La consternación de los abogados de propiedad intelectual ingleses aún persiste. El Juez de Control de Calidad, Colin Birss, falló en un caso donde se denuncia a un fotógrafo por recrear la famosa imagen en blanco y negro del autobús rojo pasando sobre el puente de Westminster y por delante del Parlamento Británico, aludiendo que “era demasiado similar auna fotografía ya existente y que posee licencia”. La fotografía iba a formar parte de los envases de té de una firma local.

El argumento del juez es que, según las leyes de propiedad intelectual británicas, es una infracción la “reproducción de una obra en cualquier forma material”, algo que hasta ahora había sido interpretado en el sentido de que sería violatorio hacer copias literales de una obra registrada, no de recrearlas.

El gran dilema que se plantea ahora es cómo lidiar con este fallo, que ha ampliado la definición de infracción a la propiedad intelectual, proponiendo que cualquiera reclame derechos legales sobre una idea. Las leyes de propiedad intelectual siempre trataron de evitar esto, ya que es competencia del derecho de autor universal, y no debería verse ligado a una protección económica, como es el “copyright”.

De esta sentencia, se concluye que algunas de las grande imágenes que popularizaron al Reino Unido, como la tapa del disco Abbey Road de Los Beatles, una de las imágenes más representadas por turistas de todo el mundo, podría significar una infracción, con las consecuencias que esto acarrea (pago de multas, etc). Así que ya saben, si andan por Abbey Road, tengan cuidado de no marcar los pasos de John, Paul, Ringo o George y esquivar los flashes de los turistas, no sea que terminen siendo víctimas de alguna imagen ilegal.

Link: Recreating famous Abbey Road scene could violate new UK copyright ruling (The Verge)

Si bien la variación es notable comparando el 2012 con los dos años anteriores, en el 2009 y 2008 encontramos picos considerables. Siguiendo con las cifras, Malaprensa coloca otra lista pero ahora comparando el primer trimestre de cada año:

¿A qué se debe? Puede que la cartelera haya sido más atractiva o tal vez los usuarios decidieron combatir la pausa navideña de las series de televisión, en fin, puede ser cualquier cosa. Ahí está el problema, no se sabe con certeza la causa el cambio y decir que la causa es el cierre de Megaupload sin estudio previo suena bastante tendencioso.

¿Qué les parece?

Links:
- Esos cines llenos tras el cierre de Megaupload… (Malaprensa)
- El cierre de Megaupload, ¿dispara la recaudación de taquilla en los cines? (FayerWayer)

Así lo aseveró la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en medio de la polémica por el cierre de Megaupload, y aunque evitó referirse a SOPA o PIPA, sí que fue tajante en sus declaraciones:

“Para Europa, el bloqueo de Internet no es una opción (…) La protección de los derechos de autor no puede ser utilizada como pretexto frente a la libertad en Internet”.

Esta declaración de seguro le devuelve el alma al cuerpo a más de uno, dado que en los últimos días se ha estado especulando mucho sobre hasta dónde pueden llegar las medidas de las autoridades para defender los materiales protegidos con derechos de autor y cuál es el límite entre la defensa del copyright y la censura en la Red.

Y es que precisamente Reding insistió en lograr un equilibrio en la defensa de los derechos de autor y la garantía de la libertad de expresión de los ciudadanos:

“La libertad de expresión e información son derechos fundamentales de los ciudadanos europeos directamente vinculados con un internet libre (…) El derecho de los creadores de proteger el contenido y los frutos de su creación es igualmente importante y también tiene que ser protegido”.

Volvemos entonces a la clave de todo: El equilibrio. Nadie está de acuerdo con que a los autores no se les reconozcan sus derechos y se le retribuya por su trabajo creativo, porque entonces estaríamos sentenciando en parte el fin de la música, el cine y la literatura: Si los creadores no reciben su retribución por estas actividades, difícilmente se dediquen a crear, ¿no os parece?

El detalle está en cómo deben ser la retribuciones al respecto, de modo que no asfixien el bolsillo de los ciudadanos, y tampoco se encuentren en permanente disputa con la Internet o la tecnología en general… ¡Equilibrio!

A mi forma de ver, como os he comentado antes por aquí mismo, se trata de replantearse el modelo de negocio y adaptarlo a los tiempos que corren. Vamos, que aunque quisiera no tengo entre manos la solución al problema, o cuál sería el modelo ideal, pero confío en que si hay gente tan capaz de pasarse la vida buscando formas de sancionar a los ciudadanos por compartir los contenidos, también podrían dedicar parte de su inteligencia y esfuerzo en encontrar un modelo de negocio que pague al autor por su creación, sin castigar al consumidor de la obra, ¿no os parece?

Y a vosotros: ¿Qué se os ocurre para recompensar al autor por su trabajo, en armonía con Internet y la tecnología de la que actualmente disponemos? ¿Algún modelo de negocio en mente que pueda darles luces a los encargados del tema?

Link: La UE: “El bloqueo de Internet para defender los derechos de autor no es una opción” (20 minutos)

“El alimento es un regalo de Dios. Utilizar un instrumento artificial para llevarlo a la boca, implica que no es digno de ser tocado.” — Clérigos de Venecia, 1005 d.C.

Esos clérigos se referían al tenedor, demonizando su uso y atrasando su adopción por varios siglos. Esa es una de mis citas favoritas y el mejor ejemplo del miedo que tenemos colectivamente al cambio. Mientras más viejos somos, más queremos que las cosas sigan como siempre, como comer con las manos en vez de aceptar que el tenedor es una buena idea y que quizás deberíamos adoptarlo aunque cambie nuestras costumbres.

Pero partamos por el principio, ¿por qué nos deberían importar las leyes de propiedad intelectual que se estén discutiendo en el Congreso de Estados Unidos? Porque cuando el país del norte ha firmado tratados de libre comercio con distintos países (entre los que se encuentra Chile), uno de los capítulos más extensos y polémicos ha tenido que ver con la propiedad intelectual y la protección de los derechos de autor, donde ha negociado que el país asociado adhiera a modificaciones a sus leyes existentes. Por lo tanto, aunque parezca lejano que se esté debatiendo un proyecto de ley en Washington D.C., la preocupante noticia es que podría terminar aplicándose en el resto del mundo.

Cuando Shawn Fanning lanzó Napster al mundo en 1999, fue un fenómeno alucinante. Como nunca antes en la historia, podías abrir un programa y tener acceso a prácticamente toda la música del mundo. Recuerdo haber pasado horas buscando cualquier canción que se me viniera a la cabeza y casi mágicamente encontrarlas todas. Era una muestra del poder que tenía internet y quedaba claro que así se debía distribuir la música. Pero sin saber cómo lucrar de este fenómeno, las compañías discográficas no encontraron nada mejor que demandarlos hasta la desaparición. Luego Steve Jobs presentó el iPod al mundo en 2001 y, como nunca antes, podías tener “1.000 canciones en tu bolsillo”. Esas mil canciones debías obtenerlas desde un CD para pasarlo a tu reproductor MP3 y aunque usted no lo crea, hacer eso hasta el día de hoy es considerado ilegal. Algunos trataron de demandarlos, pero por suerte no tuvieron éxito. Si Apple no hubiese introducido un producto que permitía reproducir música “ilegal”, el iPod no habría tenido el éxito que todos conocemos, abriendo el camino para que hoy exista un mercado legal de música digital inmensamente superior a cualquier soporte físico que haya existido antes.

Hoy los sellos discográficos y los estudios de cine — dos industrias que se dan mucha más importancia de su aporte a la economía global de la que realmente tienen — siguen tratando de que comamos con las manos en vez de darse cuenta que es hora de cambiar nuestros hábitos y aceptar que los tenedores llegaron para quedarse.

Uno de los proyectos de ley que está generando más polémica recientemente, es la ley SOPA, siglas en inglés que significan “Stop Online Piracy Act” (Acta de Cese para la Piratería Online). Este proyecto de ley propone que se pueda censurar cualquier sitio web del mundo que sea sospechoso de facilitar la infracción de derechos de autor, potencialmente amenazando la existencia de servicios como YouTube, Twitter o hasta Facebook, incluyendo cualquier sitio web donde un usuario deje un enlace a un archivo “pirata”. Así, por tan solo filmar un video de mi hija bailando una canción de Plaza Sésamo y subirlo a YouTube, yo sería considerado un pirata sentenciado hasta a cinco años de prisión y el sitio web podría ser bloqueado extrajudicialmente. No se a ustedes, pero a mi me parece exagerado y en extremo ridículo.

Lo más insólito es que el título completo intenta convencer que la intención de esta ley es “promover la creatividad, innovación y emprendimiento”. Sin embargo hoy hay más músicos que nunca en nuestra historia y la gran mayoría de ellos no ganan plata con la venta de discos (¡ni siquiera tienen sello discográfico!). Por el contrario, regalan sus canciones, obtienen seguidores y se financian con los conciertos en vivo que se llenan de esos mismos fanáticos que de otra manera no los conocerían. Súmale a eso que innovaciones y emprendimientos como YouTube dejarían de existir.

Peor aún, hay muchos que ven la ley SOPA usando la propiedad intelectual como una excusa para censurar cualquier sitio bajo el pretexto de la protección a los derechos de autor, y es ahí donde se vuelve crucial evitar que se promulgue esta ley.

En vez de estar modificando las leyes de propiedad intelectual para que sean más restrictivas, deberíamos estar trabajando en la dirección contraria, liberalizando las leyes de propiedad intelectual. Deberíamos permitir que se compartan libremente las creaciones con derecho de autor, siempre y cuando se reconozca la autoría y no se esté lucrando de ello. Yo debería poder regalarte un MP3 de mi canción favorita, sin que sea considerado piratería. Piratería debería ser sólo cuando alguien está lucrando al compartir esa canción, cuando se le da un uso comercial, ahí las leyes deberían proteger para que ese lucro siempre sea compartido con el autor.

En vez de limitar, penalizar y censurar la facilidad que nos da internet para compartir, estas industrias “creativas” deberían usar su creatividad para inventar la forma de sacarle el mayor provecho a la naturaleza abierta y participativa de internet con modelos que les permitan seguir siendo rentables. Que los que quieran seguir comiendo con las manos lo puedan hacer, pero algunos ya queremos tenedores.

Según quienes apoyan estos proyectos, la normativa es necesaria para detener la piratería que afecta a la industria de contenidos. Los detractores, sin embargo, hacen notar que se trata de los mayores esfuerzos para censurar la web, y que el bloqueo de una dirección web probablemente no detendrá a quienes lucran con este material conseguir otra forma de distribuirlo.

Así, la Cámara Argentina de Internet (Cabase), que reúne a las empresas proveedoras de acceso a internet (ISP), telefonía, soluciones de datacenter y otras del sector, declaró hace algunos días 10 principios para el desarrollo de internet, que se oponen a lo que plantean las leyes mencionadas en el primer párrafo.

Asimismo, en Chile la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), manifestó su rechazo a este tipo de leyes. “Tal como se plantea la Ley Sinde en España, no me parece que se esté dando los pasos correctos. Esto principalmente, porque esta ley ha entregado el poder a un grupo reducido de personas, la Comisión de Propiedad Intelectual, para determinar qué es o no una falta, pasando por alto al sistema judicial que es quien debe discernir al respecto”, afirmó Raúl Ciudad, presidente de la ACTI.

“Si se opta por regular la red y buscar quiénes infringen o no las normativas, esto debe hacerse en Tribunales, y si las leyes no son suficientes, entonces, el Congreso y el Ejecutivo deberán promover proyectos de ley que aseguren el resguardo de la propiedad intelectual”, opinó.

Sin embargo, esto no significa que en Chile la propiedad intelectual esté funcionando bien. “Nuestras leyes de propiedad intelectual no son eficientes en la defensa de los derechos de autor. En este caso los legisladores deben trabajar a objeto de tener mejores herramientas”, dijo.

En Argentina, la Cabase estableció los siguientes principios:

1. Respeto a las libertades individuales y los derechos humanos: El uso de Internet debe ser impulsado bajo los principios de respeto a la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, la libre asociación y los demás derechos humanos reconocidos, teniendo en cuenta que Internet es una herramienta esencial para la realización de los mismos y para la formación de una sociedad libre, justa y democrática.
2. Diversidad: La diversidad cultural y la pluralidad de creencias individuales e ideas debe ser respetada y preservada, y su expresión debe ser estimulada por la innovación técnica, desalentando la imposición de dogmas, costumbres o valores particulares en la red.
3. Gobernanza y regulación democrática y colaborativa: La gobernanza y la regulación de diversos aspectos de Internet deben ejercerse de manera transparente, multilateral y democrática, con participación de los diversos sectores de la sociedad, preservando y fomentando su carácter de creación colectiva.
4. Universalidad de acceso e inclusión digital: El acceso a Internet debe ser universal para constituirse como herramienta del desarrollo humano, social y económico, contribuyendo así a la formación de una sociedad inclusiva y no discriminatoria, en beneficio de todos. Todas las personas deben poder recibir la educación necesaria para hacer buen uso de Internet, y aprovechar todas sus posibilidades.
5. Innovación: Se debe fomentar el desarrollo continuo y la amplia difusión de los nuevos servicios y tecnologías de la información, sus modelos de acceso y formas de uso, a efectos de promover la innovación y el desarrollo social y económico.
6. Los intermediarios no son responsables de las acciones de los usuarios en la red: Todas las medidas adoptadas contra las actividades ilícitas de los usuarios de Internet deben ser dirigidas a los responsables directos de tales actividades, y no hacia los intermediarios tecnológicos que prestan servicios de Internet, respetando siempre los principios fundamentales de la libertad, la privacidad, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la división democrática de los poderes públicos.
7. La funcionalidad, la seguridad y la estabilidad de la red: La estabilidad de la red, la seguridad y su funcionalidad global deben ser activamente preservadas a través de la adopción de medidas técnicas que sean compatibles con las normas internacionales y alentando la adopción de mejores prácticas. Nadie debe tener la posibilidad de “apagar” Internet total o parcialmente, en un territorio y/o segmento de la población determinado, y los proveedores de servicios deben poder prestar libremente sus servicios.
8. La interconexión: Se debe fomentar la interconexión de los diferentes actores de Internet bajo condiciones no discriminatorias que permitan garantizar el acceso a la red y sus contenidos en todo el territorio nacional.
9. Interoperabilidad: La arquitectura de Internet y los sistemas de comunicación debe estar basados en estándares abiertos que permitan la interoperabilidad.
10. Entornos jurídicos y normativos: Los entornos jurídicos y regulatorios deben preservar la dinámica de Internet como un espacio global abierto de colaboración para todos los usuarios, y debe garantizar que permanezca libre de bloqueos, intromisiones, censuras, interferencias o vigilancia.

Al menos es una declaración de intenciones desde este lado del globo. La pelea por la ley SOPA todavía está vigente y hay esperanzas de que Estados Unidos cambie de opinión. Sin embargo, estas iniciativas resaltan muchos problemas, entre ellos que los legisladores no entienden internet y su funcionamiento, que la industria lógicamente presionará contra los cambios (también se opuso al cassete, el VHS, el CD, etc) y que no está dispuesta a adaptarse, y que este tipo de leyes afectan no sólo al país donde se implementan, sino que terminan chocando por todas partes en una red que no es nacional, sino global.

Links:
- ACTI
- Cabase (vía Infonegocios)

La justicia argentina emitió un fallo contra los dueños de Taringa.net, sentenciando que cometieron delito contra la propiedad intelectual, lo que implicaría el pago de una posible multa de unos US$50.000.

El fallo señala que aunque mucho del material compartido en el portal no tenía derechos de autor, los responsables del sitio sabían que también se compartía y descargaba contenido protegido, lo que se combinaba con el lucro que ellos obtenían por la publicidad en el sitio.

Los responsables de Taringa alegaron que a diario se realizan 20.000 posts en el sitio, y que es “imposible que determinen el contenido de las cargas y establezcan si violan los derechos de autor”.

La corte, sin embargo, afirmó que “los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio“.

En definitiva, lo que se condena en la última frase es el link. Aunque se reconoce que el material estaba alojado en un servidor o sitio de un tercero, la página está siendo condenada por actuar como medio. Un fallo como éste le complica las cosas a otros sitios, tales como Cuevana.

El fallo continúa señalando que “si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que subieron la obra al website y los que ‘la bajan’, lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página (…), siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud, por lo que el convenio que exhiben para pretender exonerarse de responsabilidad no podrá ser tenido en cuenta”.

Esto no significa que el sitio cerrará – de hecho, la única sanción que se conoce es una posible multa monetaria – pero de mantenerse el funcionamiento del sitio tal como está ahora, nada impide que se le demande nuevamente por los mismos cargos, haciendo finalmente que mantener el portal se vuelva insostenible.

En cierto modo, el caso de Taringa seguiría las premisas que ya plantean la ley SOPA en Estados Unidos y Sinde en España. Es cosa de tiempo ver si a los legisladores locales se les ocurre proponer algo similar.

Links:
- El Cronista
- Adios Taringa (Taringa)

La compañía respondió que eso no es así. “Nuestros socios no tienen derechos de eliminar videos de YouTube a menos que tengan derechos sobre ellos, o que sean presentaciones en vivo controladas a través de acuerdos exclusivos con los artistas”, aseguró Google a Wired.

Megaupload invirtió US$3 millones en el videoclip, que cuenta con la participación de Kanye West, Mary J. Blige, will.i.am, Kim Kardashian y otras celebridades, que alaban el servicio – considerado por cierto uno de los enemigos en lista negra por parte de la industria de contenidos estadounidense.

El video estuvo 6 días fuera de YouTube por un reclamo hecho por Universal. Megaupload ahora ingresó una demanda contra UMG reclamando que la compañía atentó contra la libertad de expresión. Veremos qué se resuelve finalmente, y si Universal se saldrá con la suya  o no.

Link: YouTube says Universal had no ‘right’ to take down Megaupload video (Wired)

Megaupload demandó a Universal por abusar de la ley de derechos de autor que permite remover contenidos, y solicitó la reposición inmediata del clip en YouTube, cosa que fue aceptada por la jueza del caso y el video está nuevamente disponible en el sitio.

La jueza le dio además 24 horas a Universal para explicar sus acciones, y la respuesta de la compañía fue toda una sorpresa. UMG declaró que tiene derechos para bloquear ese video, no por la ley de protección de derechos de autor en Estados Unidos, como todos pensaban, sino que debido a un acuerdo privado entre UMG y YouTube.

Esto ha despertado una serie de cuestionamientos respecto a qué tipo de contrato es ese, y UMG parece convencida de que tiene el derecho de eliminar cualquier video de YouTube, sin importar quien sea el dueño.

UMG dice que según el acuerdo con YouTube, tiene “el derecho a bloquear o eliminar videos subidos por usuarios a través del CMS de YouTube basado en una serie de criterios especificados por contrato”, tenga o no derechos sobre ese contenido. Con esto, la compañía no estaría abusando la ley de protección del derecho de autor, que prohíbe reclamar por videos que no son propios.

Aparentemente el acuerdo en cuestión se deriva del contrato que Google firmó con VEVO en abril de 2009. Se trata de un acuerdo que no es público, de modo que no se sabe qué es lo que dice.

También es posible que UMG haya salido con esta historia para evitar que se le multe por abusar la ley de protección de datos. No hay claridad a este respecto, y sólo Google podría aclarar exactamente qué es lo que solicitó UMG.

El caso del “Mega Song”, aunque desafortunado para Megaupload, apareció en un buen momento: en estos instantes se debate la Stop Online Piracy Act, o Ley SOPA en el Senado, una ley que podría permitir a las compañías tomar acciones como las que tomó UMG con este video, pero a gran escala en todo internet. El abuso de esto podría significar censura efectiva incluso contra contenidos que tienen un autor legítimo.

Click aqui para ver el video.

Link: UMG claims “right to block or remove” YouTube content it doesnt own (ArsTechnica)

Ayer el Senado aprobó este dictamen donde se fijan multas a quienes incumplan con este ordenamiento, mismas que serán sancionadas por el IMPI con base en el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. En teoría esto significa que el IMPI podrá irrumpir en casa, escuela, negocio para revisar la existencia material pirata y poner multas hasta 2.4 millones de pesos mexicanos si consideran que se violan derechos de autor. Por otro lado, si se le niega el acceso al organismo se presumirán como ciertos los hechos que se imputan.

Por si esto no fuera poco el Senador Federico Döring Casar, que anteriormente mostró su aparente rechazo a ACTA, presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor que en pocas palabras busca perseguir/identificar a “delincuentes” que infrinjan derechos de autor tomando como evidencia la dirección IP.

Para el procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra, el titular del derecho afectado, directamente, a través de su apoderado legal o en su caso la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial que notifique al proveedor de servicios de valor agregado una infracción. El proveedor de servicios a su vez proporcionará, dentro de un plazo de tres días, la información de identificación de la dirección IP que presuntamente ha cometido la conducta infractora.

Una vez recibida la información del proveedor de servicio de internet, el Instituto notificará por cualquier medio al usuario titular de la cuenta correspondiente de la posible infracción. El usuario titular de la cuenta de servicio de valor agregado tendrá un plazo de 3 días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud planteada en su contra. Transcurrido el plazo otorgado para que el usuario manifieste lo que a su derecho convenga, el Instituto resolverá de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

Esto inmediatamente generó malestar en las redes sociales ante usuarios que anteriormente manifestaron su rechazo a ACTA y la Ley SOPA. Hicieron notar que esto era una manera segmentada o gradual de retomar ACTA y por otro lado (nuevamente) se demostraba el poco conocimiento técnico del tema. Cabe recordar que ya hemos observado casos puntuales en donde se ha demostrado que la IP no determina la identidad de una persona.

Mientras tanto, ante las críticas, el Senador Federico Doring (@senadoring) ha manifestado que en enero buscará mejorar la propuesta mediante un foro que escuchará opiniones y propuestas.

Links:
- Insiste IMPI en modificar art. 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor (El Blog de Pizu)
- Tenemos un Senado… Pirata (La Tolonga)
- Aprueban sanciones contra actos de piratería (Milenio)
-  Tendrá piratería museo para 2012 (Zocalo)
- Iniciativas del Sen. Federico Döring Casar (Senado)

Megaupload de inmediato anunció que interpondrá una demanda contra Universal por bajar indebidamente su contenido de YouTube y de paso envalentonó al servicio a meter su cuchara en el lío de la ley SOPA, haciendo un llamado generalizado a unir fuerzas por una Internet sin censura.

Pese a los inmediatos reclamos de la gente de Mega, la suerte de declaración de amor de los reputados artistas no fue repuesta por el sitio de videos de Google. Y lejos de olvidar la tensión, hoy el CEO de Megaupload, David Robb, volvió a la carga contra el sello: “Permítannos ser claros: Nada en nuestra canción o el video pertenece a UGM. Firmamos acuerdos con todos los artistas apoyando a Megaupload”, disparó y agregó que “los esfuerzos por contactar a UMG y generar un diálogo respecto de este abuso fueron respondidos con amenazas legales infundadas y sin base y exigiendo disculpas”. Posturas bien alejadas y video bien sepultado.

Robb, junto con agradecer las muestras de apoyo para con Megaupload, declaró la necesidad de “unir nuestras fuerzas por una Internet sin censura. Levántense y opónganse a nuevas leyes como SOPA y PIPA, que se están redactando este mes en Washington”.

¿De qué lado están ustedes? Y un punto que tiende a pretender pasar colado: ¿Cuánto tiene que ver YouTube mismo y su ContentID en este tipo de medidas?

Link: Megaupload to Sue Universal, Joins Fight Against SOPA (TorrentFreak)

El reporte indica que la industria del entretenimiento se ha opuesto a los cambios tecnológicos por temor a que sus negocios desaparezcan. Esa no es la respuesta correcta, según el gobierno suizo, que prefiere darle un buen uso a la tecnología en lugar de reprimir. “Cada vez que aparece una nueva tecnología de medios, siempre ha sido ‘abusada’. Este es el precio que pagamos por el progreso. Los ganadores serán aquellos que puedan usar la nueva tecnología para su propia ventaja, y los perdedores serán los que se perdieron este desarrollo y siguieron con sus antiguos modelos de negocios”, declara el informe.

El documento agrega que aun cuando actualmente la piratería es masiva, la industria del entretenimiento no necesariamente está perdiendo dinero. Según el documento, un tercio de los suizos de más de 15 años descarga contenidos desde internet. Sin embargo, estas personas no gastan menos dinero como consecuencia, porque su presupuesto destinado a entretenimiento es bastante constante. Esto significa que las descargas son, en la mayoría de los casos, complementarias.

Otro estudio hecho en Holanda el año pasado revela que la gente que descarga música asiste frecuentemente a conciertos, y quienes descargan juegos compran más videojuegos que aquellos que no lo hacen. En el sector de la música, las bandas menos conocidas son las que más ganan al hacerse conocidos mediante la web.

El informe también analiza las medidas que se han implementado en otros países, como la ley Hadopi en Francia. Según el gobierno suizo, Francia gasta unos US$12 millones al año en implementar la ley, una cantidad considerara muy alta por los helvéticos. También la idea de cortar el internet a quienes infringen la ley se consideraría ilegal, ya que la ONU declaró Internet como un derecho humano. Otras medidas como bloquear contenidos y webs también fueron rechazadas, porque dañarían la libertad de expresión y violarían las leyes de protección a la privacidad.

Finalmente, la sugerencia del gobierno suizo a la industria del entretenimiento es que se adapten al cambio en el comportamiento de los consumidores. Suiza no ve ninguna necesidad de cambiar sus leyes – que consideran legal descargar cosas de internet -, porque las descargas no tienen impacto negativo en la producción de cultura nacional. Algo muy diferente a lo que hemos visto en España, Francia o Estados Unidos, y que ojalá otros países tomaran en cuenta en lugar de aceptar todo lo que dice la industria.

Link: Swiss Govt: Downloading movies and music will stay legal (TorrentFreak)

No obstante, la ley que permitiría a las autoridades del país a bloquear y requisar los dominios de sitios que infrinjan derechos de autor (en todo el mundo) tuvo un nuevo capítulo ahora que este conglomerado bautizado como Business Software Alliance (BSA), echó pie atrás y restó su apoyo a la medida por considerar que dicha legislación va demasiado lejos.

“Surgieron preguntas válidas e importantes respecto del proyecto. Pretende llegar al peor de los peores infractores. Sin embargo, como está pensado ahora, podría entrarle a más que sólo los actores verdaderamente atroces”, explicó Robert Holleyman, presidente y CEO de BSA a través del blog de la agrupación. La BSA reúne a Apple, Microsoft, Adobe, Intel, Symantec, Dell, entre otros.

“El debido proceso, la libertad de expresión y la privacidad, son derechos que no se pueden ver comprometidos. Y la seguridad de redes y comunicaciones es indispensable para una próspera economía de internet. Algunos observadores elevaron preguntas razonables sobre si ciertas disposiciones de SOPA que podrían haber tenido consecuencias no planeadas en estas áreas”, agregó Holleyman.

Al parecer todos están dándose cuenta que el alcance de la ley podría ser muy amplio y está generando conflictos el hecho de que una ley a promulgar en Estados Unidos pudiera aplicarse en todo el mundo. Al parecer se diluye, pero habrá que seguir atentos a los próximos capítulos.

Link: Business Software Alliance Withdraws Support for Stop Online Piracy Act (PCWorld)

Pues en Europa están dudándolo: Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda Digital ha reflexionado en su blog sobre los derechos de autor y su aplicación en el entorno digital, expresando que en la actualidad, los usuarios de Internet ven la norma como un “sistema para castigar y retener las obras”, y no para reconocer a recompensar a sus autores.

Así, los esfuerzos centrados en la llamada “lucha contra la piratería” significan millones en inversión y dejan a cambio unos mínimas “victorias” a los autores, según destaca la propia Kroes, señalando que incluso hay creadores que gana al mes cifras irrisorias que están por debajo del salario mínimo…

¿Es rentable, entonces, el actual modelo de negocio con que se manejan grandes editoriales, discográficas y cinematográficas? La respuesta evidentemente pasa por un no rotundo, y la causa bien podría estar en que las leyes de derechos de autor están pesadas para otras épocas, donde las formas de distribución de las obras eran diferentes… ¿No os parece?

Y es que tal como señala Kroes, Internet abre un amplio abanico de posibilidades de distribución, compra, entrega y consumo de obras culturales, a la vez que sugiere que las leyes de derechos de autor no son lo suficientemente flexibles como para adaptarse al cambio que esto supone, y aprovecharlo como una ventaja para el autor, como una evolución del modelo existente.

Y volvemos a caer en lo que os he comentado antes: La necesidad de un cambio en el modelo de negocio. Estamos todos claros en que los autores deben cobrar por sus obras, pero… ¿Cobrar a cada usuario, en la era de Internet, es viable? Entra de nuevo en conflicto el tema de la libertad de compartir contenidos en la Red y la vulneración de los derechos de los autores.

El punto intermedio bien podría un cambio en la visión del negocio, donde los autores reciban la remuneración por su trabajo creativo y los usuarios sean libres de acceder a él, a cambio, por ejemplo, de recibir publicidad. ¿Un modelo tipo “freemium” quizás?

Spotify, iTunes y Netflix han presentado opciones, pero en Europa, tal como señala Kroes en su reflexión, se han “paralizado por el miedo y la inacción”, así que no han llegado a implantarse con la misma fuerza y velocidad que en Estados Unidos, por ejemplo.

Definitivamente urge un cambio en el marco legal que otorgue más flexibilidad a los mercados para aceptar la evolución de los modelos de negocios relacionados con la creatividad como una oportunidad y no como una amenaza. Y es que mientras siga viéndose a Internet como el enemigo a vencer y o como el aliado, difícilmente los creadores podrán aprovechar todo el potencial que la Red significa para la distribución y comercialización de sus obras según los nuevos estándares, ¿no os parece?

Link: Is copyright working? (Blog de Neelie Kroes)

En coincidencia con ese “ataque”, al volver a la normalidad, Cuevana mostraba una nueva y limpia interfaz, con nuevas funciones y una imagen pública a la altura de un prócer de nuestra región. ¿Estrategia de prensa aprovechada al máximo en el momento en que todos hablamos de Cuevana o sólo una renovación adelantada luego del temor producido por el ataque a su servicio? El anuncio de la renovación del sitio se había realizado mucho antes que se difundiera la denuncia que sufren desde la semana pasada.

Desde hace varios meses, cuando comenzaron las denuncias contra Taringa! por violación de la Ley 11.723 y durante toda la semana pasada a causa de la noticia de la supuesta denuncia penal contra Cuevana por parte de Telefé, uno de los dos canales de televisión abierta más importante de Argentina, las aguas se dividieron, los frentes quedaron delimitados y los antagonistas se unieron por una misma causa:  Salvar a Cuevana y a Taringa.

Pero primero y antes de meternos de lleno en el debate, intentemos resumir un poco de que se trata esta disputa y cuál podría ser la alternativa de cambio posible, la cual desde ya que sin el esfuerzo de todas las partes estaría lejos de conseguirse.

La era pre Cuevana

La explosión de consumo de medios audiovisuales comenzó en la década de los ’50 con la masificación de la televisión y los reproductores de audio hogareños, algo que permitió que las masas pudieran tener a sus artistas preferidos a pocos metros de su sillón favorito. Esta revolución cultural generó una necesidad de controlar, administrar y coordinar esfuerzos para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de consumir estos nuevos productos.

Así nacieron grandes monstruos de la industria cultural que aún hoy, fusiones más fusiones menos, siguen existiendo. Concentrados en Estados Unidos y en Europa, los grandes sellos discográficos y estudios de cine comenzaron a reclutar artistas para llenar sus catálogos de historias y canciones más valiosas que una mina de oro, asegurándose así la supremacía en la difusión de esos artistas. Pero como sabemos, en el mundo del arte no sólo existen superestrellas fichadas por una compañía, sino que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No sólo ganaban dinero por las obras de sus artistas sino por explotarlas durante casi toda su vida, sin que el creador vea el 100% de lo obtenido por su obra jamás. A esto se lo llama Copyright.

Esto no cambió durante 50 años, así es 50 años de ganar más dinero que una petrolera, un banco o incluso una fábrica de automóviles, además de garantizarse la ganancia futura a través de proteger esos “derechos” del autor. Pero el rápido crecimiento de internet reveló una nueva forma de difundir el arte de la manera más democrática y pluralista que jamás se había conocido antes. Esta revolución global demostró que las posibilidades eran infinitas, que la solidaridad y el espíritu de compartir hacían más fuerte una idea, una canción, un cuadro y nacían comunidades como pasto en un jardín.

Incluso, las grandes corporaciones multimedia aprovechaban este nuevo terreno y aceptaban las reglas del juego ofreciendo pequeñas muestras gratuitas de sus artistas para intentar medir la expectativa que generaban y así decidir con qué estrategia salir al “mercado real”. Y acá aparece el primer gran error que cometieron: Pensar que internet no era un mercado real sino una especie de Focus Group de fanáticos testeadores de sensaciones.

El error de las compañías

Lo que siguió no lo pudieron preveer ni los más grandes estudios de analistas de mercado del mundo. Las grandes compañías, reservadas para sólo unos pocos artistas tocados por la varita mágica, encontrados de manera romántica por un productor solitario que recorre los malolientes bares de los sótanos de los suburbios, o a los artistas prefabricados en un laboratorio, no entendieron que internet era un espacio autorregulado y que controlarlo sería casi como querer matar elefantes a chancletazos.

Entonces decidieron ignorarlo. Así nació un espacio para la libre expresión de millones de artistas ignorados por esas corporaciones y que en muchos, pero muchos casos, a la opinión del usuario de internet, eran brillantes promesas. Pero claro, un ejecutivo puede tener pocas luces y perder el pelo, pero no las mañas. Entonces fue cuando pasaron de recorrer malolientes sótanos a navegar internet desde su oficina y encontrarse con Katies Perrys, Lillis Allens, Justins Biebers, Artics Monkeys y otras miles de gemas perdidas que pasarían a englobar sus poderosos catálogos.

Seamos sinceros, que artista que desea vivir de su pasión, de su don para hacer canciones, películas, libros o cómics no desearía firmar un suculento contrato que le quite de por vida la preocupación de no saber qué comer mañana, incluso, si mañana podrá comer. Esto no los exime de seguir produciendo y difundiendo su arte libremente, pero luego de la firma de un contrato las limitaciones son severas en relación a su anterior espíritu solidario. Incluso, ¿Que culpa podría tener un artista, escritor o director de querer ser exitoso difundiendo su arte a través de internet para que una compañía lo contrate?

El problema de fondo no es el producto ni el consumidor sino la distribución de esos bienes y cupanto se lucra apoyado en un autoderecho (Copyright) para lucrar con esas obras. En este terreno es donde se desarrolla la mayor batalla por el Copyright que defienden las multinacionales y los derechos del autor que son otra cosa distinta, la protección de un esquema de negocios otrora multimillonario y que ahora quieren hacer creer que tambalea y maquillan la causa como “protección de los bienes de un artista y la fuente de trabajo de millones de personas” y una nueva filosofía de compartir libremente, reconozcamos que también un tanto confusa entre quienes comprenden lo que es compartir y los que creen que tienen derecho a ver gratis y sin publicidad su serie favorita pensando que el artista y el productor viven del aire. De algo tienen que vivir, el problema son los vividores que obtienen ganancias en el medio del circuito artista-obra-consumidor.

Compartir es libre, ¿pero es gratis?

Compartir es algo que existe desde que el primer Neanderthal le prestó una lanza a su compañero, considerémoslo un derecho inalterable como la libertad de expresarse. Copiar es otra cosa y piratear otra mucho más distinta. La discusión está centrada en estos temas, ya que estos tres grandes temas, muy diferentes entre sí, para la ley son lo mismo: Violar derechos de autores registrados. El creador de Cuevana, Tomás Escobar dejó muy clara su posición dentro de este debate en una charla que dio en una universidad local:

Jamás en la vida voy a pagar derechos por una película o una serie, yo no creo en eso. Que le reclamen dinero a otros, yo no voy a pagar. Y si me cierran Cuevana, mañana abro otro sitio.

Esta postura no hace más que echar más leña al fuego, de un conflicto donde cada días se hacen más fuertes los defensores del Copyright, en vistas de los alentadores números que muestran cada trimestre los consumos de medios audiovisuales online sobre los de otros medios tradicionales (cine, televisión, radio, etc). La confusión se hace más compleja aún cuando se intentan discriminar los contenidos por parte de los usuarios que los consumen midiendo un supuesto valor intelectual. ¿Un usuario puede definir que es tiene más valor una película de Almodóvar o Tarantino que un programa ómnibus de sábado por la tarde? ¿Es culturalmente más valioso un disco de Bob Dylan que el programa Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli? La industria del entretenimiento no debería discriminar al consumidor por su nivel intelectual así como tampoco los consumidores deberían discriminar ni catalogar a la industria ni a sus productos de acuerdo a lo que es culturalmente apto o no para el consumo, pero esto es otro tema que no viene al debate.

En este contexto y dentro del tema del momento en Twitter, #FuerzaCuevana se leen frases como  “Libre circulación de bienes culturales”, “piratería”, “libertad de expresión”, “Telefé, si bajás Cuevana también bajá tus productos de porquería”, incluso, destacados periodistas definen su postura difundiendo mensajes y especulaciones a favor y en contra de la situación. Pero nadie, absolutamente nadie habla del valor de los contenidos que se consumen ni los costos que significa una producción decente ni mucho menos de que tan bueno o malo puede ser para el consumidor si todos tuviéramos la posibilidad de acceder gratuitamente a lo que deseáramos.

¿Pagarías por servicios como Cuevana o Taringa! cuando pagas un abono mensual de cable que usas en un 20% como mucho y en el caso de Argentina no baja de los 30 dólares mensuales? ¿Por qué el usuario se hizo tan reticente a Netflix cuando su valor era realmente inferior al de un abono corporativo hogareño en el que, según muchos usuarios, no hay contenidos de valor para ver? ¿Es la solución para las corporaciones cobrar por ver sus contenidos? ¿Si yo pago un abono por un servicio para ver cine y series no tengo derecho a compartirlo con otros usuarios difundiendo mi clave entre algunos conocidos o estoy cometiendo el mismo “supuesto delito” que Cuevana y Taringa!? Estas preguntas son parte del debate que necesita el tema para profundizar y redefinir un modelo de consumo donde nadie quiere perder terreno.

El vacío legal respecto a la indexación de contenidos para compartir que existe en Argentina y en muchos otros países es también el centro de atención en este momento para lograr fijar posiciones y defender el patrimonio de las corporaciones o la libertad del usuario para elegir qué consume y cómo. ¿Lucha desigual? En absoluto. Las grandes multinacionales del entretenimiento tienen los contenidos más requeridos pero el usuario tiene la libertad de decidir qué ver y cómo, incluso, si lo que le gustó lo desea compartir, ¿quién se lo va a impedir?

Según informaron los abogados de Universal Music Group, la millonaria demanda contiene pruebas contundentes, con registros técnicos, fecha y hora de cada acción, para establecer que los jefes y empleados de Grooveshark subían contenidos con Copyright a su servicio de música, incluso luego de ser bajados por denuncias de violación de derechos de autor.

La demanda presentada en los tribunales de Manhattan exige un monto de 150 mil dólares por cada canción propiedad de UMG que haya sido subida de esta manera, por daños y perjuicios tanto a la compañía como a sus artistas. La cifra podría subir a varios cientos de millones de dólares en caso de prosperar.

Entre los argumentos que esgrime la demanda se encuentra un artículo y varias cartas relacionadas con el mismo, publicado hace un mes atrás en la revista Digital Music News donde Robert Fripp, el guitarrista del grupo King Crimson, comenta los problemas que tiene para que las canciones de su grupo estén fuera de Grooveshark, algo que en un momento consideró imposible de lograr, y las varias veces que logró quitarlas pero al poco tiempo volvían a aparecer.

En uno de los intercambios de comentarios con lectores, un usuario que decía ser empleado de Grooveshark, detallaba el procedimiento utilizado por ellos para mantener el catálogo con los contenidos más solicitados por los usuarios, desde ya, todos con Copyright. En ese comentario, este supuesto empleado relataba lo siguiente:

Nosotros nos encargamos de subir una cantidad determinada de contenidos semanales por los cuales recibimos bonificaciones. Este tipo de acciones son asumidas como órdenes directas. Los usuarios pueden visualizar nuestra base de datos bajo dos secciones: “conocidas”, donde predominan los contenidos más difundidos y “por descubrir”, donde hay muchos artistas independientes. Nosotros nos encargamos internamente de subir los archivos de la sección “conocidas”. En síntesis, no es necesario que los usuarios suban álbumes de multinacionales o grandes sellos ya que nosotros nos ocupamos de hacerlo a diario en nuestra base.

Para Universal Music Group, este comentario cayó como un milagro del cielo. Según comentaron en un informe a CNET, tienen pruebas de que el mensaje fue enviado por un empleado real de Grooveshark, lo que le daría categoría de confesión y en caso de ser cierto podría sentenciar al motor de búsqueda nacido en Florida a un final anticipado.

La demanda presentada el pasado 18 de noviembre por UMG denuncia al CEO de Grooveshark Samuel Tarantino por la carga de al menos 1.791 canciones con derechos de autor, al Vicepresidente Senior Paul Geller por 3.453 y al Vicepresidente Benjamin Westermann-Clark por más de 4.600 pistas subidas que violan Copyright. En la demanda se indica que son más de 100 mil canciones las que reclama UMG.

Link: “Grooveshark Bosses Uploaded Music” Say Universal In Massive Lawsuit (TorrentFreak)

El canal de televisión, propiedad de Telefónica de España, argumenta esta denuncia bajo la figura de violación de la porpiedad intelectual, protegida en Argentina por la Ley 11.723 de 1933. Los abogados de Cuevana fueron notificados de esta presentación y según informan en el diario La Nación (único medio local que por ahora informa del hecho), los abogados de ambas partes mantuvieron contactos para evitar llegar a la instancia judicial pero fueron infructuosos.

La denuncia se apoya en las varias advertencias que emitió el canal de televisión a Cuavana, quienes afirman que nunca recibieron ninguna carta documento sobre este tema. En caso de prosperar esta denuncia, sería la primera en su tipo en avanzar en la Justicia contra el sitio Cuevana, el cual posee una audiencia de 14 millones de usuarios mensuales de toda Latinoamérica y es uno de los dos sitios con mayor tráfico local junto a Taringa!

En Argentina, Telefónica de España controla a través de su filial de telefonía local el servicio de video pago OnVideo. En este segmento también compiten la francesa Telecom con Arnet Play y Claro con Ideas Entretenimiento. Hace dos meses también desembarcó en la región el servicio de video Netflix.

Cuevana, como sucede con otros servicios similares, indexa contenidos subidos a internet por otros y según comentan en el medio donde se dinfundió la noticia, los contenidos que reclama Telefé son muy escasos, con nula visualización y una señal en vivo que ya no funciona y que en realidad estaba levantada del servicio de streaming Justin.TV.

A pocas semanas de la presentación de una denuncia penal por violación de los derechos de autor contra Taringa!, la cual fue confirmada por la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, otra denuncia de características similares le toca enfrentar a Cuavana, lo que sin duda marcará un cambio en la forma en que estos servicios ofrecen sus contenidos, para bien o para mal de los usuarios.

Link: Presentarían hoy la primera denuncia penal contra Cuevana (LaNación)

Stop Online Piracy Act, para los amigos SOPA, es el proyecto de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos para poder cerra cualquier sitio web sospechado de contener material que viole los derechos de autor o propiedad intelectual de su propietario original y que estén siendo utilizados sin su consentimiento. Esto incluye un vasto universo, englobado casi de forma infantil en la etiqueta “infracción de Copyright”, tal como dicen algunos de los autores citados en esta nota, “es el fin de los Justin Biebers”, artistas que lograron trascender gracias a un universo web que permite difundir libremente una obra sin restricciones. El accionar de una ley así terminaría con todo tipo de iniciativa relacionada con la creatividad, difusión de contenidos e incluso, tráfico web de los sitios en internet.

Lo complejo de la situación, así como el interés de los promotores de SOPA para que sea lo más compleja de analizar por el ciudadano común, ha hecho que muchos grupos activistas como Mozilla Electronic Frontier Foundation o la Free Software Foundation comiencen campañas para intentar aclarar el panorama y los alcances de este tipo de iniciativas del gobierno, la cual posee el aval de los miles de millones de dólares aportados por las compañías y productoras de contenidos que desean proteger sus activos y pretenden convertir a internet en un carrito de compras y consumo con un nivel de control similar al de la televisión.

Estas organizaciones, agrupadas en la American Censorship diseñaron una infografía donde se pueden observar los puntos más polémicos del proyecto y sus implicaciones futuras. También empresas líderes en internet como Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn, Mozilla y Zynga, se mostraron preocupadas por este proyecto de ley, enviando cartas abiertas manifestando que todo tipo de presión ejercida contra ISPs para controlar la actividad de los usuarios es una clara invasión a la privacidad.

Una iniciativa en Twitter contra la ley SOPA logró que en una hora llegaran más de 23 mil mails de ciudadanos a los congresistas contra este polémico proyecto, al cual ya tratan de “Muro de Internet”. Ningún sitio quedará exceptuado de una posible infracción ya que el texto de la ley indica que los dos principales grupos de candidatos a ser bloqueados por infracción a esta ley serían, por un lado los infractores directos, aquellos sitios que distribuyan contenidos con copyright sin autorización de los propietarios (imágenes, música, videos, textos), quienes faciliten el uso de esos contenidos distribuídos (cracks, seriales, etc) y quienes provean herramientas que faciliten la descarga de estos contenidos ilegales (megaupload, megavideo, etc).

Por otra parte, y acá es donde SOPA se pone más compleja, densa y muy subjetiva respecto al alcance de su accionar, serán bloqueados los proveedores de servicios que no tomen medidas ante una “alta probabilidad” de infracción a los derechos de autor o propiedad intelectual. Casi como decir que uno tiene una alta probabilidad de ser alto si mide 1,65 metros, cuando en realidad no lo es. Con esta “precisa” redacción de la ley, no haría falta de una orden judicial para bloquear un sitio, sólo alcanzará con considerarlo sospechoso.

El sistema de sanciones es quizás peor que comer sopa fría a la mañana. Cualquier sitio que infringiera alguna de las condiciones será sometido a una serie de avisos para rectificarse y a una asfixia financiera a través de avisos a sus principales sitios de financiación o que faciliten sus operaciones (Paypal, Tarjetas de crédito, entre otros) para que detengan o bloqueen las operaciones realizadas con ese infractor. En síntesis, sin el control adecuado de nuestro contenidos y los contenidos que los lectores incluyan en nuestros sitios, una empresa, startup o sitio web rentable y con años de trabajo podría quedar cerrado en el plazo de cinco días.

Mientras el Congreso estadounidense trata la Ley SOPA, el en Senado del mismo país se tratará la Protect IP Act, una iniciativa similar relacionada con la prevención de amenazas online y la protección de la propiedad intelectual. Introducida en el Senado por Patrick Leahy en mayo de 2011, el objetivo de esta segunda ley es el de darle una herramienta para restringir o bloquear el acceso de sitios dedicados a la venta de productos falsificados o los contenidos que violen derechos de autor. Sólo será necesario que las autoridades que deseen hacer uso de esta futura ley argumenten delante de un juez el motivo de la infracción para que se ejecute:

Click aqui para ver el video.

Links:
- Stop Online Piracy Act: What You Need to Know [infographic] (Mashable)
- “Stop Online Piracy Act” o SOPA, el ataque definitivo a Internet (DenkenUber)
- Protect IP Acts Breaks the Internet (Vimeo)

El proyecto, propuesto por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, planteaba permitir a los ISP retirar o bloquear el acceso a contenidos de forma preventiva, entre otras cosas. Sin embargo, tras una ponencia en la comisión que debía discutir el proyecto, se decidió que éste debía archivarse. El senador Roy Barreras, encargado de sacar adelante el proyecto, explicó que “se trata de ponderar dos derechos, y mientras no haya claridad técnica por parte del Gobierno, yo me la juego por la libertad de expresión en internet”.

Barreras señaló que a pesar de que se realizó un debate profundo del proyecto, incluyendo la participación de internautas a través de la web del Ministerio del Interior, no se han eliminado las inconsistencias normativas que no dejan claros los alcances de la protección de derechos de autor en internet.

Este resultado se logró en gran parte gracias a las objeciones que usuarios y diversas organizaciones expresaron al respecto, llamando la atención de los parlamentarios sobre los alcances que podría tener la “Ley Lleras”. De todos modos, es probable que este tema vuelva a aparecer en el futuro próximo en el debate, considerando que las organizaciones de derechos de autor seguirán presionando para proteger sus intereses.

Link: Seis meses después de la propuesta, ‘Ley Lleras’ se hunde en el Congreso (Enter.Co – Gracias @Level_666)

La Corte finalmente dio a conocer su veredicto: Estados Unidos actuó bien, la confiscación no viola la libertad de expresión, y no se le devolverá el dominio a sus dueños españoles.

La empresa detrás de Roja Directa, Puerto 80, ingresó la apelación en una corte en Nueva York, que fue respaldada por la Electronic Frontier Foundation (EFF).

“Puerto 80 alega que, al confiscar los nombres de dominio, el gobierno ha suprimido el contenido en los ‘foros’ de sus sitios web, los que pueden ser accedidos al hacer clic en un link en el lado superior izquierdo del sitio. El principal propósito de los sitios de Roja Directa, sin embargo, es catalogar links a eventos deportivos protegidos por derecho de autor – cualquier argumento contrario es claramente falso”, afirmó el juez.

La autoridad agregó además que la queja de que el tráfico al sitio cayó 32% desde la confiscación no es un problema, porque los visitantes todavía pueden acceder a través de otros dominios extranjeros. Respecto al reclamo de Puerto 80 de que es difícil informar a los usuarios sobre las alternativas, el juez indicó que el sitio “tiene una amplia presencia en internet y simplemente puede distribuir información sobre la confiscación y sus nuevos nombres de dominio a sus clientes”.

El juez básicamente argumenta que el objetivo principal de Roja Directa es transmitir contenidos ilegales, no compartir opiniones (legales) en el foro.

La EFF, en tanto, consideró que la decisión del juez es errónea – dos decisiones anteriores de la Corte Suprema concluyeron que tener alternativas disponibles no significa que la liberta de expresión no fue violada. Además, dicen, “el mero hecho de encontrar una ‘causa probable’ no puede y no debe justificar una restricción a priori. Cómo la Corte cree que la confiscación satisface la Primera Enmienda en este asunto es un misterio”.

La decisión de todos modos no es sorprendente. El gobierno de Estados Unidos confiscó un dominio, y ahora dice que no lo van a devolver. También le da respaldo a las decisiones del gobierno de continuar sus confiscaciones de dominios sin importar de qué parte del mundo sean las compañías.

Link: Domain seizures do not violate free of speech, US Court rules (TorrentFreak)

Capitán Bretaña (cc) Marvel Comics

El Reino Unido hizo una revisión de sus leyes de derechos de autor y ha aceptado algunas modificaciones que responden a la actual situación del mundo y la tecnología.

Los principales temas fueron el copyright y la acción que deben tomar contra personas y páginas webs que trafican ligas y archivos de contenido protegido por derechos de autor.

Listando algunas de las conclusiones:

• Una persona legítima dueña de una obra con derechos de autor tiene derecho a realizar una copia privada de uso personal y no la puede compartir.
• Se creará una central de intercambio digital en la que se pueden comprar y vender licencias de derechos de autor.
• El gobierno británico acepta que de momento es imposible controlar todos los sitios de internet que contengan links que faciliten la piratería, por lo que una ley que imponga un bloqueo no es viable. Aunque esto no quiere decir que no se van a perseguir.
• Se introducirá un sistema de avisos a internautas cuando se les detecte descargando obras protegidas por derechos de autor, siendo la desconexión a internet uno de los castigos. Los usuarios podrán apelar este aviso, si creen que es incorrecto, pero tendrán que dejar una fianza de 20 libras esterlinas mientras se resuelve el caso.

Se nota que Reino Unido está en pleno proceso de modernización o actualización de sus leyes con la finalidad no sólo de proteger los derechos de autor si no también la libertad de aquellos que utilizan la tecnología para mantener sus adquisiciones legales que con el tiempo se pueden ir deteriorando, como un CD o un DVD.

Links:
- Reino Unido autoriza la copia privada de obras protegidas por derechos de autor (Ciberp@ís)
- Reino Unido renueva las leyes de copyright y no bloquerá páginas de internet (Portaltic)

(cc) turkletom

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es la “mayor organización regional para la seguridad del mundo”, conformada por 56 países, y no le gusta la censura de internet.

Europa ha tomado varias medidas para combatir la piratería, como la Ley Sinde en España o la Ley Hadopi en Francia, que han desatado la polémica respecto de su funcionamiento y los castigos que aplican, particularmente en el caso francés donde la sanción incluye quitarle la conexión al infractor.

En un informe llamado “Libertad de Expresión en Internet” [PDF], la OSCE llama a sus países miembros a adoptar la neutralidad en la red, y califica como “desproporcionados” los cortes de internet como castigo. Internet es “un derecho humano”, señala.

Según el informe, la neutralidad en la red es “un pre-requisito para que internet sea accesible y adquirible por todos. Por esto, es preocupante que más del 80% de los países miembros no tengan provisiones legales para garantizar la neutralidad en la red”. El informe destaca los avances de Noruega y Finlandia, donde internet está garantizado como derecho.

Por otro lado, critica duramente el uso de los llamados “tres strikes”, en el que se les corta internet a los usuarios que descargan contenido protegido por derechos de autor. “Esta respuesta desproporcionada es muy probablemente incompatible con el compromiso de la OSCE hacia la libertad para tener opinión y recibir y entregar información e ideas sin interferencia de la autoridad pública, sin importar las fronteras”, dice el informe.

También sobre el bloqueo de sitios web, algo que puede ocurrir bajo la Ley Sinde, el informe dice que es un mecanismo que puede presentar deficiencias y “puede resultar en bloquear el acceso a sitios y contenidos legítimos. Aún más, bloquear es una medida extrema y tiene un gran impacto en la libertad de expresión y en el flujo libre de información. Los estados participantes deberían evitar usar el bloqueo como una solución permanente o como sanción”.

El reporte llega casi a las mismas conclusiones de la ONU, que declaró internet un derecho humano hace un mes. Pese a esto los países no parecen inmutarse y es difícil que Francia o Inglaterra cambien su leyes por esto. Al menos sirve un poco para presionar hacia el lado correcto: un internet sin censuras.

Link: Yet another report: Internet disconnections a “disproportionate” penalty (ArsTechnica)

El proyecto de ley, que aumentaría los precios de las unidades de almacenamiento hasta un 75% extra, sería discutida por el Senado ayer. Sin embargo, en internet se desató una ola de protestas condenando la medida, incluyendo un ataque DDoS a la página de la Cámara Alta de parte de Anonymous.

Así, uno de los impulsores del proyecto, Miguel Pichetto, decidió suspender el debate del canon por el momento. “Hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa que se plasmaron recientemente en el ciberespacio”, señaló Pichetto en un comunicado.

Sin embargo, el senador aseguró que seguirá insistiendo en el proyecto, que se volverá a debatir próximamente. Según el parlamentario, la ley tiene un “sentido de justicia reparadora para el esfuerzo del artista respecto de su obra”.

La idea detrás de este impuesto es que los equipos para almacenar datos son, obviamente, utilizados para fines de piratería. O sea, uno no usa el disco duro para guardar las fotos de las vacaciones, sino que se asume que copiaste una película pirata, y por eso te cobran para compensar a los autores y artistas. Así, lo que se recaudara con el canon iría supuestamente a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música.

Otro de los problemas (además de asumir que todos somos piratas) es que, al subir los precios de los electrónicos, se aumenta la brecha digital, que no es menor en Argentina.

“Ayer un millón de tipos me dijeron de todo. Pero bueno, son las reglas del juego. Yo no les tengo ningún temor a las redes””, dijo Pichetto durante la sesión, quien ha seguido insistiendo en su apoyo al proyecto en su cuenta de Twitter.

De este modo, aunque las protestas lograron algo esta vez, el tema no está cerrado. Los parlamentarios acordaron volver a debatir el proyecto el próximo 12 de julio, aunque Pichetto indicó que se buscará “un equilibrio entre el derecho intelectual, y la evolución tecnológica y las demandas de los usuarios”.

No sé pero no me parece que los argentinos vayan a quedarse tranquilos con eso.

Click aqui para ver el video.

Links:
- La presión en las redes sociales hizo caer la ley de canon digital (El Cronista)
- No Al Canon en Argentina (Gracias Pablo S!)
- Infografía: el canon de Pichetto y Giustiniani (Derecho a LEER)

La idea va en contra de lo que plantean organizaciones de usuarios, que no quieren que su navegación sea espiada para saber qué es lo que se comparte.

Como se podrán imaginar, todo esto tiene un objetivo: evitar las infracciones a los derechos de autor (no, no es evitar la pornografía infantil ni nada de eso). “Una buena política de internet debería incluir normas de responsabilidad que permitan al sector privado cooperar para la protección de la propiedad intelectual. Medidas apropiadas incluyen tomar pasos legales para enfrentar y detener las infracciones. Todas las partes tienen un rol, incluyendo a los intermediarios”, dice el documento.

Según el comunicado, los intermediarios – como los ISP o los buscadores – podrían ser útiles a los gobiernos para detener el que se compartan archivos ilegalmente. “Los gobiernos podrían ser capaces de lograr algunas metas de política impulsando el desarrollo de códigos de conducta que están apoyados por mecanismos efectivos de control. Tales códigos de conducta podrían impulsar esfuerzos voluntarios de cooperación en el sector privado para enfrentar actividades ilegales”, señala.

El documento plantea todo como un asunto “voluntario” al que los ISP podrían sumarse “si quieren”, lo que podría dar algo de esperanza, aunque no está claro cuán voluntario será.

De todos modos, esto apunta a la implementación de medidas como los “tres strikes” de la Ley Hadopi o los cortes de internet a usuarios que son descubiertos pirateando. También implica que se integren más controles y filtros a la navegación por internet.

Varias organizaciones de derechos digitales han alzado la voz en protesta, de modo que el texto al menos despertó resistencia en internet. Pero los estados parecen convencidos de que este es el camino a seguir. El tema todavía está abierto a debate, así que estaremos viendo qué sucede.

Link: OECD declaration on internet policy angers EFF (PCWorld)

Según publica CNET, tras años de negociación, AT&T, Comcast y Verizon estarían cerca de cerrar un acuerdo con empresas de medios y entretenimiento que establecería castigos al estilo de la Ley Hadopi para los usuarios que descarguen películas piratas, música o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor.

De acuerdo al plan, los suscriptores que continuamente infringen los derechos de autor recibirían primero una advertencia escrita de parte de los ISP. Si continúan su actividad, los ISP podrían tomar medidas más severas, como reducirle la velocidad de conexión o limitar su acceso a la web. Por ejemplo, se podría permitir que el individuo visite sólo 200 sitios web, mientras que el resto estaría fuera de alcance hasta que el tipo deje de descargar cosas piratas. El cliente también podría ser enviado a participar en un “programa de educación” sobre la ley de derechos de autor y la creación de contenidos.

Lo curioso de todo esto es que aquí los que acusan y entregan el castigo son las compañías dueñas del contenido – no hay intervención de un juez ni un debido proceso. Los ISP estarían actuando siguiendo únicamente lo que dice la RIAA, la MPAA y la NCTA, sin que los clientes, que contrataron el servicio de internet, tengan alguna defensa.

Por otro lado, se trataría de un acuerdo completamente privado, sin intervención ni de las leyes ni del gobierno. De acuerdo a lo que señala CNET, la Casa Blanca respaldaría este plan. El gobierno ha subrayado que la propiedad intelectual es importante para la economía del país y ha prometido luchar contra la piratería, lo que estaría dando un apoyo implícito a una iniciativa de este tipo.

Habrá que ver si este acuerdo se concreta, aunque está claro que enfrentará oposición de parte de los clientes de las empresas involucradas. Nuevamente, el problema aquí es de los estudios, que han fallado en encontrar otra forma de distribuir y cobrar por sus contenidos. Servicios como Amazon, iTunes y Netflix en cambio sí han jugado mejor este juego.

Link: Exclusive: Top ISPs poised to adopt graduated response to piracy (CNET)

Opinión: ¿Realmente se puede patentar semillas en Chile?

Publicado en VeoVerde por Cristian Miquel

El pasado 11 de mayo del presente año, el congreso nacional de Chile aprobó el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales o UPOV 1991 que protege el derecho de ciertos privados sobre sus creaciones vegetales. ...

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(cc) f1uffster (Jeanie)

LimeWire llegó a un acuerdo con los sellos discográficos para pagar US$105 millones a trece sellos discográficos, informó hoy la Recording Industry Association of America (RIAA). Los sellos demandaron al servicio para descargar música en 2006, afirmando que se dedicaba a “la piratería en internet” de la música.

El año pasado, un juzgado ordenó a LimeWare dejar de distribuir su software de P2P, y con el acuerdo de hoy, LimeWire termina de enterrarse. “Estamos muy satisfechos de haber alcanzado un gran acuerdo monetario tras la determinación de la corte de que tanto LimeWire como su fundador Mark Gorton eran personalmente responsables de infringir los derechos de autor”, afirmó la RIAA.

Según ellos, “LimeWire causó un enorme daño a la comunidad musical, ayudando a contribuir a miles de empleos perdidos y menos oportunidades para artistas aspirantes”.

Aunque ahora tienen el dinero, este acuerdo no ayuda para nada a la imagen de explotadores y ambiciosos que tienen los sellos. Por lo demás, ni un sólo dólar de lo que se recolectará irá a los artistas, sino que los billetes serán “reinvertidos” en la campaña de “educación” y demandas que mantiene la RIAA contra los infractores de derechos de autor.

Link: RIIA scores $105M USD from LimeWire, gives nothing to artists (DailyTech)

Un juez federal de Estados Unidos autorizó una solicitud presentada por la US Copyright Group, por medio de la cual los proveedores de Internet deberán informar la identidad de las personas que descargaron de manera ilegal la película “The Expendables”.

En concreto la demanda apunta a unos 23.000 usuarios del servicio BitTorrent que descargaron la película protagonizada por Sylvester Stallone, quienes recibirán en los próximos días una notificación en donde se les ofrecerá dos alternativas: cancelar US$ 3.000 evitando ir a juicio o exponerse a un fallo adverso en el que se les obligue a cancelar US$ 150.000 como indemnización.

La US Copyright Group es una reconocida organización que se preocupa de velar por que se respeten los derechos de autor de miles de asociados. Fue creada en el año 2010 por un grupo de abogados y, hasta septiembre del año pasado, tenía demandadas a unas 16.000 personas.

Hasta ahora la mayor demanda de este tipo logró reunir a 15.551 usuarios de BitTorrent, aunque el juez a cargo aún no determina si autorizará el envío de las citaciones respectivas.

Link: Biggest BitTorrent Downloading Case in U.S. History Targets 23,000 Defendants (Wired)

Una acusación iniciada en el 2009  por la publicación de material copyright sin permiso, llevó a los abogados de Matías y Hernán Botbol a presentar una apelación a la demanda que les exigía el pago de 200.000 pesos argentinos (cerca de 50 mil dólares) y la eliminación de una publicación que apuntaba la descarga de dicho material.

La defensa de los hermanos Botbol argumentó que no se realizó ninguna de las acciones prohibidas – como editar, vender o reproducir por cualquier medio una obra protegida – y sostuvo que el juez erróneamente consideró que se favorecía la publicación de las obras tuteladas, pero ni siquiera consultó la pestaña de denuncias que posee o los términos y condiciones de adhesión de los usuarios.

Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha ratificado la acusación ya que finalmente sus administradores permitían que se publicaran obras que eran descargadas sin consentimiento de sus titulares. Si bien esto ocurría a través de enlaces a otros sitios (cyberlockers), lo cierto es que el sitio daba esta posibilidad.

El documento exhibido en la página de la Agencia de Noticias del Poder Judicial [PDF] no indica quién es el demandante, pero tampoco resuelve la sentencia hasta una nueva audiencia.

Link: Procesan a los dueños de Taringa! (La Voz)

Los dibujos animados son conocidos por el contraste entre sus tiernos personajes y la violencia gráfica, solo que en esta ocasión servirán para aprender una lección sobre los derechos de autor con la experiencia de Russell (la nutria pirata). De esta forma, Youtube busca fomentar entre sus usuarios la producción de contenidos propios y evitar el camcording y las ediciones que contengan canciones o fragmentos audiovisuales sin permiso previo del titular.

Cuando un usuario suba un video con derechos de autor, Youtube enviará un aviso de infracción que incluirá este video de 4 minutos y medio como parte de un examen de opción múltiple que deberá aprobarse antes de subir otro video. Según las políticas del sitio, los reincidentes corren el riesgo de que su cuenta sea cancelada después de tres notificaciones.

Click aqui para ver el video.

Links: YouTube Launches Copyright School to Punish Infringers (Geekosystem)