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Esta columna fue escrita por ONG Meta, en relación al texto despachado por las Comisiones Unidas de Transportes y Telecomunicaciones y Educación del Senado la semana pasada. El texto debe pasar ahora por la Comisión de Hacienda, y luego ser discutido y votado en la Sala del Senado.

Con gran satisfacción, según las propias palabras de su presidente, el señor senador Francisco Chahuán, la Comisión Unida de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación del Senado, despachó, el día miércoles 12 de septiembre, el proyecto de ley sobre introducción de la televisión digital a su segundo trámite, en la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, nosotros vemos con gran preocupación, el contenido de alguna de las materias aprobadas en la Comisión Unida, sobre todo lo que dice relación con la “retransmisión consentida”, ya que en virtud de ella, los canales de televisión abierta solicitarán un pago a los operadores de cable y satelitales, porque estos lleven sus señales, sin poner atención que los operadores de cable sólo llevan la señal en la misma zona de cobertura y sin modificación alguna de su contenido.

Las concesiones otorgadas a los canales de televisión abierta, son gratuitas (sin retribución al Estado y a los chilenos) y en su mayoría perpetuas y que permiten el uso de un bien de todos los chilenos, como es el espectro radioeléctrico. Conforme a dichas concesiones, las empresas de televisión, están sometidas al deber legal de prestar sus servicios de manera universal, no discriminatoria y gratuita a toda la población que se ubica dentro del ámbito de transmisiones autorizado para la respectiva señal. Mediante el sistema de retransmisión consentida, se entregaría a los canales de televisión abierta, la facultad de lucrar con un bien (concesión de radiodifusión televisiva) que ha sido obtenido en forma gratuita y muchas veces en forma perpetua, lucro que será finalmente pagado por la población.

Por lo mismo, el sistema de “retransmisión consentida” debe ser rechazado, ya que se estaría estableciendo un nuevo tipo de cobro a las personas, que se verá reflejado todos los meses en nuestras boletas de cable, ocupándose a los sistemas de cable y satelitales como “cajas pagadoras” de los canales de televisión abierta, afectándose de esa manera la obligación de servicio e interés público que éstos canales tienen. No corresponde que a los canales de televisión abierta, se les de una oportunidad por cobrar cuando ni siquiera han cumplido con su obligación de cobertura de señal analógica, ya que como todos sabemos, existen múltiples territorios en nuestro país, en que la televisión abierta no llega con toda claridad a la población, siendo esa labor facilitada por los operadores de cable o satelitales.

Ahora, lo que no se puede entender es que si los senadores y el Ejecutivo en la propia Comisión, llegaron al acuerdo que los canales de televisión abierta sólo podrían cobrar por sus señales digitales y no por su señal analógica debido a que no han logrado una cobertura, ni han efectuado inversión necesaria para llegar con una clara señal a todos los chilenos, no se haya establecido expresamente esta prohibición de no cobrar por señal analógica en el texto y solamente dejarlo establecido como un punto más en la historia fidedigna de la ley. Esta ambigüedad del texto sólo vendrá a generar más juicios y más litigios entre las partes involucradas.

Todo esto sólo nos hace pensar en el poderoso “lobby” que efectuaron los canales de televisión abierta, a través de los grandes grupos económicos que hay detrás, dueños de cada canal.

Mientras todo esto sucede en el Senado, nuestra campaña CHILETV.org, que busca informar a los parlamentarios del parecer ciudadano en algunos puntos de interés del proyecto de ley, ha tenido unos resultados muy contundentes. De cada mil visitas al sitio de la campaña, al menos 480 de esas visitas toman la acción de enviar emails a los parlamentarios (a través del sitio web). Eliminando las visitas de bots y visitas recurrentes (que llegan al sitio por segunda vez), estimamos que la tasa de conversión y cumplimento de la campaña rodea el 75% a 80%, lo cual demuestra un apoyo muy fuerte de la ciudadanía en pro de conseguir una ley de TV Digital más justa y sin beneficios ocultos para algunas pocas partes interesadas.