Las versiones contradictorias respecto a lo que había pasado dieron paso a que se realizara una investigación a los ocho marines que participaron en la operación, sin embargo, en 2008 se levantaron los cargos contra seis de los acusados y un séptimo fue juzgado “inocente”. El octavo era Frank Wuterich, quien después de iniciarse un juicio por asesinato en su contra, fue juzgado por “homicidio negligente” – es decir, que no hizo nada para impedir los asesinatos de dos mujeres y cinco niños – y luego se le terminó condenando por un cargo de “abandono del deber”, con lo que se le redujo el rango y la paga, pero no pasó por la cárcel.

Muchos se enfurecieron con este resultado, incluyendo aparentemente a Anonymous, que publicó hoy una serie de correos electrónicos del bufete de abogados que defendió a los marines. El colectivo asegura tener 2,6 GB de datos después de infiltrarse en los sistemas del bufete Puckett Faraj, que representó a Frank Wuterich.

Los correos, publicados en un archivo torrent y en Pastebin incluyen transcripciones de los testimonios, evidencias del juicio y otras informaciones relativas al caso. El sitio de Puckett Faraj está ahora fuera de servicio, en un intento de la compañía de defenderse de los ataques a Anonymous, aunque ya es demasiado tarde para eso.

“Creemos que es tiempo de publicar toda su información privada y la evidencia de la corte al mundo y conducir un juicio de la gente por nuestra cuenta”, señaló Anonymous, agregando que buscan mostrar “la brutalidad de imperialismo estadounidense”.

Sin duda un nuevo caso que generará polémica y que posiblemente dejará en serios aprietos a la firma de abogados, cuya seguridad – y la de sus clientes – fue vulnerada. La idea de la “justicia por nuestras propias manos” también es bastante peligrosa, pero está por verse si esta liberación de correos contribuye en algo a esclarecer lo sucedido en Haditha en 2005.

Link: Anonymous releases law firm’s emails about Haditha killings (The Register)

Así, Peter Sunde (también conocido como Brokep) pasaría 8 meses tras las rejas; mientras que Fredrik Neij (conocido como Tiamo) estaría 10 meses en la cárcel; y el empresario Carl Lundström, enfrentaría 4 meses en prisión.

Además de la pena de cárcel, también deben pagar con dinero: Entre todos desembolsarán 46 millones de coronas, es decir, USD$ 6.5 millones, por concepto de “daños y perjuicios” contra los derechos de autor; dinero que irá a parar a las arcas de las compañías de la industria del entretenimiento, que son las denunciantes…

Tras conocerse la sentencia, The Pirate Bay cambió su portada, y no precisamente para mostrar la foto de Paulo Coelho convertido en pirata que ayer nos adelantaba Boxbyte; sino mostrando un puño negro cerrado, que al ser clickeado lleva a su blog , donde se pronuncian sobre la sentencia y califican a 2012 como “el año de la tormenta”:

“En este año de la tormenta, los ganadores construirán molinos de viento y los perdedores levantarán refugios. Así que a flexionar sus músculos, compañeros piratas, ¡Y dennos poder a todos nosotros! ¡Construyan más sitios! ¡Más redes! ¡Más protocolos! ¡Griten más fuerte que nunca y llévenlo al siguiente nivel!”, destacan.

Por su parte, la defensa afirmó a TorrentFreak que apelarían esta nueva sentencia ante el Tribunal Europeo de Justicia, lo cual, sin embargo, no impediría que las sentencias se ejecuten en Suecia.

¿El punto a favor? Es común en la justicia sueca, que en los casos que tengan más de 5 años en tribunales (como en este), se aplique una deducción de 12 meses a cualquier condena de prisión, con lo cual los fundadores de The Pirate Bay no irían a la cárcel, pero claro está, la última palabra la tiene la corte… Así que difícilmente vayan a parar tras las rejas, pues además como afirman desde The Pirate Bay en su blog, ninguno de los juzgados vive en Suecia, así que menos probable que se ejecute la sentencia. ¡Aunque con el menudo comienzo de año que llevamos, ya nada me extraña!

Entre la aprobación de la Ley Antidescargas en España, el cierre de Megaupload, la cacería de brujas en la Red se materializa cada día y deja de ser una suposición paranoica. ¿Qué será lo siguiente?

Aquí podéis sentiros libres de opinar en sus comentarios y hacer las apuestas correspondientes: ¿El siguiente golpe será contra Internet, o vendrá desde Internet, de mano de Anonymous, por ejemplo?

Links:
- Pirate Bay Founders’ Prison Sentences Final, Supreme Court Appeal Rejected (Torrent Freak)
- Year of the storm (Blog de The Pirate Bay)

El documento acusa a MegaUpload de conspiración de chantaje, conspiración para infringir el copyright, conspiración para lavado de dinero y dos cargos de infracción criminal al copyright. Cada acusado podría enfrentar una pena máxima de 50 años si se suman todos los cargos.

“Por más de cinco años, la conspiración ha operado sitios web que reproducen ilegalmente y distribuyen copias de trabajos con copyright, incluyendo películas – muchas veces antes de su lanzamiento en el cine – música, programas de televisión, libros electrónicos, negocios y software de entretenimiento a escala masiva”, señala el documento.

El volumen de visitas que hay en este momento no deja entrar al sitio del DoJ donde está el comunicado oficial, pero se puede leer el documento en este link.

Por otro lado, la acusación judicial completa se puede encontrar aquí.

Links:
- Departamento de Justicia
- Justice Department charges leaders of Megaupload (Pastebin)
- Mega Indictment (Scribd) 

La justicia argentina emitió un fallo contra los dueños de Taringa.net, sentenciando que cometieron delito contra la propiedad intelectual, lo que implicaría el pago de una posible multa de unos US$50.000.

El fallo señala que aunque mucho del material compartido en el portal no tenía derechos de autor, los responsables del sitio sabían que también se compartía y descargaba contenido protegido, lo que se combinaba con el lucro que ellos obtenían por la publicidad en el sitio.

Los responsables de Taringa alegaron que a diario se realizan 20.000 posts en el sitio, y que es “imposible que determinen el contenido de las cargas y establezcan si violan los derechos de autor”.

La corte, sin embargo, afirmó que “los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio“.

En definitiva, lo que se condena en la última frase es el link. Aunque se reconoce que el material estaba alojado en un servidor o sitio de un tercero, la página está siendo condenada por actuar como medio. Un fallo como éste le complica las cosas a otros sitios, tales como Cuevana.

El fallo continúa señalando que “si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que ‘la bajan’, lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página (…), siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta”.

Esto no significa que el sitio cerrará – de hecho, la única sanción que se conoce es una posible multa monetaria – pero de mantenerse el funcionamiento del sitio tal como está ahora, nada impide que se le demande nuevamente por los mismos cargos, haciendo finalmente que mantener el portal se vuelva insostenible.

En cierto modo, el caso de Taringa seguiría las premisas que ya plantean la ley SOPA en Estados Unidos y Sinde en España. Es cosa de tiempo ver si a los legisladores locales se les ocurre proponer algo similar.

Links:
- El Cronista
- Adios Taringa (Taringa)

El problema recurrente en un juicio laboral se debe a la inconsistencia de los datos, principalmente del demandado. Esto provocaba que un agente perdiera tiempo y esfuerzo miserablemente al acudir en múltiples ocasiones a un supuesto domicilio sin éxito, repercutiendo en los recursos invertidos en el desempeño de los actuarios judiciales por un error en el procedimiento.

También se implantará una bitácora para que los actuarios anoten detalladamente cada una de sus diligencias. Con Google Earth se podrá realizar una localización más precisa de los domicilios de los involucrados en una demanda. Esto contribuirá a una mayor eficacia en los juicios dentro de los plazos legales y que los actuarios reduzcan los errores en los procedimientos legales, evitando que tengan que salirse de la oficina.

Link: Google Earth ayuda a juicios laborales (El Universal)

Siguiendo la tendencia, ahora los periodistas podrán cubrir en vivo un juicio en las cortes de Inglaterra y Gales. Si bien ya era permitido desde hace un año, los miembros de la prensa tenían que solicitar un permiso especial al juez. Este trámite es cosa del pasado, gracias a los ajustes que hizo el Presidente del Tribunal Supremo.

En una guía liberada por el sistema de justicia se ofrecen las recomendaciones para reportar en vivo los juicios por medio de texto. Esto abarca correo electrónico en teléfonos móviles, redes sociales (incluyendo Twitter) y computadoras portátiles conectadas a Internet. Los miembros de la prensa podrán hacer la cobertura en texto, pero seguirá estando prohibido tomar fotografías o realizar grabaciones de sonido dentro de la sala.

Esto solo aplica para la prensa ya que el tribunal entiende que el motivo de esta cobertura es comunicar con certeza y de manera justa lo que ocurre en el juicio. El único detalle a considerar es que el juez permitirá el uso de dispositivos móviles, siempre y cuando no generen distracción o interferencia con el equipo de sonido de la corte.

¿Qué pasará con aquellos que no sean reporteros? Tendrán que pedir autorización al juez. Si la comunicación entorpece el juicio, no habrá luz verde para actualizar el estado de Facebook a “Culpable”.

Link: Tweet justice: Journalists can now live-tweet in UK courts without asking permission (The Next Web)

Según el juez federal Marco Hernández, la bloguera Cox no calificaba para recibir protecciones como periodista porque, basado en las leyes de protección de fuentes para periodistas que existen en este Estado norteamericano (uno de los 40 que posee protección de fuentes) argumentó que “Cox no pudo probar que las denuncias que hizo en su blog eran verdaderas y no actos de difamación, así como tampoco pudo transferir la responsabilidad a otra fuente y librarse de toda culpabilidad”.

Además, el juez Hernández basó su sentencia en la falta de cumplimiento de los siguientes puntos de la ley de protección de datos para considerar que a pesar que Crystal Cox es una bloguera de investigación, no es una periodista profesional:

• No hay evidencia de su educación como periodista.
• No posee credenciales ni afiliación con alguna organización de noticias.
• No se encontraron pruebas de adhesión a principios periodísticos como editar, corroborar los hechos o revelar conflictos de intereses.

La nota publicada por Cox, bloguera que opera en cientos de sitios, en especial sobre temas relacionados con corrupción corporativa, revelaba un caso de fraude fiscal por parte del abogado Kevin Padrick, quien habría estafado y sobornado a periodistas y jueces a través de la firma Obsidian Finance Group.

“Trato de exponer la corrupción en la bancarrota de Summit”, dijo Cox el martes al diario The Oregonian. “Conté la historia de otra gente como una periodista pero me niegan el estatus de un profesional de medios”.

Link: Corte de Estados Unidos ordena a bloguera a pagar multa al no revelar sus fuentes (KnightCenter)

Esta orden también exige que todos los motores de búsqueda en internet y “todos los sitios en redes sociales”, donde menciona explícitamente a Facebook, Twitter, Google+, Bing, Yahoo y Google, deberán desindexar los nombres de dominio y quitarlos de todos los resultados de búsqueda a los que estén listados.

El caso es bastante curioso y no por eso menos preocupante. La firma Chanel haciendo uso de su derecho a proteger su marca solicitó durante varios meses una demanda conjunta contra más de 700 nombres de dominio que, a  pesar de que no hacen mención de su nombre, se dedican a vender productos falsificados. Estos nombres de dominio no fueron presentados todos a la vez, sino que se fueron agregando a un mismo expediente medida que la empresa francesa realizaba un seguimiento de los potenciales sitios sospechosos.

Este procedimiento lo realizó contratando investigadores privados del estado de Nevada, quien presentó una lista de 228 sitios sospechados de falsificación. A estos se les agregaron otros 225 sitios detectados a través de una organización de lucha contra las falsificaciones.

Decíamos, lo curioso del caso es la celeridad con que actuó el Juez ante este caso. Lo preocupante es la simpleza y análisis lineal que utilizó para basar su sentencia y posterior orden judicial. Pasó por encima sin mayores problemas la limitación legal de no poder bloquear ni incautar sitios que estén alojados fuera de los Estados Unidos, incluso fuera del Estado de Nevada. Además, la extensión de la orden de bloquear los resultados de búsqueda e indexación de resultados en redes sociales a nivel global no posee ningún tipo de fundamento legal o jurídico antes conocido o utilizado.

El único argumento es que, al estar muchas de estas empresas basadas en Estados Unidos, el control de los enlaces a nivel mundial es responsabilidad de ellos. Pero como decíamos, es el único y no por eso válido, ya que entre los sitios censurados se encuentra el dominio poshmoda.ws una red social de Alemania, quienes no han cumplido con la orden judicial.

Según los especialistas, este tipo de acciones son poco efectivas ya que lo único que logran bloqueando sitios .com o .net (los que estarían al alcance de los jueces con base en Estados Unidos) es mejorar las técnicas de los falsificadores o piratas que levantan sus sitios en dominios imposibles de detectar o bloquear.

El caso Chanel entusiasmó mucho a los patrocinadores de la Ley SOPA ya que muestra que algunos jueces están predispuestos a dictaminar a favor de las empresas perjudicadas basándose en argumentos poco claros pero muy efectivos para esta lucha contra la neutralidad de internet disfrazada de guerra contra la piratería.

Link: US judge orders hundreds of sites “de-indexed” from Google, Facebook  (arstechnica)

Con esta decisión de la justicia británica, el fundador de Wikileaks, en arresto domiciliario actualmente, puede ser extraditado en un plazo de 10 días, aunque lo más probable es que sus abogados eleven un recurso ante el Tribunal Supremo.

No es la primera vez que se autoriza la extradición de Assange a Suecia. De hecho, hace varios meses os comentaba por acá casi lo mismo, pero en esa oportunidad sus abogados introdujeron un recurso apelando la sentencia y hemos llegado a la decisión de hoy, que probablemente también será sometida a revisión.

Y es que este caso de Assange y Wikileaks bien podrá dar para un par de películas o una serie de televisión… Recordemos que este juicio por “delitos sexuales” contra Assange ha sido calificado, tanto por el fundador de la web de revelaciones como por buena parte de la opinión pública internacional, como una estrategia del Gobierno de Estados Unidos para extraditar y juzgar al periodista por revelar los polémicos cables.

La decisión de extraditarlo a Suecia es potencialmente peligrosa para el futuro de Assange, no por el hecho de que sea juzgado por los delitos sexuales que presuntamente habría cometido, sino porque una vez en Suecia bien podría ser reclamado por Estados Unidos donde le juzgarían por espionaje y difusión de material clasificado del Departamento de Estado.

A todas estas, algunos medios afirman que la extradición del fundador de Wikileaks se realizaría hacia el 26 de noviembre, aunque yo sigo teniendo mis reservas de que finalmente se haga, o los abogados logren otro retraso… ¿Pensáis vosotros que esta vez sí envían a Assange a Suecia? ¿Cuál es, según vosotros, el siguiente episodio de esta “historia de amor y dolor”?

Link: El Tribunal Superior de Londres autoriza la extradición de Julian Assange a Suecia (El Mundo)

Luego del hecho, con sólo uno de los sospechosos detenido y sin saber el motivo por el cual había sido asesinado Sigales, varios vecinos se acercaron a la casa de la víctima y le entregaron a la madre imágenes y textos impresos desde Facebook donde se ve a los sospechosos posando con armas y con consignas como “Podestá está contento” (localidad donde residían los jóvenes) y “La Persiana sonríe” (en referencia a la persiana de un local donde se reunían varios grupos del barrio).

Según la madre de la víctima, las causas del asesinato podrían tener que ver con una disputa por algún sector del barrio donde solían juntarse grupos de chicos de bandos opuestos o por “envidia porque Paul tenía un buen empleo y se había comprado uncuatriciclo, pero todo trabajando y esforzándose”, según su declaración.

Las audiencias comenzarán a partir de mañana y seguirán durante los siguientes cinco días hábiles. En esta instancia, de los cerca de 30 testigos que prestarán declaración, por lo menos cinco atestiguarán con argumentos relacionados a comentarios que leyeron en los perfiles de Facebook de los acusados, entre los que también se destacan amenazas a los padres de la víctima. Los acusados se encuentran en un instituo de seguridad e imputados por el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

La madre de Sigales informó que el material recopilado de Facebook como prueba fue incorporado formalmente al expediente y si bien la defensa de los acusados sostuvo que ese material era privado, según comentó el abogado defensor Neville, “a pesar de pertenecer a un perfil privado, al ser subido a Facebook y compartido se convirtió en público”, argumento que consideraron válido los jueces de la causa para incorporar este material como prueba.

http://www.infobae.com/notas/614211-Comienza-juicio-que-tiene-a-Facebook-como-evidencia-de-un-crimen.html

© Eduardo Beyer / AgenciaUno

Finalmente fue rechazado el recurso de amparo para proteger a la dirigenta estudiantil Camila Vallejo de las amenazas en su contra hechas por Twitter. La corte había accedido a analizar la situación la semana pasada, pero los jueces consideraron de forma unánime que no había hechos para justificar una acción cautelar.

Así, los dichos hechos por Twitter por diversas personas seguirán en internet, como trolleos cualquiera. ”El mérito de los antecedentes reunidos no permite a estos jueces adquirir convicción acerca de la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de la persona en cuyo favor se recurre, por lo que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medidas protectoras, razón por la cual el presente recurso será desestimado”, dice la resolución.

La semana pasada la Corte llamó en específico a la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Tatiana Acuña, a aclarar sus dichos en Twitter, donde dijo que “se mata a la perra y se acaba la leva”. La funcionaria argumentó que sus dichos fueron sacados de contexto y que no eran una amenaza a Vallejo.

Como sea, el asunto quedó hasta aquí y no habrá un dictamen sobre redes sociales.

Link: Corte de Santiago rechaza recurso de amparo interpuesto por padres de Camila Vallejo (La Tercera)

Davis se supone que es “Topiary”, uno de los miembros de LulzSec que se desempeñaba como vocero del grupo. Su identidad ha sido puesta en duda en los últimos días debido a que grupos opositores a LulzSec aseguran que el verdadero Topiary en realidad es un sueco.

Sin embargo, la policía encontró en el laptop de Davis una copia del artículo que se publicó en una portada falsa de The Sun diciendo que Rupert Murdoch había muerto, además de una lista con información personal y contraseñas de 750.000 personas (posiblemente obtenida de alguno de los hackeos), lo que se presenta como evidencia bastante contundente.

Davis fue dejado en libertad condicional para quedarse en casa de su madre, y con la prohibición de conectarse a internet.

Links:
- LulzSec’s ‘Topiary’ had 750.000 people’s personal details, prosecutors claim (TNW)
- Alleged LulzSec hacker released on bail (The Guardian)

(cc) flickr robert scoble

El viernes 15 de julio pasado comenzó a circular en varios medios argentinos una noticia vinculada a la denuncia realizada por el abogado Adolfo Martín Leguizamón Peña contra Google Argentina. El motivo: supuestos sobornos a jueces responsables de causas iniciadas por daños y perjuicios contra artistas locales. Estos artistas reclaman que los resultados del buscador asocian sus nombres a contenidos pornográficos o de ofertas sexuales y eso perjudica su imagen pública.

Los jueces acusados de haber recibido dádivas por parte de Google son Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat, magistradas de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. También Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan, jueces de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de esta misma ciudad. La investigación iniciada intentará determinar si alguno de estos jueces resolvió expedientes relacionados con las causas que lleva Leguizamón Peña contra Google de Argentina, en beneficio de esta empresa, cooptados por sobornos en dinero u otro tipo de mercancía.

¿Quién es Leguizamón Peña?

El abogado querellante Adolfo Martín Leguizamón Peña trabaja desde hace más de 15 años con agencias de modelos y celebridades argentinas con alta exposición como Diego Armando Maradona, Susana Giménez, Nicole Neumann y Julieta Prandi entre otras destacadas. Su nombre comenzó a recibir exposición pública a partir de un fallo a favor obtenido por una medida cautelar presentada por el futbolista Diego Maradona y su familia que obligaba a Google y Yahoo! a retirar todo tipo de enlaces y resultados que vincularan a los demandantes con sitios pornográficos.

Los abogados de Google consultados acusan a Leguizamón Peña de haber montado una industria del juicio en torno a estos casos, argumentando que existen patrones de conducta que demostrarían que el procedimiento realizado en cada caso y las presentaciones  ante la Justicia estarían planificados y estructurados de manera idéntica.

Al momento de conocerse el fallo favorable a Diego Maradona, Google declaró que “es imposible controlar los contenidos de todas las páginas” y definieron el accionar del abogado querellante como un “modus operandi, donde el monto que se solicita como daño siempre oscila entre los 300 y 400 mil pesos” (entre 70 y 100 mil dólares).

Además de figuras artísticas, el estudio que dirige ha manejado los casos de la jueza Servini de Cubría, y de clientes sin exposición pública, como una profesora de inglés y un empresario chaqueño que reclamaban a Google quitar los resultados que mostraban sus nombres por haber recibido comentarios injuriosos contra su persona en internet.

¿En qué basa su denuncia?

Leguizamón Peña sostuvo prácticamente todos sus casos (presentó 108 demandas contra Google y Yahoo! desde 2006) sobre el argumento de que el buscador posee herramientas para bloquear páginas pero no lo hacen, y eso es lo que ellos solicitan, el bloqueo de los sitios que afectan la imagen de sus clientes a través de filtros de contenidos o desindexación.

Luego de un fallo favorable de la Justicia en 2009 a la modelo y cantante argentina Virginia Da Cunha, que le significó una indemnizacion de 100 mil pesos, en agosto de 2010,  las camaristas Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos revocaron este fallo. Lo mismo sucedió con la modelo y actriz Florencia Raggi, quien había recibido una sentencia favorable en noviembre de 2010 por ”daños y perjuicios sumado a las multas devengadas por incumplimiento del pago”, que alcanzaba los 700 mil pesos. Este fallo también fue revocado por los jueces Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de esa misma ciudad.

En este contexto desfavorable, aparece una denuncia de Leguizamón Peña ante la Justicia basada en la supuesta entrega de sobornos a los camaristas a cambio de fallos favorables a Google. El argumento y base de la denuncia se apoya en una supuesta reunión en la que habrían participado los magistrados en las oficinas de Google de Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires) el 1 de septiembre de 2009. Según el fiscal a cargo de la causa, Leguizamón comenta en su denuncia que “le pidió a un conocido suyo si su hijo podía filmar o registrar la situación” donde quedó registrado el ingreso de un ómnibus que traslado a los funcionarios a las oficinas de Google, donde dice reconocer a dos magistrados, aunque ninguno de ellos es alguno de los nombrados en su denuncia. Lo que no aclara el fiscal interviniente es el motivo por el cual Leguizamón estaba al tanto de la llegada de ese ómnibus a las oficinas de Puerto Madero.

Ahora la Justicia requerirá que la División Delitos en Tecnología de la Policía Federal realice un peritaje del video presentado por el denunciante para verificar si existe algún tipo de adulteración de los contenidos y de obtener imágenes de calidad de los rostros de las personas para identificarlas.

¿Que dice Google?

Los representantes de Google Argentina informaron a través de un comunicado su posición respecto a la situación:

El Dr. Leguizamón Peña representa a más de 100 personas del ambiente artístico y deportivo local que han iniciado juicios contra contra Google. Algunos de estos casos datan del 2006 y desde entonces se han dictado un sin número de decisiones judiciales, muchas de ellas contrarias a Google. Después de años de litigio, Google ha ganado una serie de casos, como Krum y DaCunha, en armonía con la legislación y jurisprudencia internacional.

Con respecto a la visita de los magistrados a las oficinas de Puerto Madero, informaron que fueron realizadas a través del “Programa de Visitas de Jueces a Empresas”, dentro del marco del programa de Capacitación de Jueces de AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos). Este programa es elaborado en conjunto con la International Judicial Academy con el objetivo que los magistrados  conozcan cómo funcionan los negocios de la alimentación, las telecomunicaciones, Internet y el entretenimiento, entre otras industrias.

Esto también generó un debate en torno a la figura jurídica de los buscadores y el marco dentro del cual debería permitirse o no a este tipo de empresas vincular contenidos con resultados de búsqueda. Que Google quite de sus resultados los links a sitios o los dé de baja de su index afectaría de cierta manera la libertad de expresión. La discusión no debería centrarse en si los culpables son los resultados que vinculan sitios que afectan la moral y buenas costumbres o perjudiquen la imagen de una figura pública, sino focalizarse en crear herramientas y entidades auditoras de los generadores de estos contenidos.

- Google habría sobornado a jueces argentinos (A24)
- El más temido por Google (Noticias)
- En medio de su batalla legal con usuarios famosos…(Perfil)
- Google deslinda responsabilidad sobre contenidos en internet y apela medidas judiciales (La Nación)

Según estadísticas reveladas por la misma agencia, más de 18 millones de quejas se han recibido hasta el momento, de las que sólo 470.000 han sido respondidas (es decir, se envió esa cantidad de emails de advertencia a los usuarios). De ellos, sólo 20.000 recibieron una segunda advertencia, y apenas 10 llegaron al tercer “strike”, enfrentando posibles cortes de su conexión a internet.

La agencia señaló a Ars Technica que una de las principales razones para la baja cantidad de advertencias enviada es técnica. El sistema que se utiliza todavía está en fase de prototipo, y no aguanta la cantidad de requerimientos que llegan. El gobierno está trabajando en un nuevo sistema más robusto que podría empezar a operar a fines de año.

Por otro lado, Hadopi también quiere darle tiempo a las personas antes de enviar las segundas o terceras advertencias para que la gente cambie de conducta. La agencia quiera ahorrarse el tener que llevar a juicio a usuarios de internet.

Los 10 que ya recibieron su tercera advertencia deben presentarse ante la agencia, donde se revisa el caso y se decide si irá a un juez, que es el que finalmente decide un tipo de castigo, que puede ir desde la desconexión por un mes, o el pago de hasta 1.500 euros.

El tema de desconectar internet como castigo ha sido ampliamente debatido y es mal visto en la mayoría de los casos, dejando a Francia como uno de los pocos países donde esta medida se aplica – si es que llega a aplicarse, considerando la cantidad de quejas que tiene que procesar la agencia.

Link: French copyright cops: we’re swamped with “three strikes” (Ars Technica)

La nueva legislación condena con hasta tres años de prisión o 500.000 yenes de multa (unos US$6.200), mientras que la adquisición o almacenamiento de alguno, en hasta dos años de presidio o multas de 300.000 yenes. También penaliza el envío de correos electrónicos con contenido pornográfico a una cantidad aleatoria de personas.

El problema es que hay gente que se opone porque podría infringir la privacidad de comunicaciones garantizada constitucionalmente, ya que permite la confiscación o copia de información desde servidores conectados a través de redes online con computadores confiscados para investigar.

Además permite a las autoridades a pedirle a los proveedores de internet que retengan los registros de comunicaciones, como los nombres de los remitentes y destinatarios de los correos electrónicos de los últimos 60 días.

Mientras, quien no quiera infectarse con virus, quizás sea más seguro instalarse en Japón.

Link: Legislation criminalizing creation of computer viruses enacted (The Mainichi Daily News)

La aplicación polémica

Hace pocos días fue publicado un artículo por parte de Franco Catrin relativo al caso del Sr. Carlos Oliva y su experiencia por el sistema penitenciario chileno producto de la comisión de un delito contra la propiedad industrial, lo que a su vez fue consecuencia del desarrollo de una aplicación (App) para iPhone que servía para encontrar cajeros automáticos, utilizando en el proceso la marca Redbanc.

En este artículo el Sr. Oliva fue retratado como una víctima de un sistema supuestamente injusto.

Muchas palabras duras contra el sistema penal chileno y muchas consignas libertarias tomaron lugar entre los comentaristas en esa ocasión, pero como en muchas cosas, hubo muchos errores que pretendo clarificar aquí.

1)      La empresa Redbanc no propició el arresto (absolutamente justificado, ya veremos por qué) del Sr. Oliva, debido a que como la ley sobre propiedad industrial señala, estos delitos son de acción pública (aun cuando la denuncia puede provenir de un particular) y no es como se podría pensar una persecución desde la cúpula societaria de Redbanc.

2) Lo que Redbanc podría haber hecho era promover una demanda indemnizatoria por daños (o posibles daños) pero ignoro si eso ocurrió. Daños no solamente son la destrucción activa de mi propiedad o daños a mi persona, sino también la pérdida de una ganancia legítima producto de un hecho culpable o malicioso.

3) Haber retirado la App debe haber sido lo que evitó que ocurriera lo del punto anterior, pero el proceso penal ya había comenzado con anterioridad seguramente. El caracter automático de ese sistema es justamente un beneficio que le otorga efectividad a su acción, nadie se queja si es efectivo contra una persona que comete un delito que probablemente los pueda afectar a ellos, como un robo, pero sí se quejan cuando es un delito contra la propiedad industrial, que en algunos caso o no les afecta o creen que no les afecta.

Hay una diferencia del daño producido y por lo mismo hay una diferencia en las sanciones, sin embargo la forma de ser perseguidos ambos debe ser la misma pues responde a una cuestión de eficiencia y eficacia del sistema persecutorio que evita que la ley sea letra muerta.

En esa eficacia puede fallar el flujo de información sólo si fallan las partes. Ahí es donde el Sr. Oliva falló, al no buscarse la asesoría de un abogado que pudiera entre otras cosas haberlo defendido aduciendo justamente que la App ya no estaba en línea. En nuestro sistema, el tribunal en pocas ocasiones está autorizado para actuar por iniciativa propia y el impulso procesal lo dan (en este caso en sede penal) por una lado la fiscalía y por otro la defensa del imputado.

4) El señor Oliva era un prófugo de la justicia al ser imputado en un delito y no asistir a la última citación que se realizó, había una orden de arresto en su contra. la ley es igual para todos.

5) La justificación de cambiarse de domicilio no es la  que un hombre adulto responsable puede aducir en su favor, menos en caso de haber una causa criminal abierta en su contra. Eso es derechamente irresponsabilidad y no es culpa del “sistema” tan criticado. Lo que debió haber hecho fue revisar el estado de la causa regularmente y como exigencia mínima haber dado aviso al tribunal del cambio de domicilio. El Sr. Oliva fue derechamente negligente.

6) Para una citación se notifica personalmente a la persona investigada. Que sea personalmente dista mucho de un mensaje por correo electrónico o un telefonazo, lo cual por razones obvias de certeza y seguridad nunca se ha utilizado (un correo puede nunca ser abierto y la persona al otro lado del teléfono puede ser cualquiera; no hay medios de asegurar la identidad en ninguno de esos dos medios) la notificación por lo demás debe cumplir con entregar la citación íntegra para que la persona sepa con exactitud a lo que debe asistir y por qué.

7) Las 48 horas de arresto prueban que la igualdad ante la ley es efectiva. Más allá de lo que revela Carlos Oliva en su blog que entre líneas expresa su malestar de estar junto a otros imputados.

Si el Sr. Oliva se considera ciudadano de primera categoría y distinto a los imputados con lo que tuvo que codearse esto es otro tema, pero todos los imputados y más aun con orden de arresto en su contra y prófugos, se someten al mismo procedimiento y nadie tiene privilegios por venir de una mejor familia, ni por tener una mejor educación o mejores ingresos.

Comentario Final

Mi intención no es criticar en lo personal ni al autor del artículo ni al autor de la App, por lo que espero sinceramente que no sea tomado como un ataque personal a ninguno de los dos. He tratado de ser lo mas objetivo posible y los más directo posible sobre cómo funciona la ley en nuestro país al menos en términos simples y básicos.

Mi motivación detrás de este artículo es que nadie cometa el error nuevamente y tenga que pasar ese mal rato y por otro lado tengo una motivación de principios.

Pienso que el desarrollo científico, tecnológico y económico van de la mano con la protección de los derechos industriales de quienes emprenden con trabajo y extensos estudios otorgando valor a sus marcas y productos esperando una protección adecuada en un mundo cada vez más complicado, donde internet es justamente un terreno donde los desarrolladores buscan ser protegidos y de esa forma tener los incentivos para innovar. Incentivos que son también para pequeños desarrolladores o empresarios que justamente son los que más necesitan que el Estado en su actividad penal proteja sus derechos en su nombre al no tener los medios para hacerlo de manera particular.

Zuckerberg presentó pruebas donde afirma que el supuesto contrato y los correos electrónicos que presentó Ceglia son falsos y de que su demandante está involucrado en una importante estafa relacionada con ventas fraudulentas de terrenos en Florida, Estados Unidos. Junto con ello, Zuckerberg prestó personalmente una declaración jurada donde confirma que firmó un contrato de trabajo con Ceglia, pero que no tenía nada que ver con Facebook.

“No sostuve ningún acuerdo, escrito o de otro tipo, con StreetFax, Ceglia, ni nadie asociado con Ceglia que tenga que ver con Facebook o cualquier sitio de redes sociales relacionado”, afirmó Zuckerberg bajo juramento. “No escribí ni recibí ninguno de los supuestos correos electrónicos citados en la demanda ampliada”, agregó.

Los nuevos documentos piden a la Corte Federal de Nueva York que supervise el caso para acelerar los procedimientos y que Facebook y Zuckerberg puedan ver el contrato original (Ceglia presentó una versión escaneada que genera dudas en la parte demandada). Un experto en documentos señaló que el contrato de dos páginas tiene distintos espaciados y fuentes y que fue impreso en dos impresoras diferentes y en distintos momentos. Además, un experto forense revisó los archivos de correos electrónicos de Harvard y descubrió que ninguno de los 175 correos presentados por Ceglia se encuentran en el registro, pero que sí halló otros donde Ceglia se disculpa por no haberle pagado a Zuckerberg por sus trabajos de programación en StreetFax.

Adicionalmente, un investigador privado presentó otra declaración denunciando que Ceglia estafó a numerosos residentes de Florida mediante ventas de propiedades en eBay, donde los terrenos no podían ser desarrollados. Afirmó que Ceglia entregaba planos adulterados para convencer a los compradores de que los terrenos eran edificables.

Veremos cómo se defiende de este contragolpe de Zuckerberg.

Link: Facebook Fires Back at Guy Who Claims 50% Ownership (Wired)

“Nunca fue mi intención causar a ningún usuario problemas o hacer que la piratería fuera más fácil”, dijo Hotz, reiterando que su intención no era piratear, sino permitir correr otros sistemas operativos (Linux) en la consola. Sony a su vez liberó de responsabilidad a GeoHot por el ataque de Anonymous a los sitios de la empresa. De este modo, el paso por tribunales será evitado.

La mayoría de los términos del acuerdo no han sido publicados, por lo que no se sabe cuánto ganó o perdió GeoHot en el asunto. Sony, por supuesto, ha publicado el tema diciendo que es una victoria para ellos contra los tramposos y piratas. Nadie se olvida, sin embargo, de que Sony comenzó a perseguir a medio mundo aunque hubiesen preguntado por el jailbreak por mera curiosidad.

Sony también trató de desacreditar a Hotz acusándolo de fugarse a Sudamérica.

Por su parte, Hotz sólo se limitó a decir que “nunca compraré otro producto Sony” en su blog, llamando a que los demás se unan al “boycott”. El joven no hizo mayores comentarios al acuerdo legal que alcanzó con la empresa.

Link: Settlement in George Hotz Case (PlayStation Blog vía Electronista)

De no existir tales elementos, enlazar a contenidos de descarga no es sí mismo un delito, tal como lo ha reafirmado la Justicia madrileña en un nuevo fallo relacionado con el foro de descargas Indicedonkey.

Tal como sucedió hace un par de meses cuando la Justicia española absolvió a estrenosdivx.com, www.limitedivx.com y www.limitetracker.com, ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado archivar el caso contra el foro de descargas Indicedonkey, citando los siguientes argumentos:

Los responsables de la página no realizan de forma directa actos de comunicación pública de obras protegidas por la LPI (Ley de Propiedad Intelectual) ya que no alojan en sus archivos los títulos descargados”.

Además, la Justicia madrileña considera que no existe ánimo de lucro directo por parte de los administradores de la web en cuestión, ya que:

La retribución que obtienen los administradores de la página no compensa la descarga de los títulos, sino la publicidad derivada del acceso genérico a la página, que es independiente de ésta y que se puede producir aunque no haya descarga”.

Con este fallo queda claro, nuevamente, que los sitios que sólo comparten enlaces a descargas no están cometiendo infracciones contra los derechos de autor, y por tanto, al no albergar “contenidos protegidos”, su actividad no se puede considerar como “comunicación pública”.

Vale destacar que este fallo bien podría servir de precedente una vez que comience a aplicarse la llamada Ley Antidescargas (lo que está previsto suceda a mediados de año), en situaciones que pudieran enfrentar web similares a las que intenten criminalizar por compartir enlaces… ¡Al fin una buena noticia para los internautas en España!

Link: La Audiencia de Madrid insiste en que enlazar a descargas no es delito (El Mundo)

Google nuevamente se ve enfrentado a un fallo adverso relacionado con su servicio Street View. El escenario ahora es Francia, donde la compañía ha recibido una sentencia que la obliga a cancelar 100.000 euros de multa por haber recolectado más información de la que era necesaria para el correcto funcionamiento del servicio.

La investigación llevada a cabo por la La Comisión Nacional Francesa de las Libertades Civiles e Informáticas determinó que Google, por medio de su servicio Street View, había recolectado de manera indebida contraseñas y correos electrónicos que los usuarios habían enviado utilizando redes inalámbricas.

Claro que la multa impuesta a Google no sólo tomó en cuenta este hecho, sino que también se sumó el que la compañía habría obtenido beneficios económicos a partir de la información que habían recolectado.

Ahora según el procedimiento establecido por la justicia francesa establece un plazo de dos meses para apelar al fallo, aunque sus abogados ya se han disculpado a nombre de la empresa por haber recolectado información de manera indebida.

Link: France fines Google 100,000 euros over Street View (Physorg)

(cc) espenmoe

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, obtuvo hoy la libertad bajo fianza tras haber sido detenido hace una semana en Londres, Inglaterra.

Sin embargo, deberá permanecer detenido las próximas 48 horas, luego de que los abogados suecos que llevan la causa en su contra presentaran una apelación a la decisión de dejarlo en libertad. La apelación demorará todo ese tiempo en ser resuelta, y hasta entonces, el fundador de WikiLeaks deberá permanecer tras las rejas.

Assange, de 39 años, se presentó hoy ante el juez después de haber estado en prisión preventiva, por acusaciones de abuso sexual (según una cláusula que aparentemente sólo existe en Suecia) presentadas en su contra por dos mujeres.

El juez que le otorgó la libertad exigió a Assange atenerse a las condiciones de la fianza, porque aún está en disputa su posible extradición a Suecia por las mencionadas acusaciones.

Las condiciones incluyen entregar su pasaporte, llevar un brazalete electrónico para rastrear su paradero y presentarse en la comisaría todos los días a las 6 pm. El valor de la fianza se fijó en 240,000 libras (US$380.000).

La próxima presentación de Assange ante la corte será el próximo 11 de enero.

El fundador de WikiLeaks ha alegado una persecución política en su contra después de que el sitio de filtraciones revelara miles de cables confidenciales de la diplomacia estadounidense.

Link: Julian Assange freed on bail: live updates (The Guardian)

Godoy fue condenado a tres años de prisión preventiva y el pago de 350 mil soles por poner links en un artículo que fueron considerados injuriosos contra el ex parlamentario Jorge Mufarech.

La jueza que dictó la sentencia, Flor de María La Rosa fue hoy suspendida por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), ya que se consideró que no cumplió con “el deber de impartir justicia y respeto al debido proceso”.

Muchos gritaron espantados cuando se dictó la condena, ya que no se trataba de que Godoy hubiese calumniado al político escribiendo algo, sino que otras personas, en otros artículos, habían dicho cosas que a Mufarech no le parecían. Godoy sólo los había linkeado.

Así, se abrió un proceso disciplinario en contra de la jueza por irregularidades. El documento dice que La Rosa habría incurrido en una falta muy grave al no justificar debidamente el monto de la multa impuesta a Godoy. Además agrega que “tal actuación habría sido efectuada en forma intencional para favorecer al querellante Mufarech”.

La Rosa además está afiliada desde 2004 al partido aprista, lo que también fue considerado una “falta muy grave”.

Todo implica que la magistrada “desmerece la dignidad del cargo y compromete negativamente la imagen del Poder Judicial”, señala el documento.

No está claro qué sucederá con Godoy, pero al menos parece que la justicia está funcionando (lento, pero funcionando).

Links:
- La OCMA suspende a jueza que condenó a bloguero (El Comercio)
- Resolución OCMA Flor La Rosa

Y la justicia británica le pone el ojo sobretodo a Twitter, por ser la plataforma de microblogging la que permite, con mayor facilidad, que se intercambien datos sobre los procesos judiciales y, en consecuencia, los jurados puedan verse “influenciados” por los debates 2.0.

El máximo responsable de la justicia de ese país, el “Lord Judge” (algo así como el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia), lo explica así:

No podemos impedir que la gente use Twitter, pero si los miembros del jurado ven ese material, los riesgos para que tenga lugar un juicio justo serán elevados”, concluye el magistrado.

Por su parte, en declaraciones hechas a la BBC de Londres, el Lord Chief Justice de Inglaterra y Gales, explicó su preocupación en una posible “contaminación” del jurado por los debates que se den en las redes sociales sobre los juicios en desarrollo.

Cuentas… ¿Censuradas?

Con estas nuevas declaraciones sobre Twitter se ha abierto un debate con la Fiscalía británica, que encabeza el antiguo Fiscal jefe nacional de Gran Bretaña, quien manifestó sus quejas porque los jueces no hacen lo suficiente para tratar de que los miembros de los jurados no utilicen Google, Facebook o Twitter para informarse de forma paralela sobre sus casos y las personas implicadas.

En realidad, sí es posible evitar que los internautas hagan determinados usos de las redes sociales en casos como éste. Por ejemplo, si eres miembro de un jurado, la ley británica establece que el uso de “información paralela” al juicio es un delito constituido y que está castigado con dos años de cárcel en Gran Bretaña.

No pueden, sin embargo, censurar las cuentas de los miembros del jurado, porque priva el principio de libertad de expresión e información, así que la situación es complicada para quiénes ven en las redes sociales una amenaza a la imparcialidad de los procesos judiciales.

Y es que quizá lo sea, si nos ponemos a pensar que con argumentos válidos en 140 caracteres bien podrían influirse las decisiones de los jurados. ¿Crees que la discusión de detalles de los juicios a través de las redes sociales represente una amenaza real para la imparcialidad de los jurados?

Link: Twitter amenaza los juicios con jurado en Gran Bretaña (La Voz Libre)

(cc) .schill

Oliver Drage (19) fue arrestado en mayo del año pasado en medio de una investigación por explotación sexual infantil. Su computador fue confiscado por la policía en busca de evidencia, pero oh sorpresa: no se podía acceder a una parte del material almacenado debido a que estaba encriptado bajo una contraseña de 50 caracteres.

Naturalmente, la policía le pidió al joven el código de acceso, a lo que él se negó. Como consecuencia, fue sentenciado a 16 semanas en una correccional para jóvenes.

La medida fue tomada bajo el amparo de una ley que rige desde 2000 en Inglaterra (Regulation of Investigatory Powers Act), que permite mandar a prisión en estos casos – aún sin pruebas de que el chico sea culpable de algo. No es primer caso de este tipo en ese país.

La sentencia, de acuerdo a la corte, “envía un robusto mensaje a aquellos que intentan enmascarar sus actividades criminales, de que serán puestos ante la ley con las más duras sanciones, y en este caso, se trata de una sentencia de custodia”.

La policía todavía está tratando de descifrar la contraseña de 50 caracteres.

El asunto aquí es complicado, porque no se sabe si el chico es inocente o no: no hay pruebas de que haya cometido el crimen del que se le acusa, y la única cosa que podría ser prueba está encriptada bajo 50 caracteres. El hecho de que no quiera revelar el password, por otro lado, podría ser una forma de “proteger su privacidad”, sin embargo, al mismo tiempo lo hace parecer culpable.

Link: Youth jailed for not handing over encryption password (The Register)

(cc) Mirko Lupo

Hace un par de semanas, la visita del primer ministro italiano Silvio Berlusconi a Milán se tiño de rojo cuando el ciudadano Massimo Tartaglia logró apuntarle al rostro del primer ministro con una estatuilla del duomo, rompiéndole un par de dientes y la nariz. El hombre fue detenido y esto no sería una noticia para FayerWayer si no fuera por las repercusiones online: en pocas horas se habían formado decenas de grupos de apoyo para Massimo Tartaglia. Los más radicales llamaban a la gente a imitar el ejemplo del improvisado atentado, otros incluso insinuaron más con frases como: “para la navidad se puede llegar más lejos”.

El gobierno, preocupado por estas reacciones tan virulentas, pensó en proponer una ley que penase con cárcel la incitación a la violencia en Internet y habilitara a las autoridades a quitar del aire los sitios que alojasen esas declaraciones. Pese al duro anuncio del Ministro del Interior Roberto Maroni, las últimas informaciones indican que  ahora cambiaron de idea y se irán por un derrotero menos autoritario.

Sucedió en la reunión bimestral que sostienen autoridades de gobierno con representantes del rubro tecnológico. En dicha reunión estuvo Richard Allan (responsable de Facebook en Europa), el Ministro de Políticas Juveniles,  representantes de los rubros de industrial y de telecomunicaciones, la asociación Italiana de ISP, Google y Microsoft por nombrar a unos cuantos. También acudieron el Viceministro de Comunicaciones Paolo Romani, el jefe de la policía Antonio Manganelli y el jefe de la Policía Postal y de las Comunicaciones Antonio Apruzzese. Dicho sea de paso, este organismo es una suerte de “brigada del cibercrimen”.

En el encuentro, anunciaron que el gobierno decidió descartar la idea de Maroni, y que no habrá una ley sobre el comportamiento o el contenido de los mensajes en Internet. Se decidió que regular la expresión de opiniones en Internet, o sacar del aire los sitios que las desplieguen, atenta contra las libertades individuales y no se justifica ni siquiera en pos de la seguridad. En cambio, lo que harán será elaborar un documento o código de comportamiento en Internet, apelando a la autoregulación de las personas antes que al ciclo falta vs castigo.

Es curioso, en los Estados Unidos si saliera alguien a decir que las libertades individuales importan más que el resguardo de la seguridad lo tacharían de loco o hippie. Qué distinta es la idiosincracia de los pueblos.

Link: Codice di autoregolamentazione per il Web (Notebook Italia)

Ahora, la ley actúa

Este caso no es aislado en España; no es primero, ni será el último. Guarda bastante relación con lo que comentamos del bloqueo de sitios web, y que no es más que lo que ocurre cuando ciertos asuntos llegan a manos de la justicia.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la solicitud de la productora y distribuidora Milcap Group S.L. a tres operadoras proveedoras de servicios de internet (Telefónica, Jazztel y Orange) para que identifiquen a los usuarios detrás de sus respectivas direcciones IP que la empresa acusa de intercambiar ilegalmente películas mediante sistemas P2P, infringiendo así los derechos de autor.

Pues claro. ¿Cómo no va a desestimar un juez una solicitud bajo el pretexto que se trata de un caso de actividad ilegal, cuando el compartir es legal? Además, el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente.

Pero el asunto va más allá. ¿Cómo se presentó la demanda? ¿Se denunció a algunos usuarios solamente? (Y cómo supo que eran esos usuarios, sin violar el secreto de las telecomunicaciones) ¿O tal vez demandó a todos los millones de abonados de ADSL que hay en España, para así asegurar el tiro?

Este es un ejemplo más de porqué ciertos sectores de la sociedad pretender utilizar la vía administrativa pasando por encima de la vía judicial. Y este debería ser el ejemplo a seguir en el futuro. En España, gran parte del contenido audiovisual viene acompañado de un spot con el eslogan “Ahora, la ley actúa”, y que pretende frenar la piratería. Pues en este caso, efectivamente la ley actúa, porque el compartir no es piratería.

Link: La protección que quiere eliminar el Gobierno (Paper Papers)

El inusual castigo, que incluye además la prohibición de tener un celular por el mismo periodo de tiempo, fue dado por la jueza de Menores Marcela Leiva, quien dispuso también que las tres atiendan a tratamiento sicológico.

Irónicamente, las chicas fueron identificadas gracias a un video captado por un testigo con su celular, el que luego subió a YouTube, de donde pasó hasta los canales de televisión.

“Prefiero 10 años de cárcel antes de que se me prohíban internet y el celular. Tengo cientos de amigos. ¿Cómo me comunico con ellos?”, dijo una de las jóvenes. Tal vez los papelitos en clases o el teléfono de vasos de plástico puedan volver a ser un medio de comunicación válido.

Link: Una jueza condena a un año sin móvil ni Internet a tres adolescentes por una pelea (20 minutos vía FW Brasil)

Para tener un final lo más limpio posible, la justicia sueca ordenó una investigación para descubrir si existieron irregularidades durante el caso, encargadas al juez Ulrika Ihrfelt, que acaba de perder esta posición por… descubrirse que está ligada con los mismos grupos opositores a TPB.

Ciertamente una cruel ironía que deja bastante mal parada a la justicia sueca ante la mirada internacional, que ahora trata de hacer lo posible para hacer una salida lo más digna posible de este engorroso caso.

Link: Judge Reviewing Pirate Bay Trial Bias Is Removed for Bias (Wired)

Aunque condena no beneficia directamente a los usuarios, pero se espera que sea lo suficientemente dura como para desincentivar el concierto de precios entre fabricantes, en especial a LGe que tendrá que cargar con el pago de USD $400.000.000 y del que ya habíamos oído hace algunos años que realizaba estos acuerdos para mantener y elevar precios.

Finalmente cabe señalar que Sharp ha anunciado que a modo de sanción interna bajará los sueldos de los ejecutivos de alto vuelo entre un 10 y un 30% por tres meses, esperando enviar una señal al mercado, mientras que en las otras dos empresas participantes Dicen™ que contratarán a Fat Tony, Tony Soprano y Tony Schek Mr. Chips para que en lo sucesivo no los agarren con las manos en la masa.

Link: LG, Sharp, and Chunghwa nailed for LCD price-fixing (CrunchGear)