“En la medida que continuamos creciendo a nivel internacional, entraremos en países que tienen ideas distintas sobre los contornos de la libertad de expresión. Algunas son tan distintas de las nuestras que no vamos a ser capaces de existir allí. Otras son similares, pero por razones históricas o culturales, restringen ciertos tipos de contenido, como Francia o Alemania, que prohíben el contenido pro-nazi”.

Hasta ahora, la única manera de hacerse cargo de los límites existentes en esos países era remover el contenido a nivel mundial. A partir de hoy, tendremos la capacidad de reactivamente retener el contenido de los usuarios en un país determinado, quedando disponible para el resto del mundo.

La cosa es así. Si en Argentina usted decide que la fotografía que filtró su amante en la red social no corresponde, puede recurrir a tribunales y solicitar la bajada de dicho contenido. En Argentina, de hecho, hay muchos casos así. Hasta ahora, el efecto que tendría dicha orden judicial, sería de carácter global, impidiendo a cualquier poder acceder a esa imagen. La nueva política implicaría que en lugar de tener efectos mundiales, el bloqueo tendrá efectos solo locales, permitiendo a usuarios de otras jurisdicciones poder acceder a dichos contenidos no obstante estar bloqueados en un determinado país.

Esos son los hechos. Ahora, dos reflexiones.

UNO.

Antes de hablar de censura y abuso en los nuevos términos de uso hay que tomar en cuenta que hoy se bajan contenidos de redes sociales. Todos los días. Y todos lo hacen, algunos con mayor transparencia (Twitter, Google), otros con menos (Facebook). Y esto, por lo demás, es razonable que ocurra. Es un derecho vinculado a la protección de la privacidad poder solicitar la bajada de ciertos contenido bajo las circunstancias que la ley local establezca para la protección de cierta información personal. Esto no va a cambiar con las nuevas políticas.

La diferencia entre lo que sucede hoy y las nuevas políticas es que ahora dicho bloqueo sólo tendrá efectos locales. De censura poco puede haber si las bajadas de contenido se hacen 1) Localmente; y 2) bajo las reglas establecidas en las leyes locales y no de manera arbitraria.

Más aún, Twitter ha señalado que colaborarán aún más estrechamente con el proyecto Chilling Effects del Berkman Center de Harvard que monitorea las bajadas de contenido en internet. O sea, más encima con transparencia.

DOS.

Si existe un problema, éste es normativo, no de los términos de uso de Twitter. Y se me ocurren al menos dos problemas.

1. Twitter lidia con ser una empresa con domicilio en Estados Unidos que presta servicios para el resto del mundo. Como tal, tiene dos opciones. O bien pretende estar por sobre las leyes del resto y aplica la jurisdicción de California ante cualquier evento -lo que implicaría quedar fuera de países con estándares legales diferentes (de libertad de expresión, privacidad o derechos de autor)- o bien se adapta a la normativa local. Y tengo la impresión que la nueva política apunta a lo segundo. Con lo que lidia, en definitiva, Twitter, es con el carácter global de internet y, en mi opinión, no lo hace de la peor manera. Si en Irán los jueces estiman que hacer bromas con la religión es un acto prohibido no creo que sea razonable para el resto del mundo estar sujetos a dicha prohibición.
2. Mi colega Alberto Cerda me hacía ver el problema vinculado a la jurisdicción internacional. Si existe un tratamiento similar para la, digamos, protección de datos personales en una serie de países, no parece razonable que los efectos de una sentencia judicial en un país de aquellos no pueda tener los mismos efectos en el resto. Esto pensando especialmente en la posibilidad de demandar por perjuicios. Ahora claro, este es, de nuevo, un problema de la normativa, no de los términos de servicio. Tengo dudas que un servicio privado tenga la obligación de tener mejores estándares que lo que establecen las leyes locales.

Recomiendo, adicionalmente, leer las reflexiones de Jillian C. York, de EFF, sobre el tema. De censura, entonces, pocazo. A apagar las alarmas.

Columna originalmente publicada en Quemarlasnaves.net.

(cc) PugnoM

La semana pasada, durante el día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que modifica la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta ley fue ampliamente discutida y aprobada el año pasado en el Congreso. Tras la firma de la semana pasada, se vuelve oficial. Para aclarar algunas dudas que quedaron, Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, escribió la siguiente columna.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI) en Chile. Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos eran considerados piratas por una ley que tenía su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explicaban por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se habían realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan los titulares de derechos de autor, en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, pretendieron agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Eso hasta mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet y promulgada por el presidente Piñera la semana pasada, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo, fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI). El gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

• Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos casos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hasta ahora, la palabra biblioteca no aparecía ni una sola vez en la ley.
• Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hasta hoy, las bibliotecas para ciegos eran ilegales.
• Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.
• Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone?

Pendientes

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quiénes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones, pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

Sorpresivamente, hace algunas semanas los Senadores aprobaron una redacción para tener usos justos en la ley de propiedad intelectual Chilena. Digo sorpresivamente debido a la campaña del terror y al fuerte lobby de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que, como recuerdan, incluso llegaron a tener un famoso acuerdo con el gobierno respecto de una serie de puntos, entre ellos, la eliminación de la propuesta de tener una norma de usos justos en nuestra legislación. Sin ninguna duda, la decisión de los senadores fue producto de la presión que todos los grupos involucrados han hecho. Incluso acá en Fayerwayer.

La modificación sigue en trámite y aún no podemos cantar victoria. De hecho, en estos momentos se está discutiendo el estatuto de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet y la regulación de las entidades de gestión colectiva, temas bien peliagudos y que resultan también claves para tener un sistema de derecho de autor equilibrado que no criminalice a la gente, que no nos considere delincuentes.

Por eso es importante no bajar los brazos y seguir masificando el mensaje de la importancia de un derecho de autor equilibrado y justo para todos. En esa línea, la campaña NO SOY DELINCUENTE está promoviendo esta semana como la SEMANA DEL DELINCUENTE, donde cada día de la semana han ido subiendo nuevos videos realizados por SURE, Corazón de Latex, ONG Derechos Digitales y protagonizados por Jani Dueñas.

4 días, 4 vídeos diferentes.

VIDEO DIA 1

Click aqui para ver el video.

VIDEO DIA 2

Click aqui para ver el video.

VIDEO DIA 3

Click aqui para ver el video.

¿Cómo ayudar?

1.- Linkea los vídeos en tu Facebook, blog o Twitter.
2.- Manda el link por mail a 5 amigos más.

La ley que tenemos es un desastre, pero contigo, puede ser diferente.

Link: No Soy Delicuente

La campaña por un Trato Justo Para Todos, unida a la campaña primo-hermana No Soy Delincuente, han pretendido enfatizar la importancia de los — hasta ahora injustamente ignorados por la ley — derechos de todos nosotros como usuarios-consumidores-creadores de obras intelectuales. De posicionar la idea que cuando se trata de derechos de autor no sólo los artistas tienen algo que decir, sino que también los profesores, los bibliotecarios, los estudiantes y los bloggers. Todos nosotros.

A pesar de los bochornosos episodios en el seno de los principales lobbys del país y de las posteriores renuncias de sus líderes naturales, la influencia de estos actores en el debate legislativo sigue siendo importante. Y hoy nos encontramos en un estado crítico, posiblemente ante la primera de las grandes batallas que como sociedad vamos a tener que dar por una ley más justa.

El próximo lunes 27 de Abril sesiona por segunda vez en el año la Comisión que está estudiando el proyecto de ley en el Senado. Y en esta sesión decidirán si sigue o no adelante la indicación 123 y 124 hecha por los senadores Núñez, Ominami, Naranjo, Navarro y Bianchi, que pretende dejar de criminalizar los usos privados no comerciales de obras protegidas. Que pretende dejar de considerar ilegal, entre otras cosas, que usted pase a MP3 ese hermoso disco de Laura Pausini que tantos recuerdos le trae. En otras palabras, que la ley deje de considerarnos a todos delincuentes.

Llegó la hora de hacer algo. Lo que te propongo te tomará sólo algunos minutos, pero puede hacer la diferencia entre tener o no una ley que te considere delincuente. El objetivo, que quede claro, es llegar a los Senadores que tienen que decidir el próximo Lunes. El martes puede ser demasiado tarde.

Son sólo 3 pasos:

1. TOMARSE UNA FOTO. Que te tomes una foto con este cartel de la forma que quieras (webcam, celular, lo que sea) y la envíes al mail mail@nosoydelincuente.cl o, mucho mejor, la subas a tu flickr con el tag ‘nosoydelincuente‘
2. ENVIAR UN MAIL. Sí, que envíes esta carta que hemos preparado a través de tu correo personal a todos los senadores que puedas, pero si estás corto de tiempo a los que se nombran aquí (que son quienes van a votar el lunes).
3. DIFUNDIR. Publicar no sólo la foto, sino que también contar en tu blog, en tu trabajo, a tus amigos o a tu pololo o polola que esto es importante y que es un asunto que nos compete a todos. Esta, tal vez, es la parte fundamental.

Si necesitas más información sobre el proyecto de ley, sabes donde encontrarla. De alguna forma, el que tengamos una ley que hoy nos considera a todos delincuentes se explica porque no se nos escucha. Pero la única manera de ser escuchados es hacer algo. Esa es la invitación. Y esto sólo está comenzando.

Links:
- No Soy Delincuente
- Trato Justo Para Todos

Para Navidad el viejo pascuero se portó especialmente mal con todos nosotros. El 24 les contábamos sobre el impresentable proyecto de ley presentado por una pléyade de “honorables” (casi todos pertenecientes a las filas del PPD (sí, ese mismo que te defiende como león (?)), denominado torpemente “Protección de la Creación en Internet” y que proponía como solución a las descargas de internet la suspensión de la conexión a la red entre tres meses y un año para los infractores.

Pues bien, como si esto no fuera lo más impresentable, el sagaz ojo del periodista Christian Leal a.k.a. El Francotirador descubrió la punta de una madeja que podría tener consecuencias inesperadas respecto de dos elementos fundamentales: dónde se redactan los proyectos de ley en nuestro país, y la coherencia de nuestros representantes en el Congreso.

De la sola revisión de las propiedades del documento de Word donde consta el proyecto presentado por los honorables fue posible detectar que el autor no era ni la secretaria de algunos de los diputados ni menos el computador personal de alguno de ellos, sino que el autor es don Guillermo Frêne, abogado del estudio Carey y Compañía (actualización 29/12/08: Frêne aclará su vinculación con el documento). Al igual que usted, yo también pensaba que las leyes se hacían en los despachos de nuestros diputados. Y claro, no necesitamos ser muy suspicaces para entender la relación entre un proyecto de ley absolutamente desproporcionado en cuanto a sus penas y que el estudio Carey sea uno de los bufetes más prestigiosos para la defensa corporativa en temas de propiedad intelectual e industrial.

Pero claro. La sorpresa mayor vendría después. Como puede usted también apreciar, al contrario de lo que uno podría suponer, la compañía donde al parecer se desempeña el señor Frêne, no es su estudio de abogados sino que una sospechosa compañía denominada The houze!.

¿The Houze!? Como apuntó prontamente un comentarista, The Houze! es el nombre con el que se conoce la versión 6 de una distribución pirata de Windows llamada Unattended Edition, conocido mundialmente en el mundo del hampa informático como WindowsUE.

OMG, sí, además de ser impresentable, el proyecto de ley para aumentar las penas frente a las infracciones a la propiedad intelectual fue redactado con… software pirata.

Como decían por ahí, de salir el famoso proyecto de ley de desconexión a usuarios, ya saben por donde empezar…

El día 17 de diciembre, los diputados señores Guillermo Ceroni, Rodrigo González, Jorge Insunza, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Núñez, Jaime Quintana y doña Ximena Vidal (todos del PPD, salvo Jiménez, independiente) presentaron un proyecto de ley que denominaron “Protección de la creación en Internet” (Boletín 6280-12), el que propone incorporar una norma nueva a la ley de propiedad intelectual:

Artículo único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 81 bis de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, del siguiente tenor:

“Las personas o abonados que descarguen de Internet archivos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás penas señaladas, estarán sujetos a la suspensión de su conexión a la red, de entre tres meses y un año.”

Así que ya lo sabe,

usted, que tiene iPod y pasa sus CDs a MP3,

usted, señora bibliotecaria que fotocopia capítulos de libros para los alumnos,

usted, señor profesora que enseña a leer con fotocopias de Piececitos de Niños de la Mistral,

usted, señor que le regaló un compilado de canciones en CD a su polola,

usted, que hace citas de más de diez líneas,

usted, que hace traducciones de artículos en su blog,

usted, señor músico, que hace remixes y samplea canciones de otro sin autorización…

Además de ser considerado hoy delincuente, ahora algunos quieren desconectarlo de internet.

Seguimos así con la irracionalidad del derecho de autor y cómo nuestros representantes no parecen entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Cómo nuestros representantes en el Congreso suponen que la regulación debe ser punitiva y castigadora en lugar de optar por reducir la brecha digital, ofrecer oportunidades para el acceso a la cultura y al conocimiento a través de internet y no pretender proteger vetustos modelos de negocio.

Feliz navidad para todos. Y ya lo sabe, señor diputado. Acá estaremos acordándonos de usted para su reelección.

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.

Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Ahora estamos en las manos de nuestros otros representantes, de nuestros parlamentarios. quienes esperamos estén a la alturas de las circunstancias y representen los intereses del país

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Primer acto. Google lanza Chrome, un navegador por el que muchos suspiraban desde hace años. Bonito, minimal, rápido y open source. Largamente comentado en la blogósfera, medios especializados y en la prensa tradicional.

Segundo acto. A alguien se le ocurrió leer los términos del EULA (End User License Agreement) o licencia de uso de Chrome y se llevó una sorpresa. Resultaba ser que la cláusula 11 de los términos de uso implicaba una serie de condiciones insólitas sobre el contenido producido a través del programa que habrían ruborizado al mismísmo Bill Gates.

11.1 [Usted] Conservará los derechos de autor y cualquier otro derecho que ya posea del Contenido que envíe, publique o muestre en los Servicios o a través de ellos. Al enviar, publicar o mostrar Contenido, estará concediendo a Google una licencia permanente, internacional, irrevocable, no exclusiva y que no está sujeta a derechos de autor para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, representar y mostrar públicamente, así como para distribuir cualquier Contenido que envíe, publique o muestre en los Servicios o a través de ellos. Esta licencia se otorga con el único propósito de permitir a Google publicar, distribuir y promocionar los Servicios y puede revocarse para determinados Servicios, según lo estipulado en las Condiciones adicionales asociadas.

En otras palabras:

1.- Llama la atención que sean “Términos de Servicio” y no un contrato de licencia de uso, como el que se estila en el caso de los programas de computador. Es lo que hace Firefox, sin ir más lejos.

2.- Se mantienen los derechos de autor del contenido publicado a través de “los servicios”. Pero al mismo tiempo, y por la sola aceptación del acuerdo, el usuario autoriza a Google a reproducir y publicar cualquier contenido que se envíe o publique a través de los Servicios. Wow, sí, sin invitar ni a una piscola.

Tercer acto. En menos de 24 horas desde el lanzamiento del navegador, Google debe dar explicaciones a sus usuarios. Rebecca Ward, Senior Product Counsel for Google Chrome, explica que (traducción libre e ilegal):

“Para mantener las cosas simples para los usuarios, intentamos usar los mismos términos legales (nuestros Términos Universales de Servicio) para muchos de nuestros productos. Algunas veces, como en el caso de Google Chrome, esto significa que los términos legales para un producto específico podría incluir términos que no sirven muy bien para el uso de ese producto. Estamos trabajando rápidamente para eliminar el lenguaje de la Sección 11 de los términos de servicio actuales de Google Chrome. Este cambio tendrá efecto retroactivo para todos los usuarios que han descargado Google Chrome.”

Fiuu! O sea, cambiaron los términos de servicios y ahora todo bien. Y tendrá efecto retroactivo para todos los que ya bajaron el dichoso programita. Todo bien.

Pero la mala noticia, es que sólo cambiaron los términos de servicio para el idioma inglés.(!)

En español, siendo pasadas las 18 horas del Jueves 4 de Septiembre, el EULA se ve como sigue:

Y no, esta entrada no fue publicada a través de Chrome

Por si usted no lo sabe, en Chile buena parte de la biblioteca para ciegos de Providencia es ilegal. Es ilegal también fotocopiar el libro que compraste para poder subrayar y destacar con colores amarillos ese capítulo que tienes que estudiar para una prueba. Es igual de ilegal comprar un CD de Kudai y pasarlo a MP3 para poder escucharlo en un pendrive. Es ilegal hacer un collage o samples de canciones sin autorización. Es ilegal publicar en tu blog una foto del volcán Llaima que viste en El Mercurio para ilustrar un post. Aunque dejes clarito que quien sacó la foto fue un fotógrafo del diario y no tú. Igual de ilegal es hacer una cita que supere las diez líneas. Sí, leíste bien, diez líneas. Para la legislación chilena de propiedad intelectual hacer reproducciones de obras intelectuales sin autorización (MP3, libros, películas, etc) es ilegal. Sea que lo hagas para vender o que lo hagas para uso personal. Igual de ilícito. Igual de pirata.

Todo lo anterior resulta de aplicar al día de hoy una ley que se redactó antes del año 1970, antes que siquiera se pensara en ver televisión a color. Si bien esta ley ha sufrido varias modificaciones, todas ellas han sido para sobre proteger a los titulares de derechos de autor (más bien a las transnacionales de la música y del espectáculo que a los autores, dado que son ellas quienes detentan estos derechos), aumentando las penas en forma desmesurada frente a las infracciones a la ley y aumentando los plazos de protección de 30 a 70 años luego de la muerte del autor, yendo bastante más allá que los estándares internacionales, entre otras cosas. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, los 70 años son gracias a una ley llamada por algunos Mickey Mouse Protection Act, que aumentó los plazos para evitar que el ratón Mickey pasara al dominio público. En otras palabras, para proteger los bolsillos de la Disney Corp. y no el de los pobres dibujantes.

Los derechos de autor son derechos que la sociedad le entrega a los autores de una obra para que la exploten comercialmente por un lapso de tiempo. Una vez que expira ese lapso de tiempo, la obra pasa a ser patrimonio cultural común, patrimonio de todos. Lo que es obvio, dado que ninguna obra se ha creado por generación espontánea, todas se crean emulando a otro, mejorando ideas anteriores y utilizando patrones existentes. Los Prisioneros no hubieran existido sin The Clash, y nadie en su sano juicio desearía que Jorge González le pagase un impuesto a Joe Strummer o a Mick Jones. Por eso, una vez expirado el plazo, la obra pasa a lo que se denomina dominio público. Y por eso el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad que tiene un músico sobre su guitarra.

Pero si hay una tendencia en el derecho de autor en los últimos cincuenta años ésta es aumentar la protección y eliminar progresivamente las excepciones que benefician al público, tendencia de la que Chile no ha estado ajeno. Por eso llama la atención que en este momento se esté discutiendo una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que pretende de una vez por todas restablecer el equilibrio y la cordura perdidas, estableciendo excepciones que permitan funcionar a las bibliotecas, que favorezca a los discapacitados y, en definitiva, que no nos convierta en delincuentes por usar internet. Es una reforma que pretende volver las cosas a su equilibrio. Tomar en cuenta de una vez al público.

Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile hay quienes piensan lo contrario .

Donde se aprecia apertura y coherencia, algunos ven violaciones. Donde yo veo equilibrios, algunos ven destrucción. Donde usted ve internet y acceso, algunos ven robo.

Así es como durante los últimos días hemos visto desfilar con pancartas y chapitas a conocidos artistas nacionales como Juan Carlos Duque, Horacio Saavedra, Denisse Malebrán y muchos otros en contra de esta reforma a la LPI. Según ellos, esta reforma privilegiaría a “las grandes empresas de internet” dejando desprotegidos a los creadores. Han armado grupos en Facebook y pagado caros insertos en diarios de circulación nacional. Se han encargado de llenar las casillas de los medios nacionales haciendo saber su enojo por una ley que según ellos se ha hecho a espaldas de los artistas y que llevará a la muerte de la cultura en Chile.

De hecho, montaron una página web -un newsletter, en estricto rigor- donde expresan su malestar exigiendo un TRATO JUSTO para los artistas de Chile con las siguientes palabras

El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso maltrata a los artistas y autores; destruye sus organizaciones; contradice los hermosos discursos oficiales en favor de la cultura y de las organizaciones ciudadanas; da la espalda a la tradición nacional de apoyo a autores y artistas; abre las puertas a la pillería, el abuso y el dominio sin contrapesos de las grandes empresas multinacionales perjudicando a los creadores; y daña finalmente al país completo porque un país que trata mal a sus creadores se trata mal a si mismo. Tal como está, esta ley no garantiza un trato justo.

El problema, mis amigos, es que ellos están hablando a nombre de todos nosotros, porque todos somos creadores. Desde el momento en el que sacamos una fotografía o cuando escribimos en nuestros blogs. Lo que ellos están exigiendo es un trato justo para algunos. Nosotros debemos exigir un trato justo para todos.

A pesar de lo que ellos dicen, las reformas que están hoy en el Congreso no quieren eliminar a los artistas, quieren entregar derechos al público. No suprime a los autores, sino que integra a los usuarios. No fomenta la piratería, sino que pretende no criminalizar todo lo que hacemos en Internet. No decirte pirata si pasas un CD a MP3. No llamar delincuente a la biblioteca si copia un libro para proteger el original de los ratones o la humedad.

La pelea por un derecho de autor hace rato dejó de ser una discusión de expertos. Tampoco es una discusión entre artistas. Es una cuestión de interés público y que afecta nuestro día a día. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el Congreso y atentos a la desinformación que algunos pretenden imponer en la opinión pública.

Si alguien pide un trato justo para algunos, entre todos digamos que necesitamos un trato justo para todos.

Dista de ser una noticia sexy, lo sé. De hecho, casi siempre cuando empiezas a leer siglas ininteligibles, sueles acelerar la lectura diagonal. Todos lo hacemos. Qué decir cuando uno comienza a explicarle a la novia (?) respecto de la importancia de la adopción de IPv6, por sólo decir algo.

En lo que debe ser la noticia más importante de la historia de los nombres de dominio en Internet, ICANN ha anunciado esta semana la liberación de los denominados Top Level Domains (TLD), es decir, las extensiones sobre las cuales ha sido construida la internet, .com, net, .org, entre otras que suman 21 en total.

ICANN es la sigla que denomina a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organización internacional sin fin de lucro que es la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores raiz, entre otras delicias geek.

Además de esta liberación, El País cuenta que ICANN ha anunciado una muy esperada medida en países que escriben en caracteres asiáticos, árabes y cirílicos en general, lo que constituye una apuesta importante por la apertura de la estructura de TLDs a países no occidentales.

Adelantándose a los hechos, el presidente de ICANN, Paul Twomey anunció la semana pasada la noticia que la organización podría aceptar una propuesta en orden a liberar los 21 nombres de dominio genéricos y por tanto terminar con las clásicas fórmulas .com, .net o .org para dar paso a los mediáticos .nyc, .negocios o .tecnología, por sólo nombrar algunos. Esta propuesta -además de la que acepta las fuentes cirílicas y otros caracteres- fue votada y aceptada el jueves pasado en el seno de esta organización, por lo que ya muchos analistas han comenzado a trazas líneas en torno a lo que esto significará para las empresas y para la comunidad.

Esta iniciativa pretende ser puesta en práctica a partir de la mitad del año 2009, fecha a partir de la cual comenzarán a venderse estos TLDs al mejor postor. Es decir, a partir del 2009 podrá ser posible pujar por tener el control de la extensión .ruiz o .fayerwayer en el seno de ICANN. De hecho, la organización ya ha anunciado que ante la eventual avalancha de solicitudes de registro (imagínense lo que pasará con la extensión .nyc o .valparaíso (?)), utilizarán un sistema de arbitraje donde se dará especial importancia a los criterios marcarios para la asignación de los TLDs. Por lo demás, las barreras de entrada para poder acceder a obtener alguno de estos TLDs sería el precio, el que bordaría los 100.000 dólares.

Claro que la iniciativa ha provocado una serie de reacciones, no todas a favor de la idea. El bloguer y experto James Volokh, por ejemplo, ve con total optimismo la liberación, basado en que de esta forma podrá conformarse una internet muchísimo más rica que la actual y fundamentalmente porque mantener limitado el número de TLDs no responde a lógica alguna y es una opción -de alguna forma, artificial- hecha por quien tiene una posición de mercado monopólica, como es ICANN Y a nosotros no nos gustan las decisiones discrecionales de monopolios, ¿cierto?.

También hay otros que no ven con buenos ojos la confusión que podría generarse para el público en torno al acceso a determinados portales de contenido o incluso a empresas.

Agudamente, Jeff Jarvis de The Guardian explica que el gran beneficiado con esta decisión es Google. Esto porque Google se ha transformado de un tiempo a esta parte como la referencia para poder encontrar contenido en internet. Así, cuando queremos ingresar a Flickr y no sabemos cómo se escribe, recurrimos a Google. Cuando queremos entrar a Dopplr, lo mismo. Es más, explica Jarvis, más confusión implica más búsquedas para llegar al sitio adecuado (¿cnn.com, cnn.news, cnn.noticias?). Más tráfico para la gran G. Hay otros, como Antonio Delgado, que se preguntan cómo reaccionará el mercado dada la pobre recepción que han tenido las extensiones .biz o .mobi, abiertas el año 2005. Otros incluso ven bajo el agua y sostienen que esto no es sino un negociado más de ICANN para aumentar su flujo de caja.

Lo que sí es claro, es que cambiará la forma en la entenderemos internet. Pareciera ser que la apertura y la competencia son buenas noticias para el mercado, pero ya sabemos que la mera apertura no necesariamente supone mejores condiciones para el público. Esperamos que la decisión en el seno de ICANN esté apuntando no sólo a reguardar intereses corporativos sino que apunte de alguna forma a mejorar la internet tal como la conocemos.

Finalmente el año 2007 no fue el año de la muerte de los sistemas de DRM como algunos quisimos creer. DRM es una sigla que proviene del inglés y que significa Digital Rights Management o gestión de derechos digitales, en castellano. Estos sistemas son medidas tecnológicas de protección que permiten a los titulares de derechos patrimoniales de autor controlar el acceso o uso de archivos digitales por parte de terceros, incluyendo su impresión, copia o incluso visualización.

Como su propio nombre lo indica, éstas son medidas tecnológicas, esto es, si bien son medidas que los titulares de derechos de autor (no los autores, que no son lo mismo) ejercen en virtud de sus derechos de autor, son impuestas unilateralmente por éstos a través de medios tecnológicos. Además, terminan teniendo nefastos resultados tanto para los fines con que son puestas en práctica, como también para el ejercicio de derechos de todos los usuarios de bienes culturales.

Los problemas de los sistemas de DRM especialmente en el mundo de la música llevan adjuntos problemas que están lejos de ser resueltos y que distan de estar pensados como beneficios para el usuario. Los sistemas de DRM así como lo hemos explicado no están pensados en proteger la “propiedad intelectual” de los artistas que viven de la música, están pensadas para proteger a los titulares de derechos de autor (muchas veces grandes sellos multinacionales) de los radicales cambios que debieran apuntar en un cambio en los modelos de negocio, pero que se resisten a entender. En lugar de enfrentar los cambios con creatividad, lo enfrentan con restricciones absurdas, abusivas y sin sentido para el consumidor final.

Por ejemplo, es gracias (?) a estas medidas que si usted viaja a Estados Unidos y se trae la tercera temporada de Lost en DVD, existen altas probabilidades que mientras usted se encuentre en plena faena de cortado de pizza y sorbeteo de cerveza, aparezca una pantalla anunciándole amablemente que no está dentro de la zona geográfica autorizada y por tanto impidiéndole disfrutar de las aventuras de Jack y sus amigos.

De más está decir que siempre hay opciones. Creada la restricción, creada la trampa. O interviene el firmware de su reproductor de DVD convirtiéndolo en multizona, o bien lo baja todo desde Internet.

Si bien el caso de los DVD es tal vez el más sintomático y probablemente con el que más seguido nos ha tocado lidiar, no es sino el mercado de la música donde se hace más evidente las falencias de los sistemas de protección y sus nefastas consecuencias para el mercado y para los consumidores.

Hace algunos años atrás, y en conjunto con el lanzamiento de su Windows Media Player 10, Microsoft lanza al mercado el portal MSN Music concebido como la competencia directa a iTunes de Apple, una de las tiendas de música digital más importantes del mundo. Incluso llegaron a firmar acuerdos con otros gigantes mediáticos como Terra. La idea era asociar el sistema de compras de música en línea con el sistema operativo de Microsoft y, gracias al sistema de DRM desarrollado por Microsoft llamado alegremente PlayforSure controlar tanto las reproducciones como las copias de los archivos adquiridos a través de la plataforma MSN Music.

Una de las prestaciones más interesantes (?) del sistema de DRM que contienen cada unos de los archivos “vendidos” a través de MSN Music es que cada uno de éstos deben estar asociados a una copia del sistema operativo. Así, si el usuario decide actualizar su sistema operativo (a Vista, por ejemplo) o cambiar de computador, debe pasar por la autorización del sistema para que los archivos adquiridos puedan ser reproducidos finalmente.

Todo bien hasta la semana pasada, cuando Microsoft anunció que dejaría de prestar soporte a los archivos musicales adquiridos a través de su sistema a partir del 31 de Agosto de este año, lo que significa que a partir de esa fecha los clientes de MSN Music perderán la posibilidad de reproducir la música que legítimamente han adquirido si es que actualizan su sistema operativo o bien deciden cambiar su equipo computacional. Claro, porque a partir de esa fecha ya no podrán realizar el proceso de “re-autorización” de sus archivos de audio una vez que realicen dichos cambios.

Así, a pesar de haber pagado por dichos archivos de audio, éstos se van a volver inutilizables si es que usted cambia de sistema operativo luego del ultimátum de Microsoft. Así, a pesar de haber pagado por dichos archivos, usted no tiene control alguno sobre ellos. Gracias a los DRM la última palabra la tendrá siempre el proveedor y no el consumidor.

La mala noticia es que esto no sólo pasa en Estados Unidos. Si uno hace una revisión somera de lo que sucede en las tiendas de venta de música digital en Chile, se encuentra con un panorama desolador. Así, WOW.cl y Mallmusic.cl realizan venta de archivos digitales de audio, todos en formato Windows Media Audio y con este desquiciado DRM que restringe el número de reproducciones que los compradores pueden hacer, entre otras cosas a un precio que, en el caso de MallMusic llega a prácticamente duplicar el precio que cobra, por el mismo archivo, iTunes Store.

En esta lucha contínua que dicen tener los grandes discográficas contra los sistemas de descarga ilegal, me parece que alguien debiera explicar qué incentivo puede tener un consumidor en comprar el último disco de -ejem- Avril Lagigne con un asqueroso DRM a $6.300 (us$13.4).- siendo que el torrent está a dos clicks de distancia y gratis. Finalmente, pareciera ser que el asunto de la piratería dista de ser un problema delictivo y pasa a ser un problema de índole económica.

A los grandes titulares de derechos de autor ya no les basta con influir decisivamente en las discusiones legislativas respecto de los criterios de protección de los derechos de autor. Hoy, además de alentar por una ley de propiedad intelectual todavía más restrictiva para el público, utilizan medios tecnológicos para restringir los usos que los consumidores legítimamente quieren realizar con los archivos musicales que han adquirido. Nos restringen con la ley y sin ella, sin que tengamos mucho que decir al respecto.

Los DRM suponen, en definitiva, que la decisión final respecto de los usos que puedan realizarse de los archivos esté siempre en el proveedor y nunca en el usuario. Suponen restricciones excesivas y arbitrarias que apuntan en contra del consumidor final, basadas en las ideas de control y restricción y que no toman en consideración el equilibro de los derechos de los autores con los derechos derivados del interés público. Esto refuerza la importancia de una ley de derechos de autor que refuerce las excepciones y limitaciones al derecho de autor y fortalezca el dominio público. Todos los problemas que se derivan de los DRM se ven aumentados injustificadamente con una ley desequilibrada. Si los sellos discográficos no nos van a ayudar, guardamos esperanza que nuestros representantes en el Congreso lo hagan. Los estaremos mirando atentos.