En el marco del juicio que se está realizando contra Ross Ulbricht —supuesto responsable de Silk Road, el sitio para vender artículos ilegales en la deep web— el ministerio de Justicia de Estados Unidos declaró que el gobierno estadounidense puede hackear servidores fuera de las fronteras del país sin una orden judicial.
Ulbricht aseguró en el juicio la semana pasada que eran “imposibles” las explicaciones oficiales de cómo el gobierno encontró a los servidores de Silk Road en Islandia (supuestamente su IP se filtró a través de un CAPTCHA para identificarse en el sitio web), y aseguró que el gobierno habría hackeado ilegalmente el sitio para encontrar dónde se ubicaba físicamente.
Sin embargo, el ayudante del fiscal federal, Serrin Turner, argumentó:
Incluso si el FBI hubiera de alguna forma ‘hackeado’ el servidor de Silk Road para identificar su dirección IP, una medida de este tipo no estaría protegida por la Cuarta Enmienda.
Ya que los servidores se encontraban fuera de Estados Unidos, la Cuarta Enmienda [que protege a los ciudadanos norteamericanos de pesquisas y aprehensiones arbitrarias] no habría solicitado una orden judicial para ingresar al servidor.
Dado que el servidor de Silk Road estaba almacenando un sitio web abiertamente criminal, habría sido razonable para el FBI ‘hackearlo’ para así encontrarlo, y cualquier ‘hack’ debería simplemente considerarse una inspección a bienes extranjeros que contienen evidencia criminal, para lo cual no es necesaria una orden judicial.
Este sin duda es un peligroso precedente, pues ahora las preguntas que quedan rondando es “¿quién determina si un sitio web es abiertamente criminal? ¿EE. UU. de forma unilateral, como fue en este caso?”
