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Las organizaciones públicas y privadas que apoyamos el emprendimiento nos hemos planteado una meta ambiciosa para el mediano plazo: convertir a Chile en un polo de innovación y en el mejor lugar para emprender de Latinoamérica. Para cumplir este cometido, no solo es importante sentar las bases para que los emprendedores puedan comenzar negocios de manera expedita, sino también, mitigar el estigma del fracaso, legitimarlo como un aprendizaje valioso y brindarle a los emprendedores la posibilidad de volver a levantarse.

Este es el sentido de la nueva ley de quiebras, que los emprendedores hemos llamado “ley de re emprendimiento” y a la que el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Quiebras han dado prioridad. Pero además, el proyecto permitirá a los emprendedores seguir creando valor y dándole dinamismo la economía, de manera que sus esfuerzos y su espíritu no se diluyan por la quiebra.

Según el Economic Survey of Chile 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los procedimientos de bancarrota chilenos son ineficientes y costosos, lo que no solo desacelera la salida de las compañías de baja productividad, sino que también perjudica la toma de riesgos y dificulta el acceso al crédito. Pero además, indican que la protección de los oferentes del crédito es débil, lo que reduce su disposición a otorgar créditos a negocios de alto riesgo. Esto merma la capacidad del país de generar emprendimientos de alto impacto.

En ese sentido, la Ley de re emprendimiento presenta una oportunidad de mejorar la productividad, ya que cuando se facilita la salida de empresas insolventes del mercado, se liberan recursos que pueden ser absorbidos por nuevas empresas más productivas, además de facilitarse el re emprendimiento empresarial. Pero, además, se genera un mecanismo que filtra por defecto la eficiencia de las empresas, de modo que se reorganicen y permanezcan en el mercado solo las empresas eficientes.

En esta misma línea, se diseñaron procedimientos más eficientes, que impedirán que los activos queden paralizados y que se desvaloricen a la espera de su enajenación, retardando el pago a los acreedores y el reingreso de los bienes productivos a la economía nacional.

Por otra parte, el proyecto mejorará la posición de Chile en el ecosistema internacional, especialmente en lo que respecta a sus partes de la OCDE, lo que mejorará la percepción y la confianza de los inversionistas extranjeros, incentivando la inversión desde otras latitudes.