Ayer la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI, detuvo a un joven chileno quien fue sindicado como administrador local del sitio argentino de películas y series online Cuevana.tv. La orden de detención fue emitida por la Fiscalía Occidente que investiga una eventual infracción a la ley de propiedad intelectual. La noticia generó bastante revuelo a nivel de redes sociales ya raíz de esta noticia surgen varias reflexiones:
Es importante precisar que nuestro país fue pionero en legislar con dos leyes que cautelan el derecho de los autores y la libertad de los usuarios en la web de forma complementaria: la Ley de Neutralidad de Red,que impide a los ISP (Internet Service Provider) limitar el acceso de sus clientes a determinados contenidos; y la Ley de Propiedad Intelectual que da herramientas claras y concretas a los autores para actuar judicialmente si sus derechos son vulnerados.
Así se logró resolver en Chile esta aparente dicotomía que se discute a nivel mundial entre libertad de los internautas y el derecho de autor, sin poner a los ISP como “garantes” de la propiedad intelectual, por los riesgos que pueden derivarse de ese rol para la libertad de expresión, la transparencia y el derecho a navegar sin bloqueos discriminatorios.
Se está transformado en tendencia que cada vez más los gobiernos se están preocupando de lo que pasa en el mundo virtual y de un minuto a otro se dieron cuenta que había tantos vacíos legales como bits por segundo que regular. La medida ha generado polémica a nivel de los internautas y ha generado manifestaciones en contra de propuestas regulatorias como SOPA o PIPA.
En el caso de estas dos últimas, ante la sola sospecha de que el contenido viola algún derecho de autor se permite la eliminación del contenido y de cualquier medio que facilite el acceso él. En extremo, lo anterior podría derivar en una “caza de brujas”, en la que si yo he usado la frase de un tercero en esta columna, podría — incluso — desencadenar el cierre del diario en el que está siendo publicado y de cualquier motor de búsqueda que haya linkeado a este artículo. Es más, podría permitir la incautación del computador en el que se está leyendo.
En España optaron por una línea similar. Hace unos días entró en funcionamiento la denominada “Ley Sinde”, una reglamentación integrada por los entes judiciales y administrativos, que regula el accionar de sitios online que con el objetivo de lucrar violando los derechos de propiedad intelectual. Esta reglamentación es sin duda un espaldarazo para todo aquel que sienta que su patrimonio intelectual está siendo utilizado sin su consentimiento y pueda exigir a través de una comisión que la página web que está alojando su contenido de manera ilegal pueda ser sacada de circulación al menos por un año.
Las propuestas de Estados Unidos con respecto a PIPA, SOPA y España con la “Ley Sinde” tienen diferencias importantes con la actual legislación chilena en la materia y tenemos que sentirnos satisfechos. En Chile, es el Estado de Derecho y la vía judicial quien cautela la propiedad intelectual, protegiendo los derechos de los autores eventualmente perjudicados, así como también los derechos de las personas o usuarios, que como el caso de Cuevana, puedan ser sujetos de una investigación, teniendo siempre la oportunidad de defenderse legalmente y comprobar su inocencia.
En nuestro país no es el gobierno de turno ni los proveedores de internet los que deciden o actúan discrecionalmente, ante una controversia entre autores y usuarios de la web, sino la Justicia de forma independiente y objetiva.
Las cifras de piratería a nivel mundial son preocupantes y es necesario tener un marco normativo que no coarte el derecho a navegar libremente pero que, a su vez, no permita al “ciberpirata” mantener su impunidad virtual, ni siga frenando el desarrollo digital.
*Oliver Flögel es Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital del Gobierno de Chile.
