Si algo caracteriza a los usuarios de Internet de la actualidad es que una buena parte ha escuchado hablar o ha leído algo acerca de Edward Snowden. Las prácticas de vigilancia masiva del gobierno estadounidense se han encontrado en la boca de todos, aunque difícilmente hemos apuntado a otras partes del mundo. En esta ocasión, Gran Bretaña nos da la oportunidad de voltear a Europa.
Gracias a un reporte publicado por la organización Privacy International, ha quedado al descubierto que el gobierno del Reino Unido considera como externas a las comunicaciones realizadas a través de redes sociales. Esto permite que el gobierno las intervenga incluso en el caso de que no existan sospechas de crímenes, contrario a lo que sucede con las comunicaciones internas.
Comunicaciones externas a través de Internet
La idea central es que, dado que los servidores de muchas empresas se encuentran fuera de territorio británico, las comunicaciones que establecen los habitantes de aquél país deben considerarse como externas. No importa si la comunicación se da entre dos residentes de la misma localidad o si se establece entre dos países diferentes.
De acuerdo con el New York Times, el documento en que se basó Privacy Internacional para elaborar su reporte, habría sido generado por la Oficina para la seguridad y lucha contra el terrorismo del Reino Unido, dirigida por Charles Farr. En el reporte puede apreciarse que el gobierno británico toma como ejemplo los casos de Google, YouTube, Facebook y Twitter:
Puede ayudar si explico cómo se aplicaría la definición de “comunicaciones externas”, (…) en otros supuestos comunes relacionados con el uso de Internet, como una búsqueda de Google, la búsqueda en YouTube de un video, un “tweet” en Twitter o la publicación de un mensaje en Facebook.
En general, los ejemplos se basan en la ruta que siguen las comunicaciones y la localización de los centros de datos de las empresas tecnológicas. En buena parte de los casos, estos centros se encuentran fuera del territorio británico, provocando que las comunicaciones sean tratadas como externas y sujetas a una posible intervención.
Intervención de las comunicaciones
Por parte del gobierno británico, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (Government Communications Headquarters, GCHQ), entidad que supervisa estas actividades, no emitió declaraciones en torno al caso. El motivo -o pretexto- es que no suelen opinar respecto a actividades de inteligencia. Sin embargo, aclaró que todas las acciones que lleva a cabo son legales
Todo el trabajo del GCHQ se lleva a cabo de acuerdo con un estricto marco jurídico y normativo que asegura que nuestras actividades están autorizadas, además de que son necesarias y proporcionales.
De las empresas señaladas en el reporte de Privacy International, solamente Google emitió comentarios, los cuales no aportan mucha certeza a los hechos, ya que se limitan a declarar que actúan conforme a lo estipulado en la ley. Sin embargo, dejan una pista del afán del gobierno británico por realizar solicitudes que van más allá de los márgenes legales.
Proporcionamos los datos de nuestros usuarios a los gobiernos solamente de conformidad con la ley. Nuestro equipo legal revisa cada solicitud y con frecuencia rechaza solicitudes que son demasiado amplias o no siguen el debido proceso.
Lo importante entonces es recurrir a lo estipulado en las leyes del Reino Unido. Si éstas consideran que es válida la intervención de las comunicaciones de sus ciudadanos, las agencias gubernamentales continuarán haciéndolo, incluso aunque los usuarios consideren que se trata de una práctica abusiva.
