En marzo de 2013, el presidente de México presentó una iniciativa de reforma al sector de las telecomunicaciones del país. La ruta consistía en modificar el texto de la Constitución Política, para luego integrar un nuevo organismo regulador y finalmente elaborar una nueva ley que regulara de manera convergente a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Las primeras dos etapas se completaron en junio y septiembre de 2013, mientras que la última debió estar lista los primeros días de diciembre, aunque no fue así.
Ayer, la Presidencia de la República remitió a la Cámara de Senadores la iniciativa para expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México. La propuesta también adecúa otros ordenamientos legales, a fin de que coincidan con el texto constitucional reformado a mediados del año pasado.
Si bien la iniciativa aún debe transitar por ambas cámaras del Congreso y puede ser analizada desde diversas perspectivas, llama poderosamente la atención el capítulo dedicado a la neutralidad de la red. A pesar de que no emite lineamientos específicos sino principios para que sean aplicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la iniciativa presentada ayer parece revivir la propuesta planteada hace un par de años por dos senadores.
En su momento, la iniciativa presentada por los senadores Fernando Castro Trenti y Juan Bueno Torio generó muestras de rechazo en Twitter a través del HT #LeyCastroBueno. La iniciativa, que a decir de sus promoventes buscaba garantizar la neutralidad de la red, proponía que los proveedores de servicio de Internet (ISP) pudieran discriminar el tráfico cursado en sus redes (en una clara violación a dicho principio), al establecer:
“De igual forma, aquellos que comercialicen, presten o provean servicios de telecomunicaciones relacionados con redes de comunicación interconectadas, deberán de informar de manera expresa a sus usuarios previo a la contratación del servicio, sobre cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación.
La libertad de elección de los usuarios y la equidad en las contrataciones, estará privilegiada en cualquier tipo de prestación de servicios de telecomunicaciones, por lo que cualquier proveedor de este tipo de servicios tendrá plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado, sin detrimento del entorno de competencia”
En contraparte, la iniciativa entregada ayer por el Ejecutivo Federal mexicano propone incorporar cambios que coinciden con la propuesta de Castro y Bueno, a los que se da entrada específicamente gracias al artículo 146:
“Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:
(…)
IV. Transparencia e información. Deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el Instituto velocidad, calidad, la naturaleza y garantía del servicio;
V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia;
(…)
Articulo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”
Vale la pena notar que los ISP pueden y deben llevar a cabo tareas de gestión de tráfico, a fin de propiciar el funcionamiento adecuado de sus redes. Sin embargo, tal administración debe basarse en criterios de naturaleza técnica y no comerciales, a fin de preservar la neutralidad de la red y la naturaleza abierta de Internet. De lo contrario, se abriría la puerta a que los ISP se pudieran ofrecer conexiones a Internet por categorías, algo que han buscado en otras partes del mundo antes que en México.
