Uruguay pone el ejemplo con la ley de software libre y formatos abiertos

(cc) Jimmy Baikovicius / Flickr

El Estado deberá preferir la inversión y desarrollo en software libre sobre el privativo.

La revista The Economist nombró a Uruguay como el país del año. No es para menos: el gobierno de José Mujica se distinguió por una serie de reformas -entre ellas, la legalización de la marihuana- que mantuvieron los ojos del mundo en el país sudamericano. En tecnología, Uruguay también sentó un precedente importante -con menos reflectores pero mucha relevancia- con la aprobación de la Ley de Software Libre y Formatos Abiertos.

Esta ley tiene bastante historia. Desde hace varios años que se habían esbozado esfuerzos por elevar el uso del software libre a ley, pero fue hasta finales de 2012 que la discusión tomó fuerza en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Uruguay. Finalmente, en diciembre de 2013, el proyecto consiguió ser aprobado por ambas cámaras.

¿Qué contempla el proyecto? La Ley de Software Libre y Formatos Abiertos contempla que:

  1. La ley establece que el Estado deberá preferir la inversión y desarrollo en software libre sobre el privativo, salvo cuando éste no cumpla las necesidades técnicas requeridas.
  2. En caso de que el Estado decida invertir en software privativo, deberá justificar las razones del gasto y argumentar su elección.
  3. El Estado deberá distribuir y aceptar toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre.
  4. El intercambio de información a través de Internet deberá ser posible en al menos un programa licenciado como software libre.

La diputada Daisy Torné justificó la aprobación de esta ley diciendo que si se quiere que el Estado cumpla algo, debe quedar asentado en la legislación:

Cuando uno quiere lograr que el Estado funcione de determinada manera lo tiene que decir por ley. Lo que queremos es que el Estado utilice el software libre, que lo promueva, que lo promueva en el sistema educativo, que prefiera utilizar formatos estándar abiertos y libres, antes de privativos. Por lo tanto, si no lo hace, tiene que ser por una razón muy fundada y lo tendrá que poner por escrito. Tenemos que darle una discrecionalidad, no creemos en el mercado libre que ya demostró lo que es.

La ley contiene varias ventajas para la administración pública y la ciudadanía:

    1. Gasto público: el gasto en licencias de software privativo es un agujero fiscal para las administraciones públicas y una oportunidad de negocio para quienes negocian los acuerdos. Rara vez esta información es de carácter público, y cuando se conoce, se descubre un despilfarro que puede ser ahorrado con la adopción de software libre.
    2. Seguridad: A raíz de las revelaciones de espionaje de Edward Snowden, se reforzó la necesidad de contar con mayor soberanía informática. Aunque Brasil ha sido el país que ha dado pasos más fuertes en este rubro, el uso de software libre da una alternativa para evitar la utilización de software privativo con backdoors.
    3. Interoperabilidad: Para la administración pública, el uso de ficheros de formatos indistintos (y privativos) es un dolor de cabeza. El uso de formatos abiertos y estándares fomenta la interoperabilidad entre las dependencias y asegura el intercambio de archivos eficiente.
    4. Transparencia: Que el Estado esté obligado a difundir la información pública en un formato abierto permite la transparencia y el libre acceso a los datos por parte de la ciudadanía. En este punto, es un avance que también podría ser reforzado con una política pública de datos abiertos.

Quizá el único pero que se le puede poner a la actual ley es la edición que realizó el Senado antes de su aprobación, en la que retira la cláusula que demandaba que el software necesario para la modificación del código fuente también fuese libre. A pesar de que la Free Software Foundation apoyó este punto, fue eliminado de la redacción final.

Con esta ley, Uruguay pone el ejemplo para otras administraciones que han trabajado con software libre, pero que no han dado el paso hacia la legislación. Existen casos avanzados como el de Ecuador, en el que el presidente Rafael Correa es un partidario del software libre, haciendo que los funcionarios del Poder Ejecutivo usaran OpenOffice y que en 2009 se instalaran ordenadores con openSUSE y Ubuntu en la Asamblea Nacional.

Otros países han implementado leyes o políticas públicas orientadas a otros movimientos abiertos como Brasil y su emancipación de Outlook, Argentina y la ley de acceso abierto o México y su política nacional de datos abiertos a través de la Estrategia Digital Nacional.

Enhorabuena por el avance en Uruguay y ojalá sirva como inspiración para el resto de los países en América Latina.

Link: Muy Linux / 180.com.uy

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