Así las cosas, las protestas no se han hecho esperar y durante hoy, el brazo de Anonymous en Colombia comenzó un ataque DDoS contra el Ministerio de Justicia en ese país. Fue el ministro de esta cartera, Germán Vargas Lleras, quien ingresó este proyecto de ley al Congreso. Como se viene haciendo tradición, la ley ha adoptado por ahora su apellido.

El sitio del Ministerio ha estado caído durante ya un par de horas y el ataque aparentemente se mantendrá por algún tiempo. “Anonymous no permitirá la #LeyLleras“, declaró la agrupación en Twitter, indicando que están “en contra de la censura en el Internet”.

Sin duda, este tema seguirá en discusión por bastante tiempo. Por lo menos por ahora, la acción de Anonymous busca que más gente se fije en este problema, algo que aparentemente están logrando.

Links:
- Anonymous_Co (gracias djcesar)
- Anony_Ops (Twitter)

(cc) PugnoM

La semana pasada, durante el día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que modifica la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta ley fue ampliamente discutida y aprobada el año pasado en el Congreso. Tras la firma de la semana pasada, se vuelve oficial. Para aclarar algunas dudas que quedaron, Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, escribió la siguiente columna.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI) en Chile. Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos eran considerados piratas por una ley que tenía su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explicaban por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se habían realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan los titulares de derechos de autor, en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, pretendieron agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Eso hasta mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet y promulgada por el presidente Piñera la semana pasada, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo, fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI). El gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

• Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos casos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hasta ahora, la palabra biblioteca no aparecía ni una sola vez en la ley.
• Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hasta hoy, las bibliotecas para ciegos eran ilegales.
• Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.
• Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone?

Pendientes

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quiénes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones, pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

(cc) PugnoM

Una encuesta realizada por la asociación Consumidores en Acción – FACUA, ha puesto de manifiesto que la inmensa mayoría de españoles estamos, o parcial, o totalmente en contra, de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible, que permite el cierre de portales de internet que vulneren los derechos de autor bajo una perspectiva administrativa y sin intervención judicial previa.

Los datos que arroja el estudio, realizado entre 2.957 ciudadanos, demuestran que el 8% de los encuestados consideran que el Gobierno se preocupa a partes iguales por los derechos e intereses de los consumidores y los de la industria cultural, mientras que el 91% está convencido de que el Gobierno solamente vela por la industria. El 1% restante cree que sólo vela por los usuarios.

El canon digital, que mañana se somete a supervisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber agotado todas las vías nacionales, también ha sido objeto del estudio. En este sentido, el 97% de los encuestados están en contra de dicho canon y para ser más exactos, el 41% cree que sería justo si solamente se aplicase a obras originales pero no a soportes de almacenamiento, y el 56% cree que el canon es totalmente injusto. Sólo al 3% le parecería correcto que, al respecto del canon, todo se quede tal y como está.

El 82% cree que la Ley de Economía Sostenible vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos en favor a la industria cultural, y un 3% cree que con la normativa actual los derechos de autor están sin ningún tipo de protección. El 15% de los encuestados no conoce el alcance de las medidas planteadas.

Siguiendo con la desinformación o desconocimiento de todo este panorama, lo que se entiende por piratería se asocia a la compra de copias ilegales, pero también a menudo con la descarga de obras con ánimo de lucro. Aquí -y esto es una apreciación personal- entiendo como desconocimiento el no saber qué alcance tiene la ley planteada. Y desinformación el asociar piratería con la descarga de material con derechos de autor, que es exactamente lo que está predicando el Gobierno desde hace años, cuando las leyes nacionales indican que esta actividad no es delito en nuestro país.

El 20% de los encuestados creen que comprar copias pirateadas es inmoral. Un precio más asequible motivaría al 67% a comprar una copia original antes que una copia (y aquí podrían haber preguntado si este porcentaje compra antes una copia ilegal que una original, pero no lo han hecho), y un 60% comprarían una versión original si esta fuera de mayor calidad. Una copia original siempre será de mejor calidad que una copia, se mire por donde se mire, y hablando en términos de apreciación auditiva y visual, aunque es posible que se refieran a que las copias suelen ser prácticamente iguales que las originales, solo que más baratas; el estudio no especifica en este sentido.

Yo creo que con estas cifras al Gobierno le interesa más bien poco realizar su propia encuesta.

Link: 9 de cada 10 usuarios creen que el Gobierno solo se preocupa por los intereses de la industria cultural (FACUA)

Este logotipo, entre muchos otros, hace 6 años que se mantiene en la internet española

Hace más de 6 años que en España pagamos un canon, representado en forma de sobrecosto en el precio final, que se aplica a cualquier dispositivo o soporte capaz de reproducir o copiar archivos. Esto se extiende desde los discos de DVD pasando por impresoras, discos duros, y en fin, casi cualquier cosa tecnológica de hoy día.

Y eso es debido a que desde las entidades de gestión se da por sentado que dichos dispositivos y soportes se usan para vulnerar material sujeto a derechos de autor. Si un estudiante quiere grabar su tésis de fin de carrera en un disco, dicho estudiante también paga el canon, y eso se extiende a las fotos del bautizo de su sobrino, a sus composiciones musicales hechas con su guitarra, etc, etc, etc.

Este jueves llega al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la vista sobre la cual se determinará si dicho canon de la legislación española está o no acorde con la normativa europea. En el supuesto que se decidiera que no corresponde, la Ley de Propiedad Intelectual nacional tendrá que adaptarse.

El proceso llega después de que muchos otros en el ámbito nacional hayan sucumbido al silencio administrativo o la derrota, gracias a sentencias favorables auspiciadas por organismos legales los cuales, curiosamente, tienen en sus filas a varios miembros de las directivas de las entidades de gestión.

Pero este nuevo frente llega en el momento en que la Ley de Economía Sostenible se encuentra en primer plano de la actualidad, y que la Subcomisión Parlamentaria de Propiedad Intelectual ya haya dado su punto de vista al respecto de la modificación de la ley. No es casualidad que miembros de esta Comisión hayan puesto públicamente en entredicho el canon hace escasos días.

Por cierto, también “casualmente”, en la edición de hoy de El País, viene una entrevista con Teddy Bautista, Presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE) en la que el directivo dice que “lo lógico es que Telefónica cobre a Google y nos pague a nosotros”. La SGAE fue una de las principales impulsoras del canon, y sobra decir que es una ferviente defensora de los derechos de autor por encima de cualquier derecho individual.

Link: 4 de marzo del 2010: Un día clave para el canon (Derecho de Internet)

Fachada del Congreso de los Diputados. (cc) Pablo Arias

Mientras el mundo tecnológico se ha centrado en un aparato en concreto de una marca muy concreta como si fuera el fin del mundo y no hubiera nada más que decir sobre ningún tema- a excepción de unos pocos y entre ellos, Fayerwayer- en España todo lo relacionado con la Ley de Economía Sostenible y las normativas que deberían alterarse han seguido el curso previsto.

Destacan dos puntos bajo mi punto de vista cruciales: el primero, el planteamiento del Ministro de Justicia respecto de la intervención de un juez en el cierre de sitios web solicitados por la Comisión de propiedad Intelectual cuando crean que se violan los derechos de autor.

Recordemos que este punto se añadió a última hora y sin conocimiento de la mayoría de los autores del borrador. Todas las críticas se centraron en que el texto contemplaba el cierre de paginas web sin intervención judicial, y poco después se modificó el borrador añadiendo a la justicia, que solamente dirá si el cierre atenta contra los derechos y libertades fundamentales, pero NO entrará en decidir si el sitio en cuestión debe cerrarse por, por ejemplo, simplemente decir en este sitio se encuentra tal película, lo que NO es delito en España.

Mientras todo el mundo apunta que el juez en este caso tiene la misma utilidad que un limpiaparabrisas en un submarino, las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura se han cansado de apuntar que el juez tendrá poder para mediar en los conflictos… hasta que el Ministro de Justicia explicó cuál es exactamente la intervención del juez.

Básicamente, los internautas teníamos razón, y el juez no entrará en el fondo del asunto. Así que el juez, jurado y ejecutor del cierre de webs seguirá siendo -si se aprueba la ley- la Comisión de Propiedad Intelectual, formada por las entidades de gestión, por vía administrativa y saltándose las leyes y parte de la Constitución.

El segundo punto crucial es la consecuencia de lo que explicamos hace días, poco antes de que la Subcomisión de Propiedad Intelectual empezara su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Teóricamente esta subcomisión elabora un dossier para el Gobierno de cara a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, pero al no ser un texto vinculante, sino más bien un conjunto de consejos, el Gobierno puede hacer caso omiso. Pero llama poderosamente la atención que en dicha Subcomisión solamente hay un internauta que no tiene intereses, mientras que el resto de comparecientes son representantes de entidades de gestión. Interesante el relato de la intervención de dicho internauta, Enrique Dans, en su blog.

Pues bien; contra todo pronóstico, las principales conclusiones a las que se ha llegado es que es necesaria una revisión del canon digital urgente; que ya tenemos suficiente de pagos absurdos, y que el pagar por todo no soluciona el problema real, además de que es necesario un control y la obligatoriedad de las entidades de gestión a ser transparentes en sus actividades, por el momento -y a falta de demostrar lo contrario- centradas únicamente en recaudar dinero.

Estos sentimientos generales (pero NO mayoritarios) extraídos de la Subcomisión se suman a otras tantas iguales de decenas de organizaciones de ámbitos de lo más variopinto que no han sido citadas a declarar. Pero insisto, que la Subcomisión está formada en su mayoría por entidades de gestión, y que las conclusiones y el dossier resultante no son vinculantes para el Gobierno.

Y mientras, al nivel del pueblo y lejos de las altas instancias y de los poderes en la sombra, la batalla continúa.

(c) Cámara de Diputados

En la votación de la Ley de Propiedad Intelectual que ocurrió hace poco más de un mes, quedaron una serie de artículos afuera, rechazados por la Cámara de Diputados debido a que entregaban facultades de retirar contenido de la red a los ISP, que proveen el servicio de internet en las casas.

No conforme con este rechazo, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió al Congreso una serie de indicaciones para agregar a la ley, entre las que había dos (las observaciones número 10 y 12) que básicamente reponían lo mismo que los diputados habían rechazado. Estas observaciones, con Suma Urgencia, se votaron hace pocos minutos en la Cámara.

Estas dos observaciones objetadas establecían que los ISP podrían bloquear contenido cuando existieran presuntas infracciones al derecho de autor, y además obligaba a las empresas a conservar por 6 meses la información e identidad de los presuntos infractores. La primera (nº10) fue rechazada por 67 votos en contra y 8 a favor, mientras la segunda (nº12) obtuvo 75 votos de rechazo y 3 a favor.

Con este rechazo, estas observaciones quedan fuera y no se vuelven a discutir.

El resto de las indicaciones hechas por la mandataria fueron aprobadas por 83 votos a favor y uno en contra.

Links:
- Cámara de Diputados
- Cámara de Diputados rechaza indicaciones que otorgaban facultades a ISP para bloquear contenido (Cultura Digital)

Acaba de terminar el debate en la Sala de la Cámara de Diputados de Chile respecto a las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, y dentro de los próximos minutos se realizará la votación. El documento con las modificaciones a los artículos 85 O, Q, T, R y U se puede encontrar en el sitio del Congreso.

Es conveniente recordar que la norma en discusión indica que los ISP podrán bloquear el acceso a un contenido o remover ese contenido si es alertado por el dueño de los derechos de propiedad sobre esa información. El proyecto señala que el contenido se puede bloquear por un plazo máximo de 48 horas, al cabo de las cuales debe ser repuesto si es que un tribunal no ha solucionado la disputa.

Esta norma ha entrado en discusión en gran parte debido a las exigencias establecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por Chile con Estados Unidos en 2003.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, da inicio al debate con la participación del diputado Enrique Jaramillo.

Enrique Jaramillo (PPD):

Hoy mantengo mis aprensiones respecto a el sistema sancionatorio y las atribuciones de los ISP. Rechazo también el sistema que se basa en los jueces, que no necesariamente se manejan en el tema.

No parece adecuado suspender la conexión a quienes suben archivos a internet. Debe ser un juez mediante una condena jurisdiccional el que se manifieste respecto a una situación de este tipo. La sanción no puede corresponder a una prohibición al acceso a Internet. Mantengo el rechazo porque creo estar en la defensa de los consumidores del servicio de internet en este país.

Darío Paya (UDI):

A nadie se le ocurriría permitir privar a alguien de derecho de reunión, expresión, o información con la simple denuncia de una persona, con el acto de una persona. Eso repele a la conciencia democrática. Y sucede que hoy internet representa eso, es un lugar clave del ejercicio del derecho de reunión, de opinión, de información. Ésta es una norma nazi, sin precedentes en la legislación chilena. Yo entiendo el proyecto, por eso aprobé el 98% de las normas, pero ésta norma es contraria al Estado de Derecho, va contra el derecho de propiedad.

Esta norma que es central, no se hizo la corrección en la Comisión Mixta. Se agregó que si el juez quiere, se puede poner una caución. Pero no se puede permitir que se corte la conexión con el alegato de otra persona.

Aquí hay una cuestión mucho más profunda, se estaría aprobando una norma que desprestigia al estado jurídico.

Es una norma fanática y es un error. Muchos de ustedes copiaron dos canciones en un cassette porque tenían una radio con dos cassetteras. Y nadie los trató de piratas.

(cc) loco085

Gonzalo Arenas (UDI):

Manifiesto mi rechazo, hay algo que es peor que el tema de los ISP, porque se permite que cualquier interesado vaya al ISP y pida cortar un contenido antes de recurrir a un tribunal. Un tribunal que además tiene demasiadas atribuciones, porque debe resolver la situación en 48 horas sin siquiera citar al afectado.

Estas normas son un abuso, se pueden perfeccionar. Voté en contra la primera vez, y ahora voy a volver a votar en contra porque es un atentado contra todas las normas de internet.

Gonzalo Duarte (DC):

Quiero llamar al diputado Arenas a tener cuidado con los términos. Calificar el trabajo de una Comisión Mixta como fascista nos falta el respeto a nosotros mismos. Tiene la tentación uno de decir “con qué ropa”, y no quiero decir eso. Tomar frases sin ponerlas en contexto es una forma de desinformar.

Lo que se está estableciendo es que un juez, sólo un juez, pueda determinar el bloqueo de contenidos. Como Congreso tenemos una obligacion jurídica y política de darle cumplimiento a los propios tratados que hemos firmado.

Si alguien dice, me encantan los TLC, pero no quiero regular en el ámbito internacional, nos pone en una situación muy incomoda a nivel internacional. Yo soy serio. Quiero recordar que en la Comisión Mixta sólo hubo dos votos en contra. Los acuerdos internacionales están suscritos, hay que determinar si firmamos algo con la mano y después lo borramos con el codo.

Ministra de Cultura, Paulina Urrutia:

Yo quisiera tomar las palabras de Gonzalo de Duarte respecto a lo que ha significado esta discusión de la ley. Nuestra ley es anacrónica, tiene 39 años,y esto es un gran avance porque hemos aprobado ya el 95%, 98% de la ley.

Hay una discusión respecto de 4 artículos. En la Comisión Mixta se llegó a un acuerdo de 6 votos a favor contra 2 en contra. Ante supuestas infracciones, el ISP puede bajar temporalmente un contenido por máximo 48 horas, con autorización y notificación al afectado.

Este es un acuerdo ejemplar, en un tema tan delicado cuando tenemos que cumplir con los TLC, en el sentido de que ningun contenido será bajado sin intervención judicial. Yo pido que se vote en conciencia.

Quisiera aclarar que la rendición de caución la va a determinar el juez, no se ha dicho que no vaya a ser con caución, el juez puede determinar si pone o no pone caución.

No se dejen influenciar por argumentos que son absolutamente generalizadores. Se ha dicho que esta ley no nos va a permitir acceder, o que cualquier persona nos va a poder meter a la cárcel por bajar archivos, eso está absolutamente fuera de esta ley. Cualquier persona que baje contenidos no va a tener sanción en esta ley. Esta ley será un ejemplo a nivel mundial.

Cierre del debate. La votación se realizará al término de la sesión, en torno a las 14:00 hrs.

Votación

Las modificaciones obtuvieron 39 votos a favor y 39 votos en contra, además de 12 abstenciones, con lo que queda rechazado.

Link: Canal de Televisión de la Cámara de Diputados