El proceso para expedir una nueva ley de telecomunicaciones para México ha sido accidentado. La iniciativa presidencial, enviada al Senado en marzo, ha sido objeto de múltiples críticas, entre las que se incluyen aquellas de activistas y especialistas en derechos digitales y gobernanza de Internet. Si bien la intención es generar una ley que regule tanto a las telecomunicaciones como a los servicios de radiodifusión – radio y televisión -, las protestas en las calles y en las redes se han centrado en aspectos preocupantes relacionados con Internet.
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Poco se sabía acerca de la posición del gobierno mexicano en estas cuestiones, más allá de la iniciativa propuesta. Por esto resulta relevante la entrevista concedida a Animal Político por el Subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Entre otros temas, los funcionarios señalan que el gobierno mexicano se encuentra abierto a eliminar de su propuesta cualquier texto que pueda ser interpretado como una violación a los derechos de los usuarios o una intromisión a su privacidad. Sánchez señala:
De la misma manera en que las herramientas de las telecomunicaciones se ponen al servicio de la comunidad, éstas son aprovechadas por los delincuentes. Nos encontramos con delincuentes cibernéticos, con los que utilizan las líneas telefónicas para el engaño, para el secuestro, prostitución infantil, para la trata de personas, los ataques cibernéticos, los fraudes. Pensando en eso buscamos tener herramientas mucho más sólidas para poder intervenir rápidamente cuando alguien lo necesita. Pero aceptamos que fueron interpretadas con una segunda intención y esto generó una gran cantidad de tuits respecto a eso.
Tres son los temas preocupantes para los usuarios de Internet y servicios de telecomunicaciones: geolocalización, retención de datos y neutralidad de la red. Los dos primeros son polémicos, dada la ayuda que la tecnología puede brindar a la lucha contra el crimen. El tercero genera preocupaciones para quienes buscan una Internet libre de injerencias comerciales.
Geolocalización y retención de datos
Uno de los temas más complejos es el de la colaboración con la justicia. La iniciativa de Enrique Peña Nieto contempla incluir disposiciones en este sentido por medio de la incorporación de 9 artículos (189 – 197). El anteproyecto de dictamen generado en el Senado de la República propone reducir el número de artículos y eliminar algunas propuestas, como el bloqueo de las señales de telecomunicaciones en concentraciones que sean consideradas críticas para la seguridad.
Las inquietudes que ha generado esta sección se centran en que la iniciativa permitiría que cualquier agencia de seguridad tuviera acceso a los datos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones sin que existiera una orden judicial de por medio. Lo mismo ocurriría con la intervención de las comunicaciones privadas o la localización geográfica en tiempo real de los dispositivos de telecomunicaciones.
Este mecanismo, si bien podría resultar útil para combatir al crimen – lo cual no está del todo comprobado -, da pie a que se cometan abusos en su utilización. El semanario alemán Die Zeit ilustró por medio de una visualización que la retención de datos personales combinación con la geolocalización de un dispositivo de telecomunicaciones, puede ser tan invasiva como intervenir las comunicaciones personales.
Lo preocupante de la iniciativa es que tampoco contempla obligaciones de transparencia ante los usuarios conforme a resoluciones de organismos garantes de los derechos humanos o a instrumentos como los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Es decir, alguien implicado en una investigación y absuelto posteriormente, podría nunca saber que fue vigilado ni que sus datos fueron almacenados incluso por tiempo indefinido. Por esta razón, los funcionarios de la Presidencia mencionan que se encuentran dispuestos a renunciar a la posibilidad de utilizar estas herramientas y regresar al texto original de la Ley Federal de Telecomunicaciones, expedida en 1995:
El capítulo de colaboración con la justicia se elaboró con especialistas de las entidades de seguridad nacional. Estas entidades ya tienen en la ley de telecomunicaciones vigente, que es de 1995, autorización para realizar operaciones que tienen que ver con su materia fundamental, que es la seguridad nacional.
Cuando se elaboró el proyecto, se les invitó para ver si ellos estaban trabajando bien con el texto actual o si requerían atender necesidades adicionales. Las necesidades adicionales que plantearon son las que se especifican en la iniciativa.
Lo que hoy queremos decir es que cancelamos los artículos que buscaban cubrir estas necesidades adicionales y regresamos, letra por letra y coma por coma, al texto vigente de 1995.
Sin embargo, al revisar el texto original, es posible apreciar que no existe disposición alguna relacionada con estas materias. La retención de datos fue incorporada a la ley en 2009, al reformar varios artículos – principalmente el 44, en sus fracciones XII y XIII -, mientras que la geolocalización fue añadida en 2012, con la inclusión del artículo 40 Bis. Ambas reformas se encuentran vigentes en la actualidad, por lo que es posible afirmar que regresar al texto de 1995 no solamente eliminaría las “necesidades adicionales” planteadas por las instituciones de seguridad pública, sino que las dejaría sin ambas herramientas. Probablemente, la solución que busque Presidencia sea mantener la redacción vigente al día de hoy, con todo y los riesgos que implica para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Neutralidad de la red
Para el Subsecretario de Comunicaciones, la iniciativa del Ejecutivo protege la neutralidad de la red, a pesar de las críticas que señalan lo contrario. Al tiempo que reconoce que el debate sobre el tema se encuentra muy activo a nivel internacional, el funcionario señala que para proteger este principio, basta con expresar la prohibición para discriminar el contenido que circula en Internet:
En los articulados, se establece con claridad que los concesionarios, los operadores de redes a no pueden discriminar ningún tipo de tráfico. Eso es muy claro en la iniciativa y es el principio fundamental de la neutralidad de la red.
Sin embargo, las respuestas de Peralta indican también de manera implícita un desprecio significativo al modelo innovador de los negocios en Internet y una búsqueda por proteger a los proveedores de servicios de Internet (ISP), que son quienes despliegan la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para acceder a Internet. Cita el polémico caso de Netflix:
Hemos puesto ejemplos, como Netflix, que es el mayor consumidor de banda ancha en el mundo y que no tiene redes ni ha invertido un peso en redes. Se sube a las redes de los operadores y concesionarios. El problema que tenemos es que el usuario es una persona que firma un contrato con el operador de redes, para recibir Internet, y por otro firma un contrato con aplicaciones como Netflix, que utiliza esta red, pero no existe una relación contractual entre Netflix y el operador. Están conectados por el usuario.
Quienes desarrollan aplicaciones para distribuir contenido a través de Internet no tienen la obligación de instalar la infraestructura necesaria para acceder a Internet ni de garantizar su buen funcionamiento. Esta es precisamente una de las características que ha permitido una expansión acelerada del ecosistema. Intentar limitarlo por proteger los intereses de los poderosos ISP es, al mismo tiempo, atentar de manera directa contra los principios de arquitectura de Internet.
Lo interesante ahora será conocer la evolución del debate en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Finalmente, la Presidencia de la República hace observaciones, pero son los senadores y los diputados quienes determinan los cambios al texto. La iniciativa se encuentra en el Senado de la República y su proceso de dictamen avanza, con la intención de que sea aprobada y pueda ser enviada a la Cámara de Diputados. El tiempo apremia para algunos legisladores, ya que el periodo ordinario de sesiones finaliza el próximo 30 de abril.
Link: Animal Político