurren cuando no nos damos cuenta de que las imágenes y los ideales del cuerpo humano presentado en los medios de comunicación, está creando falsas expectativas y normas para la población femenina de nuestro país”, argumentan quiénes impulsan esta acción.

Honestamente entiendo la preocupación de estos padres, pues nací en Venezuela, “fábrica” de reinas de belleza, así que crecí bajo un constante bombardeo mediático que bien puede afectar, y suponer una presión en lo que respecta a la imagen, sobretodo en el caso de las chicas.

La clave, a mi forma de ver está en la forma en que las familias influyen en el desarrollo de la personalidad de las niñas, y en el peso que den a la inteligencia y valores por encima de las apariencias…

Aunque también tiene que ver con la personalidad en sí misma: Hay gente más vulnerable que otra, sin duda. Así que quizás pensando en ellas, esta solución de obligar a las publicaciones a advertir cuando usan Photoshop en retoques no sea descabellada.

Además, regular el uso de este software en los medios, haciendo que declaren cuando lo utilizan, restringiría su uso sensacionalista: ¿Recordáis cuando murió Bin Laden y comenzó a circular esta foto del supuesto cadáver trucada con Photoshop?

Así que en resumen esta propuesta de una “Ley de Autoestima” o “Ley Anti-Phothoshop” como le han llamado algunos es, a mi forma de ver, una particular idea de llevar la lógica a una ley: Las mujeres de carne y hueso tenemos curvas, no salimos perfectas en las fotografías, envejecemos y algún día nos saldrán arrugas y canas. Sin excepción. ¿Podemos negarnos a esa realidad?

A todas estas vosotros ¿qué opináis de obligar a las publicaciones a advertir cuándo usan Photoshop para retocar una fotografía?

Links:
- The Self Esteem Act: Parents push for anti-Photoshop law in U.S. to protect teens from unrealistic body image ideals (The Daily Mail)
- Piden una ley antiPhotoshop en Estados Unidos (La Vanguardia)

Esta última se refiere a una ley que el parlamento considera promover, la cual, en palabras de la propia enciclopedia comunitaria, incluye “un requerimiento para todos los sitios para publicar, dentro de 48 horas de formulada la solicitud y sin ninguna explicación, una corrección de cualquier contenido que un solicitante considere vaya en detrimento de su imagen”, lo que en la práctica implicaría serios obstáculos para la forma de edición comunitaria y en tiempo real a través de la cual opera Wikipedia. Además, sería “una restricción inaceptable de la libertad e independencia de Wikipedia”.

En esta misma línea, los editores del sitio agregaron: “siempre hemos estado disponibles para revisar –y modificar, si es necesario– cualquier contenido que sea perjudicial para cualquier persona, sin dañar la neutralidad e independencia de nuestro proyecto”.

La iniciativa se enmarca en medio de las acusaciones de corrupción y abuso sexual que enfrenta Silvio Berlusconi. En tanto, el gobierno se defiende señalando que esta ley salvaguardaría la privacidad de todos los italianos.

Si bien la radical forma de protesta virtual duró sólo un día en la versión italiana de Wikipedia, y los artículos ya han sido restaurados a su estado normal, aún puede verse un banner en la página principal, habiendo sido revisado ya 16 millones de veces en dos días, según informan los propios encargados de la enciclopedia.

Link: Italian Wikipedia replaces every page with free speech protest (Ars Technica)

María de Jesús Pagola, comentarista de radio y Gilberto Martínez Vera, profesor de matemáticas consideran demandar al gobernador del estado oriental de Veracruz, Javier Duarte, por los daños y perjuicios ocasionados por una acción que ellos mismos consideraron inocente. Según afirmó Pagola, ella sólo se limitó a retwitear un mensaje que decía que estaban secuestrando niños en una escuela del barrio. El problema ahora es que el Estado parece haber tomado esto como un justificativo para castigar cualquier rumor a través de las redes sociales.

Como comentamos en la nota cuando se conoció el arresto, Veracruz se convirtió en pocos minutos en un caos vehicular cuando el mensaje de los secuestros comenzó a difundirse de boca en boca. Cientos de personas dejaron sus autos tirados en la calle y corrieron a “salvar a sus hijos” provocando cerca de 26 accidentes de tránsito en pocos minutos. Según informaron luego varias fuentes, la ciudad ya se encontraba colapsada por este rumor de los secuestros casi dos horas antes de que el mensaje comenzara a tomar fuerza en las redes sociales, uno de los argumentos que utiliza la defensa de los #Twitterroristas.

El 21 de septiembre pasado, mismo día que fueron liberados, el Congreso de Veracruz aprobó la propuesta de tipificar como delito la perturbación del orden público a través de cualquier medio masivo, aplicando un castigo de entre uno y cuatro años de prisión y casi 2 millones de dólares de multa a quienes, según argumenta la ley “Por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques contra armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.

La aprobación de esta ley desató críticas en las redes sociales, entre las que se destaca la del periodista Daniel Moreno, Director del sitio Animal Político: “¿Qué dices cuando el mismo día que se aprueba la #LeyJavierDuarte hay 28 muertos en plena zona turística de Veracruz?”, es lo que escribió en Twitter y la polémica comenzó ya que no parece ser una solución a la violencia real que existe en muchos estados de Méxcio castigar a quienes disparan rumores sino buscar a los verdaderos generadores de la violencia con las herramientas que provee el Estado que administran.

Pero en el contexto del caso de las redes sociales ¿Quiénes estarían errados en este caso? ¿Los que toman la información difundida en Twitter como real sin chequear fuentes directas o los irresponsables que abusan de una herramienta con el poder informativo que posee Twitter? Esto surge porque el caso mexicano es un reflejo de miles de casos menos graves para la sociedad pero, en muchos casos, para un individuo, que suelen suceder en esta red social, cuando un grupo de entusiastas pseudoprofesionales decide matar a alguna celebridad para convertirla en Trending Topic, algo que lamentablemente suele viralizarse de manera dramática por cuanta persona recibe la información y no la chequea.

Salvando las distancias y la complejidad del caso mexicano, hace apenas dos días un supuesto incendio en una sala de cine del shopping más grande de Buenos Aires se convirtió en tendencia en pocos minutos y si uno leía la cronología de los comentarios agregados a la noticia original, poco más que se había incendiado la mitad del lugar. Al volver la calma, o mejor dicho, al convertirse en tema viejo en Twitter, fuentes oficiales de los cines informaban que el humo visto en una sala provenía de una aspiradora rota y que por prevención evacuaron sólo esa sala.

Link: #Twiterroristas salen de la cárcel pero nueva ley castigará rumores en redes sociales en México (Knight Center of Journalism)

Fue un juez del mencionado Estado quien ha determinado que una ley como ésta vulnera severamente ciertas garantías fundamentales, esencialmente (era que no) la sacrosanta Primera Enmienda –cuerpo que resguarda derechos como la libertad de culto y la libertad de expresión–, de manera que la entrada en vigencia que se había previsto para el 28 de agosto será suspendida.

Naturalmente, desde sus inicios esta ley suscitó opiniones divididas, pues si bien la finalidad del proyecto legislativo podría parecer a primera vista loable –intentando resguardar la integridad física y psíquica de los menores de edad ante potenciales casos de abuso sexual–, no es menos cierto que las restricciones que se imponen a los profesores, al prohibírseles de plano el contacto con alumnos menores a través de plataformas como Facebook, podrían resultar demasiado severas.

Esta última tesis fue recogida por la Asociación de Profesores del Estado de Misuri, quienes precisamente recalcaron que de aprobarse esta ley se estaría vulnerando la Constitución de Estados Unidos.

El dictamen del juez de Misuri ha suspendido la aplicación de esta iniciativa hasta febrero. En tanto, la Asamblea General de Misuri –órgano legislativo en dicho Estado– no sesiona hasta enero, cuando recién se llevará a cabo una audiencia que podría determinar el destino definitivo de la llamada “Ley Amy Hestir de Protección a Estudiantes”. Por lo tanto, al menos hasta inicios del próximo año, los profesores podrán seguir comunicándose por Facebook con sus alumnos sin rendirle cuentas a nadie.

Link: Judge blocks law against private messages between teachers and kids (ars technica)

Esta iniciativa (SB 54) conocida como la “Ley Amy Hestir de Protección a Estudiantes“, lleva el nombre de una estudiante de escuela pública en Missouri que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones por un maestro hace algunas décadas. El proyecto de ley busca reforzar las medidas en contra de las escuelas que no denuncian el abuso sexual de sus empleados y al mismo tiempo añade restricciones al contacto a través de las redes sociales.

En pocas palabras, los maestros no podrán establecer, mantener o utilizar un perfil de Facebook relacionado con el trabajo para mantener contacto con algún alumno a menos que esté disponible a los administradores de la escuela y los tutores legales del estudiante. Tampoco podrán mantener un perfil privado – no vinculado con la institución – para establecer contacto con sus alumnos o ex-alumnos (suponiendo que son menores de 18 años). Solo se les permitirá interactuar con los estudiantes, siempre y cuando sea de una manera totalmente pública.

Links:
- Missouri bans students and teachers from being Facebook (Zdnet)
- Should Teachers Approve Student Friend Requests? (Facebook)

¡Te juro que no te estoy tomando el pelo! Resulta que el grupo Socialista en el Congreso ha introducido una enmienda en el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones… ¡Para que se garantice la neutralidad de la Red!

Así, proponen la introducción del secreto de las comunicaciones de datos que circulen por Internet y el deber de los operadores a garantizarlo.

Dicha enmienda, presentada por la portavoz del grupo socialista, Lourdes Muñoz, quiere introducir en la ley el derecho a que:

El tráfico individualizado de datos recibido o generado en el servicio de acceso a internet, no sea modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del origen del mismo, del protocolo o de la aplicación utilizada”.

Ahora bien, no es la neutralidad de la red la única enmienda que quieren introducir los socialistas en la Ley de Telecomunicaciones. Hay otras, que me parece muy importante destacar, que son referidas también a derechos de los usuarios que contratan los servicios de Internet, por ejemplo.

Son enmiendas que refuerzan los derechos de los usuarios en materia de facturación, información y compensación por degradación del servicio de forma que tenga derecho a una compensación cuando la velocidad de Internet sea inferior a la contratada.

Esto último me parece muy útil, porque al estar en Ley las operadoras por lo menos se lo pensarán dos veces antes de intentar timar a los usuarios con ofertas engañosas en las que al final les prestan mucho menos del ancho de banda contratado. ¡Así que elevo una plegaria porque progresen estas enmiendas!

Otra que me parece justa es la referida al acceso a Internet: La creación de una tarifa especial que garantice que todos los estudiantes cuenten en su hogar con acceso a la conexión de banda ancha. ¡Amén!

De verdad desde hace mucho tiempo no me alegraba al leer una propuesta política. Sin embargo, no me confío, porque estos políticos fueron los mismos que pactaron para que la Ley Sinde se aprobara…. ¿Será la cercanía de las elecciones presidenciales lo que los ilumina para hacer buenas propuestas?

Links:
- El PSOE quiere incluir la neutralidad en la Red en la nueva Ley de Telecomunicaciones (PortalTic)
- El grupo socialista en el Congreso quiere garantizar por ley la neutralidad de internet (El Mundo)

Según estadísticas reveladas por la misma agencia, más de 18 millones de quejas se han recibido hasta el momento, de las que sólo 470.000 han sido respondidas (es decir, se envió esa cantidad de emails de advertencia a los usuarios). De ellos, sólo 20.000 recibieron una segunda advertencia, y apenas 10 llegaron al tercer “strike”, enfrentando posibles cortes de su conexión a internet.

La agencia señaló a Ars Technica que una de las principales razones para la baja cantidad de advertencias enviada es técnica. El sistema que se utiliza todavía está en fase de prototipo, y no aguanta la cantidad de requerimientos que llegan. El gobierno está trabajando en un nuevo sistema más robusto que podría empezar a operar a fines de año.

Por otro lado, Hadopi también quiere darle tiempo a las personas antes de enviar las segundas o terceras advertencias para que la gente cambie de conducta. La agencia quiera ahorrarse el tener que llevar a juicio a usuarios de internet.

Los 10 que ya recibieron su tercera advertencia deben presentarse ante la agencia, donde se revisa el caso y se decide si irá a un juez, que es el que finalmente decide un tipo de castigo, que puede ir desde la desconexión por un mes, o el pago de hasta 1.500 euros.

El tema de desconectar internet como castigo ha sido ampliamente debatido y es mal visto en la mayoría de los casos, dejando a Francia como uno de los pocos países donde esta medida se aplica – si es que llega a aplicarse, considerando la cantidad de quejas que tiene que procesar la agencia.

Link: French copyright cops: we’re swamped with “three strikes” (Ars Technica)

Recordemos que hace tres meses una resolución de la Audiencia Nacional (AN) anuló la normativa que regula el canon digital en España desde 2008, con lo cual el canon pasó a cobrarse con la tasa correspondiente al año 2006.

Así, España sigue al momento obligando a los ciudadanos a pagar impuestos por discos duros y sistemas de reproducción digital, lo cual contradice el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en octubre del 2010 declaró el canon digital como ilegal.

Así las cosas, en La Vanguardia aseguran que ya el acuerdo para decretar la muerte del canon digital en España lleva varios días cerrado, pero desde Moncloa han tenido que retrasar la fecha del anuncio dado el escándalo que ha estallado en la SGAE. Dicho acuerdo, según fuentes consultadas por el referido medio, establecerá un mecanismo presupuestario para compensar a los autores.

Sinde al paredón

A todas estas, el anuncio de la eliminación definitiva del canon digital significará, en el momento en que se haga oficial, otro revés político para la ya golpeada ministra de Cultura española, Ángeles González-Sinde, ya que ha sido una de las principales defensoras de la tasa y actualmente está en el ojo del huracán por el escándalo de corrupción que rodea a la cúpula de la SGAE.

Y es que los controles que hubiesen evitado (o al menos detectado) las irregularidades que están saliendo a la luz en la SGAE, correspondería aplicarlos el Ministerio de Cultura. Sin embargo, fueron los ciudadanos, agrupados en distintas organizaciones como la Asociación de Internautas, los que en 2007 denunciaron un posible desvío de fondos en la SGAE, que es lo que ha dado nacimiento a la Operación SAGA.

Vale destacar que en este contexto, la Ministra, por cuyo apellido la ley que penalizará las descargas de Internet se conoce como “Ley Sinde“, ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados la próxima semana para dar explicaciones sobre la responsabilidad de su cartera en el caso de corrupción que se ha descubierto en la SGAE.

No nos extraña que comparezca, ya que desde que supimos de la puesta en marcha de la Operación SAGA, el nombre de la Ministra ha salido a relucir, por ser una de las principales impulsoras de medidas restrictivas contra los internautas y ciudadanos en nombre de los “derechos de autor”.

De hecho, desde la Asociación de Internautas (AI) han salido al paso para exigir la renuncia de la Ministra Sinde, por considerarla “juez y parte” en el proceso que se ejecuta contra la SGAE. Víctor Domingo, presidente de la AI aprovechó de recordar la relación entre el canon digital y la Ley Sinde, como instrumentos que vulneran las libertades ciudadanas:

Los derechos de autor son unos derechos legítimos pero no están por encima de los derechos fundamentales como clasificar al conjunto de los ciudadanos como culpables de un delito (…) Y desde luego los derechos de autor, en lo que se refiere a la Ley Sinde, no están por encima de la libertad de expresión y de la privacidad de las comunicaciones”

Por su parte, las redes sociales están muy activas pidiendo nada más y nada menos que la dimisión de Sinde, con argumentos bien explicados por los internautas que pueden seguirse con la etiqueta #SindeDimision en Twitter, por ejemplo.

De momento, no nos queda más que esperar si desde Moncloa se animan a anunciar el decreto de muerte del canon digital, antes del próximo martes 12 de julio, cuando veremos la comparecencia de Sinde en el Congreso de los Diputados, donde nos explicará su posición respecto a la Operación SAGA, el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos… ¿Crees que aprovechará la ocasión para dimitir?

Links:
-El Gobierno da marcha atrás y decide anular el canon digital (La Vanguardia)
- La Asociación de Internautas pide la dimisión de Sinde porque es “juez y parte” (AI)
- El reparto de canon, también bajo sospecha (La Razón)

El proyecto de ley, que aumentaría los precios de las unidades de almacenamiento hasta un 75% extra, sería discutida por el Senado ayer. Sin embargo, en internet se desató una ola de protestas condenando la medida, incluyendo un ataque DDoS a la página de la Cámara Alta de parte de Anonymous.

Así, uno de los impulsores del proyecto, Miguel Pichetto, decidió suspender el debate del canon por el momento. “Hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa que se plasmaron recientemente en el ciberespacio”, señaló Pichetto en un comunicado.

Sin embargo, el senador aseguró que seguirá insistiendo en el proyecto, que se volverá a debatir próximamente. Según el parlamentario, la ley tiene un “sentido de justicia reparadora para el esfuerzo del artista respecto de su obra”.

La idea detrás de este impuesto es que los equipos para almacenar datos son, obviamente, utilizados para fines de piratería. O sea, uno no usa el disco duro para guardar las fotos de las vacaciones, sino que se asume que copiaste una película pirata, y por eso te cobran para compensar a los autores y artistas. Así, lo que se recaudara con el canon iría supuestamente a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música.

Otro de los problemas (además de asumir que todos somos piratas) es que, al subir los precios de los electrónicos, se aumenta la brecha digital, que no es menor en Argentina.

“Ayer un millón de tipos me dijeron de todo. Pero bueno, son las reglas del juego. Yo no les tengo ningún temor a las redes””, dijo Pichetto durante la sesión, quien ha seguido insistiendo en su apoyo al proyecto en su cuenta de Twitter.

De este modo, aunque las protestas lograron algo esta vez, el tema no está cerrado. Los parlamentarios acordaron volver a debatir el proyecto el próximo 12 de julio, aunque Pichetto indicó que se buscará “un equilibrio entre el derecho intelectual, y la evolución tecnológica y las demandas de los usuarios”.

No sé pero no me parece que los argentinos vayan a quedarse tranquilos con eso.

Click aqui para ver el video.

Links:
- La presión en las redes sociales hizo caer la ley de canon digital (El Cronista)
- No Al Canon en Argentina (Gracias Pablo S!)
- Infografía: el canon de Pichetto y Giustiniani (Derecho a LEER)

Según TVN, el cable debía pagar por la transmisión porque estaba lucrando con ella. Sin embargo, la corte apuntó a que TVN “tiene una concesión gratuita e indefinida, a cambio de su obligación de servicio de interés público, cual es que se permita a todos los habitantes del país de la posibilidad de disponer de un servicio de televisión”. Si TVN cobra al cable, y los canales cobran a su vez a los clientes, o deciden no retransmitir al canal abierto, los usuarios de cable estarían perdiendo su derecho, como chilenos, a ver el canal abierto gratis.

El fallo agregó además que “la actividad realizada por los canales de cable no se puede catalogar como retransmisión, pues se trata de una redifusión simultánea, íntegra e inalterable que se hace de la señal de Televisión Nacional, y este acto no significa un acto de explotación, sino más bien, la entrega de un medio técnico para que la señal abierta llegue a los hogares de un número indeterminado de usuarios”.

Así que por lo menos este punto ya está resuelto. Quedan unos cuantos más que resolver.

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Holanda es el segundo país del mundo en aprobar una ley de neutralidad en la red, después de Chile. La ley impide que las compañías telefónicas y proveedores de internet bloqueen contenidos o cobren extra por servicios disponibles en internet, como Skype, WhatsApp y otros.

La decisión tomada en Holanda podría afectar al resto de Europa, empujando a más países del viejo continente a tomar medidas similares. Muchos han celebrado esto como una victoria para los consumidores, mientras que la industria, lógicamente, no está muy feliz.

En muchos casos, los operadores quieren hacer estos cobros porque son servicios que les hacen la competencia – Skype en la telefonía, WhatsApp en SMS, y quien sabe qué vendrá después. Los operadores sin embargo alegan que es necesario poder cobrar de forma diferenciada para poder recuperar los costos que tiene ofrecer servicio a quienes usan aplicaciones que consumen mucho ancho de banda.

Con la ley de neutralidad todavía se pueden ofrecer planes de datos con diferentes velocidades y niveles de servicio, pero no se podrá hacer cobros específicos por el uso de aplicaciones específicas.

Link: Dutch lawmakers adopt net neutrality law (NYTimes)

Siguiendo con un tema que sigue presente y en trámite en el Senado, dejamos con ustedes esta columna respecto del futuro de TVN como canal de televisión pública en Chile, frente a la llegada de la TV digital. Les recordamos que la Ley de TV digital, además de regular asuntos técnicos, regula contenidos, algo que entró a debate también con la reforma. Escrito por Jaime Mondría y Chiara Sáez.

La introducción de la TV digital en Chile, además de requerir un cambio a la Ley del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), también implica un cambio en la Ley de TVN. Sin embargo, si el debate sobre la ley del CNTV (que coloquialmente llamamos “Ley de Tv digital”) ha sido opaco, el debate sobre TVN lo ha sido aún más. De hecho, la ley ya se discutió en el Parlamento hace más de un año y ahora sólo se espera que se voten las indicaciones que le han presentado los senadores, de manera conjunta con la ley del CNTV.

Queda en manos del ejecutivo la posibilidad de introducir reformas, ya que por reglamento los parlamentarios ya no pueden hacerlo. A no ser que este proyecto tenga un segundo trámite parlamentario en la comisión de cultura en el Senado.

Lo que parecía una oportunidad para el debate acerca del rol de servicio público de TVN, tal como lo fue a principios de los 90s, se está convirtiendo en otra omisión del debate sobre la TV digital que queremos para Chile.

Aunque no ha ocurrido así en todos los casos, en un número importante de países la televisión pública ha liderado la transición digital. En Chile, no observamos una reflexión en este sentido. La ley de TVN, tal como está, tampoco parece dar cuenta de esta problemática.

La postura de TVN ante la transición digital se resume en tres puntos:

• Derechos de propiedad sobre la concesión (de espectro que es público)
• Posibilidad de cobrar por el 50% de transmisión
• Derecho a cobrar a las empresas de cable por retransmitirlo

No hay en este sentido una postura distinta a los canales privados agrupados en Anatel. Sin embargo, siguen sin debatirse otros temas de calado más profundo, que están conectados entre sí.

El status de TVN

El mandato de autofinanciamiento de TVN con el cual el canal público ha desarrollado su andar desde principios de los 90s está relacionado con un contexto (extrema politización y manipulación por parte del gobierno de Pinochet) que ya no es tal. Con el paso de los años, nos hemos damos cuenta que, así como los partidos y los gobiernos pueden deformar el rol de la televisión pública, algo similar puede ocurrir con la influencia que ejerce el empresariado por medio del poder que le otorga la inversión publicitaria.

El mejor ejemplo de ello lo vemos en la dificultad del canal público para abordar las prácticas negativas (laborales, ambientales o abusos al consumidor) de empresas auspiciadoras en sus géneros informativos. En el contexto de la transición digital, en la cual muchos gobiernos han inyectado recursos a sus televisiones públicas para que definan los estándares de lo que se espera de
las televisiones privadas en este proceso, hubiese sido importante volver a pensar el objetivo original que tuvo ese mandato de autofinanciamiento que pesa sobre TVN. Sin embargo, nada de eso hemos visto.

La representatividad de TVN

Para asegurar la diversidad del directorio de TVN, se sostiene que éste cuenta con la aprobación del Parlamento. El Presidente de la
República elige al Presidente del directorio y propone un directorio que debe ser aprobado por el Parlamento. Este mecanismo, se dice, asegura la diversidad del directorio y, por lo tanto, de la televisión pública. Pero este argumento es falaz en dos sentidos: en primer lugar, porque la diversidad que exprese una televisión pública no puede agotarse en la diversidad político partidista.

Por ejemplo, no hay representación de las organizaciones nacionales de productores independientes, no hay representación de los espectadores o asociaciones de consumidores y en el caso de los trabajadores de TVN, tienen derecho a voz, pero no a voto. En segundo lugar, porque luego de más de 20 años ya tenemos suficiente evidencia para sostener que el sistema binominal no es representativo tampoco de la realidad política del país.

Rol de la televisión pública ante la digitalización

Al conocer la postura de TVN ante la ley de televisión digital observamos que dada su obligación de autofinanciamiento, el canal público está ocupado en buscar la rentabilidad en el nuevo escenario y para ello se afirma en el cobro a los teleoperadores y en la capacidad de cobro a los usuarios.

Al parecer, no hay nada en su discurso que le haga distinto de los canales privados comerciales. De hecho, en el debate parlamentario se ha eliminado del proyecto de ley un inciso al artículo 24, que permitía a TVN “comprometer la contratación de créditos” y “solicitar y recibir recursos fiscales y de instituciones públicas”. No obstante, al mismo tiempo, permanecen y se intensifican las obligaciones de servicio público para el canal, al cual se le reconoce un rol diferenciador orientado al bien común, que implica: “Fomentar la educación y el enriquecimiento cultural de la sociedad chilena, ofreciendo una amplia variedad de programas y contenidos de alta calidad, que revelen información y estimulen el conocimiento sobre civilizaciones y culturas nacionales y extranjeras, procesos creativos y artísticos, corrientes de pensamiento, y sobre los avances científicos y tecnológicos, entre otros”.

De lo anterior se derivan muchas preguntas sobre el rol de TVN en el nuevo escenario: ¿Cuál será su aporte distintivo a la televisión digital? ¿Cómo piensa cumplir con sus obligaciones de servicio público en este nuevo contexto? ¿Es compatible el mandato de servicio público vía autofinanciamiento, si para financiarse el canal público tendrá que cobrarle a sus usuarios; es decir, a chilenos y chilenas?

Pareciera que ni el Senado ni TVN están disponibles a un debate abierto sobre estos temas. Le corresponde a la ciudadanía que este debate se haga público. De no mediar cambios, con la digitalización de la TV, el mandato de servicio público de la televisión pública corre el riesgo de desaparecer.